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Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá
per Antonio Marín Segovia Correu-e: antoniod17 ARROBA ono.com (no verificat!)	01 mai 2005

Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá Carta abierta a la reina de las Copas de América, alcaldesa de la nueva Sodoma: la Valencia de los pelotazos, los despilfarros y el caos urbanístico, ambiental, financiero... Antonio Marín Segovia Valencia: la nueva Sodoma... Es evidente que para algunos Benicalap no existe, pues los servicios y equipamientos públicos necesarios siguen sin aparecer, sin ser una verdadera realidad. Nos suben los impuestos y muy pocos somos los que elevamos nuestra voz para exigir las debidas y lógicas prestaciones. Nuestra alcaldesa y su equipo municipal (que llevan ya una eternidad instalados en la casa consistorial), se dedican y empeñan, de forma perversa e indecente, a centrar todos sus esfuerzos públicos en apoyar eventos privados y negocios oscuros (como el que se mueve en torno a las recalificaciones del Mestalla y la construcción de viviendas de lujo en Ribarroja). Insisto: los ciudadanos de Valencia no tenemos verdaderos representantes públicos que trabajen en favor de todos los ciudadanos. Hay vecinos de primera y otros que únicamente servimos para pagar y callar. Y existe una gran masa de indolentes, idiotas que aceptan todo tipo de atropellos, violaciones, humillaciones y esclavitudes a cambio de nada... ¿Por qué los valencianos somos carne de resignación? ¿Por qué los valencianos aplauden y respaldan a los que les humillan, degradan y condenan al ostracismo? Somos un pueblo que merece un estudio internacional, pues carecemos de dignidad y del necesario entusiasmo para tirar a todos los manipuladores que llevan tanto y tanto tiempo degradando, expoliando y lacerando nuestra vida diaria... No hay viviendas de protección oficial, no hay equipamientos públicos de calidad, no hay bibliotecas ni centros sociales y juveniles... No hay piscina cubierta, no se ha procedido a una verdadera recuperación del Patrimonio Cultural y Artístico de Benicalap (las famosas alquerías que rodean el Parque de Benicalap son hoy una pura ruina, llena de basuras, escrementos y suciedad...). ¿Por qué los habitantes de Benicalap siguen respaldando a una mujer tan irresponsable, amoral, cínica e indigna como Rita Barberá? No encuentro ninguna explicación racional. Por eso estimo y considero oportuno que diversos afamados especialistas en salud mental procedan a estudiarnos. No debemos estar bien de la cabeza si seguimos dando nuestro apoyo a los verdugos que han convertido el Ayuntamiento de Valencia en el más endeudado, sucio, ruidoso, caótico y maloliente de toda España... La gestión de Rita y del PP se merecen un estudio amplio, detallado, exhaustivo, pues el alto grado de cinismo, desfachatez y mentiras que propagan los gestores y mamporreros de esa organización, merecen una denuncia permanente y sistemática. La corrupción tiene nombre propio y en Valencia se llama Partido Popular. Pero el cinismo y la falta de ética también tienen varios nombres propios y se llaman: Rita Barberá, Zaplana, Camps, Fabra... Espero y deseo que alguna vez estos siniestros y miserables personajes acaben en los juzgados, respondiendo por los numerosos atropellos y atentados cometidos contra todos los ciudadanos y habitantes de Valencia... No podemos permitir que la impunidad y el caos institucional triunfen, aunque a la mayor parte de las almas que deambulan sin rumbo fijo por las sucias y apestosas calles de Valencia, permitan que les roben y les mientan constantemente. Pienso que el hombre y la mujer que permite y alimenta el chantaje y la manipulación no tiene derecho alguno a ser considerado persona ni ciudadano... Lo digo y me duele decir que vivimos en una sociedad de esclavos, de simples consumidores de nadas y miasmas... Una de las pruebas de mis afirmaciones es la siguiente: la mayor subida del IBI la padecemos y aceptamos con total y absurda resignación los valencianos, mientras la basura y la suciedad se acumula en los innumerables solares de nuestra degradada y ruidosa ciudad. El centro histórico sigue sumido en un brutal y obsceno olvido institucional, tanto local como autonómico... Los pelotazos urbanísticos se incrementan sin que nadie mueva un dedo por iniciar acciones judiciales contra Soler, Rita Barberá, Zaplana, Camps... ¿Por qué tanta indolencia, pasividad, indiferencia...? ¿Realmente somos un pueblo adulto y equilibrado? Y ahora lo peor de todo. Los nuevos diarios gratuitos se dedican a comentar todo tipo de trivialidades y banalidades, negando protagonismo y atención a los verdaderos problemas que nos acucian y nos llenan de zozobra e inquietud. Lo siento: somos una sociedad enferma y arruinada; no tenemos códigos éticos serios y vivimos sumergidos en la depravación y en la estupidez total. Antonio Marín Segovia CERCLE OBERT DE BENICALAPINICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO
