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Anàlisi :: pobles i cultures vs poder i estats
20-F, el gran fraude
19 feb 2005
El referéndum español sobre la Constitución Europa no solamente ha sido un ejemplo de falta de información y de debate, sino el mayor caso de fraude democrático de nuestra historia. Una campaña informativa que escondía toda una apología del tratado, un apagón informativo para los partidarios del No, una ofensiva represiva contra esos partidarios y un uso fraudulento de los fondos públicos para apoyar el Si.
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El referéndum español sobre la Constitución Europa no solamente ha sido un ejemplo de falta de información y de debate, sino el mayor caso de fraude democrático de nuestra historia. Una campaña informativa que escondía toda una apología del tratado, un apagón informativo para los partidarios del No, una ofensiva represiva contra esos partidarios y un uso fraudulento de los fondos públicos para apoyar el Si.

Para empezar, lo que se vota el día 20 no es sólo el documento que se está distribuyendo como tratado constitucional. El folleto que incluye el envío de las papeletas del Ministerio del Interior señala en su letra pequeña: âEl Tratado consta también de 36 protocolos y dos anejos, que forman parte integrante del mismo. Su voto afecta a la totalidad del textoâ?. Algo así como si firmáramos un contrato que dice que, además de lo señalado en él, también nos comprometemos a otras cláusulas que no están ahí escritas pero que están guardadas en la oficina de la otra parte contratante.

Como la legislación española no permite dotar de presupuesto a los partidos políticos para la campaña de un referéndum, el Consejo de Ministro aprobó el 14 de enero un apaño según el cual cada diputado recibirá 8.571 euros para sufragar la campaña de explicación y divulgación del tratado. Dado que los diputados del Si (PSOE, PP, CiU, PNV y CC) suman 332, la cantidad que correspondió para la campaña a favor fue de 2.845.572 euros, mientras que para los partidarios del No (IU, ERC, BNG, CHA, EA, NA-BAI) será de 154.278 euros, dieciocho veces menos. Para los partidos sin representación parlamentaria o cualquier otro colectivo de la sociedad civil no hubo presupuesto ni ayuda alguna. Un buen comienzo para una campaña justa y participativa.

La campaña informativa del gobierno se ha fundamentado en la selección y descontextualización de los artículos más seductores del tratado acompañados de la imagen de famosos que proporcionaran una imagen positiva del contenido del tratado, algo que no se puede considerar que cumple con el criterio de âobjetividadâ? que establece la ley. Con el mismo método se podría interpretar igual de neutral la difusión del artículo del tratado en el que se establece la âpena de muerte por actos cometidos en tiempos de guerraâ? con la imagen de algún conocido asesino en serie. El coordinador de Izquierda Unida Gaspar Llamazares denunció que âse da la imagen de una Constitución idílica y unánime porque no se lee ninguno de los artículos polémicos y, en esas condiciones, nosotros no podemos aceptar la campañaâ?.

El slogan gubernamental âLos primeros en Europaâ? llegó a ser prohibido por la Junta Electoral pero de un modo fraudulento, puesto que se negaron a prohibirlo antes del inicio de la campaña alegando que el referéndum no había sido oficialmente convocado, por lo que fue utilizado por el gobierno durante más de dos meses. Es decir no existe campaña electoral para aplicar la ley pero sí para vulnerarla. No suficiente con esto, la coalición electoral Otradem denunció que, a pesar de la sentencia de la Junta Electoral Central sobre esta prohibición, el slogan seguía expuesto en todo tipo de lugares como âfacultades, centros escolares, centros comerciales, gasolineras, supermercados, centros deportivos y en general en todos los lugares donde el propio gobierno distribuyó material con dicho lemaâ?. El slogan prohibido continuaba en las páginas web institucionales de lugares tan significativos como El portal del ciudadano, el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía, la Revista Electrónica de la Federación Española de Municipios y Provincias o la Comisión Europea en su representación en España.

Además, Izquierda Unida denunció pocos días antes del referéndum que en los billetes de lotería para el día de la reflexión también figuraba el slogan prohibido âLos primeros en Europaâ?. El organismo Loterías y Apuestas del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se limita a argumentar que âno resultaba posible ninguna corrección sobre los billetes ya distribuidosâ?.

