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Piden a Fox colaborar con la CIDH para investigar crímenes en Chiapas
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per rsc |
16 feb 2005
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Samuel Ruiz y Raúl Vera exigen deslindar responsabilidades y enjuiciar a culpables.
Solicitan desmantelar a paramilitares, desmilitarizar el estado y reparar daños a víctimas. |
Miércoles 16 de febrero de 2005
CIRE PEREZ SILVA
Michael Chamberlain, Raúl Vera López y Samuel Ruiz García, representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en conferencia de prensa FOTO Marco Peláez
Los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, representantes del consejo directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), hicieron un llamado al presidente Vicente Fox Quesada para que colabore con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, a efecto de que se realice una investigación eficaz, se deslinden responsabilidades, se castigue a los culpables, se reparen los daños y se establezcan medidas para que no se repitan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona norte del estado de Chiapas y en Acteal.
Señalaron que la justicia y el respeto a los derechos humanos, así como al derecho internacional humanitario, son la base fundamental de un acuerdo auténtico de paz.
Consideraron que las violaciones a los derechos humanos, en el contexto del conflicto armado en Chiapas, deben ser atendidas con un compromiso de Estado, con independencia del proceso de diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Después de advertir que el Estado mexicano debe garantizar en todo momento la procuración y administración de justicia, con especial interés cuando se trata de delitos de lesa humanidad, y vigilar que las fuerzas armadas actúen con apego al derecho internacional y con pleno respeto a la población civil, dijeron que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tiene un papel fundamental para revisar con toda transparencia el desempeño actual de los gobiernos federal y estatal, así como de las fuerzas armadas en Chiapas, para proteger a la población civil y prevenir crímenes similares en el futuro.
Seis días después de que el CDHFBC acusó ante la CIDH al ex presidente Ernesto Zedillo, como jefe supremo de las fuerzas armadas, y a otros mandos castrenses por delitos de lesa humanidad, Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, advirtió que no es la Fiscalía Especial parta Movimientos Sociales y Políticos del Pasado la instancia idónea para dar curso a esta demanda, ya que los crímenes se enmarcan en el contexto de un conflicto vigente y actuante.
Consideró que en este sentido hay complicidad del gobierno foxista, toda vez que ha mantenido la misma actitud de gobiernos anteriores en cuanto a la militarización y paramilitarización en el estado de Chiapas.
En conferencia de prensa, Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, obispo de Saltillo, destacaron que en las quejas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona norte de Chiapas y en la matanza de Acteal, que el CDHFBC presentó a la CIDH, se han agotado los recursos del Estado mexicano para hacer justicia a las víctimas, dado que ha habido una constatada incapacidad para investigar a los grupos paramilitares responsables de esos crímenes y, por tanto, para deslindar responsabilidades de las autoridades estatales y federales, incluyendo al Ejército Mexicano, involucradas en su formación.
En todos los casos abiertos, indicaron, ha prevalecido la teoría de los problemas intercomunitarios; se han tratado como crímenes aislados en los que ni siquiera se acusa a los presuntos responsables de crimen organizado; se han omitido las diversas pruebas que señalan responsabilidades de autoridades federales y estatales, que en diferentes momentos el CDHFBC presentó a la Procuraduría General de la República (PGR), incluyendo el testimonio presentado en días recientes a los medios de comunicación de un ex comandante de Paz y Justicia que ha sido "informante" de la propia PGR desde hace varios años.
Mencionaron que el CDHFBC presentó una denuncia formal ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR (UEITA/50/2004), que en 15 días declinó la competencia del caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Por otro lado, agregaron, la falta de una investigación seria ha permitido que las condiciones que llevaron a la comisión de los delitos señalados permanezcan intactas. Los paramilitares no han sido desarmados y siguen organizados, y la presencia militar persiste de manera desproporcionada y controla el territorio que ocupan los pueblos indígenas en Chiapas, por lo que la población civil sigue amenazada de sufrir hechos como los que ahora denunciamos ante la CIDH.
