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Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá
01 mai 2005
Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá


Carta abierta a la reina de las Copas de América, alcaldesa de la nueva Sodoma: la Valencia de los pelotazos, los despilfarros y el caos urbanístico, ambiental, financiero...
Antonio Marín Segovia


Valencia: la nueva Sodoma...

Es evidente que para algunos Benicalap no existe, pues los servicios y equipamientos públicos necesarios siguen sin aparecer, sin ser una verdadera realidad.

Nos suben los impuestos y muy pocos somos los que elevamos nuestra voz para exigir las debidas y lógicas prestaciones. Nuestra alcaldesa y su equipo municipal (que llevan ya una eternidad instalados en la casa consistorial), se dedican y empeñan, de forma perversa e indecente, a centrar todos sus esfuerzos públicos en apoyar eventos privados y negocios oscuros (como el que se mueve en torno a las recalificaciones del Mestalla y la construcción de viviendas de lujo en Ribarroja).

Insisto: los ciudadanos de Valencia no tenemos verdaderos representantes públicos que trabajen en favor de todos los ciudadanos. Hay vecinos de primera y otros que únicamente servimos para pagar y callar. Y existe una gran masa de indolentes, idiotas que aceptan todo tipo de atropellos, violaciones, humillaciones y esclavitudes a cambio de nada... ¿Por qué los valencianos somos carne de resignación? ¿Por qué los valencianos aplauden y respaldan a los que les humillan, degradan y condenan al ostracismo? Somos un pueblo que merece un estudio internacional, pues carecemos de dignidad y del necesario entusiasmo para tirar a todos los manipuladores que llevan tanto y tanto tiempo degradando, expoliando y lacerando nuestra vida diaria... No hay viviendas de protección oficial, no hay equipamientos públicos de calidad, no hay bibliotecas ni centros sociales y juveniles... No hay piscina cubierta, no se ha procedido a una verdadera recuperación del Patrimonio Cultural y Artístico de Benicalap (las famosas alquerías que rodean el Parque de Benicalap son hoy una pura ruina, llena de basuras, escrementos y suciedad...).

¿Por qué los habitantes de Benicalap siguen respaldando a una mujer tan irresponsable, amoral, cínica e indigna como Rita Barberá?

No encuentro ninguna explicación racional. Por eso estimo y considero oportuno que diversos afamados especialistas en salud mental procedan a estudiarnos. No debemos estar bien de la cabeza si seguimos dando nuestro apoyo a los verdugos que han convertido el Ayuntamiento de Valencia en el más endeudado, sucio, ruidoso, caótico y maloliente de toda España...

La gestión de Rita y del PP se merecen un estudio amplio, detallado, exhaustivo, pues el alto grado de cinismo, desfachatez y mentiras que propagan los gestores y mamporreros de esa organización, merecen una denuncia permanente y sistemática. La corrupción tiene nombre propio y en Valencia se llama Partido Popular. Pero el cinismo y la falta de ética también tienen varios nombres propios y se llaman: Rita Barberá, Zaplana, Camps, Fabra...

Espero y deseo que alguna vez estos siniestros y miserables personajes acaben en los juzgados, respondiendo por los numerosos atropellos y atentados cometidos contra todos los ciudadanos y habitantes de Valencia... No podemos permitir que la impunidad y el caos institucional triunfen, aunque a la mayor parte de las almas que deambulan sin rumbo fijo por las sucias y apestosas calles de Valencia, permitan que les roben y les mientan constantemente.

Pienso que el hombre y la mujer que permite y alimenta el chantaje y la manipulación no tiene derecho alguno a ser considerado persona ni ciudadano... Lo digo y me duele decir que vivimos en una sociedad de esclavos, de simples consumidores de nadas y miasmas...

Una de las pruebas de mis afirmaciones es la siguiente: la mayor subida del IBI la padecemos y aceptamos con total y absurda resignación los valencianos, mientras la basura y la suciedad se acumula en los innumerables solares de nuestra degradada y ruidosa ciudad. El centro histórico sigue sumido en un brutal y obsceno olvido institucional, tanto local como autonómico...

Los pelotazos urbanísticos se incrementan sin que nadie mueva un dedo por iniciar acciones judiciales contra Soler, Rita Barberá, Zaplana, Camps...

¿Por qué tanta indolencia, pasividad, indiferencia...?

¿Realmente somos un pueblo adulto y equilibrado?

