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Crónica de la Guerra Contra las Drogas #389
09 jun 2005
Crónica de la Guerra Contra las Drogas

Edición #389 â 03 de Junio, 2005

âCreando Conciencia sobre las Consecuencias de la Prohibiciónâ?
Phillip S. Smith, Editor, psmith ARROBA drcnet.org
David Borden, Director Ejecutivo, borden ARROBA drcnet.org
Martin Aranguri Soto, Traductor, traducidio ARROBA riseup.net

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1. Reportaje: Congresista de EEUU Critica Guerra Contra las Drogas en Fiesta del Fondo John W. Perry en Seattle    

http://espanol.stopthedrugwar.org/cronica/389/seattle.shtml

El Dip. Jim McDermott, el visible Diputado Federal de Seattle, dio un primer paso en tornar la oposición a la guerra contra las drogas una prioridad activa en un discurso hecho a un encuentro en Seattle en la última noche del Miércoles.
Organizada por la Fundación DRCNet y por el anfitrión local, el Proyecto de Política de Drogas del Colegio de Abogados de King County, la recepción del Miércoles tuvo la presencia de más de 50 reformadores de la política de drogas, educadores y figuras políticas del área de Seattle y captó recursos para el Fondo John W. Perry, un programa de becas realizado por la DRCNet para proporcionar ayuda financiera a los estudiantes cuya ayuda federal es retrasada o negada porque ellos tienen condenaciones por delitos de drogas. Aunque la fiesta caritativa fue la primera parada en la Costa Oeste en la gira nacional del Fondo Perry de la organización â también realizó eventos en Washington, DC, Boston y Nueva York â no será la última, prometieron los organizadores de DRCNet.
Además del Dip. McDermott, el Regidor de la Ciudad de Seattle, Nick Licata, compareció y la Senadora de EEUU Maria Cantwell (D) envió un representante para leer una declaración en apoyo al Fondo Perry y el esfuerzo general de revocar la ley federal que lo vuelve necesario, la disposición sobre drogas de la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Actâs drug provision], la idea original de 1998 del archiguerrero antidrogas Republicano de Indiana, el Dip. Mark Souder. En la comparecencia también estaba gran parte del cuadro de la comunidad innovadora de reforma de la política de drogas de Seattle, incluyendo a Roger Goodman del KCBA, que fue el maestro de ceremonias del evento, y líderes cívicas de la League of Women Voters y otras organizaciones envueltas en los esfuerzos de reforma de la política de drogas del KCBA.
Según la disposición sobre drogas de la HEA, más de 165.000 estudiantes no han recibido préstamos, subvenciones, aun prácticas. Desde la aprobación de la disposición, una campaña iniciada por DRCNet ha presenciado a más de 200 grupos educacionales, religiosos, de los derechos civiles y de la reforma de la política de drogas tomar una posición en contra de la ley en un esfuerzo para deshacer el daño, muchos de ellos bajo el abrigo de la Coalition for Higher Education Act Reform. Además, más de 115 gobiernos estudiantiles han aprobado resoluciones pidiendo la revocación de la ley. Un proyecto auspiciado por el Dip. Barney Frank (D-MA) para revocar la disposición, el HR 1184, tiene ahora 66 codefensores en la Cámara de los Diputados, incluyendo al Dip. McDermott.
Mientras tanto, hay el Fondo Perry. Bautizado con el nombre del policía de Nueva York, activista de la ACLU y del Partido Libertariano que también tenía un diploma en derecho y se murió al intentar rescatar a la gente de los ataques de 2001 contra el World Trade Center, desde el otoño de 2003 el Fondo ha posibilitado que una serie de víctimas de la disposición sobre drogas de la HEA se vaya a la facultad y creó conciencia de la disposición en el proceso.
Después que Goodman abrió la noche con un pedido de donaciones al Fondo Perry, llamando la disposición sobre drogas de la HEA âuno de los ejemplos más insignes de la equivocación de la guerra contra las drogasâ?, el director ejecutivo de DRCNet, David Borden, se dirigió a la audiencia, haciendo una actualización sobre el estado del esfuerzo para revocar la disposición sobre drogas de la HEA antes de señalar a la multitud de Seattle que la disposición también está afectando a las políticas de préstamos estudiantiles del estado de Washington. âHemos sido informados últimamente sobre cómo los sistemas de auxilio financiero estatal y federal son entrelazadosâ?, explicó Borden. âResulta que los estudiantes de Washington también están perdiendo su auxilio financiero estatal â aun a pesar de que la legislatura nunca ha votado para hacer eso â porque el estado usa la determinación de auxilio financiero federal para decidir quien es elegible y los infractores por drogas, por lo tanto, se cuelan por las brechasâ?.
Clarkson Reed, un consejero para abuso de sustancia y defensor de la reducción de daños de la cercana Lynnwood, Washington, puso un rostro local en el problema. Después de cumplir una sentencia de cinco años de prisión âpor $640 en drogasâ?, Reed se fue a la facultad. âTuve suerte lo suficiente para ingresar a la Universidad de Washington, donde me recibí con honores, y desde entonces he estado trabajando con problemas de dependencia químicaâ?, dijo él a la muchedumbre. âMe gradué en 1997 [antes que la disposición sobre drogas fuera aprobada], pero cuando intenté regresar después para conseguir mi diploma de magíster, ahora no puedo recibir los préstamos estudiantilesâ?.
Reed trabaja con la juventud sin techo y con usuarios de drogas inyectables. âEstoy haciendo trabajo de reducción de daños y yo no habría podido hacer eso sin la educación que recibíâ?, dijo él. âHay tanta gente intentando cambiar sus vidas â se metieron en problemas por un poco de marihuana o algo así â pero cuando están listas y dispuestas a ayudarse, esta ley pone a una piedra en sus caminosâ?.
Reed fue seguido por el orador Dip. McDermott, para el deleite de sus bases de Seattle. Llamando la guerra contra las drogas de âun fracaso absoluto y abyectoâ? y situando la disposición sobre drogas de la HEA rotundamente dentro de esa política general, el Dip. McDermott soltó coces en lo que él describió como âun misil equívoco lanzado del Congresoâ?.
