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Notícies :: antifeixisme : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats
Rubén Aguilar tergiversa la realidad, afirman organismos civiles españoles
11 feb 2005
Exigen respuesta puntual sobre las violaciones de derechos indígenas.

El gobierno foxista está paralizado y es responsable de que los grupos represores sigan armados, consideran agrupaciones de solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala.
Viernes 11 de febrero de 2005


DE LA REDACCION

Representantes de las organizaciones sociales y sindicales que se reunieron el pasado miércoles con altos funcionarios del Ejecutivo federal mexicano en Madrid, España -donde el presidente Vicente Fox realizaba una gira de trabajo-, denunciaron que las declaraciones de Rubén Aguilar Valenzuela, coordinador de comunicación de la Presidencia de la República -quien asistió al encuentro-, "tergiversan la realidad de lo que fue la reunión, ya que oculta los planteamientos de fondo y los requerimientos que hicimos, hablando sólo del 'clima de cordialidad' en que se desarrolló el encuentro".

El funcionario, quien calificó de "constructivo" el encuentro donde diversas organizaciones denunciaron la violación de derechos humanos en México, aseguró que los propios representantes cancelaron la protesta que llevarían a cabo, pues "al ser recibidos por nosotros, ya no la realizarían, pues lo que solicitaban era un espacio de diálogo y discusión".

Al concluir la reunión, informó a medios nacionales que los representantes de diversas organizaciones "entregaron un cuestionario muy largo y nos comprometimos a darle una respuesta por conducto de la embajada".

En respuesta, integrantes de la Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas de la Confederación General del Trabajo (CGT); la Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala; la Red de Apoyo Zapatista, y el Centro de Documentación sobre Zapatismo, señalan en una carta abierta que "en ningún momento de la reunión hablamos de la manifestación convocada para esa misma tarde, ni tampoco dijimos que lo que nosotros solicitábamos era un espacio de diálogo y discusión".

Aclaran que una hora antes de acudir a la embajada de México en Madrid, donde se realizó la reunión, se recibió una llamada telefónica del Ministerio del Interior informando que se había retirado la autorización para la concentración que tenían prevista, argumentando razones de seguridad y la búsqueda de un segundo coche bomba.

Los miembros del colectivo que convocaron a la manifestación, agrega el documento, "valoramos que aun a sabiendas de lo complicado que era a esas horas desconvocar a dicho acto, nos veíamos obligados a ello por imperativo legal"

Esto ocurría, afirma la misiva, a las 12 de la mañana, y la reunión en la embajada de México se realizó a las 13 horas. Por tal motivo, "desmentimos todas y cada una de las palabras, afirmaciones o insinuaciones tendientes a explicar que no hubo concentración porque llegamos a un acuerdo con los representantes del gobierno federal y la embajada".

Asimismo, rechazan que el propósito de la reunión haya sido entregar un cuestionario a los funcionarios foxistas, entre quienes estaban María Amparo Casar, coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, y Ramiro Ayala, consejero político de la delegación diplomática. Aseguran que la verdadera finalidad era "obtener respuestas a preguntas muy concretas sobre temas específicos en torno a seis temas: situación de los indígenas en México, muertes no aclaradas y agresiones a defensores de los derechos humanos, situación de los presos políticos en México, Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, feminicidios y Plan Puebla Panamá".

Los representantes de las organizaciones civiles indican que en el encuentro se expresó la preocupación por hechos como el de Acteal o Aguas Blancas, pero "desmentimos el hecho de que todos los requerimientos que se les hicieron tuvieran relación con el pasado". Insisten en que el gobierno foxista "es responsable de que los grupos paramilitares que actúan en Chiapas, Oaxaca y otras regiones indígenas de México sigan armados. Ante la pregunta concreta de qué estaba haciendo (el gobierno federal) para conseguir dicho desarme, sólo recibimos respuestas vagas que se resumen en una frase: 'es que todo es muy complicado'".

Tras indicar que el encuentro fue cordial, "porque la educación y el respeto no están reñidos, al menos por nuestra parte, con la discrepancia", afirman que en relación con el tema de los paramilitares "no basta con que nos digan que es un salto histórico el que el gobierno no éste armando en estos momentos a los paramilitares: éstos siguen con sus armas y son grupos que en cualquier momento podrían ser reactivados.

