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Notícies :: amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats : guerra |
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En Chiapas continúa clima de temor e impunidad, acusa Amnistía Internacional
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per rsc |
03 mar 2005
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El gobierno elude su deber de exigir cuentas a quienes violan los derechos humanos, dice
Lejos de resolver conflictos, las autoridades avivan la violencia, como en Tila, señala |
Jueves 3 de marzo de 2005
ALMA E. MUÑOZ
Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en la que acusa al gobierno de Chiapas de eludir su deber para hacer rendir cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos, lo cual, consideró, "ha creado un clima de temor e impunidad".
Manifestó que ha recibido informes periódicos de métodos de tortura y mal trato que aplican policías contra detenidos en Chiapas, sin que se tomen medidas oficiales para castigar o prevenir estos abusos, y hace referencia a los 49 detenidos en Tila y familias desplazadas del ayuntamiento, a raíz de la jornada electoral del año pasado para renovar ayuntamientos.
La organización humanitaria, sección México, consideró que los conflictos en el estado "siguen aumentado, mientras los partidos políticos sirven de vehículo para que grupos poderosos de las comunidades mantengan el poder y ejerzan su control sobre la población".
Para AI, las autoridades estatales, con "demasiada frecuencia", favorecen a un grupo sobre otro y avivan la violencia en la comunidad, en lugar de resolver los problemas. Utilizó el caso de Tila como referente. Durante la década de 1990, este municipio fue la base de operaciones del grupo paramilitar Paz y Justicia, "que cometió violaciones generalizadas a los derechos humanos" de civiles que eran considerados simpatizantes del grupo armado de oposición (el Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que surgió a la luz pública en 1994.
Las autoridades emprendieron algunas acciones contra los miembros de aquella organización, pero la mayoría de sus dirigentes "no han sido procesados y el grupo no se ha disuelto", pues goza de "renovada impunidad". Estas denuncias, según el organismo, fueron la base para que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía detuviera a Samuel Sánchez, uno de los líderes de Paz y Justicia.
En su comunicado denominado Temor por la seguridad, AI lamentó las agresiones y posterior detención que sufrieron 49 personas, como parte de la disputa entre el Revolucionario Institucional y la coalición entre los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo (PRD-PT) por control del ayuntamiento de Tila.
Acusó que los aprehendidos permanecen recluidos en una casa de seguridad de la policía, considerada como un "centro de detención preventiva semioficial donde pueden correr peligro de ser torturados, y la mayoría de ellos no tienen acceso a tratamiento médico ni asistencia jurídica."
La violencia política y el riesgo de ser encarcelados provocó que muchas familias de la localidad huyeran de sus hogares, pero aún queda pendiente de resolver la disputa electoral, insistió AI.
Consideró que ésta deriva de una "lucha de poder más que de la ideología de los partidos políticos implicados". Según información que le transmitieron organizaciones locales de derechos humanos, el actual conflicto en el municipio se debe a que las autoridades no hacen que el grupo paramilitar, "patrocinado por el Estado, rinda cuenta de sus actos."
Recuerda que los simpatizantes de PRD-PT ocuparon el palacio municipal a principios de enero, cuando la gente del PRI tomaría posesión de los cargos públicos, una vez que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación les otorgó la victoria, y como se negaron a marcharse, el 15 de febrero se desarrolló una operación policial para desocupar el edificio, pero hubo "uso de fuerza excesiva" que propició mayor violencia. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/mar05/050303/016n3pol.php
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Comentaris
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Analizará MP capitalino pruebas de la defensa de Digna Ochoa
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per rsc |
03 mar 2005
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Jueves 3 de marzo de 2005
En duda, la realización de nuevas indagatorias del caso
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
Salomón Baltazar, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ordenó ayer a la coordinación general de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador Bernardo Bátiz que admita y analice las pruebas periciales ofrecidas por la defensa de los familiares de la abogada Digna Ochoa, con las cuales éstos pretenden demostrar que la luchadora social no se suicidó sino que fue asesinada en su despacho el 19 de octubre de 2001, reveló una fuente cercana al caso.
De acuerdo con la información obtenida, ya fue notificado del acuerdo el abogado José Antonio Becerril, defensor de los quejosos. De hecho, la coordinación de la PGJDF citó para este jueves a los peritos contratados por el asesor jurídico de la familia Ochoa y Plácido, a fin de que se comience el análisis de las pruebas periciales que ellos recabaron.
