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El Tribunal Internacional Benito Juárez
11 feb 2005
El Tribunal Internacional Benito Juárez
Viernes 11 de febrero de 2005

Gilberto López y Rivas


La iniciativa surgió el 26 de julio de 2004, cuando fue publicada la carta A los amantes de la paz, en la que numerosos firmantes de varios países convocan a erigir un tribunal civil internacional que con jueces, fiscal y defensa analice y juzgue, desde una perspectiva moral y jurídica, la criminal conducta del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba en el último medio siglo y las inminentes agresiones que prepara contra sus dirigentes, gobierno y pueblo.

A varios meses de esa fecha, la idea prosperó gracias a la perseverancia de un comité organizador que ha llevado al cabo las acciones necesarias para que el tribunal sesione en la ciudad de México del 24 al 27 de abril próximos.

Pese a que el Tribunal Internacional Benito Juárez no tiene carácter vinculante con organismos de administración de justicia nacionales o internacionales, los organizadores garantizan los procedimientos del "debido proceso", siguiendo las rutas trazadas por el memorable Tribunal Russell, que juzgó los crímenes contra la humanidad que Estados Unidos perpetró en Vietnam, y tomando en cuenta la experiencia del Tribunal de Bruselas, que el año pasado juzgó las acciones criminales de ese gobierno en Irak.

El comité organizador, después de presentar la denuncia o querella ante la opinión pública con el documento de julio, solicitó el auxilio de la sociedad civil cubana para integrar el expediente-base de los dictámenes acusatorios o alegatos que la fiscalía presentará a los jueces próximamente.

Bajo la conducción de José Luis Toledo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, un equipo de especialistas cubanos (peritos de la fiscalía) preparó un impresionante sumario en el que se califican y fundan los presuntos delitos cometidos por Estados Unidos. Paralelamente se han integrado a la averiguación previa pruebas documentales y testimonios, tanto de la parte agraviada (Cuba) como de quienes se consideren terceros perjudicados (ciudadanos de América Latina o de cualquier parte del mundo). En enero de este año la fiscalía se integró con el abogado y profesor universitario Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, con la coadyuvancia de Toledo.

El compendio acusatorio, que muy pronto se pondrá en el sitio de la red (www.tribunalbenitojuarez.org), se divide en cinco partes.

En la primera se analiza la violación al principio de no intervención, concluyéndose que a lo largo de los 45 años de existencia de la revolución cubana, la política de Estados Unidos contra la república de Cuba ha estado signada por la violación flagrante, sistemática y explícita de ese principio.

También se analiza el plan del gobierno de Estados Unidos "para coadyuvar a una Cuba Libre" que, en suma, pretende revertir la revolución, restaurar el capitalismo y restablecer la dominación imperial sobre la nación cubana.

En la parte dos del expediente se efectúa un análisis jurídico sobre la ilegalidad del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba por Estados Unidos a partir del 3 de febrero de 1962, por la vía de la proclama presidencial 3447, y reforzado por leyes como la Torricelli, expedida por el Congreso estadunidense en 1992, o la Helms-Burton, que codificó todas las normas, regulaciones, leyes y órdenes presidenciales adoptadas desde 1962, pasando todo ello a rango de ley del Congreso.

Se presenta un peritaje especialmente elaborado por los expertos cubanos para el Tribunal Internacional Benito Juárez sobre el monto total de los daños y perjuicios ocasionados a la economía cubana por el bloqueo, calculado en más de 79 mil millones de dólares.

El documento señala los principios del derecho internacional que el bloqueo contraviene: los de igualdad soberana, no intervención, independencia, así como el derecho a la nacionalización, a la libertad de financiamiento e inversión, y el que plantea la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente, entre otras sobre comercio internacional, y muchas más de la propia legislación estadunidense.