Ruiz García recordó que el pasado 20 de julio entregó la información que hoy es de conocimiento público al titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda; a la oficina de la Presidencia, por conducto de su vocero, Rubén Aguilar, y a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), días después de haber hecho lo mismo con el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.
"Hemos notado la disposición manifestada por el secretario de Gobernación para que estos crímenes sean atendidos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Al respecto, el CDHFBC no considera que sea ésta la instancia idónea, dado que estos crímenes no pueden ser considerados del pasado, toda vez que se enmarcan en el contexto de un conflicto vigente y actuante", sostienen.
El obispo de Saltillo destacó que la CIDH ha trasladado al Estado mexicano la queja P-1121/04, presentada por el CDHFBC, y en breve deberá responder con sus observaciones.
"Instamos al gobierno federal a que ofrezca su disposición a colaborar con este órgano internacional para deslindar responsabilidades, llamar a juicio a los culpables, reparar los daños a las víctimas y garantizar medidas de no repetición, desmantelando a los grupos paramilitares y desactivando la estrategia militar contra la población civil en Chiapas", insistió.
Vera López sostuvo que el CDHFBC exhorta al Presidente de la República a desmilitarizar las comunidades indígenas de Chiapas; hace un llamado a la Cocopa para que, de acuerdo con sus facultades, verifique la situación militar en ese estado, su presencia y sus tareas; revise las políticas gubernamentales encaminadas a atender las consecuencias del conflicto armado, y proponga acciones para que el Congreso y el gobierno federales protejan a la población civil, atiendan las necesidades de los desplazados de guerra y prevengan nuevas situaciones de violencia y de violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, demandaron a los gobiernos federal y estatal que vigilen y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y proteger la integridad física de los integrantes de las comunidades de desplazados en las zonas norte y altos del estado de Chiapas, particularmente de las víctimas y sus familiares; así como del denunciante de Paz y Justicia y sus familiares, y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sus miembros y familiares. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050216/012n1pol.php
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Comentaris
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La denuncia internacional, única alternativa de justicia
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16 feb 2005
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Miércoles 16 de febrero de 2005
En América Latina existen casos exitosos: Afadem
La denuncia internacional, única alternativa de justicia
LAURA POY SOLANO
La denuncia que presentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el ex presidente Ernesto Zedillo y altos militares de su administración, por delitos de lesa humanidad, es "la única alternativa de hacer justicia para miles de mexicanos desaparecidos y torturados tanto en sexenios pasados como en el actual", afirmó Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem).
Tras de reiterar que en México persiste un "doble discurso" en materia de derechos humanos, que impide que se consoliden la democracia y el estado de derecho, dijo que en América Latina existen casos "exitosos" de organizaciones civiles que lograron llevar ante la justicia a ex presidentes y militares, "tanto por delitos de genocidio como por desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y garantizar que el Estado cumpla con la reparación integral de los daños".
Mata Montiel señaló los casos de Guatemala, El Salvador y Uruguay que, al igual que México, aún no ratifican los tratados internacionales que garanticen la no prescripción de los delitos de lesa humanidad y la posibilidad de fincar el cargo de desaparición forzada y no sólo de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, agregó, en esos países se acudió a instancias internacionales para sancionar a políticos y jefes militares ante la "ineficiencia e impunidad" de los sistemas de justicia nacionales, y "se logró que sus gobiernos reconocieran la participación de sus fuerzas armadas en acciones criminales y en delitos de lesa humanidad, con lo que se probó la responsabilidad del Estado en este tipo de ilícitos".
Reiteró que la ineficacia en la aplicación de la justicia en México no sólo genera que los casos de desapariciones y crímenes de Estado tengan que ser presentados ante instancias internacionales, sino que esta acción "se convierte en la única alternativa para garantizar la aplicación de la justicia y que estos delitos no queden impunes".
Agregó que en un año prelectoral como 2005, cuando "todos los políticos tratan de asegurar un lugar que les permita continuar en el poder, es fundamental que la sociedad se informe y conozca quiénes son los funcionarios involucrados en crímenes graves y se deje muy claro cuál ha sido su actuación como servidores públicos para no caer en engaños y así facilitarles estrategias para la impunidad".