Y ahora lo peor de todo. Los nuevos diarios gratuitos se dedican a comentar todo tipo de trivialidades y banalidades, negando protagonismo y atención a los verdaderos problemas que nos acucian y nos llenan de zozobra e inquietud.

Lo siento: somos una sociedad enferma y arruinada; no tenemos códigos éticos serios y vivimos sumergidos en la depravación y en la estupidez total.

Antonio Marín Segovia
CERCLE OBERT DE BENICALAPINICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO

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Comentaris

Re: Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá
01 mai 2005
Charles Svoboda Enrique Climent Laguarda

ASOCIACIÃN VALENCIANA
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y
EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANISTICOS
(Abusos Urbanisticos No)
abusosurbanisticos-no ARROBA wanadoo.es

CIF: G-53712766
Buzón 24, Urb. Bellavista
03720 BENISSA (ALICANTE)

Telf y Fax: 96.649.7879



Excmo. Sr. D.
Juan Fernando López Aguilar
Ministro de Justicia
San Bernardo, 45
28015 Madrid

Benissa, 8 de julio de 2004

Excmo. Sr. Ministro:
Los abajo firmantes , en nombre y representación de la Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales y en contra de los Abusos Urbanísticos (en adelante, âAbusos Urbanísticos Noâ?, o âAUNâ?), solicitamos la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para investigar y perseguir la corrupción que rodea a los abusos urbanísticos que se producen en la Comunidad Valenciana.
La Asociación âAbusos Urbanísticos Noâ? reúne a cerca de veinte mil afectados por los abusos a que ha dado lugar la aplicación de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de 1994, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante, âla LRAUâ?) en la Comunidad Valenciana, y que aparecen casi a diario en la prensa regional, nacional, e incluso internacional .
El pasado 17 de febrero de 2004, el presidente de "Abusos Urbanisticos No" intervino ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para defender la petición nº 609/2003, presentada por nuestra asociación.
El Parlamento Europeo, en razón del gran interés público suscitado, autorizó la visita de una delegación de eurodiputados a la Comunidad Valenciana en misión exploratoria, que se desarrolló entre los días 22 y 25 de mayo. El informe será presentado en breve. Permítanos señalar que la prensa ha recogido manifestaciones de los eurodiputados señalando que estaban âconmovidosâ?, âatónitosâ?, y âcon el estómago revueltoâ? por los abusos urbanísticos y medioambientales que pudieron contemplar, y dejaron claro que la corrupción urbanística será uno de los temas que tratarán en su informe.
Entendemos que la LRAU viola las garantías constitucionales que protegen la propiedad privada, y lamentamos que el Tribunal Constitucional no haya tenido hasta ahora ocasión de constatarlo, pues declaró inadmisible por razones formales la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana . Nuestra Asociación está examinando la posibilidad de pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la LRAU, ya que no podemos aceptar, en nuestra calidad de ciudadanos españoles o de residentes en España, que el Tribunal de Estrasburgo sea la única instancia que pueda defender nuestros derechos.
Por su parte, el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por la LRAU, y ha presentado un informe que contiene una serie de sugerencias y críticas respecto a las leyes del suelo valencianas y especialmente la LRAU .
Con independencia de los legítimos motivos que pudieron llevar a su adopción en 1994, la aplicación de la LRAU en un contexto de burbuja inmobiliaria y de falta de control de los desmanes urbanísticos, ha dado lugar a situaciones absolutamente escandalosas, que vamos a exponer de forma muy somera, si bien estamos a su entera disposición para facilitar cuanta información pueda resultar de utilidad.
En junio del pasado año seguimos con especial interés la querella que usted y el profesor López Garrido presentaron contra los presuntos implicados en la trama de corrupción urbanística que provocó la crisis en la Asamblea de Madrid. En aquel momento nos sentimos especialmente frustrados por la inacción de la Fiscalía General del Estado y el posterior rechazo de la querella.
Al haber estado usted tan implicado en los intentos de esclarecimiento de aquellos turbios manejos, constatamos con satisfacción que no tendremos que extendernos innecesariamente en convencerle de la existencia de corrupción en los aledaños del urbanismo municipal.
Pese al rechazo de la querella, y a los diagnósticos interesados de quienes claman que en España no hay corrupción, mientras vigilan y ponen a punto los mecanismos de ingeniería legal y financiera que les permiten camuflarla, es evidente que ningún ciudadano de bien puede ignorar que existen gravísimos problemas de corrupción alrededor de la actividad urbanística.
Esta corrupción presenta un cariz especial y mucho más grave en la Comunidad Valenciana, ya que la LRAU permite a los promotores o agentes urbanizadores apropiarse del suelo de los pequeños propietarios a cambio de precios que en muchos casos cabe calificar de âsimbólicosâ?, y que nada tienen que ver con los de mercado. Los beneficiarios de la LRAU no se cansan de pregonar la gran cantidad de suelo urbano que ha generado la Comunidad Valenciana, aunque olvidan mencionar que los precios de la vivienda en esta Comunidad han aumentado de forma exponencial, sobre todo en las zonas más castigadas por los saqueos urbanísticos (las cercanas a la costa, las de especial valor paisajístico, etc.). La ecuación es muy simple: si el suelo se obtiene a precios simbólicos y el precio de las viviendas ha seguido subiendo, está claro a quién no beneficia la LRAU: ni a los pequeños propietarios de suelo rústico y de las viviendas en él enclavadas, ni al comprador de las viviendas en las zonas urbanizadas. Y está claro a quién beneficia esta malhadada ley: a constructores y promotores inmobiliarios, así como a aquellos responsables municipales que en ocasiones actúan en colusión con ellos.
