Ofensiva contra el diario Gara - Indymedia Barcelona

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Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió : pobles i cultures vs poder i estats
Ofensiva contra el diario Gara
per Gara Adreça: www.euskalherria.com	18 abr 2005
El pasado 8 de octubre, un juzgado de la Audiencia Nacional, el número 7 de lo Contencioso-Administrativo, estimaba el recurso presentado por KIE, la empresa que imprime diariamente GARA, contra la decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social que le endosaba una deuda atribuida a "Egin" por valor de 441.824 euros. La Seguridad Social recurrió en apelación ante la Sección Cuarta de la Sala del mismo tribunal, que ha decidido desandar el camino y volver a justificar la actuación de la Seguridad Social. Aunque el fallo se hizo público ayer, según consta en la propia sentencia, la decisión fue adoptada el 6 de abril, en plena campaña de las elecciones al Parlamento de Gasteiz.
La Audiencia Nacional endosa a KIE una deuda atribuida a Â«EginÂ» Â·La empresa que imprime GARA puede verse obligada a pagar 441.824 euros a la SS DONOSTIA.- En sus espacios informativos de las 15.00, EiTB se hacÃa eco de una filtraciÃ³n de la propia Audiencia Nacional en la que se aseguraba que habÃa decidido Â«condenarÂ» a Baigorri, la editora de GARA, a pagar 441.824 euros que reclama la TesorerÃa General de la Seguridad Social en concepto de deudas generadas presuntamente por Orain, la editora del diario â��Eginâ�?, clausurado por el juez Baltasar GarzÃ³n en 1998. La sorpresa fue mayÃºscula en la redacciÃ³n de GARA cuando se recibiÃ³ esa noticia, tanto por su contenido como por los canales utilizados. A esa hora, ni la representaciÃ³n legal de Baigorri ni su procurador ante la Audiencia Nacional tenÃan constancia de la decisiÃ³n.Es mÃ¡s, fue la corresponsal de este diario que sigue el juicio del caso Â«Jarrai-Haika-SegiÂ» quien, tras una gestiÃ³n urgente, hizo llegar el auto judicial a la redacciÃ³n. El fallo, segÃºn consta en el mismo documento, fue tomado el 6 de abril, en plena campaÃ±a de las elecciones al Parlamento de Gasteiz, pero no se hizo pÃºblico hasta ayer. A partir de ahÃ, se fue aclarando el alcance de la decisiÃ³n tomada por la SecciÃ³n Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, que ha revocado una resoluciÃ³n del Juzgado Central nÂº 7 de lo Contencioso-Administrativo. El pasado 8 de octubre, este Ãºltimo anulÃ³ la decisiÃ³n de la TesorerÃa General de la Seguridad Social en la que adjudicaba a KIE, empresa que imprime cada noche los ejemplares de GARA, la supuesta deuda de Hernani Inprimategia, que hacÃa posible la publicaciÃ³n de â��Eginâ�?. No hay sucesiÃ³n de empresa El Juzgado Central nÂº 7 no sÃ³lo argumentaba su decisiÃ³n de forma comprensible, sino que declaraba la nulidad de la resoluciÃ³n de la TGSS hasta por tres motivos diferentes. Estimaba parcialmente el recurso presentado por la defensa de KIE, al mantener que la decisiÃ³n debÃa ser anulada porque el director general de la TGSS no era competente para tomarla; que, en todo caso, la resoluciÃ³n administrativa se habÃa tomado fuera de plazo, en abril de 2003, ya que el supuesto delito habrÃa prescrito a los tres aÃ±os del cierre judicial de â��Eginâ�?; y que, lo que es fundamental, no existe sucesiÃ³n de empresas entre KIE y Hernani Inprimategia. La aceptaciÃ³n del recurso no fue completa porque el citado juzgado no estimÃ³ conveniente sancionar a la TGSS por los perjuicios ocasionados a KIE. Sin embargo, ahora la Sala Cuarta ha decidido desandar el camino y, como principal argumento para revocar el fallo del Juzgado Central nÂº 7, vuelve a retomar el auto dictado por GarzÃ³n el 20 de julio de 200 que dio origen a todo este procedimiento. Fue este juez el que, extralimitÃ¡ndose en sus competencias, Â«afirmÃ³Â» que existÃa la sucesiÃ³n de empresas y lo hizo, paradÃ³jicamente, mientras Orain SA estaba bajo su administraciÃ³n. Por pura lÃ³gica es imposible mantener razonadamente que existe una sucesiÃ³n de empresas cuando Orain sigue existiendo como tal y al frente de la misma hay un administrador judicial. Es mÃ¡s, como Ãºnicos argumentos de esa supuesta sucesiÃ³n, el juez destacaba que la plantilla con la que echÃ³ a andar KIE estaba formada por ex trabajadores de Hernani Inprimategia Âcuya rescisiÃ³n de contratos consta en un expediente aprobado por la autoridad competenteÂ y que se da una Â«sucesiÃ³n ideolÃ³gicaÂ» entre â��Eginâ�? y GARA, interpretaciÃ³n que pone en cuestiÃ³n derechos fundamentales como los que protegen la libertad de expresiÃ³n y la libertad de informaciÃ³n. La representaciÃ³n legal de KIE estudia presentar un nuevo recurso T.F. DONOSTIA.