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Notícies :: criminalització i repressió : immigració : laboral
De la Vega confirma que se están buscando alternativas al padrón
09 abr 2005
La tensión entre los inmigrantes encerrados en diversos locales de Barcelona y el Gobierno parece ir en aumento. Ayer, el delegado del Gobierno central en Catalunya, Joan Rangel, advirtió a los cerca de 400 inmigrantes encerrados que depongan su actitud porque "lo único que obtendrán -aseguró- es una orden de expulsión".
Rangel acusó a los promotores de estos encierros de llevar a los sin papeles "a un callejón sin salida", y les instó a "abandonar las medidas de presión" como factor imprescindible para iniciar un diálogo con la Administración. "Esta gente no viene a hablar, sino a amenazar, es como aquél que quiere hablar con una pistola sobre la mesa", denunció.

Enrique Mosquera, portavoz de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, no oyó las declaraciones, pero cuando le fueron comunicadas en la UPC, a donde se trasladaron los inmigrantes del Pi, dijo que "la pistola la pone él (por Rangel)". Además, Mosquera relató que "no es la primera vez que el Gobierno nos amenaza y nosotros nos estamos manifestando de la forma más pacífica que conozco".

En sus declaración, Rangel quiso dejar claro que, aunque se inicie un diálogo en la misma línea que las conversaciones que se llevan a cabo con las entidades de inmigrantes que representan a un 90% del colectivo, en ningún caso se modificarán los requisitos para acogerse al proceso de regularización.

Los sin papeles encerrados reclaman que no sea imprescindible un contrato de trabajo y que se pueda utilizar un documento alternativo al del padrón para acreditar la residencia en el país, entre otras reivindicaciones.

En este sentido, Rangel aseguró que estas peticiones responden a que "muy probablemente" algunos de los encerrados "acaban de llegar" al país, refiriéndose sobre todo al colectivo de búlgaros que se encuentra en la parroquia de Sant Medir de Barcelona y que, según informó Mosquera, mañana se trasladarán también a la UPC. "No saben nada de castellano, incluso hacen sus reivindicaciones en inglés, lo que demuestra que acaban de llegar", añadió Rangel.

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernán-dez de la Vega, ratificó ayer el anuncio que hizo Jesús Caldera el jueves sobre la voluntad del Ejecutivo de buscar cauces alternativos al padrón para que los extranjeros puedan demostrar su estancia en España y que se puedan acoger de esta manera con más facilidad al proceso de regularización.

Ante estas declaraciones, Mosquera dejó ayer una puerta abierta, ya que dijo que si esto se acaba cumpliendo, "aunque no es nuestra prioridad, estaríamos dispuestos a cambiar nuestra manera de protestar". Sin embargo, también matizó que no cree que se cumpla y que ellos negociarán sin encierros siempre que haya una verdadera negociación. Por el momento, tienen prevista una reunión el lunes con el Síndic de Greuges para convecerle de que haga de mediador entre ellos y el Gobierno. Sin embargo, dijo que "sólo se puede negociar entre dos partes; y hay una que no quiere".

SOS Racisme, por su parte, se pronunció ayer de nuevo sobre el proceso de regularización en marcha. En su comunicado, la ONG pide que haya una mayor comprensión y mayor flexibilidad en las tramitaciones.
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