Resultado: desarrollo insostenible, especulación galopante, destrozo del medio ambiente, saturación de las vías de comunicación, dinero negro a espuertas, ni un metro cuadrado sin cemento⦠y un negocio redondo: suelo muy barato, bendición municipal, y altísimos precios de venta. Los beneficios son desorbitados, y tanto dinero fácil puede torcer muchas voluntades.
Señor ministro: si, como sostenía la querella que ustedes presentaron, una trama de corrupción inmobiliaria consiguió torcer la voluntad de dos diputados de la Asamblea de Madrid ante los ojos de España entera, imagínese cuántas tramas pueden torcer cuántas voluntades de cuántos concejales en cuántos municipios, alejados del foco de la actualidad y protegidos por poderosos conglomerados de intereses.
La LRAU permite además distorsionar la democracia representativa y eludir la opinión de los ciudadanos en temas fundamentales. ¿Se imagina alguien que el Gobierno español decidiera de la noche a la mañana triplicar la población de España, y facilitara permisos de residencia a ochenta millones de ciudadanos que hoy no residen en nuestro territorio, sin haberlo mencionado en el programa electoral? Por supuesto que no. Sin embargo, los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, un día sí y otro también, están aprobando Programas que prevén doblar, triplicar, o quintuplicar su población (y así hasta multiplicar por cifras bastante más altas), sin haberlo planteado siquiera a los ciudadanos durante la campaña de las elecciones municipales de 2003. La LRAU les da la excusa perfecta: se trata de una iniciativa particular, prevista en su artículo 44. Y si tales proyectos son inviables porque no hay infraestructuras de comunicación, ni agua, ni posibilidad alguna de sostener dicho desarrollo⦠que sufran las consecuencias los que vengan detrás, una vez que los interesados hayan sacado buena tajada. Véase el ejemplo de âTerra Míticaâ?, que acaba de suspender pagos después de haber dado lugar a impresionantes negocios inmobiliarios, paralelos a los agujeros provocados en las cuentas públicas y en las de las cajas de ahorro valencianas.
Desarrollamos a continuación nuestra argumentación jurídica.
La LRAU, al admitir que los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana deleguen las actividades de urbanización en la figura del âAgente Urbanizadorâ?, permite la realización de obras públicas de urbanización sin que se respeten las disposiciones sobre contratos públicos contenidas en las directivas comunitarias en la materia y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se abre así la puerta a todo tipo de corruptelas y maniobras de colusión. Más concretamente:
- La LRAU se limita a exigir la publicación de los edictos municipales en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de gran circulación de la Comunidad Valenciana, en lugar de en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
- En ningún momento existe un pliego de condiciones, lo que provoca una absoluta inseguridad jurídica e impide la competencia de otros licitadores comunitarios. Las condiciones del proyecto y las obras a realizar sólo son definidas de cara a la ejecución del contrato, no a su licitación. El Ayuntamiento tiene la facultad, al final del procedimiento de licitación, de decidir qué proyecto se realizará, imponer las modificaciones que le parezcan oportunas, y decidir qué empresa lo realizará.
- Los criterios de adjudicación del contrato se apartan de lo exigido por las directivas comunitarias y por la legislación española. Los ayuntamientos disponen de facultades tan amplias como incontroladas. Las sospechas de colusión entre ayuntamientos y Agentes Urbanizadores son continuas, dados los desorbitados beneficios que se derivan de la actividad urbanizadora desarrollada al amparo de la LRAU.
- No se respetan los plazos establecidos en las directivas comunitarias ni en la legislación española.
- Quien inicia el procedimiento de gestión particular es el máximo candidato a hacerse con la adjudicación del contrato, ya que dispone de todas las ventajas, en perjuicio de posibles futuros competidores, y en violación manifiesta del principio de igualdad de oportunidades. Puede haber preparado su proyecto durante años, y elige el momento más apropiado para presentarlo, mientras que sus competidores deberán ajustarse a los estrictos plazos fijados por la LRAU y el ayuntamiento.
- Dadas las peculiaridades del sistema de la LRAU, se realiza un exceso de obra pública absolutamente innecesaria, justificada solamente por el interés del urbanizador por incrementar su cifra de negocio, en una situación en la que, dada la falta de competencia efectiva, fija los precios que más le convienen, sometido sólo a una levísima supervisión del ayuntamiento.
Ello ocurre porque la LRAU viola la legislación comunitaria sobre contratos públicos, así como la legislación española que incorporó tales directivas al ordenamiento jurídico español. En efecto, el artículo 120 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas deja bien claro que los contratos entre un ayuntamiento y un empresario que tengan por objeto actuaciones urbanísticas son contratos de obras, y están sometidos a las obligaciones contenidas en la legislación española sobre contratos de las Administraciones Públicas .
