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30 vÃctimas más de la Dictadura Policial y del Exterminio
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per comunicat de la Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência
Correu-e: redecontraviolencia ARROBA grupos.com.br (no verificat!) |
14 abr 2005
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comunicat de la rede de comunidades e movimentos contra a Violência sobre l'assassinat de 30 persones la matinada del dia 31 de març, a Rio de Janeiro. |
El dolor y el desamparo una vez más invadieron los hogares y los sentimientos de las áreas pobres de RÃo de Janeiro. Nosotros, familiares de vÃctimas de la violencia policial, habitantes de comunidades y militantes del movimiento popular, infelizmente conocemos bien lo que es el dolor de la pérdida acompañada de la desconfianza de que jamás se hará justicia y de que los asesinos y sus dirigentes difÃcilmente serán punidos.
Desgraciadamente, tampoco podemos decir que la matanza de 30 personas en Nova Iguaçu y Quemados fuera una sorpresa para nosotros. Hace tiempo venimos denunciando que la impunidad de policÃas (hayan cometido sus crÃmenes uniformados o no) y de sus jefes y dirigentes tiene como consecuencia ineludible la continuidad y agravamiento de la violencia sobre las favelas, periferias y comunidades pobres en general.
En verdad, “violenciaâ€? aún es un término muy suave para describir la situación en que viven las poblaciones pobres y excluidas de RÃo de Janeiro, y de todos los grandes centros urbanos de Brasil. Vivimos bajo un verdadero régimen dictatorial implantado por la policÃa, los grupos de exterminio y la estructura empresarial y polÃtica que financia todo ello. Un régimen igual o peor a la dictadura militar que se implantó en el paÃs en 1964, sólo que hoy sólo la parte pobre de la población es la que vive sin derechos.
Esa dictadura se manifiesta cuando testigos de masacres y otros casos de violación de derechos no tienen ninguna condición de ejercer su derecho y deber de testificar con libertad y justicia. Las amenazas, los asesinatos (“quemas de archivoâ€?) y el simple hecho de que sepan que continuarán encontrándose con policÃas en las áreas pobres donde viven, hacen que la mayorÃa de los posibles testigos simplemente dejen de testificar. Los pocos que se arriesgan generalmente son llevados a testificar en comisarÃas y batallones, rodeados de agentes y policÃas, y casi siempre niegan que vieran u oyeran alguna cosa. La pequeña minorÃa que sostiene las denuncias acaba teniendo que contar con los lamentables programas de protección de testigos existentes, donde generalmente su “seguridadâ€? es realizada por miembros de la misma corporación policial de la que forman parte los acusados.
La dictadura continúa cuando los interrogatorios e investigaciones ya comienzan totalmente viciados, no sólo debido al miedo de los testigos, sino también por ocultación de pruebas, pruebas ficticias, acuerdos de coartada entre policÃas y varios otros tipos de fraudes y manipulaciones. En todas las comunidades es conocido el hecho de que policÃas y exterminadores (que son, generalmente, policÃas sin uniforme), después de matar, aún se quedan un buen tiempo en el local del crimen, recogiendo cartuchos e incluso retirando proyectiles de los cadáveres, bajo cobertura de sus colegas armados que mantienen alejados a los habitantes.
La participación del Estado en esta dictadura se manifiesta, por ejemplo, cuando la polÃtica de seguridad ya estableció como norma el “auto de resistenciaâ€? para justificar asesinatos y matanzas perpetradas por policÃas. Provistos del “Kit asesinoâ€?, los exterminadores uniformados “plantanâ€? armas y drogas junto a sus vÃctimas, fingiendo sucesos que son inmediatamente aceptados y refrendados por los comandos de los batallones.
La contribución del sistema judicial a la dictadura acontece cuando los pocos policiales asesinos que van a juicio acaban absueltos como consecuencia de los interrogatorios y procesos viciados (las amenazas a los testigos continúan durante los procesos), de la inversión de la cúpula del exterminio en abogados carÃsimos para defender a sus comandados, y del prejuicio de la mayorÃa de los miembros del jurado, generalmente influenciados por la gran prensa que sirve de vehÃculo de reproducción de las versiones de los policÃas y gobiernos. AsÃ, aún en casos de repercusión internacional como Vigário Geral (1993) o Borel (2003), los policÃas fueron o están siendo absueltos en su mayorÃa.
La gran prensa participa de la dictadura cuando acepta sin contestación las versiones de la policÃa y omite o falsifica los testimonios de familiares, supervivientes y habitantes en general. Y, principalmente, cuando mantiene una campaña permanente de alarma y sensacionalismo sobre la criminalidad que contribuye decisivamente para la creación de una opinión pública favorable a la violencia policial y al exterminio.
