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Notícies :: antifeixisme : globalització neoliberal : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats
¿Zedillo en el Banco Mundial?
24 feb 2005
Editorial. La jornada
Miércoles 23 de febrero de 2005

¿Zedillo en el Banco Mundial?

La infortunada ocurrencia formulada el lunes pasado por el Financial Times de Londres, que propuso a Ernesto Zedillo Ponce de León para dirigir el Banco Mundial (BM) en remplazo de James Wolfensohn, quien dejará el cargo en mayo próximo, podría quedarse solamente en eso, en una ocurrencia. Por desgracia, la idea ha empezado a generar adeptos insospechados, como el todavía canciller Luis Ernesto Derbez, quien ayer se adhirió a ella y opinó que el ex mandatario sería un titular "maravilloso" de la institución financiera internacional. Es previsible que, aunque en última instancia el gobierno de Washington prosiga con la tradición de nombrar al cargo referido a un estadunidense, la sugerencia del periódico inglés siga cosechando partidarios en los círculos del conservadurismo empresarial trasnacional, a cuyos intereses tan bien ha servido Zedillo, así en su condición de secretario de Programación y Presupuesto en el gabinete de Carlos Salinas ­y posteriormente, en tanto heredero de éste en la silla presidencial­ como en su desempeño, a partir de 2000, como asesor a sueldo de corporaciones estadunidenses y de director de una institución que produce ideología neoliberal, como es el Centro de Estudios de la Globalización, en Yale.

Pero la idea, por diversas razones, es insostenible y casi impresentable. Por principio de cuentas, Zedillo es corresponsable, junto con su ex jefe, antecesor y promotor, Carlos Salinas, de la pavorosa crisis que devastó la economía mexicana a partir de diciembre de 1994, que hundió al país en un marasmo sin precedentes y generó miseria, derrumbe social y tragedias personales incuantificables, y que dio oportunidad para la realización de negocios multimillonarios y turbios, auspiciados y legalizados desde el poder público, como el "rescate bancario", saqueo a las arcas nacionales que se pretendió presentar como medida de contingencia. A lo largo de todo su sexenio, Zedillo no hizo más que remendar y parchar las consecuencias del catastrófico manejo financiero de los primeros días de su gobierno y de la quiebra disfrazada de bonanza que heredó de Salinas. Las composturas zedillistas se realizaron, invariablemente, en sintonía con los intereses especuladores foráneos y nacionales, y en detrimento de la propiedad pública y del nivel de vida de las mayorías depauperadas, en toda la línea del fundamentalismo privatizador, globalizador y depredador que constituye el pensamiento del ex presidente, partidario firme y hasta virulento ­¿cómo olvidar su autoría en la acuñación del término desdeñoso globalifóbicos?­ de eso que se denomina Consenso de Washington.

Si la ineptitud y la rigidez que caracterizaron a Zedillo en el ámbito económico constituyen obstáculos conceptuales difícilmente salvables para imaginarlo en la dirección de un organismo financiero que lo que menos necesita es una dosis de fundamentalismo neoliberal adicional a la que lo rige, en el terreno político el ex presidente mexicano tiene en su contra una acusación sumamente grave: la de ser responsable de delitos de lesa humanidad, perpetrados bajo su gobierno y en el contexto de la guerra sucia lanzada por las autoridades federales y estatales, civiles y militares, contra las comunidades zapatistas y pro zapatistas de Chiapas, en la que fueron asesinados centenares de indígenas. Es sorprendente, por decirlo en forma suave, que la ocurrencia del Financial Times haya sido publicada menos de dos semanas después de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentara, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia contra el ex mandatario y algunos oficiales del Ejército por haber diseñado y aplicado una política de contrainsurgencia que derivó en masacres como las de Acteal y El Bosque, en una persecución infame contra pueblos enteros, en el desplazamiento de comunidades de sus lugares de origen, en el saqueo de las pertenencias de quienes resultaban sospechosos de simpatizar con el zapatismo, y otras violaciones graves a las garantías individuales. Por lo demás, sería lamentable olvidar que en el sexenio de Zedillo ocurrieron también las masacres de campesinos en Aguas Blancas y El Charco, por más que no existan acusaciones específicas contra el ex presidente en torno a esos episodios vergonzosos de la historia nacional reciente.