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Re: Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá
per Abusos Urbanísticos No	01 mai 2005
Charles Svoboda Enrique Climent Laguarda ASOCIACIÃ�N VALENCIANA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANISTICOS (Abusos Urbanisticos No) abusosurbanisticos-no ARROBA wanadoo.es CIF: G-53712766 BuzÃ³n 24, Urb. Bellavista 03720 BENISSA (ALICANTE) Telf y Fax: 96.649.7879 Excmo. Sr. D. Juan Fernando LÃ³pez Aguilar Ministro de Justicia San Bernardo, 45 28015 Madrid Benissa, 8 de julio de 2004 Excmo. Sr. Ministro: Los abajo firmantes , en nombre y representaciÃ³n de la AsociaciÃ³n Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales y en contra de los Abusos UrbanÃsticos (en adelante, â��Abusos UrbanÃsticos Noâ�?, o â��AUNâ�?), solicitamos la intervenciÃ³n de la FiscalÃa AnticorrupciÃ³n para investigar y perseguir la corrupciÃ³n que rodea a los abusos urbanÃsticos que se producen en la Comunidad Valenciana. La AsociaciÃ³n â��Abusos UrbanÃsticos Noâ�? reÃºne a cerca de veinte mil afectados por los abusos a que ha dado lugar la aplicaciÃ³n de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de 1994, Reguladora de la Actividad UrbanÃstica (en adelante, â��la LRAUâ�?) en la Comunidad Valenciana, y que aparecen casi a diario en la prensa regional, nacional, e incluso internacional . El pasado 17 de febrero de 2004, el presidente de "Abusos Urbanisticos No" intervino ante el ComitÃ© de Peticiones del Parlamento Europeo para defender la peticiÃ³n nÂº 609/2003, presentada por nuestra asociaciÃ³n. El Parlamento Europeo, en razÃ³n del gran interÃ©s pÃºblico suscitado, autorizÃ³ la visita de una delegaciÃ³n de eurodiputados a la Comunidad Valenciana en misiÃ³n exploratoria, que se desarrollÃ³ entre los dÃas 22 y 25 de mayo. El informe serÃ¡ presentado en breve. PermÃtanos seÃ±alar que la prensa ha recogido manifestaciones de los eurodiputados seÃ±alando que estaban â��conmovidosâ�?, â��atÃ³nitosâ�?, y â��con el estÃ³mago revueltoâ�? por los abusos urbanÃsticos y medioambientales que pudieron contemplar, y dejaron claro que la corrupciÃ³n urbanÃstica serÃ¡ uno de los temas que tratarÃ¡n en su informe. Entendemos que la LRAU viola las garantÃas constitucionales que protegen la propiedad privada, y lamentamos que el Tribunal Constitucional no haya tenido hasta ahora ocasiÃ³n de constatarlo, pues declarÃ³ inadmisible por razones formales la cuestiÃ³n de inconstitucionalidad que planteÃ³ la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana . Nuestra AsociaciÃ³n estÃ¡ examinando la posibilidad de pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la LRAU, ya que no podemos aceptar, en nuestra calidad de ciudadanos espaÃ±oles o de residentes en EspaÃ±a, que el Tribunal de Estrasburgo sea la Ãºnica instancia que pueda defender nuestros derechos. Por su parte, el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por la LRAU, y ha presentado un informe que contiene una serie de sugerencias y crÃticas respecto a las leyes del suelo valencianas y especialmente la LRAU . Con independencia de los legÃtimos motivos que pudieron llevar a su adopciÃ³n en 1994, la aplicaciÃ³n de la LRAU en un contexto de burbuja inmobiliaria y de falta de control de los desmanes urbanÃsticos, ha dado lugar a situaciones absolutamente escandalosas, que vamos a exponer de forma muy somera, si bien estamos a su entera disposiciÃ³n para facilitar cuanta informaciÃ³n pueda resultar de utilidad. En junio del pasado aÃ±o seguimos con especial interÃ©s la querella que usted y el profesor LÃ³pez Garrido presentaron contra los presuntos implicados en la trama de corrupciÃ³n urbanÃstica que provocÃ³ la crisis en la Asamblea de Madrid. En aquel momento nos sentimos especialmente frustrados por la inacciÃ³n de la FiscalÃa General del Estado y el posterior rechazo de la querella. Al haber estado usted tan implicado en los intentos de esclarecimiento de aquellos turbios manejos, constatamos con satisfacciÃ³n que no tendremos que extendernos innecesariamente en convencerle de la existencia de corrupciÃ³n en los aledaÃ±os del urbanismo municipal. Pese al rechazo de la querella, y a los diagnÃ³sticos interesados de quienes claman que en EspaÃ±a no hay corrupciÃ³n, mientras vigilan y ponen a punto los mecanismos de ingenierÃa legal y financiera que les permiten camuflarla, es evidente que ningÃºn ciudadano de bien puede ignorar que existen gravÃsimos problemas de corrupciÃ³n alrededor de la actividad