âEs justo decir que estamos perdiendo esta guerra, esta guerra contra los estadounidenses en nuestras propias comunidades que cometieron un error, pagaron la deuda y ahora son impedidos de volverse miembros productivos de la sociedadâ?, dijo McDermott. âEs el error más grande que el Congreso ha cometido en añosâ?.
Después de notar el encargo cambiante de pagar la enseñanza superior, esperándose que los estudiantes y sus familias ahora asuman más y más de los costos, McDermott cualificó la disposición como âuna perfecta tempestadâ? para los estudiantes pobres con condenaciones por drogas. âEn verdad es simplemente estúpido y risibleâ?, dijo él. â¿Se quiere negar a un chico el ingreso a la enseñanza superior y condenarlo a una vida de pobreza y empleos de salario mínimo para el resto de su vida? ¿Eso es lo que John Perry habría querido? ¡John Perry no se paró alrededor del World Trade Center preguntándose si la gente tenía una condenación por drogas!â? exclamó McDermott, sacando una risa de apreciación de la muchedumbre.
âEsta disposición ha creado un costo desconcertante para la sociedad, con 165.000 estudiantes que han sido afectados hasta ahora, que ya han pagado por sus infraccionesâ?, se calmó McDermott. âPor eso una serie de mis colegas hicieron el HR 1184, un regreso a las políticas sanas y sensatas. Esta disposición es una inequidad patente, no hay respuesta sino la revocaciónâ?.
La participación activa de McDermott impresionó al prominente activista pro reforma de la política de marihuana de Seattle, Dominic Holden, que, junto con otros reformadores de Seattle, había estado intentando durante años conseguir que el congresista saliera para un evento. âDespués de años de apoyo general a la reforma de la política de drogas, la presencia de McDermott en este evento demuestra su compromiso de participar activamente con el movimientoâ?, dijo Holden. âY él no es sólo un defensor de la reforma de la política de drogas como buenas políticas, también es muy ardoroso y ponderado en un nivel muy humano sobre los efectos negativos de la guerra contra las drogas. Ãl quiere cambiar porque es mejor para el país, no por cualquier beneficio políticoâ?.
La participación de McDermott en la fiesta caritativa del Miércoles tendrá efecto más allá de la captación de dinero de becas para los estudiantes afectados, dijo Holden. âLos fondos captados esta noche eran valiosos para aquellos chicos que podrán usarlos para ingresar a la universidad, pero para el movimiento pro reforma de la política de drogas como un todo el trabajo que DRCNet ha hecho para alistar a nuestro congresista durará mucho más tiempoâ?.
McDermott fue seguido por Lisa Cipollone, directora de la oficina de King County de la Senadora Maria Cantwell, que leyó una declaración de Cantwell agradeciendo a la Coalition for Higher Education Act Reform y al Fondo John W. Perry y prometiendo seguir trabajando en el asunto. âLa oportunidad de ingresar a la universidad no debería estar restricta debido a los errores pasados de un individuo, incluyendo a los delitos de drogasâ?, escribió Cantwell, prosiguiendo âLa disposición sobre drogas pone restricciones indebidas sobre el auxilio financiero y debe ser revocadaâ?.
Andy Ko, director del Programa de Reforma de la Política de Drogas de la ACLU de Washington, sorprendió y esclareció a los participantes al revelar que él y Perry se habían conocido cuando ellos se fueron juntos a la facultad de derecho en la Universidad de Nueva York. Ko no quedó sorprendido que Perry se haya muerto intentando ayudar a personas en apuros, dijo él. âEso es exactamente lo que John haría; si había problemas él corría directamente a elloâ?.
Después de Ko fue la vez del director ejecutivo del Center for Social Justice, Dan Merkle, que describió la guerra contra las drogas como parte de una política represiva más general. âEstas políticas están designadas para dar una herramienta a las elites para reprimir a las poblaciones sujetas y problemáticasâ?, dijo Merkle. La disposición sobre drogas de la HEA es parte y parcela de esa política, dijo Merkle.
Y representando a la generación actual de estudiantes estaba Cindy Beavon, natural de Seattle que estudia en la Universidad Brown en Rhode Island, donde ella es activa con el Students for Sensible Drug Policy. âYa es hora que la generación DARE se levante y diga que no podemos más tolerar esta guerra que está siendo luchada en nuestro nombreâ?, dijo Beavon. De ahí, ella agradeció al Dip. Souder, el autor de la disposición sobre drogas. âSin su ayudaâ?, dijo ella, âel SSDP no se habría desarrollado en la organización multifacetada que es hoyâ?, dijo Beavon para las risas y aplausos.
De ahí, era llegada la hora de que la gente pusiera su lapicero en la chequera por la causa. Alentados por el director-adjunto de DRCNet, David Guard, que persuadió los participantes a ser generosos, los donadores del área de Seattle contribuyeron lo suficiente para dar becas para dos o tres estudiantes este año. Respaldándolo a él estaba la madre de John Perry, Patricia, que no pudo participar en persona, pero que estaba allí en espíritu â así como en chequera, habiendo prometido una donación de $1.000 en honor del evento con la esperanza de provocar más donaciones de los participantes.
âUna amiga mía de Seattle llamó a McDermott de âastro del rockâ cuando le dije que estaba hablando por nosotros y ahora yo comprendo por qué las personas lo aprecian tantoâ?, dijo Borden. âMcDermott no sólo dijo cosas que nosotros queríamos oír sobre el problema; él hizo su mejor para animar la gente a donar y creer que ellas puedan cambiar las cosas. Y él estaba interesado activamente en conversar con las personas y oír sobre cómo el Fondo y la campaña habían empezadoâ?.
Los ingresos del evento hasta ahora exceden los $2.500, de acuerdo con Borden, con más siendo esperado. Y él predice tener âpor lo menos $10.000 para entregar en 2005-2006, quizá $20.000, un aumento sustancial sobre los años lectivos anterioresâ?. Y si no es lo suficiente apenas para ayudar a unos cuantos estudiantes, basta por lo menos para hacer una declaración. Mientras tanto, el Fondo Perry seguirá su serie serpenteante de eventos â Los Ã?ngeles, Ciudad de Nueva York y Santa Fe son los posibles próximos estadios.

