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Notícies :: criminalització i repressió : laboral : dones
La investigación europea cuestiona la adecuación de las políticas llevadas a cabo en las prisiones europeas y a la salida de prisión
07 abr 2005
La investigación europea cuestiona la adecuación de las políticas llevadas a cabo en las prisiones europeas y a la salida de prisión.
Las políticas dirigidas a dar soporte a los procesos de reintegración social de las mujeres (ex) presas, no son efectivas en la práctica.
El proyecto MIP: Mujeres, Integración y Prisión. Análisis de los procesos de integración socio-laboral de las mujeres presas en Europaâ? (2002-2005) financiado bajo el V programa marco de la UE. Ha sido coordinador por SURT, Asociación de mujeres para la inserción laboral (España) con la participación de los equipos de Keele University (Inglaterra), Central European University (Hungría), Universidad del País Vasco (España), Asociación FAIRE (Francia), Asociación Antigone Onlus (Italia), Asociación BAG-F (Alemania). Además del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona como consejo consultor.


El proyecto de investigación MIP ha analizado la realidad de las mujeres en las prisiones europeas y su trayectoria a la salida de prisión poniendo el énfasis en el análisis de la eficacia de la políticas sociales y penitenciarias dirigidas a promover la integración social y laboral de estas mujeres.

La investigación ha identificado los factores clave que afectan a la exclusión y la integración asocial de las mujeres encarceladas.

El MIP ha confirmado que la mayoría de las mujeres encarceladas se encontraban ya antes de su paso por prisión con graves desventajas socio-económicas. Los seis países participantes evidencian que dentro de las prisiones de mujeres hay una sobre representación de mujeres con escasos ingresos, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres drogodependientes, mujeres extranjeras, y mujeres que han sufrido violencia a lo largo de su vida.

¿Por qué son estas mujeres las que entran en prisión? : A pesar de que el proyecto no se ha centrado en los mecanismos judiciales en cuestión, sus resultados muestran que, por un lado, los actuales procesos de selección penal provocan la criminalización de las mujeres pobres y/o excluidas socialmente. Y, por otro lado, también se desmiente la creencia de que estas mujeres pueden encontrar las oportunidades de mejora y de inclusión social a través de los mecanismos penales. Esta investigación demuestra que el encarcelamiento no ofrece dichas oportunidades, sino que, provoca que las mujeres que no estaban excluidas socialmente, se encuentren a su salida con un cúmulo de desventajas sociales y económicas, y que las que ya lo estaban salgan de prisión en una situación todavía mas agravada de exclusión social. Es decir que las prisiones no consiguen rehabilitar, sino que, por el contrario agravan estos procesos.

Estos hechos son aún más preocupantes en la medida en que hay un incremento constante de la población reclusa de mujeres en muchos países de la Unión Europea, además de una alarmante falta de recursos humanos y materiales. Esta situación se agrava aun más con problemas añadidos como la masificación que caracteriza a las prisiones europeas, donde muchas mujeres están con condenas cortas o en preventiva y no pueden acceder a medidas que se ofrecen en las prisiones. También aparecen problemas derivados de la ubicación de las prisiones y de su tamaño, que hacen más difícil el trabajo para la inclusión social reforzando cada vez más el aislamiento. Igualmente influyen las consecuencias derivadas del poco peso específico que tienen las mujeres en el interior de las prisiones, hecho que las sitúa como remanentes de las prisiones de y para hombres. Y, de que a menudo se obvia que la experiencia carcelaria es en sí misma una experiencia excluyente, un proceso de pérdidas y rupturas en muchos ámbitos y de estigmatización.

El proyecto MIP concluye, por tanto, que el encarcelamiento y la reintegración son procesos totalmente opuestos; y la propuesta principal que esta investigación europea apoya es que la población de mujeres presas debe ser severamente reducida si lo que se pretende es dar soporte a los procesos de inclusión social y reducir la reincidencia

Otro aspecto principal de esta investigación ha sido el desmontar la creencia generalizada de que el encarcelamiento y las políticas, programas y acciones dentro y fuera de prisión, son neutros, es decir que afectan por igual a hombres y mujeres. Refutando esta creencia, el MIP ha aportado numerosos argumentos sobre las diferencias del impacto del encarcelamiento entre hombres y mujeres: las mujeres sufren en mucha mayor medida la ruptura familiar, pierden más a menudo a sus hijos y a sus parejas al ser encarceladas, se les hace más responsables de estas rupturas, tienen mayores dificultades en el acceso al empleo, a las prestaciones por desempleo, a los programas de desintoxicación, y tienen más probabilidades de caer todavía más en la pobreza y la exclusión. En consecuencia, se ha defendido la necesidad de atender a estas diferencias y de seguir trabajando para paliar los existentes procesos de discriminación por razón de género, etnia, nacionalidad, o estatus económico en el ámbito penal.

A la salida de prisión, se destaca el apoyo insuficiente que se ofrece a las mujeres cuando regresan a su entorno de origen, momento en el que se enfrentan a factores y espacios de riesgo. Si las mujeres no tienen oportunidades para acceder a la vivienda, al trabajo o a tratamientos adecuados de toxicomanías, el éxito de la inserción seguirá siendo muy bajo. Si no se produce ningún cambio en la situación marcada por la exclusión que vivían antes de entrar en prisión y si incluso esta situación de exclusión se agrava, la inserción quedará muy lejos de ser una realidad asequible para estas mujeres que acumulan desventajas de género, de clase y, a menudo, de etnia o nacionalidad. Las políticas penales deben contar con la comunidad, y asumir que la condena tiene como fin primordial la custodia. Ser consecuentes y redefinir las políticas y planes para el reasentamiento de las mujeres condenadas a la privación de libertad favoreciendo al máximo la participación ciudadana de las mujeres presas. Los gobiernos, por tanto, deben asumir un posicionamiento político y social claro en la medida en que la población penitenciaria no es la suma de delincuentes, sino el resultado y espejo de una sociedad.

El Proyecto MIP concluye que la transformación de esta situación pasa, en un primer momento, por la urgente necesidad de cambiar el rumbo de la intervención penal y penitenciaria. Con los objetivos principales de; 1- Avanzar hacia el uso de las políticas sociales y de la respuesta social para debilitar los procesos de exclusión social que están viviendo estas mujeres. 2- Avanzar hacia el mínimo uso de la respuesta penal para empezar a garantizar una reducción del encarcelamiento y de la reincidencia de las mujeres. 3- y, cuando la aplicación de la pena privativa de libertad se hace inevitable, avanzar hacia el cambio de los mecanismos actuales para que den respuesta a las necesidades sociales y económicas específicas de las mujeres encarceladas, teniendo en cuenta el impacto de género que contiene el encarcelamiento y las políticas penales.
Mira també:
http://www.surt.org/mip

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