urbanÃstica. Esta corrupciÃ³n presenta un cariz especial y mucho mÃ¡s grave en la Comunidad Valenciana, ya que la LRAU permite a los promotores o agentes urbanizadores apropiarse del suelo de los pequeÃ±os propietarios a cambio de precios que en muchos casos cabe calificar de â��simbÃ³licosâ�?, y que nada tienen que ver con los de mercado. Los beneficiarios de la LRAU no se cansan de pregonar la gran cantidad de suelo urbano que ha generado la Comunidad Valenciana, aunque olvidan mencionar que los precios de la vivienda en esta Comunidad han aumentado de forma exponencial, sobre todo en las zonas mÃ¡s castigadas por los saqueos urbanÃsticos (las cercanas a la costa, las de especial valor paisajÃstico, etc.). La ecuaciÃ³n es muy simple: si el suelo se obtiene a precios simbÃ³licos y el precio de las viviendas ha seguido subiendo, estÃ¡ claro a quiÃ©n no beneficia la LRAU: ni a los pequeÃ±os propietarios de suelo rÃºstico y de las viviendas en Ã©l enclavadas, ni al comprador de las viviendas en las zonas urbanizadas. Y estÃ¡ claro a quiÃ©n beneficia esta malhadada ley: a constructores y promotores inmobiliarios, asÃ como a aquellos responsables municipales que en ocasiones actÃºan en colusiÃ³n con ellos. Resultado: desarrollo insostenible, especulaciÃ³n galopante, destrozo del medio ambiente, saturaciÃ³n de las vÃas de comunicaciÃ³n, dinero negro a espuertas, ni un metro cuadrado sin cementoâ�¦ y un negocio redondo: suelo muy barato, bendiciÃ³n municipal, y altÃsimos precios de venta. Los beneficios son desorbitados, y tanto dinero fÃ¡cil puede torcer muchas voluntades. SeÃ±or ministro: si, como sostenÃa la querella que ustedes presentaron, una trama de corrupciÃ³n inmobiliaria consiguiÃ³ torcer la voluntad de dos diputados de la Asamblea de Madrid ante los ojos de EspaÃ±a entera, imagÃnese cuÃ¡ntas tramas pueden torcer cuÃ¡ntas voluntades de cuÃ¡ntos concejales en cuÃ¡ntos municipios, alejados del foco de la actualidad y protegidos por poderosos conglomerados de intereses. La LRAU permite ademÃ¡s distorsionar la democracia representativa y eludir la opiniÃ³n de los ciudadanos en temas fundamentales. Â¿Se imagina alguien que el Gobierno espaÃ±ol decidiera de la noche a la maÃ±ana triplicar la poblaciÃ³n de EspaÃ±a, y facilitara permisos de residencia a ochenta millones de ciudadanos que hoy no residen en nuestro territorio, sin haberlo mencionado en el programa electoral? Por supuesto que no. Sin embargo, los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, un dÃa sÃ y otro tambiÃ©n, estÃ¡n aprobando Programas que prevÃ©n doblar, triplicar, o quintuplicar su poblaciÃ³n (y asÃ hasta multiplicar por cifras bastante mÃ¡s altas), sin haberlo planteado siquiera a los ciudadanos durante la campaÃ±a de las elecciones municipales de 2003. La LRAU les da la excusa perfecta: se trata de una iniciativa particular, prevista en su artÃculo 44. Y si tales proyectos son inviables porque no hay infraestructuras de comunicaciÃ³n, ni agua, ni posibilidad alguna de sostener dicho desarrolloâ�¦ que sufran las consecuencias los que vengan detrÃ¡s, una vez que los interesados hayan sacado buena tajada. VÃ©ase el ejemplo de â��Terra MÃticaâ�?, que acaba de suspender pagos despuÃ©s de haber dado lugar a impresionantes negocios inmobiliarios, paralelos a los agujeros provocados en las cuentas pÃºblicas y en las de las cajas de ahorro valencianas. Desarrollamos a continuaciÃ³n nuestra argumentaciÃ³n jurÃdica. La LRAU, al admitir que los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana deleguen las actividades de urbanizaciÃ³n en la figura del â��Agente Urbanizadorâ�?, permite la realizaciÃ³n de obras pÃºblicas de urbanizaciÃ³n sin que se respeten las disposiciones sobre contratos pÃºblicos contenidas en las directivas comunitarias en la materia y en la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas. Se abre asÃ la puerta a todo tipo de corruptelas y maniobras de colusiÃ³n. MÃ¡s concretamente: - La LRAU se limita a exigir la publicaciÃ³n de los edictos municipales en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de gran circulaciÃ³n de la Comunidad Valenciana, en lugar de en el Diario Oficial de la UniÃ³n Europea y en el BoletÃn Oficial del Estado. - En ningÃºn momento existe un pliego de condiciones, lo que provoca una absoluta inseguridad jurÃdica e impide la competencia de otros licitadores comunitarios. Las condiciones del proyecto y las obras a realizar sÃ³lo son definidas de cara a la ejecuciÃ³n del contrato, no a su licitaciÃ³n. El Ayuntamiento tiene la facultad, al final del procedimiento de licitaciÃ³n, de decidir quÃ© proyecto se realizarÃ¡, imponer las modificaciones que le parezcan oportunas, y decidir quÃ© empresa lo realizarÃ¡. - Los criterios de