2. Reportaje: Tribunales Ingleses Rechazan Defensa de Necesidad de Marihuana Medicinal                

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El Tribunal de Apelaciones inglés decidió que los usuarios o proveedores de marihuana medicinal en el Reino Unido no pueden evitar la condenación al argumentar que su conducta estaba âexcusada o justificada por la necesidad de evitar un mal mayorâ?. Si la corte hubiera decidido en favor de la llamada defensa de necesidad, el uso y la oferta de marihuana medicinal habrían sido legalizados efectivamente en Gran Bretaña. Pero esta decisión pone a los usuarios y proveedores ingleses de marihuana medicinal en la misma situación que los otros consumidores de cannabis en la Sceptered Isle.
En un asentimiento a la controversia por el uso medicinal de marihuana, con todo, el tribunal también sostuvo que el problema era de enorme importancia pública. Ese fallo deja la vía abierta para una apelación a la Cámara de los Lores.
En la decisión de 27 de Mayo, el Tribunal de Apelaciones no fue mecido por las pruebas de que la marihuana era más eficaz que algunas formas convencionales de alivio del dolor o por las pruebas de que ella no tiene efectos colaterales serios o amenazantes en potencial. A pesar de tales pruebas, el tribunal sostuvo que la defensa de necesidad podía aplicarse apenas a personas que rompieron la ley a fin de evitar âpeligro inminente de daño físicoâ?.
Al mantener la Ley de Mal-Uso de Drogas de 1971 [1971 Misuse of Drugs Act], el panel de tres jueces decidió que la prohibición general de la ley contra la marihuana significaba que los âdesbeneficiosâ? ["disbenefits"] de permitir el uso medicinal de marihuana ganaban de cualquier beneficio individual que los pacientes puedan percibir. La marihuana fue tornada una sustancia controlada según esa ley y fue clasificada como Clase B, como la heroína o las anfetaminas, hasta el año pasado, cuando fue reclasificada como droga de Clase C menos dañosa. Pero en el despertar de la pesquisa ampliamente divulgada que sugiere una relación entre los problemas de salud mental y el uso de marihuana, el gobierno del Primer Ministro Tony Blair ha pedido que esa decisión fuese revisada.
La decisión del Tribunal de Apelaciones metió juntas las apelaciones de condenaciones de cinco personas y una revisión de un caso, el de Jeffrey Ditchfield de Gales del Norte, que fue absuelto en una corte baja de tener marihuana con intención de ofrecer después que usó exitosamente la defensa de necesidad. Ditchfield fue absuelto erróneamente, dijo el Tribunal de Apelaciones; la defensa de necesidad no debería haber sido aplicada. A pesar de la decisión de la corte alta, Ditchfield no puede ser reenjuiciado.
En los otros casos, el tribunal sostuvo que las condenaciones de los dos amputados Barry Quayle y Reay Wales, que usaron cannabis para aliviar el dolor de enfermedades serias en los huesos y en el páncreas; Graham Kenny, que la usó por el dolor crónico en la espalda; y Anthony Taylor y su asistente, May Po Lee, condenada por importar marihuana por la distribución a los 700 pacientes de la clínica holística de salud de Taylor en el barrio de Kingâs Cross de Londres. Todos habían recibido multas, servicio comunitario o sentencias suspendidas de cárcel.
El anestesista de Norfolk, Dr. William Notcutt, cuya pesquisa fue usada para ayudar a desarrollar la droga a base de cannabis, Sativex, y que envió pruebas escritas en favor de la marihuana medicinal a la corte, dijo que la decisión significa que los pacientes serán forzados a la criminalidad. âYo no estoy enteramente sorprendido con esta decisión, pero sirve para resaltar la importancia de volver un producto medicinal disponible a los pacientes lo más pronto posibleâ?, dijo él al Eastern Daily Press (UK) después que salió la decisión. âEl tratamiento ha estado disponible por más de dos años y todavía no podemos prescribirlo. Justo hoy día yo conversé con un paciente que podía beneficiarse enormemente con tal tratamientoâ?, dijo Notcutt. âDesde el punto de vista del paciente, debe ser muy frustrante. Ellos no quieren romper la ley, pero hasta que una alternativa medicinal esté disponible, algunos pueden sentir que tienen que hacerloâ?.
Notcutt observó mordazmente que aunque el Sativex haya sido aprobado ahora para el uso en Canadá, las autoridades inglesas de la salud se han rehusado a aprobarlo en el país donde ha sido desarrollado. âLa cosa más exasperante es que los médicos en Canadá podrán muy pronto prescribir el Sativex y nosotros estamos atrás. El tratamiento ha estado disponible por dos años y todavía no podemos prescribirloâ?.
Aunque la Asociación Inglesa de Medicina se oponga al uso medicinal de marihuana como inseguro y no probado, el Dr. Peter Maguire, el vicepresidente del Consejo de Ciencia de la organización, pareció sugestionar que podía aceptar el Sativex. âLa pesquisa de la BMA ha mostrado que el cannabis salvaje no es propicio para el uso medicinal porque contiene componentes tóxicos que son dañosos a la salud humanaâ?, dijo él a BCC News. âCon todo, el potencial para medicamentos a base de cannabis para ofrecer alivio eficiente del dolor no puede ser ignorado y la BMA gustaría de ver más pesquisa en esta áreaâ?.
Pero las simpatías aparentes de los médicos por un medicamento a base de cannabis vendido por prescripción para el lucro de una compañía farmacéutica probablemente no darán mucho consuelo a los usuarios y simpatizantes de la marihuana medicinal en Gran Bretaña. La semana pasada, ellos estaban de vuelta en las calles con el resto de los fumantes de marihuana del país.

3. Reportaje: Redada de Drogas en Colegio Secundario y Fiscal Línea-Dura Prueban Ser Mezcla Volátil en Comarca de Massachusetts Occidental        

