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Protegerá México al ex comandante de Paz y Justicia. CHIAPAS
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per rsc |
10 feb 2005
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Expresidente Zedillo, acusado de delitos de lesa humanidad. |
Jueves 10 de febrero de 2005
Mantiene Fox la estrategia militar del ex mandatario contra el EZLN: Centro Fray Bartolomé.
Zedillo, acusado ante la CIDH por delitos de lesa humanidad.
Se incluye en la demanda a los generales Enrique Cervantes Aguirre y Mario Renán Castillo.
JUAN BALBOA
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) acusó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por delitos de lesa humanidad, al ex presidente Ernesto Zedillo, en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas en el periodo 1994-2000; al general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional, como el creador e impulsor de la política contrainsurgente en Chiapas, y al general Mario Renán Castillo, comandante de la séptima Región Militar, como el brazo ejecutor del Plan de Campaña Chiapas 94, informa el coordinador de dicho centro, Michael Chamberlain.
Explica que el gobierno del presidente Vicente Fox mantiene intacto y vigente en la zona de conflicto el plan militar diseñado y ejecutado desde la embestida de Zedillo en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 9 de febrero de 1995, y el verdadero control político militar en Chiapas sigue estando bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Agrega que Fox, al igual que Zedillo, no reconoce que en los asesinatos perpetrados por los grupos Paz y Justicia, Los Chinchulines y Máscara Roja, existe ''responsabilidad de Estado''; asimismo intenta ''no tocar'' al Ejército Mexicano en las investigaciones por los crímenes contra indígenas, y no existe interés por solucionar el conflicto con el EZLN; ''sólo le interesa administrarlo, que no le estorbe''.
Conflicto vivo
Lo anterior, considera el Fray Bartolomé, representa el mosaico político y militar que se vive en un conflicto que no ha terminado, ''se encuentra vivo''.
El organismo civil añade que a Vicente Fox no le interesa fortalecer las investigaciones sobre los paramilitares; para el Presidente de la República es un asunto de administración del conflicto. ''Para nosotros es evidente que el plan de campaña trascendió el sexenio de Zedillo y está siendo aplicado en esta administración, tanto en el ámbito federal como estatal.
''Esto nos habla de una política que es controlada por el Ejército Mexicano y aprobada por Fox, donde no quieren, primero, reconocer que existe responsabilidad de Estado; segundo, no quieren deshacer del todo el tinglado, todas las condiciones materiales de control de territorio en términos militares y donde los grupos paramilitares tarde o temprano van a ser funcionales, van a servir otra vez.''
Con base en la amplia documentación que el organismo de derechos humanos tiene en su poder -entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, Chamberlain asegura que el actual gobierno no ha hecho ningún compromiso en términos de la investigación. Por el contrario, el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien fuera procurador militar en el sexenio pasado, disolvió la Unidad para la Investigación de los Grupos Civiles Armados, ''precisamente para no tocar al Ejército y no atender la justicia''.
-¿Le interesa al presidente Vicente Fox dar solución al problema de Chiapas?
-No. Le interesa administrarlo en términos de que no le estorbe; esto aplica tanto para el gobierno estatal (que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía) como para el federal.
-¿Los grupos paramilitares están vigentes?
-Sí, claro.
-¿El mapa militar en Chiapas se encuentra como hace diez años?
-Se encuentra igual. Existen actualmente cerca de 91 campamentos militares; el Ejército Mexicano ha ido avanzando, sobre todo a partir de 2000, en la expropiación de los terrenos que ha ocupado desde 1995.
''El Ejército pretende quedarse ahí un buen rato. Ni siquiera es significativo el movimiento castrense con las tres señales del EZLN; fueron siete campamentos los desmantelados de un universo de 98. No es muy relevante en términos de la presencia militar. Fundamentalmente es la misma posición desde 1995.''
-¿Qué pasa con los grupos paramilitares?
-Están ahí, siguen armados, están organizados; algunos están divididos. Ahí el factor político ha influido, pero se están reorganizando y muchos están empezando a tomar los poderes que les permitieron actuar con impunidad en el pasado: los poderes municipales. Y es cosa de encontrar los mecanismos de quiénes les dan cobertura para poder actuar.
El activista acusó a las procuradurías General de la República y de Justicia de Chiapas de no investigar a los paramilitares teniendo toda la información necesaria para hacerlo. ''Es por ello que acudimos a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos''.