adjudicaciÃ³n del contrato se apartan de lo exigido por las directivas comunitarias y por la legislaciÃ³n espaÃ±ola. Los ayuntamientos disponen de facultades tan amplias como incontroladas. Las sospechas de colusiÃ³n entre ayuntamientos y Agentes Urbanizadores son continuas, dados los desorbitados beneficios que se derivan de la actividad urbanizadora desarrollada al amparo de la LRAU. - No se respetan los plazos establecidos en las directivas comunitarias ni en la legislaciÃ³n espaÃ±ola. - Quien inicia el procedimiento de gestiÃ³n particular es el mÃ¡ximo candidato a hacerse con la adjudicaciÃ³n del contrato, ya que dispone de todas las ventajas, en perjuicio de posibles futuros competidores, y en violaciÃ³n manifiesta del principio de igualdad de oportunidades. Puede haber preparado su proyecto durante aÃ±os, y elige el momento mÃ¡s apropiado para presentarlo, mientras que sus competidores deberÃ¡n ajustarse a los estrictos plazos fijados por la LRAU y el ayuntamiento. - Dadas las peculiaridades del sistema de la LRAU, se realiza un exceso de obra pÃºblica absolutamente innecesaria, justificada solamente por el interÃ©s del urbanizador por incrementar su cifra de negocio, en una situaciÃ³n en la que, dada la falta de competencia efectiva, fija los precios que mÃ¡s le convienen, sometido sÃ³lo a una levÃsima supervisiÃ³n del ayuntamiento. Ello ocurre porque la LRAU viola la legislaciÃ³n comunitaria sobre contratos pÃºblicos, asÃ como la legislaciÃ³n espaÃ±ola que incorporÃ³ tales directivas al ordenamiento jurÃdico espaÃ±ol. En efecto, el artÃculo 120 de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas deja bien claro que los contratos entre un ayuntamiento y un empresario que tengan por objeto actuaciones urbanÃsticas son contratos de obras, y estÃ¡n sometidos a las obligaciones contenidas en la legislaciÃ³n espaÃ±ola sobre contratos de las Administraciones PÃºblicas . Sin embargo, el artÃculo 29.13 LRAU contiene una peculiar interpretaciÃ³n de la jerarquÃa legislativa, al sostener la primacÃa de la legislaciÃ³n regional valenciana sobre la espaÃ±ola y la comunitaria: â��Las relaciones derivadas de la adjudicaciÃ³n del Programa se regirÃ¡n por las normas rectoras de la contrataciÃ³n administrativa en lo que Ã©stas no contradigan lo dispuesto por esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los tÃ©rminos que reglamentariamente sean desarrollados (â�¦)â�? Esta es la base desde la que se ha construido un complejo sistema de ingenierÃa legal que ha permitido eludir el cumplimiento de las normas sobre contratos pÃºblicos en el urbanismo valenciano. La LRAU juega con las palabras, y llama â��Programaâ�? a un contrato de obras que se adjudica en virtud de la propuesta jurÃdico-econÃ³mica de una empresa, pretendiendo sustraerlo a las estrictas obligaciones que impone la normativa europea sobre contratos pÃºblicos. En el sistema creado por la LRAU, el precio de las obras es fijado sobre la base de un presupuesto global en el que no aparecen desglosados los costes de la urbanizaciÃ³n, lo que impide a su vez que se puedan controlar y corregir las mediciones. La consecuencia es clara: el marco legal facilita que se presenten presupuestos excesivos. Dado que la LRAU estipula que el agente urbanizador debe ser retribuido preferentemente en terrenos , Ã©ste tiene el mÃ¡ximo interÃ©s en â��inflarâ�? lo mÃ¡s posible el presupuesto, a fin de recibir mÃ¡s terrenos en pago de sus servicios. Puede ocurrir que los afectados deseen pagar en metÃ¡lico en lugar de aportar sus terrenos. En ese caso, el importe de la cuota de urbanizaciÃ³n es propuesto por el Agente Urbanizador, que tiene el mÃ¡ximo interÃ©s en que dicho importe sea lo mÃ¡s alto posible, y ello por dos razones: (i) Por una parte, es obvio que, cuanto mÃ¡s alta sea la cuota de urbanizaciÃ³n, mÃ¡s dinero recibirÃ¡ el Urbanizador. (ii) Pero hay un segundo motivo: cuanto mÃ¡s alto sea el importe de la cuota, mÃ¡s dificultades tendrÃ¡n los propietarios de terrenos para pagarlo, y si no pueden pagar en metÃ¡lico, deberÃ¡n plegarse al coeficiente de aportaciÃ³n impuesto por el Ayuntamiento y aportar sus terrenos , que probablemente habrÃ¡n sido valorados muy por debajo de su precio en el mercado inmobiliario. Con ello, el urbanizador obtiene ingentes cantidades de suelo urbano a un precio muy inferior al de mercado, y obtiene asÃ beneficios atÃpicos que probablemente se sumen al beneficio industrial previsto en el proyecto, dependiendo de su habilidad al hacer las cuentas y de la habilidad (y/o buena disposiciÃ³n) del Ayuntamiento al controlar tales cuentas. Las medidas de control pÃºblico no pueden ser mÃ¡s livianas: el artÃculo 72.1.a) LRAU se limita a seÃ±alar que â��las cuotas de urbanizaciÃ³n y su imposiciÃ³n