Sin embargo, el artículo 29.13 LRAU contiene una peculiar interpretación de la jerarquía legislativa, al sostener la primacía de la legislación regional valenciana sobre la española y la comunitaria:
âLas relaciones derivadas de la adjudicación del Programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados (â¦)â?
Esta es la base desde la que se ha construido un complejo sistema de ingeniería legal que ha permitido eludir el cumplimiento de las normas sobre contratos públicos en el urbanismo valenciano. La LRAU juega con las palabras, y llama âProgramaâ? a un contrato de obras que se adjudica en virtud de la propuesta jurídico-económica de una empresa, pretendiendo sustraerlo a las estrictas obligaciones que impone la normativa europea sobre contratos públicos.
En el sistema creado por la LRAU, el precio de las obras es fijado sobre la base de un presupuesto global en el que no aparecen desglosados los costes de la urbanización, lo que impide a su vez que se puedan controlar y corregir las mediciones. La consecuencia es clara: el marco legal facilita que se presenten presupuestos excesivos. Dado que la LRAU estipula que el agente urbanizador debe ser retribuido preferentemente en terrenos , éste tiene el máximo interés en âinflarâ? lo más posible el presupuesto, a fin de recibir más terrenos en pago de sus servicios.
Puede ocurrir que los afectados deseen pagar en metálico en lugar de aportar sus terrenos. En ese caso, el importe de la cuota de urbanización es propuesto por el Agente Urbanizador, que tiene el máximo interés en que dicho importe sea lo más alto posible, y ello por dos razones:
(i) Por una parte, es obvio que, cuanto más alta sea la cuota de urbanización, más dinero recibirá el Urbanizador.
(ii) Pero hay un segundo motivo: cuanto más alto sea el importe de la cuota, más dificultades tendrán los propietarios de terrenos para pagarlo, y si no pueden pagar en metálico, deberán plegarse al coeficiente de aportación impuesto por el Ayuntamiento y aportar sus terrenos , que probablemente habrán sido valorados muy por debajo de su precio en el mercado inmobiliario. Con ello, el urbanizador obtiene ingentes cantidades de suelo urbano a un precio muy inferior al de mercado, y obtiene así beneficios atípicos que probablemente se sumen al beneficio industrial previsto en el proyecto, dependiendo de su habilidad al hacer las cuentas y de la habilidad (y/o buena disposición) del Ayuntamiento al controlar tales cuentas.
Las medidas de control público no pueden ser más livianas: el artículo 72.1.a) LRAU se limita a señalar que âlas cuotas de urbanización y su imposición deberán ser aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los afectados o se tramitarán junto al proyecto de reparcelaciónâ?.
Entendemos que de todo lo expuesto se desprende que la LRAU viola el derecho a la propiedad privada, así como las disposiciones comunitarias sobre contratación pública. A su amparo se siguen adjudicando contratos que superan los umbrales establecidos por las directivas y la legislación española, sin respetar las obligaciones de publicidad, transparencia y competencia efectivas, lo que posibilita todo tipo de corruptelas.
En los próximos días denunciaremos esta situación ante la Comisión Europea, y confiamos en que, en su misión de guardián de los Tratados, consiga restablecer la legalidad y obligue a respetar la legislación comunitaria sobre contratos públicos en la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, la situación es aún más preocupante, ya que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), presentado por la Generalitat Valenciana a las Cortes Valencianas para reformar la LRAU, no corrige ninguna de las violaciones de la legislación comunitaria aquí mencionadas, aunque es presentado al público como la panacea que solucionará todos los problemas creados por la LRAU.
El mejor indicador de la falta de voluntad política del gobierno valenciano para resolver los problemas creados por la LRAU es el hecho de que, además de negarse a decretar una moratoria inmediata de la LRAU (algo que fue expresamente pedido por los eurodiputados que visitaron la Comunidad Valenciana), todos y cada uno de los sucesivos borradores de la futura Ley Urbanística Valenciana contienen el mismo Derecho transitorio, que deja bien claro que la LRAU se seguirá aplicando a todos aquellos Programas que hayan sido presentados durante su período de vigencia. Tenemos LRAU para rato⦠si no somos capaces de restablecer la legalidad en el urbanismo valenciano.
Señor Ministro: los abusos urbanísticos que se han desarrollado en la Comunidad Valenciana han provocado una sensación de absoluta indefensión en los afectados, que han llegado a dudar sobre la vigencia del Estado de Derecho en el urbanismo valenciano. Nos encontramos frente a un poderoso conglomerado de intereses que hasta ahora ha ahogado toda posibilidad de frenar tanto desafuero (en muchos casos porque la situación es tan disparatada que parece increíble⦠hasta que se vive de cerca). Como ciudadanos españoles y como residentes en España, tenemos derecho a obtener la tutela jurisdiccional en España, con independencia de las vías que estamos explorando en Bruselas y en Estrasburgo.
En consecuencia, le rogamos imparta las instrucciones necesarias y facilite los medios pertinentes para que la Fiscalía Anticorrupción empiece a poner coto a los desmanes urbanísticos que se han producido y se siguen produciendo en la Comunidad Valenciana. La calidad de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho necesitan esta actuación.
Agradecemos por adelantado su atención, y nos ponemos a su disposición y a la de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar cuanta información pueda resultar de utilidad.
Reciba un atento saludo,

