|
|
|
|
|
Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats |
|
AI: no hay interés en México de acatar normas internacionales
|
|
|
per rsc |
18 mar 2005
|
|
Es necesaria una reforma judicial: Rupert Knox |
Viernes 18 de marzo de 2005
LAURA POY SOLANO
Sin una reforma al sistema de justicia en México que permita garantizar el derecho de víctimas y acusados a un debido proceso y a la presunción de inocencia, el cumplimiento de estos derechos sólo dependerá de la "voluntad" de autoridades judiciales, locales y federales, que no han demostrado un verdadero interés por acatar las normas internacionales suscritas por el Estado en esta materia, afirmó Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional (AI).
Tras una gira de trabajo de dos semanas por el país, durante la cual visitó Nuevo León, Coahuila, Puebla, Oaxaca y el Distrito Federal, destacó que a nivel estatal se detectaron "graves problemas en la impartición de justicia debido a que se siguen aplicando pro-cesos judiciales viciados desde su origen utilizando pruebas fabricadas o inadecuadas".
En entrevista con La Jornada señaló que la falta de una "clara división de poderes a nivel estatal, con una clara tendencia hacia un poder monolítico que actúa de acuerdo con la política que marca cada gobernador, impide crear las instancias que garanticen la protección a los derechos humanos". Destacó que a pesar del esfuerzo realizado por el gobierno federal para impulsar una reforma constitucional y penal que garantice la impartición de justicia, ésta se realizó sin un consenso de los distintos actores de la sociedad.
"Hasta el momento no tenemos indicios de que el Poder Legislativo esté avanzando hacia una reforma progresista que refuerce la protección de los derechos de víctimas y acusados, y promueva la rendición de cuentas de las autoridades judiciales", añadió.
El Congreso, aseguró, "debe asumir la responsabilidad y la obligación de legislar sin criterios represivos que buscan aumentar las penas y ampliar los delitos, cuando lo urgente es mejorar el sistema de investigación y procuración de justicia, con el propósito de obtener pruebas científicas y contundentes en cada caso para garantizar a los ciudadanos la defensa de sus derechos en los procesos judiciales".
El activista señaló que en el caso de Felipe Arriaga, campesino ambientalista que lucha por la defensa de los bosque de la sierra de Petatlán, Guerrero, declarado preso de conciencia por AI, es "evidente que su proceso jurídico está viciado de origen por diversas irregularidades y que ha sido procesado por su activismo". Indicó que a pesar de la "posibilidad de que sea liberado de forma inmediata y sin condiciones" por las nuevas autoridades estatales, iniciaran una campaña internacional en las sedes de AI en el mundo. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/mar05/050318/018n2pol.php
|
Copyright by the author. All rights reserved. |
Comentaris
|
El desafuero
|
|
per rsc |
18 mar 2005
|
Viernes 18 de marzo de 2005
Luis Javier Garrido
El desafuero se ha convertido en la tumba política de Vicente Fox y el foxismo y por eso les urge comprometer a otros actores políticos para compartir la responsabilidad golpista.
1. El juicio de procedencia, o "de desafuero", como se le conoce popularmente, que Fox exigió hace un año a la Cámara de Diputados instaurar a Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno de la capital, y que a lo largo de estos meses ha venido demandando en todos los tonos que sea condenatorio, para que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda proceder contra éste, con el objetivo de inhabilitarlo como candidato presidencial en 2006 y tenga el titular del Ejecutivo federal la posibilidad de imponer a su sucesor, es un monumental error jurídico y político, que en el remoto caso de prosperar dejaría al Presidente y a su partido, junto con el PRI, como golpistas y destruiría el incipiente entramado democrático que se ha buscado edificar desde el poder.
2. La acusación por un supuesto caso de desacato en el predio El Encino -quinta imputación que Fox formuló desde marzo pasado contra López Obrador y la única que sigue en pie- se fallará en unos cuantos días y, sea cual fuere el dictamen de la comisión respectiva y del pleno de los diputados, ahondará aún más la crisis institucional que abrió Fox al pretender violar el marco constitucional y las leyes de la República para acusar a un político de la oposición, a quien ve como un adversario por su popularidad y trata por lo mismo de inhabilitarlo, pues la mayoría está convencida de que se trata de un proceso político, no jurídico, pues no hay un sustento jurídico en la acusación.
3. El juicio de procedencia (o de desafuero) establecido en el artículo 111 constitucional y que llevan a cabo los diputados ante un requerimiento del Ejecutivo, no debió haber procedido en este caso, pues la inmunidad fue establecida en casi todos los regímenes occidentales precisamente para proteger la función constitucional de ciertos funcionarios: lo mismo de posibles agresiones u obstrucciones con fines políticos de parte de otras autoridades (lo que es precisamente el caso), y/o de represalias y acusaciones infundadas o temerarias (lo cual es también el caso). De manera que Fox y sus cómplices del Yunque están utilizando una institución estatal para lograr una ambición política de grupo y han adquirido una enorme responsabilidad, pues su acusación es con objetivos políticos e infundada.