deberÃ¡n ser aprobadas por la AdministraciÃ³n actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterÃ¡ a previa audiencia de los afectados o se tramitarÃ¡n junto al proyecto de reparcelaciÃ³nâ�?. Entendemos que de todo lo expuesto se desprende que la LRAU viola el derecho a la propiedad privada, asÃ como las disposiciones comunitarias sobre contrataciÃ³n pÃºblica. A su amparo se siguen adjudicando contratos que superan los umbrales establecidos por las directivas y la legislaciÃ³n espaÃ±ola, sin respetar las obligaciones de publicidad, transparencia y competencia efectivas, lo que posibilita todo tipo de corruptelas. En los prÃ³ximos dÃas denunciaremos esta situaciÃ³n ante la ComisiÃ³n Europea, y confiamos en que, en su misiÃ³n de guardiÃ¡n de los Tratados, consiga restablecer la legalidad y obligue a respetar la legislaciÃ³n comunitaria sobre contratos pÃºblicos en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la situaciÃ³n es aÃºn mÃ¡s preocupante, ya que el proyecto de Ley UrbanÃstica Valenciana (LUV), presentado por la Generalitat Valenciana a las Cortes Valencianas para reformar la LRAU, no corrige ninguna de las violaciones de la legislaciÃ³n comunitaria aquÃ mencionadas, aunque es presentado al pÃºblico como la panacea que solucionarÃ¡ todos los problemas creados por la LRAU. El mejor indicador de la falta de voluntad polÃtica del gobierno valenciano para resolver los problemas creados por la LRAU es el hecho de que, ademÃ¡s de negarse a decretar una moratoria inmediata de la LRAU (algo que fue expresamente pedido por los eurodiputados que visitaron la Comunidad Valenciana), todos y cada uno de los sucesivos borradores de la futura Ley UrbanÃstica Valenciana contienen el mismo Derecho transitorio, que deja bien claro que la LRAU se seguirÃ¡ aplicando a todos aquellos Programas que hayan sido presentados durante su perÃodo de vigencia. Tenemos LRAU para ratoâ�¦ si no somos capaces de restablecer la legalidad en el urbanismo valenciano. SeÃ±or Ministro: los abusos urbanÃsticos que se han desarrollado en la Comunidad Valenciana han provocado una sensaciÃ³n de absoluta indefensiÃ³n en los afectados, que han llegado a dudar sobre la vigencia del Estado de Derecho en el urbanismo valenciano. Nos encontramos frente a un poderoso conglomerado de intereses que hasta ahora ha ahogado toda posibilidad de frenar tanto desafuero (en muchos casos porque la situaciÃ³n es tan disparatada que parece increÃbleâ�¦ hasta que se vive de cerca). Como ciudadanos espaÃ±oles y como residentes en EspaÃ±a, tenemos derecho a obtener la tutela jurisdiccional en EspaÃ±a, con independencia de las vÃas que estamos explorando en Bruselas y en Estrasburgo. En consecuencia, le rogamos imparta las instrucciones necesarias y facilite los medios pertinentes para que la FiscalÃa AnticorrupciÃ³n empiece a poner coto a los desmanes urbanÃsticos que se han producido y se siguen produciendo en la Comunidad Valenciana. La calidad de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho necesitan esta actuaciÃ³n. Agradecemos por adelantado su atenciÃ³n, y nos ponemos a su disposiciÃ³n y a la de la FiscalÃa AnticorrupciÃ³n para facilitar cuanta informaciÃ³n pueda resultar de utilidad. Reciba un atento saludo, Charles Svoboda Enrique Climent Laguarda Presidente Vicepresidente

Re: Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá
per Cercle Obert de Benicalap	01 mai 2005
A la atenciÃ³n del Sr. Ministro de Justicia y del Fiscal General del Estado: Desde hace ya varios aÃ±os venimos denunciando (aportando numerosas pruebas contrastadas) la grave situaciÃ³n de expolio y saqueo que se comete a diario en lugares y espacios protegidos de nuestra Comunidad Valenciana. En reiteradas ocasiones hemos solicitado la intervenciÃ³n de las autoridades judiciales sin obtener respuesta alguna. Lamentamos la enorme pasividad e indolencia que manifiestan las autoridades judiciales, polÃticas y administrativas para detener la enorme corrupciÃ³n, degradaciÃ³n y perversiÃ³n institucional que padecemos de manera calculada y sistemÃ¡tica el conjunto de ciudadanos y habitantes que vivimos en la Comunidad Valenciana. Estimamos imprescindible que el Ministerio de Justicia y la FiscalÃa General del Estado activen una investigaciÃ³n rigurosa para depurar responsabilidades judiciales, en aras a procesar a los autores e impulsores intelectuales y materiales de ciertas iniciativas urbanÃsticas y ambientales que condenan a la miseria y al caos al conjunto de la mayorÃa de valencianos. Invitamos al Sr. Ministro y al Fiscal General del Estado a que visiten la Comunidad Valenciana, para que "in situ" puedan conocer los enormes atentados cometidos por destacados dirigentes del Partido Popular. Lo peor de todo es que