Charles Svoboda                     Enrique Climent Laguarda
Presidente Vicepresidente
Re: Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá
01 mai 2005
A la atención del Sr. Ministro de Justicia y del Fiscal General del Estado:





Desde hace ya varios años venimos denunciando (aportando numerosas pruebas contrastadas) la grave situación de expolio y saqueo que se comete a diario en lugares y espacios protegidos de nuestra Comunidad Valenciana.



En reiteradas ocasiones hemos solicitado la intervención de las autoridades judiciales sin obtener respuesta alguna.



Lamentamos la enorme pasividad e indolencia que manifiestan las autoridades judiciales, políticas y administrativas para detener la enorme corrupción, degradación y perversión institucional que padecemos de manera calculada y sistemática el conjunto de ciudadanos y habitantes que vivimos en la Comunidad Valenciana.



Estimamos imprescindible que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado activen una investigación rigurosa para depurar responsabilidades judiciales, en aras a procesar a los autores e impulsores intelectuales y materiales de ciertas iniciativas urbanísticas y ambientales que condenan a la miseria y al caos al conjunto de la mayoría de valencianos.



Invitamos al Sr. Ministro y al Fiscal General del Estado a que visiten la Comunidad Valenciana, para que "in situ" puedan conocer los enormes atentados cometidos por destacados dirigentes del Partido Popular. Lo peor de todo es que esos atropellos y abusos urbanísticos se cometen con dinero público, difundiendo todo tipo de mentiras y engañando a los medios de comunicación y a los ciudadanos.



Urge que se activen mecanismos judiciales, administrativos y políticos para controlar y fiscalizar la acción política del gobierno del Sr. Camps, recordando la obligación ineludible que tienen nuestros supuestos representantes, para garantizarnos a todos una vida digna, un trabajo estable, una vivienda confortable y asequible, una sanidad pública de calidad, una educación integral...



Hasta la fecha, lo único que vemos es corrupción, cinismo, mentiras y atropellos constantes...



Nuestra entidad y otras organizaciones, vamos a seguir luchando para que los autores de tanto terrorismo urbanístico y ambiental puedan y deban ser procesados judicialmente. Para ello, no dudamos en solicitar la intervención de los Tribunales europeos, de la Corte Penal, del Parlamento Europeo, de la ONU, de la UNESCO... dada la inercia, pasividad e indiferencia que detectamos y padecemos.