El coordinador del Centro Fray Bartolomé de las Casas confirma que con las nuevas evidencias obtenidas y el testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia, apelaron ante la CIDH y acusaron al gobierno de México de haber cometido delitos de lesa humanidad, en términos de los estatutos de la Corte Penal Internacional, que retoma al Tribunal de Nuremberg, es decir, ataques sistematizados a la sociedad civil consistentes en desplazamientos forzados, ejecuciones, desapariciones, tortura...
''Hasta ahora, todas las investigaciones se han enfocado no solamente en la zona norte, también está el caso de la masacre de Ac-teal; se han enfocado en señalar responsabilidades individuales, en delitos del fuero común, aunque lo más patético sigue siendo Acteal; están juzgando por separado a cada uno: 'tú a quién mataste''. No quieren investigar delincuencia organizada, investigan de forma individual como si todos los responsables hubieran llegado coincidentemente al mismo lugar y asesinado a la misma persona.
''Evidentemente ninguna de las investigaciones se dirige hacia altos mandos; no están considerando el contexto del conflicto y la acción de la Sedena como una estrategia de guerra de atacar a la población civil, y se sigue pensando que el problema es intercomunitario.''
Destaca la importancia del testimonio del ex comandante de Paz y Justicia porque, indica, viene a confirmar la responsabilidad del Estado federal en los asesinatos; la participación del Ejército Mexicano en la formación de los grupos paramilitares en todas las zonas indígenas de Chiapas; el apoyo financiero del gobierno local hacia esas bandas armadas y la estrategia de la Secretaría de la Defensa Nacional por golpear y fracturar a la sociedad civil que considera base de apoyo del EZLN.
-¿La sociedad civil es considerada por el Ejército Mexicano como muro de contención, como el apoyo social que había que acabar?
-Sí. El Ejército dice que el Ejército Zapatista es una organización de tipo maoísta y, como tal, aseguran los militares, se escuda en la población; por eso hay que quitarle el agua al pez, según se establece en sus propios manuales.
Estrategia común
El testimonio del ex comandante de Paz y Justicia, explica, es importante porque es aplicable para todos los grupos paramilitares que existen en Chiapas; incluso, asegura, si se compara a los grupos de Chenalhó, que fueron los responsables de Acteal, que han llamado algunos Máscara Roja, con Paz y Justicia la actuación es igual: el tipo de armamento, la manera en que se uniformaban para hacer estos ataques, su vinculación con el municipio a que pertenecen, la impunidad de que gozaban, es decir, todas las características atribuidas a esa organización armada la tienen los otros grupos paramilitares.
''Lo que hace este ex paramilitar es confirmarnos toda la estrategia, o sea: no necesitaríamos, en principio, de un testimonio más, porque finalmente el punto que los une a todos es la estrategia del Ejército Mexicano en la creación de estos grupos; eso es lo que está confirmado'', concluye el representante del Fray Bartolomé. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050210/003n1pol.php
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Comentaris
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Protegerá México al ex comandante de Paz y Justicia
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per rsc |
10 feb 2005
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Jueves 10 de febrero de 2005
Responde SRE a CIDH
GEORGINA SALDIERNA
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que ya fue admitida y tramitada la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para otorgar medidas de protección cautelar a un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia, quien dio a conocer que el Ejército Mexicano creó y armó agrupaciones como la que estaba a su cargo en el estado de Chiapas.
Como se hace en estos casos, el gobierno de México, por conducto de las autoridades competentes y bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, está dando cumplimiento a las medidas decretadas por la CIDH, aseguró.
Destacó que se dará seguimiento a este caso, como se ha hecho con otros que han sido presentados por la comisión.
Cabe señalar que un ex comandante del grupo Paz y Justicia declaró que el Ejército Mexicano planificó, organizó y apoyó a organizaciones paramilitares con el propósito de romper las relaciones que existían entre la población civil y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Dicha estrategia se puso en marcha cuando se decretó la ofensiva del gobierno federal contra el grupo rebelde el 9 de febrero de 1995.
Al respecto, Felipe Calderón Hinojosa, ex secretario de Energía y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional, puntualizó que ésta es una información muy delicada, "y aunque se me hace muy difícil de creer, debe investigarse".
