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BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - El Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró (Barcelona) ha dictado un auto por el que ha acordado paralizar el derribo del edificio en el que se hallaba el Centro Social L'Estella y la vivienda Kal Ronc en la calle Lepant de Mataró después de que hace poco más de una semana se produjera un desalojo de 'okupas' ilegal por parte de los Mossos d'Esquadra. Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda paralizar las obras iniciadas en el inmueble, el antiguo almacén de la carpintería Can Maymí, propiedad de la empresa Brica S.A., que era usado desde hacía meses como local social por los 'squatters'. Además, el juez ha acordado abrir diligencias, ya que el desalojo se pudo haber realizado de forma ilegal. La decisión del juzgado se ha producido a instancias de la Fiscalía, que pidió que se suspendiera "el derribo del inmueble" y el desalojo que se había producido porque se había llevado a cabo sin la preceptiva orden judicial. El abogado de los 'squatters', Jaume Asens, anunció esta tarde que presentarán una denuncia por el desalojo, ya que se llevó a cabo vulnerando los derechos fundamentales de los jóvenes, que han perdido material como ordenadores y libros, que se encontraban en el edificio y que no les han permitido recuperar. PERIPLO JUDICIAL. El caso, que ya ha pasado por dos juzgados de la localidad de Mataró, se inició tras la petición de los propietarios de que se constatara que había personas que "ocupando" el inmueble sin autorización. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mataró dictó el pasado día 18 un auto por el que acordó ordenar a los Mossos d'Esquadra la entrada en el edificio "con el fin de constatar" la presencia de los jóvenes y la "comisión de un presunto delito de usurpación de bienes inmuebles". Además, ordenó la identificación de los ocupantes. En la resolución, el juez especificó que la operación policial se debía realizar ese mismo día, viernes, "en horario diurno". Precisamente, ésta última orden fue la única que fue cumplida por la policía autonómica. Esa misma mañana, siete dotaciones de los Mossos desalojaron a los 'okupas' sin que se produjeran incidentes. La operación obligó a cortar la circulación de vehículos en la calle Lepant, entre la N-II y la calle Gravina, lo que provocó algunos problemas de tráfico en la zona. A pesar de que la resolución judicial no hablaba en ningún caso de desalojo y sí especificaba que se debía identificar a los jóvenes ocupantes, el inmueble fue desalojado y no se procedió a ni una sola identificación. Al día siguiente, unas 200 personas llevaron a cabo una manifestación para protestar por el desalojo y por el inicio de las obras de derribo. Tras la concentración, los jóvenes intentaron recuperar algunos de los objetos que habían quedado en el interior del inmueble. No obstante, cuando algunos de los jóvenes intentaban acceder al edificio, dos dotaciones de los Mossos d'Esquadra, alertados por la llamada de un vecino, se dirigieron a la antigua carpintería y obligaron a los jóvenes a salir. FISCAL�A. De forma paralela, el mismo día 18, en el que se llevó a cabo el desalojo, el fiscal presentó un escrito en el juzgado de guardia solicitando la suspensión del desalojo y derribo del inmueble, "si bien debe procederse a identificar a las personas que allí habitan". La petición del representante del ministerio público recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad que ha dictado un auto de apertura de diligencias y ha ordenado la "paralización" de "cualquier tipo de actuación" en el edificio.