4. El juicio de procedencia tampoco procede en este caso, pues se halla reservado en la Constitución (artículo 108), en el caso de los gobernadores, para asuntos graves, que se entiende deben estar bien fundados a fin de evitar precisamente lo que están haciendo Fox y cómplices, quienes como vulgares delincuentes fabricaron un expediente plagado de falsedades e inexactitudes y con una acusación ridícula, sólo con la mira de lograr el aval de un juez. Los miles de casos de posibles desacatos a una autoridad judicial que se dieron en el pasado no merecieron jamás una consignación, pues es muy difícil probar que el funcionario más importante de la dependencia tenga una responsabilidad directa en el asunto motivo de la acusación, hasta que Fox logró en diciembre pasado la detención de dos funcionarios municipales en Guanajuato con la mira estulta de sentar un precedente, como lo anunció ufano a Canal 40, a inicios de marzo, un abogado litigante de nula calidad moral: Carlos Javier Vega Memije, quien se ostenta como uno más de los múltiples subprocuradores de la PGR,
5. Los altos funcionarios de la Federación, empezando por el Presidente, deberían poder ser procesados por cualquier tipo de acusaciones, pero ello supondría la existencia de un Ministerio Público federal independiente del Ejecutivo, de una PGR autónoma y de una administración de justicia imparcial, y ése no es caso ahora. El procurador Rafael Macedo de la Concha ha actuado a lo largo del sexenio como dócil subordinado del Ejecutivo, mostrando plena ignorancia jurídica y obedeciendo en todo al yunquista Ramón Muñoz, y por eso hay tantos temores en el país. A la venal acusación sobre el predio El Encino se han sumado otros múltiples casos de escándalos, como el de la protección a funcionarios panistas vinculados al narco en Sinaloa en 1994 -tema que hizo público una vez más Tatiana Clouthier luego de renunciar a Acción Nacional el 16 de marzo-, la protección a quienes ocuparon ilegalmente las instalaciones de Canal 40 en 2004 -como lo recordó ese mismo día Ciro Gómez Leyva en CNI Noticias- o la protección a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Fox por los gravísimos ilícitos cometidos en el ejercicio del poder.
6. El juicio de procedencia no debería proceder tampoco porque el fallo de los legisladores no puede ya ser imparcial, tras más de un año de intervenciones públicas cotidianas de Fox en el caso, asumiendo no nada más el papel de Ministerio Público, de juez, de jurista erudito o de analista en los medios, acusando no sólo día tras días a López Obrador, sino exigiendo a los legisladores de todos los partidos que resuelvan como él quiere, en andanadas de imputaciones e insultos que le han concitado tanto la reprobación popular como de empresarios y dirigentes políticos.
7. El desprestigio que este asunto ha ocasionado a las autoridades y a las instituciones públicas, empezando por el propio Fox, es ya irreparable, y por eso aparece como muy difícil que muchos miembros del PRI y del PAN estén dispuestos a agravar la situación del régimen y comprometer el futuro del país en un acto bochornoso, que constituiría un golpe de Estado preventivo, y acepten ensuciarse las manos y autocondenarse ante la historia para obsequiar un capricho del Ejecutivo, aun existiendo la alianza Salinas-Fox y la intervención de varios capos priístas, empezando por Elba Esther Gordillo, que no han escatimado esfuerzo por doblegar a los legisladores a sabiendas de que el tricolor cargaría con el descrédito, o de que entregado el blanquiazul al control del Yunque fascistoide las amenazas que pesan sobre los diputados panistas son muy grandes.
8. La sucia campaña de Fox no ha concluido, pues él parece empeñado en seguir cavando su tumba política. En todo caso, lo que aflora es también su ideología fascistoide. Al oponerse con rabia durante varios días al programa de ayuda a las personas mayores mostró no nada más su encono contra los viejos, sino su fanatismo por el neoliberalismo, que preconiza que éstos son prescindibles.
9. La pretensión perversa de Fox, que ha costado millones de pesos a la nación, está condenada al fracaso. En el caso remoto de que contra la razón y por la fuerza la sección instructora llevase el asunto ante el pleno o incluso en la eventualidad de que éste se sumara a la pretensión golpista, el caso no estaría cerrado y con toda seguridad los inodados en la conjura no lograrían su objetivo, pues los recursos jurídicos de que dispone a quien acusan son muchos.
10. Y la respuesta del pueblo aún no la conocen Fox y sus aliados. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/mar05/050318/029a1pol.php
|
|
|
