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Notícies :: corrupció i poder
Solbes comienza a aplicar la estrategia de Lisboa
28 feb 2005
El programa neoliberal del PSOE

Solbes comienza a aplicar la estrategia de Lisboa


G. Buster
Rebelión

El programa electoral del Gobierno socialista no suponía una ruptura con el modelo de crecimiento neoliberal de los gobiernos del PP. En líneas generales acepta y hace suyas las directrices europeas en materia de coordinación económica y sus consecuencias sociales: el pacto de estabilidad, la política monetaria del BCE, la Agenda de Lisboa.

La propia composición del Gobierno, situando al excomisario de economía europeo Solbes al frente de area económica y de Miguel Sebastián como principal asesor económico en Moncloa, fueron mensajes explícitos enviados a la oligarquía financiera, las grandes empresas y los mercados de cuales eran las intenciones del Gobierno.

En este primer año, las iniciativas en política económica y social han estado subordinadas a la âfidelizaciónâ? de los votantes de izquierdas. No ha habido propuestas sustanciales de reformas neoliberales. El Presupuesto del 2005 estuvo ya marcado por los limites que impuso Solbes a la contención del déficit heredado y a las exigencias de un mayor gasto social de Izquierda Verde (IU-ICV) y ERC. Pero el apoyo de los sindicatos, su carácter transitorio y las concesiones del Gobierno en materias importantes como la abolición de la Ley de Acompañamiento limitaron tanto la capacidad de negociación de la izquierda política como de resistencia de la izquierda social.

El PSOE ha cumplido en este período elementos sociales de su programa, como la subida del salario mínimo interprofesional, aunque sigue estando muy distante de la media europea y ha alentado el diálogo social, con una política de contención de los salarios.

LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Pedro Solbes, ha presentado a los grupos parlamentarios de Izquierda Verde (IU-ICV) y a ERC su propuesta de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta propuesta responde al compromiso adquirido por el PSOE ante sus socios de la mayoría parlamentaria de izquierdas para su apoyo a los presupuestos del 2005.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria fue un elemento esencial de la política neoliberal del PP. Establecía por ley un presupuesto cero, prohibiendo el endeudamiento del estado. Suponía ahogar de antemano las reivindicaciones sociales de un mayor gasto social para hacer frente al importante déficit de un 30% (39,7% corregidas las cifras por el poder de compra) del Estado español en este terreno con la media de Europa. Justo en el momento en que se reducirían las ayudas estructurales de la UE, que han supuesto durante los últimos años una transferencia de casi un 1% del PIB español. La Ley Presupuestaria era un dogal que se ponía a los trabajadores y trabajadoras en su lucha por mejorar sus condiciones de vida y los condenaba a ser ciudadanos europeos de segunda clase.

Izquierda Verde (IU-ICV) y ERC exigieron la modificación de esta Ley Presupuestaria. No tenía ningún sentido económico para los intereses populares mantener un presupuesto cero por ley, en el mismo momento que el resto de la UE discute como flexibilizar el corsé que supone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, base la política restrictiva monetaria del Banco Central Europeo para mantener un euro fuerte. Prodi calificó el Pacto de âestupidoâ? y de ahogar a la economía europea, tras dos años de recesión y tres intentos de recuperación fallidos.

Lo asombroso es que el Pacto permite un endeudamiento presupuestario anual de un 3%. Aquí, en la España del PP, más papistas que el Papa, se recortó a cero. El PP fue incapaz de cumplir su propio compromiso legal. Ha dejado un déficit presupuestario en el 2004 del 0,8%.

En las negociaciones de los presupuestos del 2005, como denunció IU, se acabaron imponiendo en este aspecto las tesis de Solbes, primando una concepción monetarista de la estabilidad a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos. Con el objetivo de asegurar su propio éxito político, tanto frente a la derecha, como un gestor âresponsableâ?, como de sectores socio-liberales de su propio electorado. Pero guardándose un margen de maniobra de concesiones si âapretabanâ? las exigencias sociales y desembocaban en movilizaciones.

Solbes ha frenado el gasto social que se exigía desde la izquierda y tiene margen en los ingresos indirectos y sobre todo en las cotizaciones sociales, para atribuirse dentro de un año una reducción del déficit inicial de 0'8% del PIB a un 0'1 o 0'2 % del PIB. Pero sobre todo se guarda otra carta en la manga que es el margen aun mayor que aportará la baja ejecución del presupuesto actual 2004. Tras la liquidación definitiva puede llegar a tener una no ejecución entre el 30 y 40% que permitirá la reubicación de partidas de gasto corriente (oferta pública de empleo), gasto de capital (inversión en Fomento y medio ambiente) y gasto de activos financieros (inversiones que no cotizan a efectos de déficit).