Algunos medios de prensa estadunidenses han presentado al actual asesor de empresas trasnacionales como un "héroe de la democracia" porque fue el último presidente priísta y porque fue el primero que se abstuvo de manipular los resultados electorales a favor de su partido, lo que posibilitó la llegada a Los Pinos de Vicente Fox. Pero, en rigor, en julio de 2000 Zedillo no hizo más que cumplir con la ley. Ver en ello un gesto de heroísmo implicaría considerar su infracción como una norma aceptable.

Tales son, pues, las "credenciales intachables" que el Financial Times ofrece al gobierno de George W. Bush como fundamento para la designación a la presidencia del Banco Mundial de un economista desastroso y presunto responsable, para colmo, de crímenes de lesa humanidad.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050223/edito.php

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Comentaris

Re: ¿Zedillo en el Banco Mundial?
24 feb 2005
Zedillo lanzó al Ejército contra el EZLN.

Zedillo propuso el diálogo en 1995, pero lanzó al Ejército contra el EZLN.

Miércoles 9 de febrero de 2005

Marcos reconoció la iniciativa, pero advirtió que la situación no había cambiado

Zedillo propuso el diálogo en 1995, pero lanzó al Ejército contra el EZLN
Lozano Gracia destapó la estrategia oficial; PGR acusó de terroristas a los zapatistas

JESUS ARANDA

Al asumir la Presidencia de la República, el primero de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo dijo estar "convencido" de que era posible lograr "una nueva negociación" para avanzar hacia "una paz justa, digna y definitiva" en Chiapas. Sin embargo, al tiempo que convocaba al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al diálogo, instruía a la Procuraduría General de la República (PGR) para que actuara penalmente contra los dirigentes zapatistas....

http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/005n1pol.php
http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=111249

El Ejército organizó y apoyó a bandas para aislar al EZLN

El general Mario Renán Castillo participó directamente, dice testigo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Recibían dinero del gobernador Julio César Ruiz Ferro.

JUAN BALBOA, La Jornada

Buscaba romper vínculo de zapatistas con la población: ex dirigente de Paz y Justicia
El Ejército organizó y apoyó a bandas para aislar al EZLN

http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/003n1pol.php



Cercar al EZLN

Cercar al EZLN, misión de la fuerza de tarea Arcoiris

Miércoles 9 de febrero de 2005

Fue creada por el general Mario Renán Castillo

Once agrupamientos más acorralaron comunidades rebeldes

JESUS ARANDA

Al tomar posesión de la comandancia de la séptima Región Militar, el general de división Mario Renán Castillo creó la fuerza de tarea Arcoiris, la cual tenía como objetivo establecer agrupamientos del Ejército en municipios clave de la zona de conflicto en Chiapas...

http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/007n1pol.php


Paz y Justicia ha dejado una estela de homicidios, expulsiones e impunidad.

Miércoles 9 de febrero de 2005

Pugnas internas en el PRI dieron origen al surgimiento de la organización.


El asesinato de un perredista en Tila, en marzo de 1995, desencadenó la violencia.

LUIS HERNANDEZ NAVARRO

A partir de la ofensiva militar contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de febrero de 1995, un nuevo tipo de violencia se adueñó de la región norte de Chiapas. Asesinatos, emboscadas y expulsiones se convirtieron en hechos usuales en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto del Agua. Fueron parte de la guerra irregular contra el zapatismo...

http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/009n1pol.php


Traición y guerra sucia: a 10 años

Miércoles 9 de febrero de 2005

Editorial. La Jornada

Hoy hace 10 años Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces titular del Ejecutivo federal del país, consumó la traición, que venía preparando desde que tomó posesión del cargo, en contra del movimiento indígena zapatista de Chiapas. Mientras que por medio de su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, mantenía contactos tranquilizadores con la dirigencia rebelde del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por el otro lanzaba a su procurador general, Antonio Lozano Gracia, a la caza de los líderes, integrantes y simpatizantes de los alzados y ordenaba a su secretario de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, que iniciara una ofensiva militar contra los bastiones rebeldes. Ese amargo 9 de febrero el recién estrenado zedillismo, acosado por su propia torpeza económica y política y por la herencia nefasta del gobierno de Carlos Salinas, inició una suerte de huida hacia adelante por el camino de la guerra sucia, la represión política, la intolerancia, la sordera y la violación regular de derechos humanos en la entidad del conflicto, e incluso en otras. Zedillo transitó esa senda a lo largo de todo su sexenio, el cual ha quedado vinculado en la historia a las masacres de campesinos perpetradas por fuerzas militares, paramilitares y policiales: Aguas Blancas, Acteal, El Charco, La Libertad, San Juan del Bosque y otros episodios oprobiosos cuyos autores aún gozan, en muchos casos, de impunidad, lo que pone en evidencia los pactos acaso no escritos de continuidad y protección establecidos entre Zedillo y su sucesor, el presidente Vicente Fox, quien hace cinco años formuló la falsa promesa de campaña de que resolvería "en 15 minutos" el conflicto indígena.