Atentamente,





Benicalap - Valencia, a 26 de abril de 2005



CERCLE OBERT DE BENICALAP

INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO









Antonio Marín Segovia



marsegan ARROBA hotmail.com



Teléfono: 645.75.95.91









Intervíu: 25/04/05


Construcciones Julio Iglesias


Ha vendido más de 250 millones de discos y reconoce ganar más con la
construcción. En sólo cuatro años ha levantado en España una
urbanización de lujo y ha presentado dos polémicos proyectos más. Todos en Alicante, donde está muy bien relacionado gracias a su amistad con el ex presidente Zaplana, quien, además de contratarle como imagen de Valencia, le introdujo en los círculos inmobiliarios. La vida de Julio Iglesias no sigue igual.

Texto: David Arnanz / Nieves Salinas



A sus 60 años y con 35 sobre los escenarios, Julio Iglesias reconoce que
gana mucho más por sus inversiones inmobiliarias que vendiendo discos.
En apenas cuatro años, y sólo en España, se ha estrenado como consejero
de cuatro sociedades mercantiles ubicadas en la Comunidad Valenciana
-Urbanizaciones y Construcciones Urcosa S.L., Coll de Rates S.A.,
Desarrollos Urbanísticos del Algar S.L., y Altea Futura S.A.-,
asociándose al Grupo Ballester, líder en el sector de la promoción y
construcción de inmuebles en Levante. Iglesias no podía haber elegido un
socio mejor.

La primera promoción de viviendas con capital del artista es ya una
realidad. Villa Gadea, construida por Urcosa (con un capital, tras
ampliación, de tres millones de euros) está en Altea (Alicante). Ubicada
en un terreno de 120.000 metros cuadrados, consta de 262 viviendas. El
complejo incluye un hotel de cinco estrellas, el SH Villa Gadea Beach,
de próxima inauguración y con un presupuesto superior a los veinte
millones de euros. Los precios de las viviendas van de los 655.700 euros
de un bungalow a los 219.000 de un apartamento de dos habitaciones. La
venta de toda la promoción supondrá más de cien millones de euros.
El propio Julio Iglesias acudió en 2000 a Altea para presentar su
primera inversión inmobiliaria en España. En 2001, se registraba como
consejero de Urbanizaciones y Construcciones Urcosa. En total, el
artista apostó en la promoción casi 16 millones de euros, mientras que
los otros dos grandes promotores, el Grupo Ballester y el Grupo Lladró,
invirtieron 25 millones cada uno.

Junto a Julio Iglesias, entró también como consejero en la promotora su
hombre de confianza, Luis Fernando Esteban Bernáldez, el encargado de
concretar en 1997 los términos del polémico contrato que el cantante
firmó con la Generalitat, con Eduardo Zaplana como presidente, para
ejercer de embajador de Valencia en el mundo entero y que el PSPV-PSOE
llevó a los tribunales por un presunto delito de fraude fiscal. Además,
Luis Fernando Esteban es administrador de Bellevue Proyectos
Inmobiliarios S.L., una sociedad de la que el cantante es socio único y
que cuenta con un capital de 1.800.000 euros.

Esteban Bernáldez es, como Iglesias, consejero desde 2003 de Altea
Futura, Coll de Rates y Desarrollos Urbanísticos del Algar, las tres con
domicilio social en Benidorm, la localidad en la que, en 1968, el
cantante ganó el festival que marcaría el inicio de su exitosa carrera
musical y que, tiempo después, sería decisiva para su otra carrera, la
del ladrillo. Fue uno de los constructores más importantes de Benidorm,
Francisco Murcia Puchades -hoy presidente de la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Alicante, Provia-, muy relacionado con la cúpula del PP
valenciano y uno de los máximos impulsores de la carrera de Zaplana
hacia la presidencia de la Generalitat, quien presentó al artista y al
hoy portavoz del PP en el Congreso. Ãse fue el principio de una buena
amistad de la que ambos han hecho gala a pesar de las críticas de la
oposición. Zaplana le presentó a uno de sus grandes amigos: el
constructor Andrés Ballester, presidente del Grupo Ballester y también
del consejo de administración de Terra Mítica.