La tercera sección toca el tema de los daños humanos infligidos al pueblo de Cuba por Estados Unidos mediante una demanda formal presentada por organizaciones sociales y de masas en la sala de lo civil y lo administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana. En este documento se describe la guerra desatada contra el pueblo cubano a través de una variedad de acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas, sicológicas, propagandísticas, de espionaje, la ejecución de actos terroristas y de sabotaje, la organización y apoyo logístico a bandas armadas y grupos mercenarios clandestinos, el aliento a la deserción y emigración, así como los intentos de liquidar físicamente a los dirigentes del proceso revolucionario. Todo ello, asienta la querella, "se demuestra mediante im-portantísimas declaraciones públicas de autoridades del gobierno de Estados Unidos, así como de las incontables e irrebatibles pruebas acumuladas por las autoridades cubanas y, de modo elocuente, por los numerosos documentos secretos desclasificados."

Se cierra el alegato en las secciones IV y V con documentos que analizan las trasmisiones subversivas de la llamada Radio Martí, la guerra sicológica, política e ideológica y, por último, aproximaciones sobre la solución pacífica del diferendo Estados Unidos-Cuba.

Con el Tribunal Internacional Benito Juárez se refrenda el historial de solidaridad de Nuestra América con la revolución social que rescató la dignidad frente al imperio.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050211/019a2pol.php

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Comentaris

"...y no conformes, que lo rematan a machetazos"
11 feb 2005
Viernes 11 de febrero de 2005



JUAN BALBOA

Con las manos extendidas como se representa a Cristo, el chol Héctor Pérez Torres recibió el disparo de escopeta de uno de los miembros de Paz y Justicia, quienes lo remataron a machetazos para asegurarse de que no viviría para contarlo. Así ocurrió, pero uno de los ejecutores sí vivió para documentar y dar testimonio de ocho casos de asesinatos perpetrados por los paramilitares, que forman parte del expediente para acusar al ex presidente Ernesto Zedillo por delitos de lesa humanidadad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento, que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas integró durante casi 10 años, fue presentado ante la CIDH como prueba de la responsabilidad del gobierno mexicano en asesinatos, traslados forzosos de población, privación grave de la libertad física, tortura, persecución de grupos o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, étnicos y religiosos.

Todos estos delitos tipificados como de lesa humanidad, en términos del artículo 7 del Estatuto de Roma, y que implican una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las cartas de las organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), están contenidos en una nueva investigación del centro Fray Bartolomé denominada La política genocida en el conflicto armado en Chiapas, en el que hace una amplia reconstrucción de la violencia derivada de 1995 a la fecha.

La historia de violencia que se describe a continuación forma parte del testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia, que fue entregado a la CIDH y ya está en poder del gobierno mexicano. El hombre que dio su testimonio aparece en el texto como "PyJ" o simplemente "testigo".

Asesinato de Domingo Vázquez Avendaño

Los paramilitares de Paz y Justicia vigilaban los principales caminos de la zona norte de Chiapas. El 14 de abril de 1997 se habían puesto uniformes de la Policía de Seguridad Pública estatal para hacer rondines en el camino que comunica a Miguel Alemán y Masojá Grande, en el municipio de Tila.

A Domingo Vázquez Avendaño lo interceptaron unos ocho paramilitares al mediodía, cuando regresaba de Masojá Grande. Pablo Pérez Torres se le atravesó en el camino cuestionándole sobre su viaje a la comunidad, y le preguntó por las armas que supuestamente escondían en ese poblado.

Lo recuerda bien el ex comandante. A Domingo le quitaron sus zapatos negros de vestir, un reloj, la cartera, la camisa, documentos que tenía en una bolsa negra, y por cerca de 10 minutos lo estuvieron interrogando: lo tenían hincado cuando Pablo Pérez Ramírez le disparó a la altura del corazón con una escopeta calibre 16.