Desde el 9 de febrero de 1995 y durante el resto de la década pasada, los gobiernos federal y estatal, así como los municipios chiapanecos entonces gobernados por el PRI, desataron una política atroz de contrainsurgencia caracterizada por el cerco de las comunidades zapatistas y disidentes, los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzadas, las violaciones de mujeres indígenas por uniformados de todas las corporaciones, la expulsión de decenas de miles de personas de sus localidades y el pillaje de las escasas pertenencias de quienes resultaban sospechosos de simpatizar con los alzados. La aplicación de esa estrategia de terror pasó por la creación de fuerzas paramilitares como Máscara Roja, Los Chinchulines y Paz y Justicia, fuerzas que sirvieron como brigadas de hostigamiento y escuadrones de la muerte, y que fueron entrenadas, armadas y financiadas por el Ejército, por los gobiernos de Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén y por diversas dependencias del gobierno federal.

Invariablemente, las autoridades sostuvieron que no tenían nada que ver con esos grupos paramilitares, pese a las evidencias en contrario presentadas por diversos organismos de derechos humanos de México y del extranjero. Hasta ahora, no eran muchas las pruebas de la participación del gobierno de Zedillo y de las administraciones estatales referidas en esa guerra sucia que dejó cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. Pero el testimonio rendido al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) por un ex dirigente de Paz y Justicia, y que se presenta en las páginas de esta edición, es lo suficientemente sólido como para afirmar, con base en él, que la administración pasada estuvo involucrada de lleno en la represión ilegal, inmoral y atroz de los indígenas chiapanecos insurrectos. La rebelión no se combatió por medio de la ley, sino con métodos delictivos; no se hizo política, sino barbarie; no se buscó el convencimiento de los adversarios, y ni siquiera su sometimiento a procesos legales, sino su eliminación física. Aunque el testigo citado en la nota que se menciona no lo dice explícitamente, ahora resulta muy claro cuán directamente culpable fue el gobierno de Zedillo de la masacre de Acteal, que indignó y conmovió al mundo, y cuán cerca estuvo la administración pasada de lograr la muerte del entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García.

Los funcionarios de mayor rango involucrados en la organización y apoyo de Paz y Justicia son, de acuerdo con el informante del CDHFBC, el general Raúl Renán Castillo y el ex gobernador Ruiz Ferro. Pero no debe olvidarse que, en los tiempos en que militares y paramilitares ensangrentaban los Altos, las cañadas y las selvas chiapanecas, Enrique Cervantes Aguirre encabezaba la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación estuvo en manos de Emilio Chuayffet Chemor y, posteriormente, de Francisco Labastida Ochoa, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue dirigida por Antonio Lozano Gracia y por Jorge Madrazo Cuéllar (el inventor de los "conflictos intercomunitarios" como explicación a la barbarie de Acteal), y que el presidente de la República era, por entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León. El testimonio referido da sobrado margen para presumir responsabilidades penales en la guerra sucia de Chiapas por parte de esos y otros ex funcionarios y, en consecuencia, para que la PGR actúe de oficio e inicie las averiguaciones previas correspondientes. La responsabilidad de cumplir la ley recae, en este caso, en el actual procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. ¿Lo hará?

http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/edito.php
La política genocida en el conflicto armado en Chiapas
24 feb 2005
"La política genocida en el conflicto armado en Chiapas" Informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó su más reciente informe en donde presenta evidencias de "una estrategia de ataque a la población civil, donde diversos grupos paramilitares ligados con las autoridades municipales, estatales y federales incluyendo al Ejército mexicano, han sido el instrumento con el cual se intenta acabar con lo que el propio Ejército denomina en su Plan de Campaña, “organización de masasâ€?." ...

http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas/genocidio/genocidio.htm


Responsables

Los responsables de esta política deliberada de Estado para llevar a cabo delitos de lesa humanidad como estrategia de guerra en contra de población civil son (de manera no exhaustiva):

Directos:

• Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México y Presidente de la República. (1994-2000) Aprobó y ordenó el Plan de Campaña Chiapas 94.