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Todo empezó el otoño pasado en Berkshire County de Massachusetts Occidental, cuando, después de una investigación y montaje secretos de ocho meses de parte del gabinete del sheriff de la comarca, los oficiales arrestaron a 24 jóvenes, principalmente estudiantes del Colegio Secundario de Taconic, por pequeño tráfico de drogas y tenencia de drogas. Hasta ahora, nada fuera de lo común. Pero cuando el Fiscal de Berkshire County, David Capeless, anunció que acusaría la mayoría de ellos, incluyendo a siete personas acusadas sólo de vender pequeñas cantidades de marihuana, según la ley draconiana de zona escolar libre de drogas del estado, él incitó una rebelión cívica que todavía tiene que llegar a una conclusión.
Como las leyes de zonas escolares por todo el país, la ley de Massachusetts aumenta la punición para personas que violan las leyes de drogas dentro de las distancias designadas arbitrariamente de las escuelas, parques u otros lugares designados. En el Bay State, la medida es de 1.000 pies [304m80cm] y la ley de zonas escolares acarrea una sentencia mínima obligatoria de dos años por cualquier infracción.
En la redada del Colegio Secundario de Taconic, el estacionamiento de la escuela en Great Barrington, que comparte con un cine cercano, fue la escena de la mayor parte de las presuntas infracciones. Por lo tanto, los fiscales pueden acusar a aquellos enredados con las violaciones de la zona escolar. La cuestión que ha dividido a la comunidad es si él debería hacerlo.
En Marzo, cuando el Fiscal Capeless anunció que iba a buscar acusaciones por zona escolar, las campanas de alarma empezaron a sonar. Como los amigos y familiares preocupados se quedaron convencidos que Capeless no podía ser mecido, ellos formaron un grupo comunitario, Concerned Citizens for Community Justice, para buscar acusaciones más apropiadas en los casos.
âEl ímpetu por detrás del grupo era ese hecho de que muchas familias fueron afectadasâ?, dijo el miembro fundador del CCAP, Ira Kaplan, un ex subfiscal de Berkshire County. âComo abogado de defensa en funciones, yo hablé con una serie de personas â mamás y papás, hermanos y tíos, amigos y primos â que conocían a los 17 jóvenes acusados de infracciones de la zona escolar. Todos ellos estuvieron de acuerdo que alguna punición era apropiada para las presuntas ventas de drogas en la ciudad, pero para una persona, todos ellos pensaban que dos años de prisión era demasiadoâ?, dijo él a DRCNet. âEn particular, era demasiado para aquellos chicos que tienen 17, 18, 19 años de edad y para quienes esta es la primera infracción de cualquier tipo. Y siete de ellos fueron acusados apenas de vender pequeñas cantidades de marihuanaâ?.
Esa inflexibilidad de la procuraduría cayó mal, dijo Kaplan. âEl trabajo de un fiscal es buscar la justicia, no ejercer la pena máxima en potencial. Se recibe del estado y de los contribuyentes para hacer lo correcto y mandar una persona de 17 años a la cárcel por dos años por vender un par de pitillos no parece ser lo correctoâ?.
En Marzo, el grupo se encontró dos veces con Capeless, en vano. Primero, Capeless afirmó que la ley le exigía abrir las acusaciones, pero aunque él se retractase después de esa afirmación, él seguía firme en insistir en acusar los escolares con la acusación que acarrea una sentencia mínima obligatoria.
El grupo debatió que Capeless estaba desalineado con los otros fiscales en el estado y ellos tenían algunas pruebas para respaldarlos. De acuerdo con un estudio de las acusaciones y condenaciones por zona escolar, en 1998 en las seis comarcas menos pobladas en el estado, cinco no tenían condenaciones por zona escolar, en tanto que Berkshire tenía nueve. El porcentaje de Berkshire County de condenaciones por zona escolar era 14,2% de todas las acusaciones por drogas, un número superior al doble de la media estatal y excedido apenas por la fuertemente urbana Comarca de Hampden, con 16% de todos los arrestos por drogas que terminan en condenaciones por violación de la zona escolar.
A propósito, ese mismo estudio de la ley de la zona escolar, publicado en 2001 por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston, halló la ley peor que inútil: âPor los fallos del estudio parece que el estatuto de la zona escolar (a) no vuelve las áreas alrededor de las escuelas particularmente seguras para los niños; (b) no se puede esperar razonablemente que lo haga; y (c) quizá como resultado, no es usado por los fiscales de forma calculada para mover el tráfico para lejos de las escuelas. En vez de eso, la ley funciona generalmente para aumentar el nivel de pena para tráfico de drogas y lo hace de forma que es impredecible para los reosâ?.
Si Berkshire County parece demasiado duro en los procesos criminales por violación de la zona escolar en general, el cuadro es aún más chocante en los procesos por violación de la zona escolar por ventas de marihuana. De acuerdo con la Comisión de Condenación de Massachusetts, el año pasado hubo una suma total de dos casos por venta de drogas en zona escolar en todo el estado. Si el Fiscal Capeless mantiene su posición, su pequeña comarca procesará a siete sólo en este único caso.
Hace tres semanas, Capeless dejó claro que él todavía pretende hacer exactamente eso. Ãl pretende âpermanecer en el curso en el proceso criminal de infracciones por tráfico de drogas en las zonas escolaresâ?, dijo él en una declaración a la prensa de 12 de Mayo. âDurante 13 años, el (ex) Fiscal del Distrito, (Gerard) Downing y yo perseguimos una política de acusación y proceso criminal de los casos de zona escolar, cuando sea que los hechos la apoyasenâ?, lee la declaración. âEste año pasado, yo he continuado esa política porque es igualitaria y justa y porque probó ser eficiente. Yo pretendo continuar esa políticaâ?.
Sus críticos no comprenden cuán peligrosa es la marihuana, dijo Capeless. âLa marihuana es peligrosa entre los adolescentes y la venta es un problema serio y debe ser procesado de esta formaâ?, dijo él, añadiendo que el abuso de drogas es âun azote horrible en nuestra comunidad. Los efectos que tiene son físicos, mentales y psicológicos. El abuso de drogas es el problema más grande del cual tratamos y está relacionado con todo tipo de cosas, incluyendo a la violencia⦠Es difícil tener un argumento razonable con cualquier que piense que vender marihuana no es un crimen serioâ?.
La rehúsa de Capeless de seguir a las voces de sus bases ha atraído el interés en los círculos estatales de reforma de la política de drogas. Whitney Taylor del Drug Policy Forum of Massachusetts se ha sumado a la riña, añadiendo los años de experiencia en la reforma de Taylor a las voces de Berkshire County que piden un cambio de políticas. Taylor está trabajando con el CCPA en una campaña mediática pagada y su continua campaña de petición por indulgencia, que está ahora en 2.500 firmas.
âFui contactada por miembros de la comunidad que sabían sobre la redada y conocían a un grupo de los chicosâ?, dijo Taylor a DRCNet. âEl grupo había empezado la petición y estaba intentando trabajar con el Fiscal para examinar los casos en este montaje individualmente y acusarlos con base en los históricos criminales y en el peligro a la comunidad â cosas que se pensaba que él consideraría. A pesar de no llegar a ningún lugar con el Fiscal Capeless, el grupo estaba manteniendo el silencio, pero de ahí él arrojó el guante al emitir ese comunicado de prensa, entonces me fui al grupo y dije que teníamos que partir para la ofensiva. Y aquí estamosâ?.
En donde están esta semana está aumentando la presión sobre el Fiscal Capeless. El CCPA realizó una conferencia de noticias el Miércoles en el Triplex Cinema ignorando el notable estacionamiento para exigir que Capeless cambie sus costumbres de acusación. El área tiene âproblemas muy serios aquí que necesitan acción fuerte de la comunidad legal y ella ha sido eficiente en volver el centro de Great Barrington un lugar seguroâ?, dijo Eric Bruun, uno de los fundadores del CCPA. Pero la aplicación desconsiderada de la ley de la zona escolar, dijo él, âes costosa, injusta y [tiene] consecuencias destructivas que absolutamente no tienen correlación con volver ésta una comunidad seguraâ?.
Entre las conferencias de prensa, la cobertura de los medios, las cartas al editor, los editoriales favorables y la campaña mediática pagada, el esfuerzo para conseguir políticas de acusación más justas en Berkshire County ha llevado a una ciudadanía recién-movilizada de la reforma de la política de drogas en los Berkshires. Envalentonados quizá por la derrota del año pasado del fiscal línea-dura de la guerra contra las drogas, Paul Clyne, no tan lejos del otro lado de la línea estatal en Albany, NY, el CCPA y el Drug Policy Forum of Massachusetts están prometiendo sea cambiar las políticas de acusación del Fiscal sea cambiar el fiscal.
âAl no ejercer su discreción fiscal, Capeless está abusando de esa discreciónâ?, dijo Kaplan. âEn este caso, la justicia ciega es verdaderamente ciega. Si no podemos persuadirlo, estamos discutiendo muchas opciones. Esas incluyen a cambiar la ley, pero el peor problema no es la ley, sino su aplicación aquí. Nosotros también estamos siguiendo a aplicar presión sobre este fiscal y se habla en encontrar alguien para competir contra élâ?.
âEstamos causando estragosâ?, se burló Taylor. âEl fiscal se está corriendo de miedo y él debería hacerlo porque nosotros vamos a llevar esto hasta el fin. O Capeless va a anunciar que él está cambiando sus políticas o él va a anunciar que él ha perdido la próxima elecciónâ?.

4. Semanal: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana

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Más otra semana, más otro agente de la Patrulla de Fronteras preso, más otro policía bandido yéndose al penal, un fiscal podrido encaminado al mismo lugar â lo usual en la corrupción del aparato judiciario-legal relacionada con la guerra contra las drogas. Pero también esta semana, un caso de la Ciudad de Nueva York que, aunque no sea un caso clásico de corrupción financiera, demuestra la podredumbre moral en el corazón del aparato judiciario-legal. Vamos a ello:

En Laredo, Texas, la incriminación de 10 de Mayo del Agente Sénior de la Patrulla de Fronteras, Juan Alfredo �lvarez, 35, y de su hermano José por acusaciones de soborno y conspiración con drogas ha resultado en confesiones de culpa de ambos, anunció el Gabinete de los Fiscales de la Unión en Houston. Los hermanos �lvarez fueron acusados de solicitar y recibir un soborno de $1.5 millón por hacer la vista gorda a cargas de marihuana que pasaban por los puntos de identificación cerca de Hebronville, Texas, donde el Oficial �lvarez era el agente sénior y cuidador de los sabuesos. Los hermanos �lvarez se confesaron culpables el día 12 de Mayo y ahora aguardan la condenación.

