No olvido un octubre del 2004 cuando apreté los dientes, para que mis lagrimas no aumenten el sufrimiento y el dolor de aquellas personas que se encontraban destapando los ataúdes de sus seres queridos, para exigir a los parlamentarios que se apruebe el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y mostrar al mundo que no perdonarán, que no olvidarán, aunque tengan que desenterrar a sus familiares las veces que sea necesario, hasta que se logre ajusticiar a los responsables de su muerte.

No olvidemos que la noche del 17 de octubre del 2003 en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada escapó de Bolivia, como el homicida más grande en los últimos años de América Latina. No olvidemos que durante septiembre y octubre los movimientos sociales salieron a defender nuestra soberanía, nuestros derechos y nuestros bienes naturales: “el gas y los hidrocarburos�.

Hoy el juicio de responsabilidades contra el ex presidente continúa, pero continúa sin inicio, sin una imputación formal de parte del Fiscal General de la República y con una serie de anormalidades y actuaciones políticas, partidarias y camarales; tales como: el Fiscal General anterior (Oscar Crespo) recibió seis acusaciones de juicio de responsabilidades, entre ellas se encuentra una donde demanda la inclusión del Presidente Carlos Mesa y dirigentes sociales como Evo Morales, Felipe Quispe, Óscar Olivera y Roberto de la Cruz, entre otros.

Asimismo, en ese contexto, en julio del año pasado los fiscales Fernando Cortez, Jimmy Pareja y Marco Antonio Nina, quienes realizaban las investigaciones de “octubre negro�, perturbaron a la población con su decisión de archivar el caso y dar el beneficio de la amnistía al ex presidente; los mismos fueron separados del caso y se encuentran en un proceso interno de investigación.

En septiembre del 2004, la Corte Suprema de Justicia devolvió al entonces fiscal general (Óscar Crespo) la propuesta acusatoria en contra de Sánchez de Lozada por carencia jurídica; esto a causa a la ambigüedad con que se presentaba el caso.

La Corte Suprema de Justicia exigió al Congreso Nacional que autorice el proceso penal contra un ex presidente. La madrugada del 14 de octubre, el voto de 126 diputados y senadores autorizó la realización del juicio de responsabilidades en contra el ex presidente y todos sus ministros; esto gracias a la presión social que realizaron los familiares de los caídos en octubre de 2003 y los movimientos sociales a nivel nacional. A fines de octubre el Tribunal Constitucional increpó y no reconoció al nuevo Fiscal General (Cesar Suárez) nombrado por Carlos Mesa y recomendó al Congreso Nacional definir nuevas designaciones hasta el 10 de enero del 2005.

El ex ministro de salud, Javier Torrez Goitia, presentó en diciembre un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional sobre el juicio a Goni y sus ministros que fue declarado “infundado�. La sentencia del tribunal señala: "En cuanto al derecho a la defensa, no se evidencia vulneración alguna toda vez que el juicio en si aún no ha sido iniciado en su contra y será dentro de aquel que el recurrente haga valer ese derecho, asumiendo defensa irrestricta, personalmente o por medio de un defensor". Nuevamente se pretendía cerrar el juicio.

En el transcurso de los sucesos Gonzalo Sánchez de Lozada comenzó a salvaguardar su fortuna, traspasando sus bienes a nombre de otras personas.

El 14 de enero del presente año, el nuevo Fiscal General de la República, Pedro Gareca, solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia disponer la hipoteca legal de los bienes de los involucrados; sin embargo para algunos juristas y para el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, esta solicitud debió hacerse después de la imputación formal. Un vez enviadas las ordenes de anotación preventiva de los bienes a los nueve distritos fiscales del país, sólo se recibieron tres respuestas de las oficinas de Derechos Reales.

Los familiares de los más de 67 fallecidos iniciaron acciones legales y son parte querellante en el juicio a Sanchez de Lozada y sus ministros.