- El abogado Kepa Landa, que representa tanto a Komunikabideak Inprimatzeko Elkartea (KIE) como a Baigorri en los procesos paralelos que se estÃ¡n llevando a cabo en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, fue contundente al realizar una primera valoraciÃ³n de la noticia conocida ayer: Â«HabÃa una decisiÃ³n tomada previamente Âla de actuar contra GARAÂ y han inten- tado, de una forma farragosa, justificar lo injustificableÂ». DespuÃ©s de haber leÃdo un par de veces el auto dictado ayer, que consta de 37 folios, el letrado no podÃa salir de su asombro. Â«A pesar de que la sentencia es muy larga ÂcomentÃ³Â, lo Ãºnico que recoge son los antecedentes de este proceso y determinadas sentencias de otras instancias sobre el tema, para finalmente hacer suyos los argumentos del auto de GarzÃ³n y del informe que un inspector de la Seguridad Social hizo a instancias del mismo GarzÃ³nÂ». Â«Es un absurdo completo con el que tratan de justificar lo injustificableÂ», aÃ±adiÃ³ despuÃ©s de incidir en que Â«se saltan las leyesÂ». MÃ¡s concretamente, hizo referencia a que el Juzgado Central nÂº 7 de lo Contencioso-Administrativo habÃa constatado que no hay sucesiÃ³n de empresas que achacar a KIE porque, entre otras razones, apelar a la contrataciÃ³n laboral de ex trabajadores de â��Eginâ�? como base del supuesto delito es, simplemente, Â«insostenibleÂ». Landa tambiÃ©n subrayÃ³ que el Juzgado nÂº 7 habÃa esgrimido tres ra- zones para anular la decisiÃ³n de la Seguridad Social de adjudicar a KIE la deuda de Hernani Inprimategia, Â«y cada una de ellas por sÃ sola era suficiente para estimar nuestro recurso, ademÃ¡s que entraba en el nÃºcleo de la cuestiÃ³n para afirmar que no existe sucesiÃ³n de empresasÂ». Por ello, reiterÃ³ que el nuevo auto es Â«confuso, incoherente y contrario a la propia leyÂ». Ante esta situaciÃ³n, el letrado de KIE se plantea volver a recurrir ante las instancias correspondientes, con el objetivo de que la empresa que imprime GARA pueda funcionar con normalidad. En estos momentos, KIE, al igual que Baigorri, se encuentra en suspensiÃ³n de pagos debido a la pretensiÃ³n de la Seguridad Social de cobrar un montante total de 5,1 millones de euros. El proceso que afecta a Baigorri, que se enfrenta a la reclamaciÃ³n de un pago de 4,67 millones de euros, no se estÃ¡ desarrollando con la misma velocidad. En estos momentos, el correspondiente recurso contencioso-administrativo estÃ¡ en espera de la resoluciÃ³n de otro juzgado de la Audiencia Nacional. Diari Gara, 19 d'abril de 2005 www.euskalherria.com
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Comentaris

Aberración judicial
per Editoriala Gara	18 abr 2005
La sentencia que endosa parte de la deuda millonaria atribuida al diario Egin a KIE, empresa que imprime GARA, filtrada ayer por la Audiencia Nacional española antes de ser comunicada de forma oficial a la parte afectada, representa un nuevo intento de cercenar la voluntad y el derecho de este pueblo de crear, desarrollar y defender proyectos comunicativos propios. En ese sentido, el impulso político del Gobierno Aznar, que condujo en julio de 2000 a la apertura por parte del juez Baltasar Garzón de un auto en el que decretaba la sucesión de empresa del grupo Orain editora del clausurado diario Egin a Baigorri y KIE, se ha mantenido intacto tras la llegada a la Moncloa del PSOE, incluso pese al fallo a favor de KIE que dictó el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en octubre de 2004, que se sustentaba en tres contundentes razones: la no existencia de sucesión de empresas, la no competencia del director general de la Tesorería General de la Seguridad Social para dictar esa resolución, y la prescripción de los plazos legales. Sin embargo, la Seguridad Social apeló el fallo reiterando punto por punto la literatura del auto original del juez Baltasar Garzón, que dio origen a todo este procedimiento. Se trata de un caso judicial escandaloso, de un ataque contra derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y de información que el Gobierno español, sea del signo que sea, se obceca en llevar adelante pese a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del de Nafarroa o al más reciente del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo que refutan las tesis del juez Garzón. Hoy, como en un principio, no podemos sino constatar que la estrategia de criminalización dirigida contra GARA tiene un impulso político claro. Un ejemplo más de que el tantas veces mentado talante es, mientras no se demuestre lo contrario, puro marketing. La contumacia de la persecución judicial, del intento de estrangulamiento económico, sólo puede responder al mantenimiento de un esquema jurídico-político que sigue sin tolerar la existencia de medios de comunicación propios que reflejen la realidad de Euskal Herria. Una nueva aberración judicial, en definitiva, una patada a los principios legales y a la lógica que demuestra que en cuestiones referidas a Eukal Herria la legalidad española sigue siendo una materia muy elástica. Un escándalo que nos sitúa, nuevamente, ante una cuestión clave: ¿Qué posibilidades tiene este pueblo, qué voluntad sus dirigentes, para defender a quienes son colocados en el punto de mira del Estado español? Editorial del diari Gara, 19 d'abril de 2005 www.euskalherria.com