Empresarios y polÃticos constituyen la principal base de la dictadura, cuando financian directamente escuadrones de la muerte, o cuando ejercen su juego de presiones e influencias para favorecer comandantes de batallones, delegados e inclusive secretarios de estado alineados con su concepción de exterminio social, utilizando para eso sus clubes y asociaciones. En las asambleas estaduales y cámaras municipales organizan verdaderos grupos de presión pro-exterminio, que permanecen como un secreto sólo para aquellos que no quieren ver. Esa élite de la matanza tiene sus propios encuentros, como el realizado anualmente por oficiales militares y de la PM, jubilados y activos, donde recuerdan los “buenos tiemposâ€? de la dictadura militar. También tiene sus homenajes mutuos, como la Medalla Tiradentes recibida en la Alerj en 24/06/2003 por el coronel Murilo Leite, comandante del 6.º BPM (Tijuca) en la época de la masacre de Borel, o sea, poco más de dos meses después de la masacre ejecutada por sus comandados en abril, y cuatro dÃas antes de otra matanza, en Acari (5 muertos), realizada por policÃas del 9.º BPM (Rocha Miranda), para el comando del cuál Murilo habÃa sido transferido en 11/05/2003. La condecoración fue iniciativa del diputado provincial Domingos Brazão.
Este esquema polÃtico y empresarial del exterminio es todavÃa más aterrador en la Bajada Fluminense y otros municipios, donde los matadores no se contentan en quedar en la retaguardia, sino que ocupan directamente los ayuntamientos y cargos claves de la maquinaria del Estado. AquÃ, como en el estado de EspÃrito Santo, la dictadura policial y del exterminio asumió su forma más refinada y cruel. Se consideran tan propietarios de la policÃa que comenzaron a reaccionar violentamente cuando el actual comandante del 15.º BPM comenzó a tomar actitudes que ni siquiera pueden considerarse como un “poco radicalesâ€?, como mandar de vuelta a los cuarteles PMs que hacÃan “seguridad particularâ€? de polÃticos y empresarios, hecho denunciado y documentado por la prensa en los últimos dÃas. Los “insatisfechosâ€? (policÃas y sus patrones) resolvieron hacer una demostración de fuerza de la manera como están acostumbrados, matando pobres.
A pesar de las declaraciones de indignación y de las medidas “de emergenciaâ€? tomadas en los últimos dÃas, tenemos todo el derecho de dudar de que las investigaciones y posteriores juicios resulten en punición de los asesinos, mucho menos en la identificación de los dirigentes y en el desmantelamiento del esquema del exterminio. Nuestra desconfianza se alimenta no sólo por toda la historia de impunidad en tantos casos que vivimos y conocemos, sino también por la realidad polÃtica en que vive la Baixada. Hoy todos los partidos que participan de todos los niveles de gobierno (federal, provincial y municipales) mantienen alianzas polÃticas y electorales con los clanes polÃticos basados en el exterminio que hace décadas dominan la Baixada. No creemos que tengan voluntad polÃtica para desvelar de verdad este crimen y llevar las investigaciones hasta al final, lo que conducirÃa ineludiblemente a los dirigentes, organizadores y patrocinadores de toda la dictadura de la policÃa y del exterminio en la región, con consecuencias en todo el estado de RÃo e incluso a nivel nacional.
Frente a esto, como medida inmediata, proponemos la creación de una Comisión Independiente de la Sociedad Civil, formada por organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, que tenga acceso a todo el proceso de investigación y medidas de protección l testigos, con la participación y fiscalización de organizaciones internacionales.
Sin embargo, sabemos que la lucha contra la dictadura no se limita a la resolución de esta última masacre. Continuaremos nuestra lucha de movilización social, sensibilización y denuncia, como hicimos en la marcha “Puedo identificarmeâ€? de 16 de abril del año pasado, y en las actividades que desarrollamos en el V Foro Social Mundial y posteriormente en comunidades, universidades, sindicatos y otros espacios. También continuaremos luchando para que las propuestas que presentamos en 2004 y que fueron respaldadas en las Conferencias Provincial y Nacional de Derechos Humanos salgan del papel y sean puestas en práctica por el poder público. Finalmente, continuaremos trabajando junto a los diversos sectores de la sociedad para llevar adelante las redes de apoyo y denuncia y otras propuestas que formulamos durante el Foro Social en Porto Alegre y que discutiremos de forma más concreta en nuestro Encuentro los dÃas 7 y 8 de Mayo próximos.
Desde ya, convocamos a todas y todos a participar de la manifestación Contra la Violencia de Estado y de las Elites, que acontecerá el próximo dÃa 15 de Abril, con concentración a las 14 horas frente a la Iglesia de la Candelária, centro de RÃo.
Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia |
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