Hasta la fecha el Fiscal General de la República no realizó ninguna imputación formal en el juicio de responsabilidades al ex presidente y sus ministros.

Ahora la Comisión de Constitución y de Derechos Humanos de la Cámara Baja, convoca al Fiscal General para que explique la presunta negligencia y lentitud del juicio de responsabilidades.

El Congreso Nacional aprobó la realización del juicio de responsabilidades al ex presidente y sus ministros, sin embargo recordemos que seis de los ex ministros sometidos a juicio son actualmente parlamentarios y representan a tiendas políticas: dos son del MNR (Mirtha Quevedo y José Guillermo Justiniano), uno del MIR (Hugo Carvajal) y tres más de la NFR (Erick Reyes Villa, Dante Pino y Adalberto Kuajara). O recordemos también el caso del ex ministro Javier Tórrez Goitia, ya que su hermano es diputado.

Entonces ¿cómo queda el juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada y sus ministros?, ¿quedará en la impunidad como pasó con el dictador Hugo Banzer Suárez, quien participó del Plan Cóndor?, ¿tardara mas de siete años en realizarse como el del ex dictador boliviano Luis García Meza?, ¿viviremos mas de 32 años para ver justicia como en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet?, ¿o veremos cómo viven felices en arresto domiciliario como el ex dictador Jorge Videla de Argentina? Son preguntas que sólo el tiempo responderá si no hacemos algo y empezamos a socializar entre nosotros lo que está sucediendo en Bolivia.

LA JUSTICIA EN BOLIVIA

Los principios básicos que heredamos de nuestra cultura quechua, el Ama Sua (no robar), el Ama Llulla (no mentir) y el Ama Q’ella (no ser flojo), se siguen aplicando en las zonas rurales de nuestro país, y sirven para castigar a quienes quebrantan las normas del buen vivir entre las personas y con la comunidad; si uno transgrede uno de los tres postulados es sometido a la Justicia Comunitaria, tribunal constituido por los mas ancianos y autoridades del lugar.

En este tiempo Bolivia vive una hecatombe de “Justicia�, donde un dirigente sindical es arrestado y trasladado a una cárcel de máxima seguridad por la supuesta complicidad en el asesinato de un alcalde en la provincia de Ayo Ayo; en menos de 48 horas (caso de Gabriel Pinto), mientras el ex Ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada (Yerko Kukoc Del Carpio) roba dinero a los bolivianos y es cómplice de las muertes en septiembre y octubre, sale en libertad y cumple un arresto domiciliario en menos de 48 horas.

Dentro el caso seguido a Sánchez de Lozada, la justicia boliviana pretende criminalizar a los movimientos sociales a través de sus dirigentes, acusándolos de los delitos de asesinato, alzamiento armado, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, incendio, daño calificado, desastre en medio de transporte, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, terrorismo, sabotaje, privación de libertad, atentado contra la libertad de trabajo y coacción (Caso Fiscal Nro: 5560/2004 – Caso PTJ Nro: 5344/2004). Los dirigentes que fueron citados a prestar sus declaraciones son: Felipe Quispe, Oscar Olivera, Jaime Solares, Alejo Veliz, Roberto de la Cruz, David Vargas y Evo Morales.

Olivera fue el último en presentarse a declarar ante la Fiscalía, donde la Fiscal María Luisa Torres preguntó: “¿Sabe Ud. qué participación tuvieron en estos hechos los líderes sindicales Evo Morales, Felipe Quispe Huanca, Alejo Véliz, Roberto de la Cruz, David Vargas, Faustino Ugarte y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana Jaime Solares y Otros?�. Olivera respondió: “Sí, cumplir con el mandato de sus bases, a las que representan�…

Pregunta: ¿Sabe usted en qué consistían los planes llamados PULGA, TARACCHI, SIQUITITI y QUISKHA?. Olivera: No, en lo absoluto.