esos atropellos y abusos urbanÃsticos se cometen con dinero pÃºblico, difundiendo todo tipo de mentiras y engaÃ±ando a los medios de comunicaciÃ³n y a los ciudadanos. Urge que se activen mecanismos judiciales, administrativos y polÃticos para controlar y fiscalizar la acciÃ³n polÃtica del gobierno del Sr. Camps, recordando la obligaciÃ³n ineludible que tienen nuestros supuestos representantes, para garantizarnos a todos una vida digna, un trabajo estable, una vivienda confortable y asequible, una sanidad pÃºblica de calidad, una educaciÃ³n integral... Hasta la fecha, lo Ãºnico que vemos es corrupciÃ³n, cinismo, mentiras y atropellos constantes... Nuestra entidad y otras organizaciones, vamos a seguir luchando para que los autores de tanto terrorismo urbanÃstico y ambiental puedan y deban ser procesados judicialmente. Para ello, no dudamos en solicitar la intervenciÃ³n de los Tribunales europeos, de la Corte Penal, del Parlamento Europeo, de la ONU, de la UNESCO... dada la inercia, pasividad e indiferencia que detectamos y padecemos. Atentamente, Benicalap - Valencia, a 26 de abril de 2005 CERCLE OBERT DE BENICALAP INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO Antonio MarÃn Segovia marsegan ARROBA hotmail.com TelÃ©fono: 645.75.95.91 IntervÃu: 25/04/05 Construcciones Julio Iglesias Ha vendido mÃ¡s de 250 millones de discos y reconoce ganar mÃ¡s con la construcciÃ³n. En sÃ³lo cuatro aÃ±os ha levantado en EspaÃ±a una urbanizaciÃ³n de lujo y ha presentado dos polÃ©micos proyectos mÃ¡s. Todos en Alicante, donde estÃ¡ muy bien relacionado gracias a su amistad con el ex presidente Zaplana, quien, ademÃ¡s de contratarle como imagen de Valencia, le introdujo en los cÃrculos inmobiliarios. La vida de Julio Iglesias no sigue igual. Texto: David Arnanz / Nieves Salinas A sus 60 aÃ±os y con 35 sobre los escenarios, Julio Iglesias reconoce que gana mucho mÃ¡s por sus inversiones inmobiliarias que vendiendo discos. En apenas cuatro aÃ±os, y sÃ³lo en EspaÃ±a, se ha estrenado como consejero de cuatro sociedades mercantiles ubicadas en la Comunidad Valenciana -Urbanizaciones y Construcciones Urcosa S.L., Coll de Rates S.A., Desarrollos UrbanÃsticos del Algar S.L., y Altea Futura S.A.-, asociÃ¡ndose al Grupo Ballester, lÃder en el sector de la promociÃ³n y construcciÃ³n de inmuebles en Levante. Iglesias no podÃa haber elegido un socio mejor. La primera promociÃ³n de viviendas con capital del artista es ya una realidad. Villa Gadea, construida por Urcosa (con un capital, tras ampliaciÃ³n, de tres millones de euros) estÃ¡ en Altea (Alicante). Ubicada en un terreno de 120.000 metros cuadrados, consta de 262 viviendas. El complejo incluye un hotel de cinco estrellas, el SH Villa Gadea Beach, de prÃ³xima inauguraciÃ³n y con un presupuesto superior a los veinte millones de euros. Los precios de las viviendas van de los 655.700 euros de un bungalow a los 219.000 de un apartamento de dos habitaciones. La venta de toda la promociÃ³n supondrÃ¡ mÃ¡s de cien millones de euros. El propio Julio Iglesias acudiÃ³ en 2000 a Altea para presentar su primera inversiÃ³n inmobiliaria en EspaÃ±a. En 2001, se registraba como consejero de Urbanizaciones y Construcciones Urcosa. En total, el artista apostÃ³ en la promociÃ³n casi 16 millones de euros, mientras que los otros dos grandes promotores, el Grupo Ballester y el Grupo LladrÃ³, invirtieron 25 millones cada uno. Junto a Julio Iglesias, entrÃ³ tambiÃ©n como consejero en la promotora su hombre de confianza, Luis Fernando Esteban BernÃ¡ldez, el encargado de concretar en 1997 los tÃ©rminos del polÃ©mico contrato que el cantante firmÃ³ con la Generalitat, con Eduardo Zaplana como presidente, para ejercer de embajador de Valencia en el mundo entero y que el PSPV-PSOE llevÃ³ a los tribunales por un presunto delito de fraude fiscal. AdemÃ¡s, Luis Fernando Esteban es administrador de Bellevue Proyectos Inmobiliarios S.L., una sociedad de la que el cantante es socio Ãºnico y que cuenta con un capital de 1.800.000 euros. Esteban BernÃ¡ldez es, como Iglesias, consejero desde 2003 de Altea Futura, Coll de Rates y Desarrollos UrbanÃsticos del Algar, las tres con domicilio social en Benidorm, la localidad en la que, en 1968, el cantante ganÃ³ el festival que marcarÃa el inicio de su exitosa carrera musical y que, tiempo despuÃ©s, serÃa decisiva para su otra carrera, la del ladrillo. Fue uno de los constructores mÃ¡s importantes de Benidorm, Francisco Murcia Puchades -hoy presidente de la AsociaciÃ³n de Promotores Inmobiliarios de Alicante, Provia-, muy relacionado con la cÃºpula del PP valenciano y uno de los mÃ¡ximos impulsores de la carrera de Zaplana hacia la presidencia de la Generalitat, quien presentÃ³ al artista y al hoy portavoz del PP en el