El papel jugado por los representantes políticos del Si no ha podido ser más parcial. A pesar de que en los actos institucionales los líderes políticos no debían pronunciarse hacia ninguna de las opciones de voto, en el primer acto de este tipo del inicio de la campaña, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, durante la entrega de un galardón al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, el presidente español Rodríguez Zapatero, en la recta final de su discurso afirmó: âEn un marco de diálogo, tolerancia y buen talante, como es el marco universitario, quiero apoyar sin fisuras la Constitución Europea y pedir el voto afirmativo en el referendo del próximo día 20â?. En la misma línea de vulneración de la legalidad el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, afirmaba en la información institucional âneutralâ? de las cuñas gubernamentales en Radio 5 que âEuropa, desde París a Londres es el lugar de la libertad. La Constitución Europea consagra esa libertadâ?. En capitales de provincia, como Albacete, las convocatorias a los actos a favor del Si llegaban a los medios de comunicación en papel con membrete de la Alcaldía.

A nivel regional, las campañas de los gobiernos autonómicos también han sido denunciadas por diferentes colectivos. Así, la Asamblea de colectivos de Cantabria contra la Constitución Europea presentó denuncia y recurso ante la Junta Electoral contra el gobierno regional por considerar que âen todas las informaciones, documentación y material publicado al efecto por parte de la correspondiente Consejería se observa de forma clara un llamamiento al voto favorableâ?. Una campaña que contó con 150.00 euros para el año 2004 y 350.000 para el 2005. Todo ello les llevó a presentar una denuncia por vía penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación contra los miembros del gobierno regional responsables de la campaña institucional.

Para el reparto de tiempo o de aparición de candidatos en los bloques de información electoral, la Junta Electoral no estableció un esquema estricto de reparto como suele hacer en las elecciones, lo que TVE interpretó como un âmayor margen de maniobra para aplicar criterios periodísticos en la cobertura de la campañaâ?. Parece que dejar a la decisión arbitraria de la dirección de los medios el reparto de los espacios es ahora un criterio periodístico. Mientras, en las regiones, donde habitualmente todos los grupos políticos tienen espacios publicitarios en las elecciones, ahora sólo hay lugar para quienes tienen representación parlamentario autonómica. En la mayoría de las autonomías toda la representación parlamentaria está ocupada por partidos del Si. Desaparece por tanto la opción del No en los espacios gratuitos de los medios de comunicación públicos de las autonomías. Ante esta situación, Gaspar Llamazares llegó a afirmar en una entrevista en la cadena Ser que los partidarios del No en el referéndum âestán amordazadosâ?.

El Si ha sido explotado hasta la saciedad de forma ilegítima por colectivos y organizaciones que sin criterios democráticos de participación de sus miembros se han apuntado a su publicidad. El domingo 28 de noviembre, una página entera del diario El País es contratada por la Sociedad General de Autores (SGAE) para una âdeclaración de apoyo a la ratificación de la Constitución Europeaâ?. ¿Todos los miembros de la sociedad estaban a favor del Si? Del mismo modo aparecen como hongos pronunciamientos por el Sí con publicidad pagada en prensa de múltiples colegios profesionales. ¿Han hecho acaso un referéndum entre sus asociados?

Instituciones oficiales organizan debates y mesas redondas en las que el Si es unánime. Como la celebrada en Castilla-La Mancha en el Museo Municipal de Albacete con la presencia de los sindicatos UGT y CC.OO., de las organizaciones empresariales CECAM y FEDA, y de los partidos políticos PSOE y PP. El titular de prensa al día siguiente es evidente: â Referéndum: Sí rotundo de empresarios, sindicatos y políticosâ?.

La persecución a los partidarios del No y la campaña de silenciamiento ha llegado a un nivel incompatible con un estado democrático. El 23 de enero, durante el partido U.D. Las Palmas- Universidad de Las Palmas, los servicios de seguridad del estadio retiraron y requisaron una pancarta de las Juventudes Comunistas en la que se pedía el No argumentado los responsables del estadio que âno se podían poner consignas políticas en el campoâ?. Algo falso puesto que la ley sólo establece la prohibición de pancartas alusivas a la violencia. Aunque se les negó la devolución de la pancarta en un primer momento, tras reclamar al final del partido les fue entregada argumentado ahora que la razón de la retirada era una orden procedente de Madrid motivada por la presencia en el partido del ministro de Justicia, López Aguilar y del presidente del cabildo de Gran Canaria. El domingo anterior, en la misma autonomía, en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, la liga de fútbol profesional ondeó una bandera pidiendo el Si sin que hubiese ninguna objeción.