Y Olivera además acotó: “…veo con absoluta preocupación e indignación que el Poder Judicial, el Ministerio Público, en ciertos niveles, como el caso del Fiscal General, actúa con absoluta negligencia o no sabe, o es por otro tipo de situaciones; cuando primero se pone en el banquillo de los acusados a los dirigentes y no así a los verdaderos responsables y el último caso y objetivo es que hace un mes el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Sánchez de Lozada denunció ante el Fiscal, de que el señor Sánchez de Lozada estaba a punto de vender la empresa que tiene en Bolivia, como es la COMSUR, y no hizo nada para evitar este hecho, que en el fondo es una muestra clara que el señor Sánchez de Lozada admite su culpabilidad. Y después de que esto ocurrió, el señor fiscal recién ordena que los bienes de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain sean anotados preventivamente�.

Los movimientos sociales en Bolivia se encuentran en vigilia sobre el juicio de responsabilidades al ex presidente y esto podría terminar en una nueva insurrección si Sánchez de Lozada no es extraditado de Estados Unidos y juzgado a la brevedad posible. La agenda esta escrita, “Asamblea Constituyente�, “Nacionalización de los Hidrocarburos� y “Juicio a Goni y sus ministros�. Ésas son las exigencias de los bolivianos y las bolivianas.

Las muertes no pueden quedar impunes, mientras que el graduado en filosofía y literatura inglesa de la Universidad de Chicago, en Illinois, el millonario de Bolivia con más de 500 millones de dólares, el ex presidente Gonzalo Sanchez de Lozada y Sánchez Bustamante (http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/s-016.htm), pasea por las calles de Washington, Boston, Williamstown y Massachusetts, brindando conferencias educativas a universitarios de ese país... sobre democracia y movimientos sociales en Bolivia.

LOS HÉROES DE BOLIVIA

Fue el año 2000 en Cochabamba donde primero se vislumbró con mayor fuerza el malestar de todos los bolivianos y bolivianas en su diario vivir, la opresión e imposición de las políticas de Estado que implementan los gobernantes al pueblo boliviano, impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales de “Cooperación y lucha contra la pobreza�. Políticas tales como la privatización de los recursos naturales (agua, petróleo, gas, minerales y otros); la Ley de Capitalización y privatización de las empresas estatales;, el Decreto Supremo 21060, que promueve la libre contratación; la Ley 1008, que juzga y encarcela a productores de hoja de coca; el Decreto Supremo 27209, que autorizó las masacres en octubre (decreto anulado por los movimientos sociales) y la Ley 2493, donde se aprobaba el gasolinazo y el impuestazo, entre otras medidas políticas y económicas con las que Sánchez de Lozada esclavizaba al Estado boliviano, como un fiel soldadito, al gobierno estadounidense.

Ahora uno se pregunta, ¿por qué los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos que ofrecieron su vida son héroes? ¿Por qué un joven de 17 años asesinado en abril del 2000 en Cochabamba, por un impacto de bala en la cabeza, es héroe? ¿Por qué un dirigente cocalero que fue acribillado al salir de su casa en septiembre del 2002 es héroe? ¿Por qué una enfermera asesinada por un impacto de bala en la cabeza mientras cumplía su deber en febrero de 2003 es héroe? ¿Por qué un anciano de 70 años, asesinado por un disparo en el abdómen mientras exigía sus derechos en octubre del 2003, es héroe?

Respuesta: porque la sangre derramada de todas estas personas se riega en la Pachamama (madre tierra) y crece en cada uno de los bolivianos y bolivianas en forma de esperanza y de sueño de construir una patria nueva. Porque ahora podemos decidir en qué país queremos vivir y cómo queremos vivir, sin tener interferencia de ningún Fondo Monetario, Banco Mundial u otro organismo de apoyo y cooperación. Porque la soberanía del pueblo boliviano no se toca y porque la sangre derramada por nuestros hermanos y hermanas nos impulsa a “Morir antes, que esclavos vivir�.