Mata Montiel destacó que la denuncia presentada por el CDHFBC ante la CIDH es "fundamental para fortalecer la memoria no sólo de los sobrevivientes, sino de la sociedad nacional que debe y tiene la obligación de exigir justicia para miles de desaparecidos y torturados por el Estado". |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050216/012n2pol.php
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Persiste la guerra de baja intensidad contra el EZLN, según especialistas
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16 feb 2005
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Miércoles 16 de febrero de 2005
A nueve años de los acuerdos de San Andrés continúa la resistencia indígena
ANGELICA ENCISO Y GABRIELA ROMERO
A nueve años de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, en Chiapas se mantiene la resistencia mediante las juntas de buen gobierno y, al mismo tiempo, continúa la guerra de baja intensidad del gobierno federal, señalaron especialistas.
En la mesa Los acuerdos de San Andrés, entre la memoria y el olvido, Carlos Fazio, colaborador de La Jornada, dijo que sobre Chiapas hay dos posiciones: la gubernamental, que sostiene la política de que en esa entidad "no pasa nada y todo está solucionado", y la que remite a una fase de militarización y paramilitarización del conflicto como parte una guerra de baja intensidad, "estrategia prolongada de desgaste contra el 'enemigo interno', identificado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)".
Agregó que si bien los enfrentamientos en la zona de conflicto han sido menos frecuentes y de menor gravedad, el cerco de hostigamiento y aniquilamiento militar montado por el Ejército sigue vigente en los Altos, la Selva y la Zona Norte del estado, donde "las fuerzas federales actúan como un ejército de ocupación en todo el territorio indígena".
Ante decenas de personas, gran parte de ellas indígenas, que se reunieron en el Club de Periodistas, Fazio destacó que el Plan Chiapas 94, estrategia de la Secretaría de la Defensa Nacional cuyo objetivo clave era romper la "relación de apoyo que existe entre la población indígena y la guerrilla zapatista", se utilizó en la entidad durante la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo y aún sigue vigente.
Consideró que los señalamientos de funcionarios del gobierno federal de que el conflicto armado ha sido superado son una falacia: "la ausencia de tiros no se muestra como lo que en verdad es: una tregua armada".
Aseveró que si no ha habido escalamiento de las hostilidades en la zona ha sido, tomando las palabras del presidente Vicente Fox, porque el zapatismo rebelde ha estado por "las armas de la política". Sin embargo, los obispos Samuel Ruiz y Felipe Arizmendi han advertido que en Chiapas existen en este momento condiciones similares para otro Acteal, hecho que ocurrió en 1997, cuando fueron asesinados 49 indígenas tzotziles. Sostuvo que en la zona, "tanto en el contexto de las escaramuzas como en la paz armada que se ha prolongado durante diez años, la guerra continúa por otros medios, buscando invadir el cuerpo y la cabeza del enemigo y la población en general". Precisó que las dos principales herramientas complementarias a la propaganda utilizada en la guerra sicológica son la acción cívica, que tiene como propósito llevar adelante proyectos útiles a población y atender sus necesidades básicas, y el control de comunidades, que opera sobre la base del desplazamiento de los habitantes desarraigados.
Por su parte, Magdalena Gómez, también colaboradora de La Jornada, planteó que si existen los pueblos indígenas en México es por su decisión y por el ejercicio de su resistencia y cultura. Agregó que los zapatistas han demandado ser parte del Estado, pero con el reconocimiento de sus derechos colectivos, lo cual no ha sido aceptado por el gobierno federal, que sólo les reconoce sus derechos individuales.
Recordó que en 1998 comenzó un proceso de desmantelamiento de los municipios autónomos, lo cual constituyó la simiente para la creación de las juntas de buen gobierno. Destacó que el zapatismo está en resistencia y no recibe recursos federales, mientras las juntas de buen gobierno buscaron establecer equidad en la distribución de recursos.
A su vez, la antropóloga Consuelo Sánchez, quien fue asesora del EZLN, aseguró que la iniciativa de poner en marcha las juntas de buen gobierno ha puesto en evidencia la realidad de los pueblos indígenas, los cuales han hecho de la resistencia su principal medio de lucha. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050216/014n1pol.php
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Destacan la vigencia del movimiento zapatista
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16 feb 2005
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Miércoles 16 de febrero de 2005
González Casanova pide actuar contra la recolonización.