Tras el impacto se desplomó boca abajo muriendo al instante. El cuerpo lo trasladaron a una loma, cavaron un hoyo de 40 centímetros de profundidad y lo enterraron. La frenética búsqueda de Domingo que iniciaron familiares y amigos obligó a los paramilitares, semanas después, a intentar mover el cuerpo. Fue imposible porque se estaba deshaciendo.

Mateo Vázquez Sánchez de Masojá Shucjá

Un grupo paramilitar fue avisado de que militantes del PRD y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional atravesaban una vereda por el puente de palo del río de la comunidad de Masojá Grande, que comunica a Masojá Shucjá, los dos poblados indígenas en el municipio de Tila.

Sabelino Torres Martínez, uno de los principales dirigentes de Paz y Justicia, organizó un grupo de siete hombres, incluido el testigo PyJ, para emboscar a los perredistas y zapatistas. Todos llevaban uniformes de la policía estatal y portaban escopetas de calibres 12 y 16. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde del 17 de julio de 1996 cuando Mario Torres, Carmelino Ramírez y Mateo Vázquez regresaban a su comunidad.

Así lo recuerda PyJ: "En el momento que atraviesan el puente los atacamos con armas de fuego, cayendo herido Mateo Vázquez, huyendo al instante Mario Torres y Carmelino Ramírez".

Los integrantes de Paz y Justicia, empero, no pudieron comprobar si alguno de los tres había sido herido. Los tres huyeron por el monte, pero horas después se enteraron que a Mateo Vázquez sí lo habían asesinado.

Tortura y muerte de Héctor Pérez Torres

A las ocho de la mañana del 14 de julio de 1995 los paramilitares detuvieron un camión en la comunidad conocida como El Crucero, en Tila. Los de Paz y Justicia encabezados por Abraham, Wulfrano y Mario Pérez Díaz revisaron la unidad, y obligaron a bajar a Héctor Pérez Torres, quien viajaba a la cabecera municipal a buscar medicina para su hija.

"Yo reconocí perfectamente a Héctor, ya que éramos amigos y fuimos compañeros de escuela, en varias ocasiones viajábamos juntos a Tila", dice PyJ. A Héctor lo amarraron en una silla con las manos hacia atrás.

Fue interrogado por Wulfrano y golpeado en diferentes partes del cuerpo por otros paramilitares, quienes se encontraban drogados. Héctor cayó. Le pegaron por espacio de siete horas en la cara, en los testículos y en diferentes partes del cuerpo, con puño y puntapiés.

Posteriormente lo condujeron al cafetal de la comunidad. Rubén y Diego Pérez le sujetaron las manos y lo estiraron en forma de Cristo para que Abraham le disparara con una escopeta calibre 16 y lo remataron con los machetes. Su cuerpo fue tirado entre los poblados Miguel Alemán y El Crucero.

Cruz Palenque y el asesinato de Mateo Arcos

Los dirigentes de Paz y Justicia planificaron una emboscada a simpatizantes zapatistas en la comunidad de Cruz Palenque. Querían vengar, argumentaban, el asesinato del hermano de un miembro de la organización.

Salieron rumbo a Masojá Chico a las ocho de la mañana vestidos con uniformes del Ejército Mexicano y de la policía estatal, el rostro cubierto con pasamontañas y pañuelos rojos. Llegaron a Cruz Palenque, donde se integraron al grupo de la organización residente en esa comunidad. En la madrugada del primero de agosto de 1997 atacaron las casas de perredistas y zapatistas.

En el camino secuestraron a un joven a quien dieron muerte con un rifle calibre 22. Llegaron a la casa de Mateo Arcos Guzmán, identificado como simpatizante zapatista. Le preguntaron por "las armas", le propinaron el primer machetazo en las venas de la muñeca, y luego lo arrastraron hasta un potrero, donde lo ultimaron clavándole un cuchillo.

La emboscada de Usipá

El 4 de septiembre de 1995, Paz y Justicia provocó el desplazamiento de cientos de familias que vivían en Usipá, municipio de Tila. Rogelio Jiménez López fue secuestrado, trasladado de Usipá a Nuevo Limar y asesinado a mansalva por 18 paramilitares.