"Nuestra valoración de las respuestas recibidas hasta el momento -concluye la misiva- es que el gobierno de Vicente Fox está paralizado. Esperamos las respuestas por escrito al resto de los cuestionamientos hechos y nos comprometemos a que éstas sean publicadas."
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050211/010n1pol.php

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Comentaris

Fincar cargos al más alto nivel, exige el obispo Vera
11 feb 2005
Viernes 11 de febrero de 2005

"El problema sigue ahí", le recuerda al Presidente

Demanda a autoridades federales desmilitarizar el estado

JOSE ANTONIO ROMAN

El informe divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas no es para generar escándalos, sino para fincar responsabilidad al más alto nivel, luchar contra la impunidad y denunciar la persistente estrategia paramilitar en la zona, declaró el obispo de Saltillo, Raúl Vera López. "También habrá que recordarle al presidente Vicente Fox -agregó- que la paz no está firmada y los graves problemas siguen ahí, esperando a ser resueltos."

Además, señaló que la exigencia es que el gobierno federal desarme y desarticule todos los grupos paramilitares, repare los daños a la población, comience el proceso de retorno de miles de personas que han sido desplazadas y desmilitarice el estado de Chiapas.

Entrevistado vía telefónica durante una visita pastoral a las parroquias de la ciudad de Monclova -que forman parte de la diócesis saltillense-, el prelado expuso que el informe del centro de derechos, que da cuenta de las declaraciones de un ex comandante de Paz y Justicia de que éste y muchos otros grupos paramilitares eran preparados y armados por el Ejército Mexicano, "sólo viene a confirmar lo que nosotros en la diócesis de San Cristóbal de las Casas ya habíamos denunciado y nadie nos creía".

El 4 de octubre de 1995 Vera López tomó posesión como obispo coadjutor -con derecho a sucesión- de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pero cuatro años después, el 30 de diciembre de 1999, cuando todo apuntaba a que sucedería en el cargo a Samuel Ruiz, debido a que éste había llegado a la edad límite de 75 años, el papa Juan Pablo II, inexplicablemente, lo "removió" a la diócesis de Saltillo.

Para muchos este traslado se debió a la posición crítica asumida por el obispo Vera, a veces tanto o más que la del propio Samuel Ruiz. Ambos sufrieron el 4 de noviembre de 1997 una emboscada perpetrada por grupos paramilitares, en la que resultaron heridos dos de los catequistas que los acompañaban.

Durante la entrevista, el prelado insistió en que había suficientes indicios y pruebas para identificar que la "estrategia de contrainsurgencia" era planeada, llevada y preparada por "mentes militares" y no era casualidad que en los lugares tomados por el Ejército Mexicano surgían poco después grupos armados de autodefensa. "Nosotros denunciamos con insistencia la guerra de baja intensidad, pero nunca nos creyeron, o mejor dicho, jamás nos quisieron oír las instancias gubernamentales", agregó.

Preocupado por la situación que persiste con la misma "estrategia militar" en la zona norte y Altos de Chiapas, el obispo de Saltillo señaló que los problemas siguen ahí, tampoco se han resuelto por el llamado "gobierno del cambio". Por ejemplo, dijo, muchas tierras siguen ocupadas en los territorios que tienen las bases zapatistas y que eran de los caciques y terratenientes. "¿Qué va a pasar después, con otro gobierno? El problema de Chiapas no se ha resuelto; ahí está, incluso para los que no lo quieren ver."

Calificó de "sumamente positivos" la labor y el informe del centro Fray Bartolomé de las Casas, pues es una forma de hacer presente el problema de Chiapas, de denunciar la violación de los derechos humanos de muchas personas y la comisión de crímenes de lesa humanidad, así como la advertencia de que la situación puede agravarse debido a que se aproximan momentos políticos difíciles y de trascendencia, como las elecciones estatales y las presidenciales de 2006. "Hay un temor real de que la situación pueda empeorar", alertó.

Finalmente, Vera recordó que aun cuando se presentó la denuncia de la emboscada de la que fueron objeto los dos obispos, jamás se informó de los avances, pese a que acudieron al lugar agentes del Ministerio Público, agentes periciales y se recogieron múltiples casquillos de armas.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050211/009n1pol.php
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