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Informe revela que las cárceles andaluzas están al borde del motín por sobreocupación
29 abr 2005
Sevilla- La coordinadora del �rea de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Esther Muñoz, denunció ayer niveles de ocupación en las cárceles andaluzas «por encima del 150 por ciento», lo que convierte a estos centros en «ollas exprés» cuya situación a nivel general es «insostenible». A pesar de que uno de los retos de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que el pasado miércoles cumplió un año desde su toma de posesión, era acabar con la masificación, en Andalucía existen actualmente 12.618 presos con una media de 1.580 presos por cárcel, cuando la capacidad prevista para una prisión es de 1.008 internos.

En declaraciones a Europa Press, Muñoz explicó que «pese a la mejoría en cuanto a la declaración de intenciones» por parte del nuevo Gobierno central, «poco se ha podido ir avanzando» y la situación es «insostenible», lo que hace «imposible» conseguir el objetivo de un preso por celda que se marcó Gallizo al comienzo de su mandato.
APDH-A también se refirió al «problema de los traslados», cifrando en un 28 por ciento los presos andaluces que siguen cumpliendo condena fuera de la región y alcanzado un 50 por ciento los internos que cumplen pena fuera de su provincia.

Fuera de su tierra

El abogado de APDH-A Valentín Aguilar añadió a Europa Press que se debe seguir denunciando que a los presos comunes se les esté limitando el derecho a cumplir cerca de su tierra «no por falta de plazas» sino, incluso, «por la conducta», dentro de la revisión del grado, convirtiéndose así en sanción no prevista en la ley, recurrida ante el Tribunal Constitucional, y en una concepción del «si eres bueno, te puedes ir a tu tierra».

Además, la construcción de nuevas macrocárceles «no es la solución al problema» y «tampoco colabora en el objetivo de la reinserción social», apuntó Muñoz,(PRISION DEMOLICION!!) ya que el aumento de internos «no va acompañado del incremento de profesionales» que trabajan en los centros penitenciarios. Aguilar resaltó que la marginación, la droga y la incultura siguen estando presentes en la realidad de las cárceles.

En Andalucía, valoró como «muy positivo» que en mayo de 2004 se solucionara el problema competencial que se mantenía con la Junta por el que el 80 por ciento de presos que pedían acceder a la escuela eran desatendidos, un total de 2.500 en Andalucía durante el año 2003 y parte de 2004. Salvo lo anterior, «no se ha avanzado» en el tratamiento y, según las previsiones presupuestarias, en 2005 «disminuye» el apoyo a esta materia.

Una promesa electoral apostó por negociar con las comunidades autónomas el traspaso de competencias sobre atención sanitaria en el interior de los centros e incluir la atención psiquiátrica, pero «nada nuevo» y «ni un solo paso» se ha dado en esta línea, lamentó Aguilar.

Sida y hepatitis C

El abogado de la asociación se refirió, además, al aumento del número de enfermos mentales en prisión, constatado por el Defensor del Pueblo en un último informe, y las enfermedades graves e incurables dentro de los centros(EL FIES,LA DISPERSION...). Dijo que el 19,1 por ciento de los presos tienen sida; un 38,2 por ciento, hepatitis C; y un 18,8 por ciento, las dos enfermedades a la vez.

Aguilar se refirió también a que desde marzo se ha comenzado a aplicar una nueva instrucción que impone la utilización de unas tarjetas telefónicas que impedirán a los presos comunicarse con el exterior a través del sistema de cobro revertido. Hay presos que «no tienen ni un duro» y «muchas comunicaciones se verán impedidas», antes salvadas por el pago de familiares, abogados o conocidos, limitando la «inmediatez» en la comunicación, ya que se debe pedir una instancia para marcar ciertos números de teléfono.

Los miembros de APDH-A concluyeron que el propio Gobierno, en un balance detallado de 175 folios sobre su gestión de «Un año de gobierno» ha preferido no hacer una valoración al sistema penitenciario, dedicando sólo un párrafo para señalar que «desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se ha llevado a cabo una política de dispersión de internos radicales para evitar su agrupamiento».
(P.SINRAZON)

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Sindicat Terrassa