En Amarillo, Texas, el ex Fiscal âduro con las drogasâ?, Rich Roach, 55, fue condenado el Miércoles a cinco años de prisión federal después de ser arrestado en el palacio de justicia en Noviembre bajo acusaciones por metanfetamina y armas. Los fiscales retiraron las denuncias por tenencia de cocaína y metanfetamina en cambio de una confesión de culpabilidad por la acusación de tenencia de droga ilegal por drogadicto. Pero diciendo que las orientaciones federales de condenación eran inadecuadas para la traición del tesoro público que Roach cometió, la Jueza Distrital de los EEUU, Mary Lou Robinson, añadió 14 meses a la sentencia máxima estatutaria.

En Búfalo, Nueva York, el ex detective de narcóticos de Búfalo, Paul Skinner, se va a ir a la prisión federal por siete años después de ser declarado culpable de infringir los derechos civiles de sospechosos por drogas al llenar informes falsos, plantar pruebas y robar la gente que él debería estar investigando. Durante el juicio de Skinner, numerosos testigos atestaron la corrupción diseminada en el escuadrón de narcóticos de la Policía de Búfalo, y el abogado de Skinner, Paul Brown, dijo a las emisoras locales de TV que la sentencia relativamente suave de Skinner puede haber ocurrido porque el juez reconoció que había una cultura de corrupción en la unidad en que Skinner trabajaba. Hace dos semanas, otro miembro del escuadrón de narcóticos de Búfalo, Sylvestre Acosta, fue condenado a 45 años en el mismo escándalo.

En la Ciudad de Nueva York, un agente secreto negro está procesando a algunos de sus colegas de trabajo del Departamento de la Policía de Nueva York por tratarlo de la misma forma que ellos tratan a los infractores âcivilesâ? por drogas. De acuerdo con el New York Post, el Oficial Carlton Foster ha abierto una acción judicial de $15 millones contra tres oficiales de la policía y el supervisor del buró de narcóticos de Queens. De acuerdo con la acción, Foster estaba trabajando secretamente en Mayo de 2004 cuando el equipo de refuerzo de la policía asignado para realizar las detenciones entró en acción. El equipo de refuerzo supuestamente esposó y le pegó a Foster, que fue tratado por una concusión y perdió dos semanas de trabajo por causa de sus heridas. Cuando Foster reclamó en Septiembre que los oficiales envueltos no habían sido disciplinados, él fue transferido para fuera de la unidad, alega la acción judicial. La acción también alega que el ataque fue racialmente motivado â todos los cuatro oficiales que agredieron a Foster eran blancos.

5. Marihuana Medicinal: Legisladores Allanan Excedente del Programa de Marihuana Medicinal de Oregón        

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Los legisladores de Oregón que buscan quitar del rojo el presupuesto del Departamento de Servicios Humanos del estado se están actuando sobre un proyecto que reduciría el déficit al, entre otras cosas, tomar $900.000 en tasas de los usuarios de marihuana medicinal que están actualmente en la cuenta del Gabinete de Marihuana Medicinal del estado. El proyecto, el House Bill 5077 [Proyecto de la Cámara 5077], también mueve el dinero de otras cuentas con excedente al fondo general de los Servicios Humanos. Fue aprobado en la Cámara la semana pasada y, de acuerdo con el periódico de Portland The Oregonian, se espera que pase en el Senado también.
Según la Oregon Medical Marijuana Act [Ley de Marihuana Medicinal de Oregón], que fue aprobada como iniciativa en 1998, los pacientes en potencial de marihuana medicinal que tienen una enfermedad clasificada y la recomendación escrita de un médico deben pagar una tasa de registro para el estado a fin de volverse miembros del programa. Esa tasa fue originalmente establecida en $150 â designada para recuperar los costos del programa con base en las estimativas iniciales de que quizá mil personas se inscribirían. Pero el programa rápidamente probó ser más popular â ahora, hay más de 10.000 pacientes registrados â y los administradores del programa cortaron las tasas de acuerdo con eso en 2003 y nuevamente este año. Actualmente, la tasa de registro es de $55, con los pacientes del Plan de Salud de Oregón pagando $20. Pero aun con la reducción de las tasas, el programa todavía tiene un excedente de $1.1 millón.
âLa idea era, durante un periodo de dos o tres años, reducir lentamente ese fondo excesivo hasta un punto en que tendríamos lo suficiente para mantener el programa operacional y no tener una balanza enormeâ?, dijo Ron Prinslow, gerente de la sección interina del Gabinete de Marihuana Medicinal del estado.
Ese dinero podría haber sido usado para mejorar el programa de marihuana medicinal. Actualmente, por ejemplo, no hay sistema 24-7 que permite a la policía verificar que una persona está registrada en el programa. Ahora, eso sólo puede ser hecho durante las horas de trabajo en los días útiles. También hay la posibilidad de que, si la legislatura engulle al excedente del programa, los aumentos de tasas puedan estar a camino, dijo Prinslow al Oregonian.
Los defensores del programa no están satisfechos por ver los legisladores tomando el excedente. âSi cualquier parte de este dinero vino del fondo general, yo estaría de acuerdo que algo de ello debería ser transferido de vuelta. Pero el programa de marihuana medicinal nunca costó un centavo a los contribuyentesâ?, dijo el Dr. Rick Bayer, un médico que lideró la movida de 1998 para legalizar la marihuana medicinal.
Los activistas pro marihuana medicinal han logrado la atención del Senador del estado, Bill Morrisette (D-Springfield), que dijo al Oregonian que está intentando persuadir sus colegas en la cámara alta a mantener más del excedente en el programa de marihuana medicinal a fin de pagar las mejorías del programa que él propondrá después en esta sesión.

6. Condenación: 9o Circuito Dice que Prisioneros con Recursos Pendientes Pueden Desafiar a las Sentencias        
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La desavenencia por un par de decisiones de la Suprema Corte que puso boca abajo casi 20 años del esquema de orientaciones federales de condenación continúa. En la última respuesta a las decisiones dramáticas de la Suprema Corte en los casos de Blakely y Booker y Fan Fan, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de los EEUU en San Francisco decidió el Miércoles que los prisioneros federales dentro de su jurisdicción que están recurriendo de sus condenaciones pueden desafiar a sus sentencias.
En los casos de la Suprema Corte, la corte alta sostuvo que apenas los jurados â no los jueces â pueden hallar hechos, como la cantidad de drogas envuelta, que permitirían a los jueces exceder la sentencia máxima cuando castigan a los infractores. Como resultado de eso, sostuvo la corte, las orientaciones federales de condenación eran inconstitucionales y ahora pueden ser usadas sólo de manera accesoria. El Miércoles, el 9º Circuito sostuvo que la única forma de atender a los deseos de la Suprema Corte era permitir a aquellos internos que desafíen a sus sentencias.
La decisión ocurrió en EEUU vs. Ameline, en el cual Alfred Ameline fue condenado a 12 años y medio de prisión después de confesarse culpable de conspiración para distribuir metanfetamina en 2002. Ameline no admitió tener o distribuir cualquier cantidad de la droga, pero los jueces aceptaron las contenciones de los fiscales de que él era responsable por 1.600 gramos y lo condenaron de acuerdo con eso. Ahora, Ameline podrá tener una audiencia para nueva condenación. Su abogado dijo a la Associated Press que él buscará una sentencia de dos años porque el juez aceptó equivocadamente la estimativa del gobierno de la cantidad de drogas involucradas.
Pero Ameline no es el único que se beneficiará con la decisión. De acuerdo con el fallo del 9º Circuito en el caso, el número de prisioneros federales que conseguirán audiencias está âquizá en los millaresâ?. El 9º Circuito incluye a nueve estados del Extremo Oeste y de las Montañas Rocosas.
El 9º Circuito no es el primero Tribunal de Circuito de los EEUU a revisar la condenación en el despertar de las decisiones de la Suprema Corte, y su decisión entra en conflicto con aquellas de algunos otros circuitos, que han emitido fallos más restrictivos. En aquellos circuitos, las cortes han sostenido que los prisioneros pueden buscar nueva condenación sólo si el registro deja claro que el juez habría emitido una sentencia diferente si las orientaciones no hubieran sido obligatorias. Con los conflictos en los tribunales de circuito, parece que el problema eventualmente regresará a la Suprema Corte â a menos que el Congreso, en su infinita sabiduría, actúe para volver el asunto debatible al rescribir las leyes de condenación.