El caso de Sebastián Pérez López

Sebastián Pérez López fue emboscado y asesinado el 20 de junio de 1996 en una vereda entre Masojá Yoxijá y Masojá Shucjá, en Tila. El grupo paramilitar tomó por la vereda de Masojá Yoxijá a Masojá Shucjá para llegar al lugar de la emboscada y disparó contra la primera persona que vio. "Uno cayó sobre una cerca de alambre de un potrero, pero sus acompañantes huyeron rumbo a Masojá Yoxijá."

El "asalto" a Antonio López Martínez

En noviembre de 1997 hubo varios asaltos a parcelas de supuestos simpatizantes zapatistas o militantes perredistas. Llegó Paz y Justicia de Miguel Alemán a las tierras de Antonio López Martínez, buscaron el ganado para robárselo, pero no contaron con que el dueño estaría trabajando sus tierras. No le dieron oportunidad de hablar: los paramilitares empezaron a dispararle. Antonio logró esconderse en el monte, pero uno de los agresores, Alberto López Torres, lo encontró y todos, sin excepción, le dispararon a mansalva. No conformes lo remataron a machetazos.

Violación y crimen de Minerva Guadalupe

Recuerda bien la fecha el testigo PyJ: era el 20 de julio de 1996. Ese día se reunieron en Miguel Alemán varios de los altos dirigentes de Paz y Justicia: ahí estuvieron Raymundo Sánchez Trujillo y Samuel Sánchez Sánchez, entre otros.

Los paramilitares vieron llegar una camioneta de transporte colectivo, en la que viajaba Minerva Guadalupe Pérez Torres. Se acercaron y ordenaron a Minerva bajar del vehículo. La trasladaron a una casa, donde la mantuvieron secuestrada tres días. La violaron más de 30 hombres y la llevaron desnuda a Masojá Grande: la volvieron a violar para después machetearla por todo el cuerpo. Al final le dieron el tiro de gracia.
Corresponden las pesquisas al fiscal Carrillo Prieto
11 feb 2005
Viernes 11 de febrero de 2005

Santiago Creel Miranda

Corresponden las pesquisas al fiscal Carrillo Prieto
ALONSO URRUTIA

El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sostuvo que el informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el que se involucra a militares y al gobierno de Chiapas en la articulación y financiamiento de grupos paramilitares, debe ser tomado en cuenta "sin lugar a dudas" por el gobierno federal, porque proviene de una "organización seria".

Sin embargo, consideró que es responsabilidad de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, la que en su caso podría profundizar en las indagatorias y deslindar responsabilidades de posibles militares involucrados en el informe y los testimonios que fueron hechos públicos esta semana por La Jornada.

En rueda de prensa, Santiago Creel fue interrogado sobre la denuncia que el centro de derechos humanos hizo público en días recientes y que motivó la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que también se involucra al ex presidente Ernesto Zedillo.

Al ex mandatario se le atribuye haber tolerado una política en que se favoreció la creación de grupos paramilitares en Chiapas, como esquema de contrainsurgencia contra las comunidades indígenas simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El titular de Gobernación fue parco en su respuesta, pero a diferencia de la postura que la víspera tuvo el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, en la que negó rotundamente el contenido del informe, Creel abrió la puerta para el análisis más amplio del documento de la organización.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050211/009n2pol.php
Re: El Tribunal Internacional Benito Juárez
25 feb 2005
EN QUE DIRECCION PUEDO SABER MAS ACERCA DE LOS INTERGRANTES DE PAZ Y JUSTICIO?
Re: El Tribunal Internacional Benito Juárez
25 feb 2005
ES MUY INTERASANTE, Y CREO QUE ESTOS DELINCUENTES DEBEN PAGAR Y NO QUEDAR EN IMPUNIDAD
Sindicat