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Notícies :: amèrica llatina
Argentina : juicio de los asesinatos de Dario y Maxi
19 mai 2005
LOS ASESINATOS DE KOSTEKI Y SANTILLAN

Un juicio con diputados como testigos
Unos de un lado, otros del contrario, una buena cantidad de diputados deberán desfilar —o por lo menos presentar declaraciones escritas—, en calidad de testigos en las audiencias por el juicio oral y público que comienza el martes y en el que se juzgará la denominada Masacre de Avellaneda, durante la cual fueron asesinados los militantes del MTD Aníbal Verón Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y otros 33 manifestantes resultaron heridos con balas de plomo.

El hecho, producido el 26 de junio de 2002, provocó la salida anticipada del gobierno de Eduardo Duhalde.

La apertura del juicio en el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora coincide con la que, se dice, es la etapa más dura de la interna justicialista entre Néstor Kirchner y Duhalde y su aparato.

Esta coincidencia no es puramente anecdótica. Kirchner siempre mantuvo como una carta en la manga el recurso de agitar o cajonear —según sus conveniencias en la dinámica de la relación con el duhaldismo— el impulso a la investigación de las responsabilidades políticas y la autoría intelectual del diseño represivo de la Masacre de Avellaneda. Esa investigación es el reclamo permanente de los familiares y compañeros de Santillán y Kosteki, y de otras organizaciones que participaron de la movilización de aquel 26 de junio.

Para todos ellos, la represión y las muertes provocadas no fueron el resultado de "excesos" por parte del comisario de la Bonaerense Alfredo Fanchiotti y de los otros seis policías imputados en el juicio, sino el fruto de una decisión política y operativa decidida por Duhalde y los principales funcionarios de su gestión.

Algunos de esos funcionarios son hoy diputados, y están entre los citados sólo como testigos, porque la Justicia no avanzó sobre el tema de las responsabilidades políticas. En la lista están Juan José Alvarez, Alfredo Atanasof y Jorge Vanossi.

A poco de asumir la Presidencia, Kirchner había prometido personalmente a Alberto Santillán —padre de Darío— la conformación de una comisión investigadora de la Masacre que cumpliría su misión "caiga quien caiga".

Después, en una reunión menos mediática, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilla, matizó la promesa. "Si se bajan del puente —esto es, si no hay más protestas—, hay comisión", les habría dicho a un grupo de representantes de la Verón. El planteo sólo fue aceptado por uno de los dos sectores en que quedó dividido el MTD, el que lidera Juan Cruz Daffunchio, quien comenzó a hacer cortes del puente sólo parciales.

El otro sector, con los familiares de las víctimas, no aceptó la exigencia.

Kirchner había prometido también abrir los archivos de la SIDE relacionados con la represión, cosa que hasta ahora no hizo, en el marco de una relación con el duhaldismo en la que, pese a las fricciones por los armados electorales, se mantiene la alianza estratégica original.

Además de los diputados ex funcionarios del riñón duhaldista —que los familiares esperan poder enjuiciar en otra instancia—, también declararán como testigos legisladores de izquierda y centroizquierda que avalan la tesis de la autoría inte lectual del gobierno anterior. Entre ellos, algún "transversal" de Kirchner, como Miguel Bonasso. También Luis Zamora y Patricia Walsh, entre otros.

La Masacre de Avellaneda fue un hecho clave de la política y de la realidad social argentina, que impidió supuestos planes continuistas de Duhalde. Al inicio del juicio, se replantea la incógnita sobre sus eventuales efectos políticos.

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