La represión contra los partidarios del No ha sido constante. El 25 de enero, miembros del Foro Social de Sevilla fueron multados por la policía local de esa localidad cuando pegaban carteles del No en una tapia repleta de carteles publicitarios. Media hora más tarde esa misma policía se conformaba con amonestar a una persona que pegaba publicidad comercial en ese mismo lugar. El delito no era pegar carteles, sino pedir el No. En la misma ciudad, el 21 de enero también se prohibió a un grupo de ciudadanos repartir propaganda contra la Constitución en la puerta de la Universidad de Sevilla. Los conserjes les echaron a la calle, según señalaron, por orden del rectorado debido a que en esos momentos el ministro de Exteriores tenía una conferencia en ese lugar.

En la localidad alicantina de Elx, el Ayuntamiento prohibió a la Plataforma contra la Constitución europea la realización de un mural en un lugar repleto de póster y donde en anteriores ocasiones se les había autorizado. La justificación de la autoridades municipales es que no podían dar permiso para llevar a cabo un acto político.

Asimismo, la Junta Electoral Provincial de Barcelona prohibió la manifestación para el sábado 12 de febrero en esta ciudad convocada por la Campaña de los Países Catalanes contra la Constitución Europea. La delegación del gobierno en Cataluña la informó negativamente por considerarla un acto electoral. En la localidad barcelonesa de Mataró, el jefe de departamento de la concejalía de Participación Ciudadana prohibió un acto público del PSUC para el 10 de febrero al que asistía el secretario general del PCE Francisco Frutos, la justificación fue que el local anunciado esta bajo competencia de la Junta Electoral de Zona.

El lunes 24 de enero a las siete y media de la mañana en la madrileña estación de Atocha, varios guardias de seguridad impidieron que tres miembros de la Plataforma de Madrid por el No pudieran repartir folletos, argumentado que estaba prohibida la distribución de propaganda. Mientras se retiran indignados comprueban la llegada de una comitiva con el líder del PSOE madrileño Rafael Simancas que, sin ningún problema, comienza a distribuir sus panfletos a favor de la Constitución.

En la localidad madrileña de Alcorcón unos desconocidos incendiaron el 13 de enero el local de la Asociación Cívica por los Derechos Sociales, centro de actividades y de reunión de la Plataforma por el No a la Constitución Europa. La policía consideró el atentado como una gamberrada de delincuencia común y la noticia fue silenciada en los grandes medios de comunicación.

El colectivo Corriente Roja denunció en un comunicado la persecución constante a la que se veían sometidos: âademás de no tener acceso a los medios de comunicación de masas, se nos entorpece continuamente el trabajo de difusión por los únicos medios de los que disponemos (reparto de octavillas, carteles, etc...). Nos queman las sedes como en el caso de Alcorcón. La policía nos pide la identificación y nos prohíbe continuar bajo la amenaza de multa o detención cuando pegamos carteles. Los servicios municipales de limpieza arrancan los carteles a los pocos minutos de haberlos colocado. Y los guardias de seguridad de Metro y de RENFE nos prohíben repartir octavillas y poner pegatinasâ?. La Plataforma del No de Madrid también denunciaba en otro comunicado que se veían sometidos a âcasi sin voz, discutir con la pléyade de policías privadas, policía municipal y policía nacional que con toda dulzura nos recordaban que, mientras nuestras octavillas era propaganda ilegal, lo que se veía en la tele, se oía en la radio y hermoseaba en las vallas publicitarias constituía sólo información verazâ?. También criticaban que no habían âsido invitados por un solo medio de comunicación que no sean los alternativo a confrontar opiniones, mientras tertulianos y tertulianos cuya opinión entre el sí crítico y el sí rotundo se desgañitan en los debatesâ?

La conclusión es clara, la ofensiva de fraude desde el poder político y económico a la que nos hemos enfrentado en España con motivo de este referéndum ha sido de tal envergadura que podemos afirmar si duda alguna que el resultado del 20 de febrero no tiene ninguna legitimidad democrática. No puede bastar con la resignación plañidera y la indignación en el discurso, hay que afirmar con voz alta y firme que no reconocemos ese resultado. No es democrático porque no lo fue el proceso previo, porque millones de euros del dinero público se dedicaron a una determinada opción, porque a los ciudadanos no se les informó de lo que votaban, porque se recurrió a todos los medios miserables de embaucación de la opinión pública con imágenes de famosos y artículos estrella seleccionados que no tienen ninguna garantía de cumplimiento, porque se prohibió la legítima difusión de los argumentos a favor de una de las opciones y porque se persiguió, multó y se arrinconó a la clandestinidad a quienes no compartían las posiciones de los grandes poderes. Por todo ello, a partir del día 20 de febrero, al igual que sucede en los regímenes dictatoriales, por muy ilegal que sea, no será ilícito cualquier incumplimiento individual de ese tratado, ni cualquier vía de enfrentamiento y desobediencia a él.

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Comentaris

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