7. Condenación: Gobernadora de Connecticut Veta Proyecto que Habría Eliminado Disparidades en la Condenación por Crack y Polvo de Cocaína
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El Jueves, la gobernadora Republicana de Connecticut, Jodi Rell, vetó legislación que habría eliminado la disparidad en las sentencias que envuelven al crack versus la cocaína en polvo. El proyecto habría igualado las penas al aumentar el nivel mínimo para delitos de crack al de los delitos de polvo. Según la ley actual, para merecer la misma sentencia mínima obligatoria de cinco años por vender medio gramo de crack, alguien tendría que vender 28 gramos de cocaína en polvo.
Como las leyes similares en el nivel federal y en muchos estados, la ley de Connecticut ha sido criticada duramente como ejerciendo un impacto desproporcionado sobre las minorías. También ha contribuido con los problemas crónicos de superpoblación penitenciaria del estado. El nuevo proyecto había sido defendido por una serie de organizaciones de justicia criminal y derechos civiles de Connecticut, que convocaron Rell a transformarlo en ley.
Rell se rehusó, diciendo que el proyecto âenvía un mensaje inapropiado de que la imposición de nuestras leyes sobre drogas, especialmente respecto del crack, está siendo mitigadaâ?. Pero ella también dijo que trabajaría para reducir las disparidades raciales en la condenación. âYo he sido tocada profundamente por las preocupaciones y argumentos que han sido planteadosâ?, dijo Rell. âTambién he escuchado a las muchas historias dolorosas de disparidades raciales y pretendo actuar para tratar de ellasâ?.
Rell dijo que ella ha pedido que la Comisión Sobre Disparidad Racial y Ãtnica en el Sistema de Justicia Criminal haga recomendaciones específicas para hacer exactamente eso y ella ha convocado al Gabinete de Políticas y Administración a hacer recomendaciones para posible acción legislativa.
Mientras tanto, la Gobernadora Rell dijo que ella firmaría un proyecto alternativo propuesto que quitaría las disparidades tanto aumentando la cantidad necesaria de crack para precipitar la mínima obligatoria como disminuyendo la cantidad necesaria de cocaína en polvo para hacerlo. Según esa propuesta, el nivel mínimo para ambas formas de la droga sería establecido en 14 gramos. Pero los Republicanos tanto en la Cámara como en el Senado ya intentaron promulgar ese plan como enmienda al proyecto que aprobó. Ese esfuerzo fue bloqueado por los Demócratas en las cámaras controladas por los Demócratas.

8. Marihuana: Gobernador de Alaska Conspira Contra Marihuana Nuevamente, Con Vistas a la Sesión de 2006        

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El Gobernador de Alaska, Frank Murkowski (R), es adicto a repenalizar la marihuana. Derrotado en los tribunales de Alaska, que han decidido que la tenencia de hasta un cuarto de libra de marihuana por adultos en casa está protegida por las disposiciones de privacidad de la constitución del estado, y albeado en la asamblea, que este año se negó a promulgar sus proyectos que habrían vuelto la marihuana ilegal más una vez en Alaska, el gobernador nunca-diga-nunca y sus señalados prohibicionistas están prometiendo perseguir a sus objetivos el próximo año en la segunda mitad de la sesión bienal de la legislatura.
Murkowski y sus aliados esperan usar los proyectos como medio de devolver finalmente el problema a los tribunales. En la decisión de referencia de 1975 en Ravin vs. Alaska, la Suprema Corte del estado sostuvo que âno hay evidencias firmes de que la marihuana, por la forma usada presentemente en este país, sea generalmente un peligro al usuario o a otrosâ?, pero añadió que su decisión podía ser revisada si nuevas informaciones mostrando una relación esencial negativa entre el uso de marihuana y el bienestar público pudiesen ser establecidas.
En audiencias sobre los proyectos a principios de este año, Murkowski y sus defensores intentaron crear un cuerpo de pruebas sugiriendo que la marihuana actual es, de alguna forma, más dañosa que la hierba de antaño. Los proyectos declaran explícitamente que parte de su propósito era oír âtestimonios expertos sobre los efectos de la marihuana y hacer descubrimientos en los cuales los tribunales puedan confiar en casos en que la marihuana sea un problemaâ?.
El Principal Subfiscal General Dean Guaneli estaba difundiendo esa línea nuevamente esta semana a la Associated Press. âCreemos que las cortes van a dar a esa información un peso enorme cuando otro caso llegue ante ellas que desafíe a las leyes de marihuana del estadoâ?, dijo él el Miércoles.
Pero si el registro legislativo es para ser la base de la decisión judicial de Alaska, no será un registro unilateral, gracias a los esfuerzos de los activistas locales aliados con el Marijuana Policy Project, que combinaron para proveer testimonios de compensación a la charla prohibicionista de âno es la marihuana de tu padreâ? y de â¿y los niños?â?
Aunque la marihuana siga siendo legal en Alaska, está claro que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Con los enemigos de la marihuana legal no mostrando ninguna señal de desistencia, parece que Alaska estará tanto en la vanguardia como en la liza en la guerra de la marihuana en el futuro.