Jueves 10 de febrero de 2005
La CIDH pedirá a México informes sobre presunta participación de militares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitará al gobierno del presidente Vicente Fox Quesada información sobre la presunta participación del Ejército Mexicano en la formación de grupos paramilitares en Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acusó ante la CIDH, por delitos de lesa humanidad, al ex presidente Ernesto Zedillo, por ser el comandante supremo de las fuerzas armadas; al general Enrique Cervantes Aguirre, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, como el creador e impulsor de la política contrainsurgente en Chiapas, y al general Mario Renán Castillo, comandante de la séptima Región Militar, como el brazo ejecutor del Plan de Campaña Chiapas 94.
El organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, presentó como prueba ante la CIDH una sola queja con ocho casos: cinco asesinados y tres desaparecidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia durante la guerra contrainsurgente iniciada contra las comunidades indígenas el 9 de febrero de 1995.
Juan Balboa |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050210/009n2pol.php
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050210/009n3pol.php
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La PGR debe investigar a los grupos armados y sus nexos con militares
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per rsc |
10 feb 2005
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Indígenas choles de las comunidades Progreso y El Paraíso, desalojados por paramilitares de Paz y Justicia en Yajalón, en agosto de 2000 FOTO Victor M. Camacho
Jueves 10 de febrero de 2005
Cocopa solicitará a Luis H. Alvarez un reporte acerca de esas organizaciones.
La PGR debe investigar a los grupos armados y sus nexos con militares.
Aplica el Estado una política que busca dividir a las comunidades, señala diputado.
ANDREA BECERRIL, ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) se reunirá el próximo miércoles con el comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, con el propósito de solicitarle información sobre los grupos paramilitares que -se afirma- el Ejército Mexicano organizó y armó en esa entidad. Ese mismo día se fijará una cita con el titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, a quien la semana pasada la propia Cocopa le solicitó un informe acerca de las agrupaciones armadas que operan en Chiapas.
Los senadores integrantes de la Cocopa -Felipe Vicencio Alvarez, Carlos Rojas Gutiérrez y Rutilio Escandón, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente- señalaron la necesidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue a fondo la actuación de los grupos paramilitares en Chiapas y sus nexos con mandos militares, luego de conocerse el testimonio de un ex comandante de Paz y Justicia publicado en La Jornada, ya que además de sancionar a los responsables de crímenes contra los indígenas debe impedirse que esas organizaciones vuelvan a actuar.
Por su parte, Bernardino Ramos, diputado por el PRD e integrante de la Cocopa, dijo que lo publicado por este diario confirma que desde el gobierno de Ernesto Zedillo y en el de Vicente Fox existe una estrategia de Estado para aniquilar al movimiento indígena chiapaneco, una táctica de desgaste y aislamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y muestra que nunca existió preocupación por resolver los problemas que originaron el conflicto armado.
Luego de que ayer se difundió en estas páginas un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que señala la participación del ex comandante de la séptima Región Militar, con base en Tuxtla Gutiérrez, general Mario Renán Castillo, en el adiestramiento de paramilitares, el presidente en turno de la Cocopa, Manuel Velasco Coello, decidió convocar a reunión urgente para analizar el tema por considerarlo "muy preocupante".
El también coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados refirió que en un encuentro previo con Creel Miranda se le pidió información sobre los grupos paramilitares, y el funcionario foxista se comprometió a enviar un reporte por escrito.
"Estamos a la espera de que llegue la información. Sin embargo, Creel y Luis H. Alvarez, así como el subsecretario Felipe González, que también estuvieron en la plática, nos dijeron que algunas cuestiones son de seguridad nacional y que sobre eso no nos podrán informar. En la próxima entrevista con el secretario de Gobernación vamos a insistir en el tema de los paramilitares. Hoy (miércoles) hablé por teléfono con Creel y está en la mejor disposición de que nos reunamos", explicó Velasco Coello.
Mientras, el perredista Bernardino Ramos afirmó que "es evidente que jamás ha estado en la agenda del gobierno federal la pacificación, el diálogo, la solución del conflicto de Chiapas, particularmente con el EZLN. No se ha visto en el diálogo el camino para solucionar el conflicto y se impulsa la existencia de guardias blancas, de paramilitares que todavía sirven de instrumento a los caciques y para defender la posición gubernamental".
Este hecho permite, agregó, que se mantenga el hostigamiento contra los simpatizantes del EZLN y que haya complacencia para grupos como Paz y Justicia, que si bien es cierto se ha desenvuelto como una organización política, emplea prácticas de hostigamiento y de amenazas, de desapariciones que se denuncian y documentan.