Los caracoles, esperanza de transformación: Luis Villoro.
MATILDE PEREZ U.
¿El Ejército Zapatista de Liberación Nacional quedó en el pasado? La respuesta de Pablo González Casanova fue clara: "Es un grave error pensar que ya se acabó la historia y que no hay alternativas". Luis Villoro reforzó: los caracoles zapatistas son un microcosmos, pero también una esperanza de proyectos de transformación de la sociedad. Son muestra de un proyecto de nación construido desde la sociedad, abundó Gilberto López y Rivas.
Durante el seminario México y el mundo actual, organizado por La Jornada y la Casa Lamm, González Casanova invitó al público a reflexionar sobre el legado de los movimientos revolucionarios, que forman parte de la memoria colectiva, pero también en las nuevas formas de lucha que algunos piensan que son regresiones al pasado.
El movimiento zapatista, asentó, pretende el poder del pueblo, "es una alternativa extraordinariamente originaria pero no única". La cubana, acotó, marcó el nuevo tipo de revolución en el continente americano y sigue siendo un ejemplo en la historia de la humanidad porque busca resolver los problemas con la sociedad.
Dijo que en América se están construyendo las bases del poder social, y a manera de ejemplo mencionó los gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela, y el movimiento zapatista está haciendo eso, agregó.
Afirmó que se debe actuar contra la recolonización que los grandes capitales financieros están haciendo en los pueblos indios, y acabar con "la democracia de los mercaderes que ya no encuentran qué vender".
Antes, Villoro habló de la esperanza que ha renacido con los autogobiernos zapatistas que "nacen del México profundo", del lado del México sano, real y no corrompido. "Los caracoles zapatistas son un indicio pequeño de que es posible transformar esta nación, porque provienen del pueblo y son una democracia comunitaria. Son un proyecto que produce delirio porque escapa al poder, y el microcosmos de las juntas de buen gobierno puede reflejarse en el macrocosmos nacional", asentó. Los caracoles, agregó, son lo más cercano a la democracia participativa, y rompen con los intereses de la democracia representativa, pero no pueden construirse sin resistencia, advirtió.
López y Rivas recordó que el gobierno incumplió sus compromisos con los pueblos indios al dejar congelados los acuerdos de San Andrés, y ahora pretende reducir el impacto de la permanencia del zapatismo en el tema indígena. No quiere asumir que ese movimiento constituye una nueva visión del mundo, de la política y de la transformación social.
Su exigencia de dignidad y búsqueda de un Estado y nación diferentes basada en el diálogo, que no descansa en los políticos sino en la sociedad, no fue entendida por el gobierno y por quienes les es imposible imaginar un gobierno diferente al actual.
La permanencia del movimiento zapatista descansa en la integridad moral de sus integrantes, su consistencia en sus posturas y en sus decisiones que no están basadas en intereses de grupo o de un sector de la sociedad. "El zapatismo está presente en la conciencia popular de los mexicanos."
Pidió seguir acompañando a los zapatistas y no abandonarlos, como sucedió con los cinturones civiles de seguridad durante el diálogo en San Andrés, en los que después de algunas semanas sólo quedaron los indígenas.
En la sesión de preguntas y respuestas, Gonzalo Yáñez destacó el esfuerzo de los zapatistas por reconstruir al ser humano. Las juntas de buen gobierno son un proyecto adelantado a su tiempo, consideró.
El zapatismo, expuso Martí Batres, revivió la discusión acerca de la sociedad, cambio y transformación que busca la población y que muchos han olvidado, por la lucha de las libertades y la igualdad, por el combate a la pobreza. "El zapatismo ha logrado conjugar en su pensamiento esos dos elementos, ya que junto con la demanda de techo, justicia y dignidad ha presentado también el de respeto a la diversidad, a la libertades, la igualdad social y en los bienes materiales para todos." |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050216/013n1pol.php
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