9. Marihuana: Milton Friedman y 500 Economistas Piden Debate Sobre Prohibición Mientras Nuevo Estudio Sugiere que Reglamentación Podría Ahorrar Billones

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Usando el lanzamiento del Miércoles de un estudio que sugiere que reemplazar la prohibición de la marihuana por una política de tasación y reglamentación ahorraría billones de dólares como oportunidad, más de 500 economistas liderados por el apóstol del libre mercado, Milton Friedman, están pidiendo un debate nacional sobre moverse hacia mercados reglamentados de marihuana. El pedido ocurre en carta abierta al Presidente Bush, al Congreso y a los gobernadores y legisladores del estado.
En su estudio, "The Budgetary Implications of Marijuana Prohibitionâ? [âLas Implicaciones Presupuestarias de la Prohibición de la Marihuanaâ?], el Dr. Jeffrey Miron, un profesor de economía en la Universidad de Boston y profesor visitante en la Universidad de Harvard, examinó los costos financieros asociados con la prohibición de la marihuana así como las implicaciones sobre los ingresos de un mercado regulado de marihuana. Usando fuentes estatales y federales, Miron concluyó que legalizar la marihuana ahorraría aproximadamente $7.7 billones por año en costos de represión legal, con ahorros de $2.4 billones en la ley federal y de $5.3 billones entre los estados y las municipalidades.
Espere, hay más: De acuerdo con Miron, cuya pesquisa fue avalada principalmente por el Marijuana Policy Project, un sistema de tasación y reglamentación no sólo ahorraría billones en costos de vigilancia policíaca, también generaría hasta $6 billones anualmente en tasas. Si la marihuana fuera tasada como los bienes ordinarios al consumidor, las rentas variarían en torno de $2.4 billones por año, pero si fuera tasada como el alcohol y el tabaco, ese número podría llegar hasta $6.2 billones, concluyó Miron. Eso es una economía de casi $14 billones por año.
En su carta abierta, los economistas llamaron la atención al trabajo y conclusiones de Miron e instaron a un debate nacional sobre la legalización. âEl hecho de que la prohibición de la marihuana tenga estos impactos presupuestarios no significa por sí mismo que la prohibición es una mala políticaâ?, escribieron los economistas. âLas evidencias existentes, de cualquier modo, sugieren que la prohibición tiene beneficios mínimos y puede en sí misma causar daño sustancial. Por lo tanto, nosotros instamos el país a comenzar un debate abierto y honesto sobre la prohibición de la marihuana. Nosotros creemos que tal debate favorecerá un régimen en que la marihuana sea legal, pero tasada y reglamentada como otros bienes. Por lo menos, este debate forzará los defensores de la política actual a mostrar que la prohibición tiene beneficios suficientes para justificar el costo a los contribuyentes, rentas previas de tasas y numerosas consecuencias ancilares que resultan de la prohibición de la marihuanaâ?.
Quinientos economistas â aun incluyendo a algunos de los más bien conocidos que firmaron la carta abierta â son una cosa; tener Milton Friedman como signatario es otra. El economista ganador del Premio Nobel es uno de los héroes intelectuales del movimiento conservador contemporáneo, pero sus puntos de vista antiprohibicionistas son menos conocidos. Pero él se pronunció el Miércoles, y en una entrevista con la revista Forbes habló sobre la cuestión. âNo hay base lógica para la prohibición de la marihuanaâ?, dijo el economista. â$7.7 billones es un montón de dinero, pero ese es uno de los males menores. Nuestro fracaso en imponer exitosamente las leyes [de drogas] es responsable por las muertes de millares de personas en Colombia. Yo ni he incluido el daño a los jóvenes. Es absolutamente una desgracia pensar en prender a una persona de 22 años por fumar marihuana. Más desgraciada aún es la negación de la marihuana para propósitos medicinalesâ?.
Friedman estaba listo para ir más allá que sólo la legalización de la marihuana. âHace mucho he sido a favor de la legalización de todas las drogasâ?, dijo él a la Forbes, pero no por causa de los argumentos libertarianos estándares. âExamine las consecuencias objetivas: El daño causado y la corrupción creada por estas leyes⦠los costos son uno de los menores malesâ?.
La Forbes llamó el conseguir que Friedman firmase la carta y se pronunciase âun golpeâ? a favor del Marijuana Policy Project, y el director ejecutivo del MPP, Rob Kampia, estaba listo para sacar lo máximo de provecho de ello. âComo Milton Friedman y más de 500 economistas han dicho ahora, ya es hora de un debate serio sobre si la prohibición de la marihuana hace cualquier sentidoâ?, dijo él en un comunicado de prensa alardeando el estudio y la carta abierta. âSabemos que la prohibición no ha apartado a la marihuana de los niños, una vez que año tras año 85% de los graduandos dicen a los pesquisadores del gobierno que la marihuana es âfácil de conseguirâ. Los Conservadores, especialmente, está empezando a preguntar si estamos haciendo valer nuestro dinero o si simplemente estamos botando billones de dólares en impuestos que podrían ser usados para proteger a los Estados Unidos de las verdaderas amenazasâ?.

10. Asia: China Dice que la Guerra Contra las Drogas Está Fracasando

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El gobierno autoritario del país más poblado del planeta reconoció el Jueves que sus múltiplas operaciones contra el uso de drogas y el tráfico de drogas han fracasado en desbaratar el uso creciente. En una conferencia de noticias nacionalmente televisada, el gobierno comunista en Beijing echó la culpa en la globalización y en el libre comercio por sus problemas de control de las drogas.
La admisión de que la represión al uso de drogas y al tráfico de drogas no ha estancado el aumento en el uso de drogas ocurre mientras el gobierno chino entra en el segundo mes de la recién-declarada âGuerra del Pueblo Contra las Drogasâ?. Ese fue un esfuerzo para alistar la ayuda de más de 1.2 billón de ciudadanos de China en una guerra contra las drogas que el gobierno ha descubierto que es invencible.
âDesde el comienzo de los años 80, el problema de las drogas ha sido tratado por el gobierno y el partido, pero nunca ha sido resueltoâ?, dijo Yang Fengrui, secretario general de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos. âA pesar de que hemos hecho un montón de logros, la diseminación de los problemas de drogas siguen seriosâ?, dijo Yang. âEl uso de heroína cayó en algunas áreas, pero el uso de nuevas drogas como el éxtasis, la marihuana y otros está aumentando. La situación en el Triángulo Dorado todavía no permite optimismoâ?, dijo él.
El Triángulo Dorado del Sureste Asiático sigue siendo la fuente más grande de opio y heroína destinados al mercado chino.
Yang apeló a las âamplias masasâ? de China para alistarse en el esfuerzo antidroga. âEsta âGuerra del Pueblo Contra las Drogasâ no puede seguir adelante sin el apoyo de las amplias masasâ?, dijo Yang.
Aunque los oficiales chinos vean el abuso de sustancia allí como problema serio, la represión no está en nivel que se aproxima del de los EEUU. El año pasado, los oficiales chinos arrestaron a unas 67.000 personas por acusaciones por drogas, en tanto que otros 273.000 fueron enviadas a centros de tratamiento químico forzado. Tomados juntos, los dos datos llegan a apenas un quinto del número de personas arrestadas por acusaciones por drogas todos los años en los EEUU.

11. Australia: Primero âConductor Drogadoâ? Procesará Policía por Difamación

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En Diciembre, un conductor del estado australiano de Victoria se volvió la primera persona a ser identificada como âconductor drogadoâ? según el nuevo programa de exámenes toxicológicos en las carreteras del estado. Mientras los equipos de cámaras de TV lo filmaban todo, John de Jong, 40, fue parado, forzado a someterse a los exámenes toxicológicos y de ahí acusado de sacar positivo para metanfetaminas y marihuana. Apenas un problema: Los exámenes en la carretera estaban equivocados y el laboratorio de la policía absolvió después a de Jong de cualquier mala acción.
Ahora, de Jong está procesando al gobierno de Victoria por difamación. Aunque el mensajero profesional haya dicho al periódico Advertiser el Martes que él quiere principalmente disculpas de la policía de Victoria, él también está buscando daños morales no especificados por daño a su reputación después de ser identificado falsamente como conductor dopado. La policía le dijo que su rostro no sería mostrado en la TV que ellos habían invitado a atestar la nueva política en acción, pero lo mostraron aun así.
El programa, que todavía está en andamiento, permite que la policía detenga a conductores aleatoriamente y los fuerce a someterse a testes de saliva para cannabis y metanfetaminas. Aquellos que se descubre que tienen drogas en sus metabolismos son castigados con multas similares a aquellas por conducción embriagada. Pero diferente de las leyes de conducción embriagada de Australia, que especifican un nivel de alcohol en la sangre más allá del cual la embriaguez es presumida, las leyes de conducción drogada castigan a los conductores por cualquier cantidad detectable de las drogas, a pesar de si esa cantidad está relacionada con la verdadera embriaguez.
El plan de la policía es testar aleatoriamente a unos 9.000 conductores este año, dijeron ellos cuando el plan fue anunciado en Diciembre. Entre los locales objetivados están áreas con tránsito de camiones de carga y âáreas conocidas por fiestas raveâ?, dijo la policía.