Congreso. Ã�se fue el principio de una buena amistad de la que ambos han hecho gala a pesar de las crÃticas de la oposiciÃ³n. Zaplana le presentÃ³ a uno de sus grandes amigos: el constructor AndrÃ©s Ballester, presidente del Grupo Ballester y tambiÃ©n del consejo de administraciÃ³n de Terra MÃtica. Entre Ballester e Iglesias, segÃºn explicaron desde el Grupo Ballester a esta revista, existe una "vieja relaciÃ³n de amistad personal anterior a sus negocios en comÃºn", que se vio impulsada con las frecuentes visitas del cantante a la Comunidad tras su contrato con la Generalitat. El cantante, por medio de una portavoz en Miami, ha declinado hacer declaraciones sobre su aventura empresarial "por problemas de agenda". Ballester e Iglesias se reunieron en 1999, en presencia de Zaplana, en una comida en el Hotel Altea Hills -construido por el Grupo Ballester- que marcarÃa el inicio de sus relaciones empresariales. El propio Iglesias reconociÃ³ que habÃa acudido a la reuniÃ³n a "dar un beso al presidente Zaplana" tras su victoria en las elecciones autonÃ³micas del 13 de junio de ese aÃ±o, en las que obtuvo mayorÃa absoluta. Tras el encuentro, los portavoces de PSPV-PSOE y Esquerra Unida en las Cortes Valencianas pidieron a Zaplana que explicase sus vinculaciones con Ballester e Iglesias y los intereses inmobiliarios que le movÃan para propiciar dicha reuniÃ³n. Desde el Grupo Ballester se seÃ±ala que precisamente son las relaciones entre el artista y Zaplana las que provocan "cierto recelo, como si se hablase de pelotazo", cuando se aborda la relaciÃ³n mercantil entre Ballester e Iglesias, pese a que el porcentaje que el cantante posee en las sociedades del grupo no llega al 40 por ciento. "Mientras en otras zonas se pegarÃan por tener a alguien como Julio Iglesias, aquÃ, desde la firma del famoso contrato, hay gente a la que le parece que ir de su mano es ir con un apestado", seÃ±alan desde el grupo en alusiÃ³n a los problemas surgidos para la construcciÃ³n de sus nuevas promociones en Altea y Benigembla. Que sus mÃ¡s ambiciosos proyectos se desarrollen en Altea, localidad regida por el popular y zaplanista reconocido Miguel Ortiz, no ayuda a quitarse el sambenito. Ortiz, que tambiÃ©n preside la FederaciÃ³n Valenciana de Municipios y Provincias, nombrÃ³ casteller de honor a Zaplana el pasado agosto, un cargo honorÃfico que se entregaba por primera vez en la localidad, en una Ã©poca en la que las relaciones entre el anterior y el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, estaban mÃ¡s tensas. Proyectos polÃ©micos Lo cierto es que todos los proyectos en los que se ha embarcado Iglesias han estado rodeados de polÃ©mica. "Villa Gadea se levantÃ³ sobre un pinar que era de todos los vecinos de Altea. Han construido en primera lÃnea de playa, como en los sesenta, incumpliendo la Ley de Costas, por eso ahora tienen tanto interÃ©s en construir el paseo marÃtimo, para estar dentro de la ley, y se estÃ¡n cargando nuestra playa de siempre", denuncia Robert Rubio, de la asociaciÃ³n ecolÃ³gica Algar Net i Viu (Algar Limpio y Vivo). Rubio tambiÃ©n califica de "escandaloso" el segundo gran proyecto del cantante en el pueblo: Los Puentes del Algar, una promociÃ³n que, por medio de Altea Futura, planea construir 5.260 viviendas, un campo de golf, tres centros comerciales y tres hoteles en la cuenca del rÃo Algar, que desemboca en Altea al MediterrÃ¡neo, lo que provocarÃ¡ un aumento de la poblaciÃ³n en mÃ¡s de 20.000 habitantes. En total, mÃ¡s de un millÃ³n de metros cuadrados de suelo recalificados como urbanizables en el valle y desembocadura del rÃo Algar, una zona hÃºmeda catalogada de especial protecciÃ³n. La ConfederaciÃ³n HidrogrÃ¡fica del JÃºcar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, admite "la existencia de una flora y fauna ripÃcolas de gran valor ecolÃ³gico" y considera "necesaria la protecciÃ³n de este espacio natural ya que estÃ¡ situado en una zona turÃstica". El proyecto ModificaciÃ³n puntual del PGOU de Altea, sector RS-11 Riu Algar, presentado por el Ayuntamiento, ha recibido la aprobaciÃ³n del estudio de impacto ambiental de la Generalitat, que ha tenido en cuenta las 24 alegaciones que se han presentado, la mayorÃa de carÃ¡cter ambiental. Los Puentes del Algar es un ambicioso proyecto por el que el Ayuntamiento de Altea lleva cuatro aÃ±os luchando. Consciente de que iba a tardar en materializarse, el alcalde consiguiÃ³ en diciembre de 2001 un acuerdo con el PSOE para su construcciÃ³n, independientemente de quiÃ©n gobernara el consistorio. El tercer grupo polÃtico municipal, el Bloc, siempre ha votado en contra por considerar que el proyecto "privatiza los mÃ¡rgenes del rÃo" y que el PP "encubre, bajo la apariencia de regeneraciÃ³n del rÃo, una