UNA PROPUESTA NEOLIBERAL INACEPTABLE

En esta línea -empezando a preparar ya los debates sobre el presupuesto del 2005 y la elaboración del Plan Nacional para la aplicación de la Agenda de Lisboa (que tendrá que presentar en el próximo Consejo Europeo de abril)-, Solbes ha hecho una propuesta de reforma de la Ley Presupuestaria que aumentaría el posible déficit al 1%.

Esta propuesta es totalmente inaceptable. Precisamente cuando los ministros de economía europeos esperan flexibilizar el Pacto de Estabilidad neoliberal en marzo y abrir una horquilla más amplia que el 3% actual previsto, excluyendo gastos de infraestructuras, modernización industrial o inversiones en investigación y tecnología.

Izquierda Unida y ICV han rechazado esta propuesta. Asombrosamente, ERC parece aceptar un margen del 2%, por debajo del Pacto de Estabilidad europeo. Aceptar la propuesta presentada por Solbes supondría ceder cualquier margen de negociación para defender las reivindicaciones sociales en el momento mismo en el que desaparecerán gran parte de las ayudas estructurales y regionales europeas. Cuando además, el déficit en gasto social no hace más que crecer, porque es siete puntos inferior a la media de la zona euro. Supone hipotecarse para cuando el ciclo económico español, que actualmente sigue creciendo un 2,7% frente a la media de la eurozona de un 1,8%, caiga inevitablemente por la reducción de los mercados europeos y la demanda interna se estanque por los bajos salarios.

UN MODELO DE CRECIMIENTO ARCAICO E INSOSTENIBLE

El ciclo económico alcista actual se alimenta básicamente de la burbuja inmobiliaria, de la construcción y del enorme endeudamiento de las familias españolas (110% de la renta nacional). Es un ciclo imposible de sostener a medio plazo. Es el resultado de la incapacidad de modernización real de las políticas económicas neoliberales.

Los salarios, de los que en definitiva depende la demanda interna, siguen sufriendo retrocesos. En la renovación de enero de 1.891 convenios, que afectan a 3,5 millones de trabajadores, la subida salarial ha sido de solo 2,7%, dos décimas menos que en el 2004 y 4 décimas por debajo de la inflación oficial del 3,1%, que en realidad se situará más previsiblemente alrededor del 3,5% este año. Ya en el 2004 la cláusula de revisión se colocó en el 3,61%, por una diferencia de 8 décimas entre la inflación prevista y la real. Pero la resistencia a cubrir todo el diferencial de la inflación real por parte de las empresas es un doble sistema de erosión del nivel de vida de los trabajadores.

Mientras tanto, 2004 ha sido un año de espectaculares beneficios y reparto de dividendos para todas las empresas españolas. El 18,6% para los sectores no financieros y el 17,5% para la banca (que sube al 36,6% con los beneficios obtenidos en América Latina). Pero no ha tenido contrapartidas en un aumento del empleo. La tasa de paro oficial solo se ha reducido en 4 décimas y esta en el 10,4%, casi dos puntos y medio por encima de la media de la UE. Nuestro déficit de productividad con la UE sigue creciendo desde 1999 más de 1,5 puntos y tiene una acumulación de casi 6 con respecto a la media, lo que explica la alta inflación de la economía española. Pero las inversiones en bienes de equipo siguen estando muy por debajo de la media europea y los aumentos de productividad tienen lugar básicamente con un aumento de las horas trabajadas y reducción de plantillas, es decir, aumentando la explotación de los trabajadores.

Lo más problemático es que este modelo de crecimiento y desarrollo que se realiza contra los niveles de vida y la seguridad laboral de los trabajadores del estado español, es el que quiere propiciar la Estrategia de Lisboa. El Banco Central Europeo ya ha anunciado que aumentará paulatinamente los tipos de interés, a pesar de la recesión en la que vive la zona euro, con crecimientos del 1,8%. Ello forzará una nueva oleada de reformas del mercado laboral, de reestructuraciones, de privatizaciones y de deslocalizaciones. La Comisión vigilará a partir de abril los Planes Nacionales para la Estrategia de Lisboa de cada estado-miembro, para guiar los ritmos y objetivos de esta política neoliberal.

El argumento neoliberal vuelve a ser el conocido de que primero hay que crecer para poder después repartir. Pero en la situación económica actual, en la que el ciclo depende de manera sustancial de la demanda, no se mantendrá el crecimiento si antes no se produce una redistribución sustancial que favorezca a los salarios y a la demanda interna. El paquete Solbes

El Consejo de Ministros del 25 de febrero anunció 100 medidas para aumentar la productividad de la economía española y varias reformas en un âpaquete Solbesâ? que constituirá el Plan nacional para la aplicación de la estrategia de Lisboa.