Entre Ballester e Iglesias, según explicaron desde el Grupo Ballester a
esta revista, existe una "vieja relación de amistad personal anterior a
sus negocios en común", que se vio impulsada con las frecuentes visitas
del cantante a la Comunidad tras su contrato con la Generalitat. El
cantante, por medio de una portavoz en Miami, ha declinado hacer
declaraciones sobre su aventura empresarial "por problemas de agenda".
Ballester e Iglesias se reunieron en 1999, en presencia de Zaplana, en
una comida en el Hotel Altea Hills -construido por el Grupo Ballester-
que marcaría el inicio de sus relaciones empresariales. El propio
Iglesias reconoció que había acudido a la reunión a "dar un beso al
presidente Zaplana" tras su victoria en las elecciones autonómicas del
13 de junio de ese año, en las que obtuvo mayoría absoluta. Tras el
encuentro, los portavoces de PSPV-PSOE y Esquerra Unida en las Cortes
Valencianas pidieron a Zaplana que explicase sus vinculaciones con
Ballester e Iglesias y los intereses inmobiliarios que le movían para
propiciar dicha reunión.

Desde el Grupo Ballester se señala que precisamente son las relaciones
entre el artista y Zaplana las que provocan "cierto recelo, como si se
hablase de pelotazo", cuando se aborda la relación mercantil entre
Ballester e Iglesias, pese a que el porcentaje que el cantante posee en
las sociedades del grupo no llega al 40 por ciento. "Mientras en otras
zonas se pegarían por tener a alguien como Julio Iglesias, aquí, desde
la firma del famoso contrato, hay gente a la que le parece que ir de su
mano es ir con un apestado", señalan desde el grupo en alusión a los
problemas surgidos para la construcción de sus nuevas promociones en
Altea y Benigembla.


Que sus más ambiciosos proyectos se desarrollen en Altea, localidad
regida por el popular y zaplanista reconocido Miguel Ortiz, no ayuda a
quitarse el sambenito. Ortiz, que también preside la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, nombró casteller de honor a
Zaplana el pasado agosto, un cargo honorífico que se entregaba por
primera vez en la localidad, en una época en la que las relaciones entre
el anterior y el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps,
estaban más tensas.





Proyectos polémicos
Lo cierto es que todos los proyectos en los que se ha embarcado Iglesias
han estado rodeados de polémica. "Villa Gadea se levantó sobre un pinar
que era de todos los vecinos de Altea. Han construido en primera línea
de playa, como en los sesenta, incumpliendo la Ley de Costas, por eso
ahora tienen tanto interés en construir el paseo marítimo, para estar
dentro de la ley, y se están cargando nuestra playa de siempre",
denuncia Robert Rubio, de la asociación ecológica Algar Net i Viu (Algar
Limpio y Vivo). Rubio también califica de "escandaloso" el segundo gran
proyecto del cantante en el pueblo: Los Puentes del Algar, una promoción
que, por medio de Altea Futura, planea construir 5.260 viviendas, un
campo de golf, tres centros comerciales y tres hoteles en la cuenca del
río Algar, que desemboca en Altea al Mediterráneo, lo que provocará un
aumento de la población en más de 20.000 habitantes.

En total, más de un millón de metros cuadrados de suelo recalificados
como urbanizables en el valle y desembocadura del río Algar, una zona
húmeda catalogada de especial protección. La Confederación Hidrográfica
del Júcar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, admite "la
existencia de una flora y fauna ripícolas de gran valor ecológico" y
considera "necesaria la protección de este espacio natural ya que está
situado en una zona turística". El proyecto Modificación puntual del
PGOU de Altea, sector RS-11 Riu Algar, presentado por el Ayuntamiento,
ha recibido la aprobación del estudio de impacto ambiental de la
Generalitat, que ha tenido en cuenta las 24 alegaciones que se han
presentado, la mayoría de carácter ambiental.