Dicha coordinación fue la misma que en octubre de 2003 avaló el no ejercicio de la acción penal que propuso la fiscal especial Margarita Guerra y apoyó la conclusión de que la ex integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro se suicidó por problemas siquiátricos.
Apenas el pasado jueves, cuando un tribunal federal otorgó un amparo a los quejosos, Jesús Ochoa, hermano de Digna, exhortó al procurador Bátiz a nombrar un "equipo distinto de investigadores ministeriales" en el momento en que fueran admitidas las nuevas pruebas, pues de lo contrario no se garantizaría la imparcialidad en las pesquisas.
Ese día, Jesús Ochoa pidió al procurador capitalino que se abstuviera de hacer declaraciones, que acatara la resolución judicial y dejara hacer su trabajo "a investigadores de verdad".
La fuente consultada indicó que el subprocurador Salomón Baltazar, en cumplimiento al amparo que el segundo tribunal colegiado en materia penal concedió a la familia Ochoa y Plácido, revocó ayer el acuerdo que él mismo dictó el 29 de octubre de 2003 (en el que daba por concluidas las pesquisas), y ordenó aceptar tres dictámenes elaborados por peritos contratados por el abogado José Antonio Becerril.
Se trata de peritajes que demuestran que horas antes de su muerte, el 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue maltratada y golpeada; que al momento en que recibió un balazo en la cabeza el cuerpo de la supuesta suicida no estaba en la posición en la que fue encontrada por la policía capitalina, y que el cadáver fue movido y acomodado con la finalidad de fabricar un escenario específico, es decir, que el lugar del crimen habría sido manipulada con la intención de aparentar que se trató de un suicidio.
Finalmente, el informante precisó que el hecho de que se admitan las periciales no significa que se efectuarán nuevas investigaciones sobre la muerte de la defensora de los derechos humanos, pues "lo único que la coordinación general de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador del DF analizará es si son procedentes las pruebas; si fueron realizadas con la metodología científica adecuada, además de que ordenará que peritos oficiales cotejen los peritajes que realizaron investigadores contratados por la parte inconforme".
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Jueves 3 de marzo de 2005
Aquí se agotaron recursos
Instancias foráneas, única opción para los Cerezo: Zamora
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
Los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, quienes no obtuvieron un amparo contra la sentencia de siete años y seis meses de prisión, aún pueden acudir a las instancias internacionales para exponer su caso, debido a que los recursos de defensa que tenían ante las autoridades judiciales mexicanas ya se agotaron, indicó su abogada Bárbara Zamora.
En entrevista telefónica, la litigante precisó que aún desconoce en qué se basó el criterio de los tres magistrados del segundo tribunal colegiado del segundo circuito para otorgar el amparo a Alejandro Cerezo -quien fue excarcelado el martes pasado- y negárselo a los otros dos hermanos.
Aclaró que el contenido de la sentencia podría conocerse la próxima semana, una vez que el colegiado haya terminado el engrose del expediente.
La abogada precisó que a partir del análisis de la resolución, la familia Cerezo Contreras podrá definir si presenta una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de buscar la libertad de Héctor y Antonio, presos en los penales federales de Puente Grande, Jalisco y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.
No obstante, precisó que a ella ya no le corresponde defenderlos en las instancias internacionales, ya que "mi compromiso con ellos terminó con el amparo que otorgó a Alejandro el segundo tribunal colegiado".
La abogada Zamora, quien también defiende a los seis vascos detenidos en el Reclusorio Norte por el juicio de extradición a España, indicó que siempre confió en la inocencia de los hermanos Cerezo Contreras, a quienes en repetidas ocasiones llamó "presos políticos".
Como se recordará, los hermanos fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, y detenidos el 13 de agosto de 2001, cinco días después de que se registraron tres explosiones en sucursales de Banamex en el Distrito Federal.
Según la PGR, los tres hermanos y Alfonso Herrera Vázquez (sentenciado por ese caso a cinco años de prisión) fueron los principales autores materiales de los petardazos. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/mar05/050303/016n2pol.php
http://www.jornada.unam.mx/2005/mar05/050303/016n3pol.php
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