Algunas de las medidas muestran el arcaísmo del sistema económico español, como el proteccionismo de los quioscos de venta de tabaco, cuya reglamentación había mantenido una concepción casi asistencialista, o la unificación de las tasas de notarías. Pero otras buscan ampliar la liberalización del sector servicios (como en el caso de las funerarias) o preparar el camino como en el caso de los ferrocarriles, parcelando RENFE en sectores más o menos rentables. Los incentivos son sobre todo subvenciones fiscales, pasando del 10% al 15% para inversiones en I+D, la liberalización de las televisiones con la introducción del cable o facilitar la constitución de fondos de inversiones de riesgo.

Todo ello irá acompañado de un Plan de fomento empresarial (sin duda con nuevas subvenciones fiscales), una reforma fiscal (cuyo carácter progresivo sigue siendo erosionado con la recaudación del IRPF, que el PP ha reducido en 7 puntos, a favor de los impuestos indirectos), una nueva reforma del mercado laboral y la referida reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria.

¿RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES?

Pero las señales de resistencia están ahí en Europa, creciendo desde 1995. Sus últimos episodios han sido las luchas en Alemania contra el Plan Herzt IV, la huelga general en Holanda, la manifestación del millón contra el presupuesto del 2005 en Italia, las masivas movilizaciones por las 35 horas en Francia.

En el estado español se dan las condiciones objetivas para una resistencia de los trabajadores, por una subida salarial, por el mantenimiento del sistema de pensiones frente a su privatización, contra las deslocalizaciones. La situación de crecimiento económico, el aumento relativo de la tasa de afiliación sindical en los tres últimos años, permiten iniciar luchas por una renegociación de los convenios al alza que supere ese magro 2,7% de subidas sin grandes temores a despidos.

La cuestión decisiva es si se dan las condiciones subjetivas. Las direcciones mayoritarias de CCOO y UGT siguen prisioneras de una concepción de negociación a la baja, sin movilización social, heredada del período anterior del PP. Sustituyen ahora la reivindicación obrera por una negociación por arriba con la patronal con enormes concesiones, como las ambigüedades sobre el aumento del salario mínimo interprofesional, que era un compromiso electoral del PSOE que hay que obligarle a cumplir. Es increíble que en España el SMI este tras la última subida en 510 Euros, cuando la media de la zona euro esté en casi 1.100, y la promesa del Gobierno sea situarlo solo en 600 Euros en esta legislatura.

Pero en las empresas, empieza a haber un cambio de percepción sobre la situación. Pesa mucho la inseguridad laboral debido a las subcontratas, que se pagan en decenas de muertos y cientos de accidentes, como hemos visto recientemente en Burgos o en la SEAT. Pero la tensión social comienza acumularse para exigir mejoras salariales, sin que los cierres por delocalización, como en Izar o Miniwatt sean decisivos, porque la tensión se da no solo en los sectores industriales más afectados por la caída de la competitividad en el mercado mundial, sino también en gran parte del sector servicios orientado hacia el mercado interno.

En este sentido es esencial abrir un debate en la clase obrera sobre que beneficios le van a corresponder con este Gobierno del PSOE. Hay que transformar el ¡No nos defraudes! en propuestas concretas y alternativas, sobre todo frente al giro social-liberal a la derecha que prepara Solbes. Hay que discutir en los sindicatos sobre cual es la táctica y la estrategia a seguir frente a la negociación colectiva, la reforma de las pensiones que propone el FMI y la Comisión europea y las deslocalizaciones. Hay que preparar a IU para la negociación de los presupuestos del 2006, para girar a la izquierda. Y hay que apoyar solidariamente cualquier lucha obrera que estalle, empezando a cambiar la correlación de fuerzas con la patronal allí donde se establece: en las empresas.

Algunos objetivos parecen evidentes:

*Por el aumento del SMI hasta alcanzar la media de la eurozona.

*Subidas en los convenios, al menos equiparables a la inflación, de un 3,5% y exigencia de aplicación plena de la cláusula de revisión de los convenios.

*Contra las horas extras, reducción de jornada hacia las 35 horas semanales.

*Por la aplicación plena de las normativas de seguridad laboral y sanciones a las empresas que las incumplan.

*No a la reforma para la privatización parcial de las pensiones con fondos privados, como en la Administración.

*Por una Ley de control de las deslocalizaciones, que impida la recalificación de terrenos, exija la devolución de subvenciones públicas y prevea la creación de fondos de un 50% del valor de las empresas para compensaciones a los trabajadores.


*No a la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Solbes. No es necesaria ninguna ley existiendo ya el marco legislativo de la UE y la Ley de Presupuestos anuales.


*Por unos presupuestos del 2006 al servicio de los trabajadores y trabajadores, por un aumento del gasto social que permita comenzar a reducir el déficit social con Europa.

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