Los Puentes del Algar es un ambicioso proyecto por el que el
Ayuntamiento de Altea lleva cuatro años luchando. Consciente de que iba
a tardar en materializarse, el alcalde consiguió en diciembre de 2001 un
acuerdo con el PSOE para su construcción, independientemente de quién
gobernara el consistorio. El tercer grupo político municipal, el Bloc,
siempre ha votado en contra por considerar que el proyecto "privatiza
los márgenes del río" y que el PP "encubre, bajo la apariencia de
regeneración del río, una maniobra de especulación urbanística".
El Bloc denunció el pasado mes de febrero que �ngel Pérez Iñesta, jefe
de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea, comparte negocios con José María
Comín, que según datos del Registro Mercantil es apoderado de Altea
Futura S.A., la empresa encargada de la construcción del macroproyecto
Los Puentes del Algar, del que es redactor el propio �ngel Pérez, lo que
para el Bloc es "inaudito" porque Pérez "tiene dedicación exclusiva,
maneja información confidencial y ha de informar todos los expedientes
urbanísticos del municipio". Un extremo que niegan desde el Ayuntamiento
de Altea, donde se afirma que Iñesta tiene compatibilidad para ejercer
actividades privadas. Según el Bloc, José María Comín ha sido el
encargado de presentar todos los proyectos urbanísticos en el
Ayuntamiento como representante de las empresas del Grupo Ballester,
incluidas las que participa Julio Iglesias. Fuentes cercanas a Comín
afirman que, a pesar de que aún aparezca su nombre en el Registro
Mercantil, éste se ha separado del Grupo Ballester en septiembre de
2004. Tan sólo 15 días después de que el Bloc hiciera pública esta
noticia, el PSOE se desvinculó de la operación, al votar en contra en un
pleno, alegando que el proyecto inicial ha cambiado mucho respecto al
actual. Desde el Ayuntamiento de Altea han confirmado a interviú que el
proyecto sigue adelante y han pedido al grupo socialista que se
replanteara su posición.





Turismo de interior
A 20 kilómetros de Altea, hacia el interior, está Benigembla, una
localidad montañosa de 530 vecinos a la que el artista también ha echado
el ojo. Fue Iglesias quien sugirió a sus socios que había que apostar
por un turismo de interior y de calidad. Así, la tranquilidad de
Benigembla se rompió en noviembre de 2004, cuando el Ayuntamiento,
presidido por el popular Aurelio Llinares, aprobó con carácter de
urgencia la firma de un convenio con la empresa Coll de Rates.
Según datos del Registro Mercantil, en 2003 Ballester compró la citada
sociedad, que poseía 1.500 hectáreas de terreno montañoso, de las que
1.000 están en el término municipal de la localidad alicantina. Cinco
meses más tarde entraron Iglesias y Bernáldez como consejeros. El
contrato entre el Ayuntamiento y Coll de Rates, redactado por los
abogados del Grupo Ballester, recoge que la promotora cede las 1.000
hectáreas de terreno de su propiedad -dice el documento que "los
terrenos constituyen un ecosistema que reúne valores y características
dignas de protección (...) y cuya titularidad interesa adquirir al
ayuntamiento de Benigembla por sus valores naturales y paisajísticos"- y
900.000 euros a cambio de que el Ayuntamiento le ceda 150.000 m/t
(metros tejado) de aprovechamiento urbanístico. Según expertos
consultados por esta revista, el concepto metros tejado apenas se
utiliza, aunque sí se da en la Comunidad Valenciana, y se refiere a todo
lo que se construya bajo techo. Puede parecer una obviedad, pero depende
de lo que disponga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) referente
al número de alturas que es posible construir. Y, curiosamente,
Benigembla carece de PGOU, como recoge el contrato en su punto tercero:
"Que es voluntad del Ayuntamiento de Benigembla iniciar los trabajos del
Plan General que (...) sirva para agilizar y para una mejor gestión de
su desarrollo urbanístico". El contrato estipula que "el Ayuntamiento se
compromete a tramitar conjuntamente con el Plan General el Programa de
Actuación Integrada que presente la mercantil", por lo que la empresa de
Iglesias podrá decidir en el PGOU.

Esta circunstancia y el secretismo con el que el Ayuntamiento ha tratado
el convenio han provocado la mayor reacción popular que se recuerda en
la localidad: "La empresa ha cedido la montaña porque no se puede
construir a más de 450 metros sobre el nivel del mar y porque tendrían
que llevar agua, luz, puentes...", sostiene Fernando Mengual, uno de los
vecinos que ha liderado la protesta. Ante la presión popular, el
Ayuntamiento se vio obligado a devolver los 300.000 euros del primer
pago que recibió de la empresa. El pueblo quiere que se rompa el
convenio y así se lo transmitió a su alcalde, aunque va a ser difícil
que lo consiga. Desde la mercantil se niega que haya habido una ruptura
del convenio y se añade que "esperaremos a que se calmen los ánimos y se
ordene el territorio para continuar con el proyecto".
Re: Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá
21 des 2005
hola quiero q me menaden muchao mensajes con varios dibujos de lod jugadores extranjeros ok chauuu so xavi del barcelona
Sindicat