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Notícies :: amèrica llatina
La ley se usa en México para perseguir a ecologistas, acusa Amnistía Internacional
15 abr 2005
El Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente se suma a la defensa de Felipe Arreaga
El caso del activista preso, oportunidad para que el gobernador de Guerrero demuestre que está dispuesto a corregir la corrupción en el sistema de administración de justicia de la entidad
ROSA ROJAS

El director ejecutivo de Amnistía Internacional-México (AI), Carlos Mario Gómez, denunció que el sistema de impartición de justicia se usa ''como mecanismo para obstaculizar el trabajo o amenazar" a defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en México.

En rueda de prensa, anunció que Marcia Newlands, del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC, por sus siglas en inglés), red internacional con sede en EU, se suma como consultora a la defensa del ecologista Felipe Arreaga, internado desde el 3 de noviembre en el reclusorio de Zihuatanejo, acusado de homicidio y asociación delictuosa, y a quien AI adoptó como ''preso de conciencia''.

En su oportunidad Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, informó de múltiples irregularidades en el proceso de Arreaga.

Gómez recordó que, antes que Arreaga, también Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, miembros de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán (OESP), de la que fue fundador Arreaga, fueron apresados injustamente durante más de dos años, y aunque se les liberó (después de una intensa campaña internacional) por orden del presidente Vicente Fox, ''no se resolvió el problema de fondo" de la sobrexplotación forestal en la sierra; nunca se reconoció su inocencia ni se castigó a los militares que los torturaron. Otros 14 campesinos ecologistas, entre ellos el propio Montiel, tienen orden de aprehensión junto con Arreaga.

En su turno, Newlands enfatizó que el caso de Felipe Arreaga ''es una oportunidad'' para que el nuevo mandatario guerrerense, Zeferino Torreblanca, "demuestre que está dispuesto a cumplir sus promesas de campaña" respecto al combate a la corrupción y la impunidad que afectan a la administración de justicia en la entidad.

La fabricación de cargos, práctica frecuente

A propósito del caso de Arreaga, AI sostiene que ''en México es frecuente el uso de cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos para disuadir a los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y otras personas que se oponen a los abusos de poder en el ámbito local.

''El hecho de que la Policía Judicial trabaje en colaboración con los caciques puede dar lugar a cargos infundados y detenciones. El sistema judicial de México sufre deficiencias endémicas que niegan sistemáticamente el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, y hacen que a los acusados de cargos falsos les resulte extremadamente difícil limpiar su nombre. Los responsables de usar indebidamente el sistema judicial prácticamente nunca rinden cuentas de sus actos, alentando nuevos abusos y una mayor impunidad", agrega la organización.

Pocas expectativas oficiales

La abogada Newlands realizó una visita a Guerrero durante la cual se entrevistó con el propio Felipe. Asimismo realizó un recorrido por diversos poblados de la sierra de Petatlán y se entrevistó con diversos funcionarios -entre ellos el secretario de Gobierno, Armando Chavarría, y el juez que lleva el caso de Arreaga, Jacobo Gorostieta, así como el subprocurador de Justicia encargado del despacho, Antonio Nogueda Carvajal (quien está acusado en el estado de Morelos de la desaparición de 10 personas).

Newlands informó que Chavarría propondrá al gobernador Torreblanca la creación de una comisión que investigue el caso de Arreaga.

La abogada aseveró que el juez Gorostieta ''cree que las pruebas que la defensa (de Felipe) ha presentado en este caso son muy fuertes y hay buena posibilidad para su liberación".

Respecto de la entrevista con Nogueda Carvajal, comentó que fue ''la más desilusionadora, ya que dijo que como no había estado en la procuraduría en 98 y en 2000 no se hace responsable de ninguna irregularidad en el caso, incluyendo testimonios falsos y la corrupción de oficiales".

La activista pidió al funcionario que se comprometiera a actuar de acuerdo con las leyes de México; "sin embargo no me dio ninguna garantía", lamentó.

''Tiene que hacerse más en Guerrero; es necesario que el gobernador sepa que los que protegen los derechos humanos y el ambiente tienen sus ojos puestos en Guerrero" y en su gobierno, alertó.

Solicitó que Arreaga sea liberado inmediatamente y que se le declare inocente de todos los cargos que le imputan a él y a otros 14 de sus compañeros.

Indignación regional

En la conferencia estuvo presente la esposa de Arreaga, Celsa Valdovinos, presidenta de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, quien afirmó que hay indignación en muchas comunidades de la región "por la injusticia que están cometiendo" contra su esposo.

Mario Patrón aseveró que a Felipe se le han "fabricado" cargos. Detalló entre las irregularidades existentes en el expediente contra Arreaga, a quien acusa el cacique Bernardino Bautista Valle del homicidio de su hijo Abel, que a finales de febrero de este año un testigo clave en su contra declaró que fue amenazado por Bautista para declarar en contra de Felipe.

Mencionó que se mantiene en reserva el nombre del testigo a solicitud del mismo, quien teme por su vida.

Añadió que Arreaga presentó tres testigos -y otros más están dispuestos a testificar- de que él estaba en el poblado Las Mesas, lejos del sitio en que se cometió el homicidio, el día y la hora en que ocurrió, pues estaba recibiendo un tratamiento de medicina tradicional a causa de una lesión en la espalda.

También existe un video de una boda celebrada a las 17 horas de ese día en Las Mesas, donde aparece Felipe con su familia, mientras el homicidio ocurrió a las 16 horas. El material será ofrecido también como prueba de la defensa, junto con un dictamen del canalseisdejulio para comprobar que es auténtico y que no está alterado.

Patrón recordó que Bautista, miembro de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, fue operador de la trasnacional maderera Boise Cascade, contra cuyas actividades depredadoras se opuso la OESP, y cuyo activismo logró que saliera dicha empresa de la sierra de Petatlán, luego de que los campesinos bloquearon los caminos de saca.

El abogado subrayó que no se está pidiendo impunidad en el caso del homicidio de Abel Bautista, pero justamente se exige que se investigue, ya que dos testigos han declarado que la muerte de Abel "se debió a un conflicto amoroso, pues Bernardino le quitó la mujer a un señor de Nuevo Mundo; este señor quería matar a Bernardino", se equivocó y mató a Abel.

Después de la salida de la Boise Cascade en 1998, con el argumento de que no había condiciones para continuar trabajando en la sierra de Petatlán, la Semarnat canceló casi todos los permisos de extracción de madera que había en la sierra. Antes, agregó Patrón, con los permisos existentes cortaban madera de más y la Semarnat no tenía mecanismos de vigilancia para evitar que eso ocurriera. Actualmente sólo el ejido Corrales explota de manera legal la madera y el resto de la explotación es ilegal.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050415/024n1pol.php

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