• General Enrique Cervantes Aguirre.

Secretario de la Defensa Nacional (1994-2000).

Aprobó, ordenó y ejecutó el Plan de Campaña Chiapas 94.

• General de División DEM Miguel Angel Godínez Bravo.

Comandante de la VII Región Militar (1990-1995).

Autor del Plan de Campaña Chiapas 94.

• General de División DEM Mario Renán Castillo.

Comandante de la VII Región Militar (1995-1997).

Ejecutó el Plan de Campaña Chiapas 94.

• General de División DEM José Gómez Salazar.

Comandante de la VII Región Militar (1997-2000).

Ejecutó el Plan de Campaña Chiapas 94.

• General de Brigada DEM Alberto Martínez Herrera.

Comandante de la 31 Zona Militar con sede en Rancho Nuevo, Chiapas (1993-2005).

Ejecutó el Plan de Campaña Chiapas 94.

• General de Brigada DEM Jorge de Jesús Wabi Rosel.

Comandante de la 39 Zona Militar con sede en Ocosingo, Chiapas (1995-1998).

Ejecutó el Plan de Campaña Chiapas 94.

• General de División DEM Fermín Rivas García.

Comandante de la 39 Zona Militar con sede en Ocosingo, Chiapas (1998-2001).

Ejecutó el Plan de Campaña Chiapas 94.

• General Juan Bautista “Nâ€?.

Comandante de Unidad destacamentado en El Limar, Tila. (1995-?).

Coordinó las acciones del grupo paramilitar Paz y Justicia.

• Lic. Julio César Ruiz Ferro.

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas (1994-1997).

Otorgó recursos financieros a los grupos paramilitares.

• Lic. Roberto Albores Guillén.

Gobernador Interino del Estado de Chiapas (1997-2000).

Mantuvo coordinación con los grupos paramilitares.



Responsables de investigar delitos de Lesa Humanidad y desmantelar grupos paramilitares.

• Dr. Jorge Madrazo Cuellar.

Procurador General de la República (1996-2000).

Omitió investigaciones sobre la responsabilidad del ejército y altos funcionarios de la federación y del gobierno de Chiapas.

• Lic. Armando Del Río Leal (titular) y Lic. José Sotelo Marbán (coordinador) .

Responsables de la Unidad para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados de la Procuraduría General de La República. (2000-2001).

Recibieron denuncias de miembros de grupos paramilitares, revelando su organización, la adquisición de armas, los planes y las relaciones con los gobiernos Federal y Estatal, y con el Ejército mexicano, que nunca fueron investigadas.

• Lic. Amando Pérez Narváez.

Titular de la Unidad para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados de la Procuraduría General de La República. (2001-2002) Miembro de la Unidad desde 2000.

Recibió denuncias de miembros de grupos paramilitares, revelando su organización, la adquisición de armas, los planes y las relaciones con los gobiernos Federal y Estatal, y con el Ejército mexicano, que nunca fueron investigadas.



Responsables de desmantelar el Plan de Campaña Chiapas ‘94

• Lic. Vicente Fox Quezada.

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y Presidente de la República (2000-2005).

Mantiene el Plan de Campaña Chiapas 94 que incluye a civiles como objetivos militares y la presencia de grupos paramilitares.

• General Gerardo Clemente Ricardo Vega García.

Secretario de la Defensa Nacional (2000-2005).

Mantiene el Plan de Campaña Chiapas 94 que incluye a civiles como objetivos militares y la presencia de grupos paramilitares.

• General Rafael Macedo de La Concha.

Procurador General de la República (2000-2005).

Desistió de las investigaciones y desapareció la Unidad para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados en el año 2002, aún y cuando la Procuraduría a su cargo tuvo conocimiento de denuncias de miembros de grupos paramilitares, revelando su organización, la adquisición de armas, los planes y las relaciones con los gobiernos Federal y Estatal, y con el Ejército mexicano.

http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas/genocidio/responsables.htm

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