maniobra de especulaciÃ³n urbanÃstica". El Bloc denunciÃ³ el pasado mes de febrero que Ã?ngel PÃ©rez IÃ±esta, jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea, comparte negocios con JosÃ© MarÃa ComÃn, que segÃºn datos del Registro Mercantil es apoderado de Altea Futura S.A., la empresa encargada de la construcciÃ³n del macroproyecto Los Puentes del Algar, del que es redactor el propio Ã?ngel PÃ©rez, lo que para el Bloc es "inaudito" porque PÃ©rez "tiene dedicaciÃ³n exclusiva, maneja informaciÃ³n confidencial y ha de informar todos los expedientes urbanÃsticos del municipio". Un extremo que niegan desde el Ayuntamiento de Altea, donde se afirma que IÃ±esta tiene compatibilidad para ejercer actividades privadas. SegÃºn el Bloc, JosÃ© MarÃa ComÃn ha sido el encargado de presentar todos los proyectos urbanÃsticos en el Ayuntamiento como representante de las empresas del Grupo Ballester, incluidas las que participa Julio Iglesias. Fuentes cercanas a ComÃn afirman que, a pesar de que aÃºn aparezca su nombre en el Registro Mercantil, Ã©ste se ha separado del Grupo Ballester en septiembre de 2004. Tan sÃ³lo 15 dÃas despuÃ©s de que el Bloc hiciera pÃºblica esta noticia, el PSOE se desvinculÃ³ de la operaciÃ³n, al votar en contra en un pleno, alegando que el proyecto inicial ha cambiado mucho respecto al actual. Desde el Ayuntamiento de Altea han confirmado a interviÃº que el proyecto sigue adelante y han pedido al grupo socialista que se replanteara su posiciÃ³n. Turismo de interior A 20 kilÃ³metros de Altea, hacia el interior, estÃ¡ Benigembla, una localidad montaÃ±osa de 530 vecinos a la que el artista tambiÃ©n ha echado el ojo. Fue Iglesias quien sugiriÃ³ a sus socios que habÃa que apostar por un turismo de interior y de calidad. AsÃ, la tranquilidad de Benigembla se rompiÃ³ en noviembre de 2004, cuando el Ayuntamiento, presidido por el popular Aurelio Llinares, aprobÃ³ con carÃ¡cter de urgencia la firma de un convenio con la empresa Coll de Rates. SegÃºn datos del Registro Mercantil, en 2003 Ballester comprÃ³ la citada sociedad, que poseÃa 1.500 hectÃ¡reas de terreno montaÃ±oso, de las que 1.000 estÃ¡n en el tÃ©rmino municipal de la localidad alicantina. Cinco meses mÃ¡s tarde entraron Iglesias y BernÃ¡ldez como consejeros. El contrato entre el Ayuntamiento y Coll de Rates, redactado por los abogados del Grupo Ballester, recoge que la promotora cede las 1.000 hectÃ¡reas de terreno de su propiedad -dice el documento que "los terrenos constituyen un ecosistema que reÃºne valores y caracterÃsticas dignas de protecciÃ³n (...) y cuya titularidad interesa adquirir al ayuntamiento de Benigembla por sus valores naturales y paisajÃsticos"- y 900.000 euros a cambio de que el Ayuntamiento le ceda 150.000 m/t (metros tejado) de aprovechamiento urbanÃstico. SegÃºn expertos consultados por esta revista, el concepto metros tejado apenas se utiliza, aunque sÃ se da en la Comunidad Valenciana, y se refiere a todo lo que se construya bajo techo. Puede parecer una obviedad, pero depende de lo que disponga el Plan General de OrdenaciÃ³n Urbana (PGOU) referente al nÃºmero de alturas que es posible construir. Y, curiosamente, Benigembla carece de PGOU, como recoge el contrato en su punto tercero: "Que es voluntad del Ayuntamiento de Benigembla iniciar los trabajos del Plan General que (...) sirva para agilizar y para una mejor gestiÃ³n de su desarrollo urbanÃstico". El contrato estipula que "el Ayuntamiento se compromete a tramitar conjuntamente con el Plan General el Programa de ActuaciÃ³n Integrada que presente la mercantil", por lo que la empresa de Iglesias podrÃ¡ decidir en el PGOU. Esta circunstancia y el secretismo con el que el Ayuntamiento ha tratado el convenio han provocado la mayor reacciÃ³n popular que se recuerda en la localidad: "La empresa ha cedido la montaÃ±a porque no se puede construir a mÃ¡s de 450 metros sobre el nivel del mar y porque tendrÃan que llevar agua, luz, puentes...", sostiene Fernando Mengual, uno de los vecinos que ha liderado la protesta. Ante la presiÃ³n popular, el Ayuntamiento se vio obligado a devolver los 300.000 euros del primer pago que recibiÃ³ de la empresa. El pueblo quiere que se rompa el convenio y asÃ se lo transmitiÃ³ a su alcalde, aunque va a ser difÃcil que lo consiga. Desde la mercantil se niega que haya habido una ruptura del convenio y se aÃ±ade que "esperaremos a que se calmen los Ã¡nimos y se ordene el territorio para continuar con el proyecto".

Re: Carta abierta a la reina de las Copas de América Rita Barberá
per alex alex_r_73@hotmail.com	21 des 2005
hola quiero q me menaden muchao mensajes con varios dibujos de lod jugadores extranjeros ok chauuu so xavi del barcelona

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