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Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió
Nadie es inocente!!:M. Gallizo, deja en manos de l@s carceler@s las redenciones de l@s pres@s.
15 mar 2005
Poner punto y final a las redenciones de los presos juzgados con el Código
Penal de 1973 se ha convertido en el nuevo objetivo de los poderes
españoles. Mientras que la Audiencia Nacional se hará cargo de revisar las
reducciones de condena que ya han sido concedidas, Instituciones
Penitenciarias presentó ayer su nuevo plan para la solicitud de futuras
redenciones. A partir de ahora, los presos quedarán en manos de la
evaluación de los funcionarios.
Instituciones Penitenciarias (IP) y la Audiencia Nacional continúan
trabajando codo con codo para limitar al máximo las redenciones a los presos
vascos condenados por el Código Penal de 1973, norma aplicable a las
personas juzgadas por hechos anteriores a 1995.
El último capítulo lo protagonizó ayer Mercedes Gallizo. La directora de
Instituciones Penitenciarias presentó en la Audiencia Nacional su nuevo
sistema de evaluación para la concesión de futuras redenciones a los
prisioneros políticos.
La directiva «se basa en criterios de individualización, análisis y
valoración exhaustiva y rigurosa de las actividades de cada uno de los
reclusos. Será fundamental para proponer redenciones el rendimiento efectivo
por parte del interno en aquellas actividades en las que participe».
Hasta la fecha, las reducciones de pena se concedían según criterios
objetivos. Por ejemplo, por inscribirse en un determinado taller se
descontaba un número estipulado de días.
A partir de ahora, los presos deberán participar de forma «activa» y
acreditar un «rendimiento efectivo». Este criterio subjetivo quedará en
manos de los carceleros. Serán ellos quienes dictaminen si un preso tiene
una actitud positiva o no y si, por lo tanto, puede aspirar o no a la
redención.
Otra vuelta de tuerca
Se trata de un nuevo obstáculo, puesto que hasta ahora la obtención de
redenciones tampoco era automática. En la mayoría de los casos los presos
han tenido que recurrir a los Juzgados de Vigilancia, antes de cada cárcel y
ahora del Central de Vigilancia Penitenciaria, para que se reconozcan sus
derechos a las redenciones.
Al día de hoy, hay más de 105 personas que tendrían que estar en libertad
condicional si se hubiese aplicado la legislación vigente.
Gallizo presentó sus nuevas instrucciones en el encuentro que mantuvo con el
juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, y los fiscales
de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, Jesús Santos y Pedro Rubira.
La entrega de los archivos se produjo un día después de que el Pleno de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara la revisión de los
«beneficios penitenciarios» que «hayan supuesto rebaja del tiempo efectivo
de condena».
Doble frente
Así, mientras que Instituciones Penitenciarias cierra más si cabe el acceso
a las redenciones, la Audiencia Nacional se atribuye la potestad de derogar
las que ya han sido concedidas, al acordar que «es competencia exclusiva del
tribunal sentenciador la aprobación de la excarcelación definitiva por haber
extinguido la condena».
Este tribunal está «modificando la Ley», algo que «está absolutamente
prohibido. El Poder Legislativo está para hacer las leyes, y el Judicial
para cumplirlas. No se puede modificar por un criterio de oportunidad
política o de presión social».
A través de una nota, Aralar mostró asimismo su desacuerdo con estas
medidas, que a su juicio están enmarcadas dentro de una «política de
venganza» contra los prisioneros políticos.
«Satisfacer el clamor de la opinión pública»
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, no
tuvo reparo en reconocer que «obviamente», la revisión de redenciones por
parte de la Audiencia Nacional «va a suponer en muchos casos el alargamiento
de las condenas». Esta medida, a su juicio «positiva y eficaz», viene «de
alguna manera» a «satisfacer el clamor de la opinión pública». Sin embargo,
defendió que estas decisiones obedecen a «la aplicación de la ley y no a una
medida de oportunidad», a pesar de haber sido tomadas tras una intensa
campaña dirigida a evitar el excarcelación de Iñaki de Juana Chaos.
Por su parte, el ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar,
consideró que la decisión de la Audiencia Nacional es «perfectamente
adecuada a la ley», por lo que «tiene todo el respaldo del Gobierno».
Subrayó que «en los delitos especialmente odiosos, los que mayor alarma
provocan en la sociedad y entre la ciudadanía», se debe «exigir una
reinserción social positiva para poder acceder a beneficios penitenciarios».
x PAT - Presoen Aldeko Taldeak

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