12. Asia: Agricultores de Filipinas Dicen Sin Carretera, Sin Fin al Cultivo de Marihuana

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Los agricultores en la remota región filipina de Ifugao han participado en las quemas ceremoniales de marihuana durante los últimos varios años mientras ellos participaban reluctantemente en la campaña antidroga corriente del gobierno. Hubo otra el 21 de Mayo, informó el Manila Bulletin, con el director de la policía regional de Cordillera prendiendo personalmente plantas de marihuana estimadas en $4 millones de dólares americanos mientras los ancianos y oficiales del pueblo observaban.
Pero aquellos mismos ancianos y oficiales dijeron después al Bulletin que ellos están desesperados en impedir a los agricultores de mezclar los cultivos de marihuana con maíz y otros cultivos porque los cultivos legales no pueden llegar al mercado antes de pudrirse porque no hay carretera. Ellos añadieron que ellos âno están más entusiasmadosâ? con participar en los programas de erradicación porque el gobierno no ha cumplido su promesa de construir carreteras, una promesa hecha por la Presidenta de las Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, cuando ella presidió una quema similar en la misma ciudad en 2002.
Aunque los aldeanos hayan dicho que estaban âdesesperadosâ? en parar el plantío de marihuana ahora, ellos insistieron que sus perspectivas de hacerlo mejorarían bastante si el gobierno abriera la carretera y promoviera sustentos alternativos para los agricultores ávidos de dinero. Pero ellos están esperando por soluciones concretas, dijeron ellos.
Los agricultores de marihuana sitiados de Ifugao han encontrado de alguna forma un oído simpático en su congresista, el Dip. Solomon Chungalao. Ãl se juntó a los ancianos del pueblo en decir al Bulletin que la policía puede hacer sus allanamientos y quemas anuales e imprimir informes de todos sus logros, pero nada, excepto las carreteras y el desarrollo, detendrá al plantío. âLo que yo puedo decirâ?, dijo Chungalao respondiendo a los comentarios de los ancianos, âes la realidad. Sólo podremos detener al cultivo de marihuana si y cuando podamos abrir la carretera que ellos están pidiendoâ?.
Esta no es la primera vez que los puntos de vista de Chungalao sobre la marihuana han llegado a las noticias en esta isla-nación en el problema de un pánico total de las drogas. El año pasado, los políticos conservadores y hojas de escándalos quedaron ultrajados cuando él convenció al Dip. Mickey Arroyo, el hijo de la presidenta, a codefender un proyecto de marihuana medicinal con él.

13. Listado de Empleos: Organizador Nacional de Campo, Proyecto de Reforma de la Ley Sobre Drogas de la ACLU        

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El Proyecto de Reforma de la Ley Sobre Drogas de la ACLU (DLRP) es una división especial de la ACLU nacional fundada en 1998. El DLRP abre acciones judiciales âde impactoâ? por todo el país, usando estrategias legales construidas sobre la idea de que luchar por los derechos civiles no significa sólo persuadir a los jueces, sino por fin cambiar la forma de pensar de las personas. El DLRP usa los medios objetivados y las campañas comunitarias y electrónicas de contacto en conjunción con la litigación para cambiar las conductas públicas a través de la educación y da a las personas en las líneas de frente las herramientas que ellas necesitan para actuar. El DLRP tiene un histórico de éxitos en la litigación sobre problemas que van desde la discriminación racial en la represión a las drogas hasta proteger a los usuarios de marihuana medicinal y a sus médicos de proceso criminal.
El Organizador Nacional de Campo ayudará a ejecutar la educación pública y los componentes de comunicación de las campañas del DLRP y será principalmente responsable por el contacto comunitario y la organización de estrategias con vistas a solidificar el apoyo a la reforma de la política de drogas y conectarse con nuevos públicos, especialmente en las comunidades de color. El Organizador Nacional de Campo reclutará y supervisará a los organizadores locales para litigaciones y campañas específicas. El Organizador Nacional de Campo también trabajará con el Personal del DLRP para llevar a cabo estrategias en las áreas de relaciones mediáticas, produciendo publicaciones objetivadas en multimedios y abogacía legislativa estatal y federal. El cargo requerirá coordinación cercana con la ACLU nacional, sus 53 afiliadas estatales, abogados privados y organizaciones aliadas, tanto en los esfuerzos de litigación como en los esfuerzos para asegurar la reforma en las legislaturas estatales y en el Congreso.
El Organizador Nacional de Campo debe tener excepcionales habilidades interpersonales y experiencia en organizar comunidades en torno de problemas de la justicia social. La gana y el suceso demostrado en trabajar con coaliciones para atraer más apoyo por el asunto es un deber. Porque esta posición requerirá contacto comunitario y organización por todo el país, los postulantes deben tener la voluntad y la capacidad de viajar frecuentemente. El postulante debe tener experiencia con el uso de la red como herramienta organizacional y competencia para desarrollar páginas web y sus características, o una capacidad y aptitud para aprender en estas áreas. El Organizador Nacional de Campo también debe tener una comprensión de las campañas multifacetadas de educación pública que integran a las estrategias sobre litigación, abogacía legislativa, organización comunitaria y comunicaciones estratégicas. Las siguientes habilidades y experiencia son fuertemente preferidas: Experiencia en el trabajo con comunidades de color; pericia en la habla y en la escrita en Español; experiencia en relaciones con los medios; familiaridad con el interés público y la litigación de impacto; y abogacía relacionada con la política de drogas.
El salario es conmensurado con la experiencia, dentro de los parámetros de la escala de compensación de la ACLU. Se provee un excelente paquete de beneficios. Las postulaciones serán aceptadas hasta que el cargo sea llenado, lo que no ocurrirá hasta antes de 25 de Junio, 2005. Por favor, envíe una carta describiendo sus calificaciones y el interés en el cargo, currículo actual, una muestra escrita no superior a diez páginas relacionadas con contacto comunitario o esfuerzos de organización y los nombres y números telefónicos de dos referencias para: Anjuli Verma, ACLU Drug Law Project, ATTN: [DPLP-15], 1101 Pacific Avenue, Suite 333, Santa Cruz, CA 95060 o hrjobs ARROBA aclu.org. Sin llamadas telefónicas; por favor, indique en su carta de intención que usted vio esta publicación de empleo en DRCNet.
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