Afirmó que la política de Estado incluye una estrategia, que encabeza Luis H. Alvarez, para dividir a las comunidades en la zona de conflicto. "No busca restablecer el diálogo, sino continuar con las prebendas, llevar migajas, ofrecer beneficios de carácter social a algunas comunidades, pero sólo a las que no simpatizan con el EZLN, en una labor de contrainsurgencia. Debería preocuparse por restablecer condiciones para el diálogo con los dirigentes zapatistas y dejar la labor asistencial a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas", expuso.
El senador Carlos Rojas consideró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe intervenir de oficio para investigar el reporte del Centro Fray Bartolomé de las Casas sobre los crímenes cometidos por grupos armados en la zona de conflicto en Chiapas.
Esta investigación, agregó, podría ser paralela a la de la PGR y al análisis interno que haga la Cocopa, ya que es un tema importante no sólo para ver hacia el pasado sino hacia el futuro, porque no es una situación concluida y podría darse una nueva agresión de los paramilitares.
"Hay versiones del propio Centro Fray Bartolomé de las Casas y de otros organismos, incluyendo al obispo emérito Samuel Ruiz, que han expresado la preocupación de que pueda darse en Chiapas un suceso que después todos tengamos que lamentar".
El senador priísta destacó que en varias ocasiones han reportado la situación al gobierno federal, también "la hemos hecho del conocimiento público, pero el gobernador del estado, Pablo Salazar, la ha desestimado. Por eso insisto en que me preocupa el pasado, pero más la posibilidad de que se puedan dar hechos violentos a partir de esos grupos armados que al parecer siguen actuando".
El panista Vicencio Alvarez consideró necesario deslindar el papel de los mandos militares y las autoridades de Chiapas que presuntamente crearon y armaron a los grupos paramilitares como Paz y Justicia. Recordó que durante el régimen de Ernesto Zedillo la Cocopa viajó en varias ocasiones a la zona de conflicto y recogió testimonios sobre el patrocinio oficial a los grupos armados que hostigaban a los indígenas afines a los zapatistas.
El perredista Rutilio Escandón consideró imprescindible investigar la actuación de los paramilitares, ya que no puede olvidarse la matanza de Acteal -cuyos autores intelectuales siguen en la impunidad- ni otras agresiones contra las comunidades indígenas chiapanecas, organismos defensores de derechos humanos y contra el propio obispo Samuel Ruiz.
El senador señaló que la investigación debe llegar hasta el ex presidente Ernesto Zedillo, porque no es creíble que la guerra de baja intensidad contra el EZLN fuera desconocida por él. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050210/009n1pol.php
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Presidencia rechaza el informe sobre los grupos creados por el Ejército
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per rsc |
10 feb 2005
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Dibujo del niño Juan López, que forma parte de los testimonios recabados por el Centro Fray Bartolomé de las Casas acerca de las agresiones contra indígenas chiapanecos TOMADO DEL INFORME DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
Jueves 10 de febrero de 2005
La reanudación del diálogo, en manos del EZLN, sostiene Rubén Aguilar.
Presidencia rechaza el informe sobre los grupos creados por el Ejército.
Delegación del gobierno mexicano se reunió con grupos civiles en Madrid.
ROSA ELVIRA VARGAS Y ARMANDO G. TEJEDA ENVIADA Y CORRESPONSAL
Madrid, 9 de febrero. Altos funcionarios del Ejecutivo federal mexicano mantuvieron hoy una reunión con representantes de cinco organizaciones civiles y sindicales, en la que abordaron varios asuntos relacionados con la "sistemática violación de los derechos humanos" en México; de manera destacada, el informe publicado en la edición de este miércoles en La Jornada, que señala que el Ejército Mexicano estaría implicado en organizar y armar a grupos paramilitares activos en Chiapas. El vocero de Presidencia, Rubén Aguilar, espetó que "niega rotundamente el contenido del informe" y dejó en manos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la reanudación del diálogo.
El encuentro se desarrolló en la sede de la embajada de México en Madrid. La representación del presidente Vicente Fox -con quien los grupos civiles solicitaron una entrevista personal- recayó en el propio Aguilar; la coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, María Amparo Casar, y Ramiro Ayala, consejero político de la delegación diplomática.
En tanto, ocho personas -siete españolas y una mexicana- representaron a la Confederación General del Trabajo (CGT); la Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala; la Red de Apoyo Zapatista de Madrid; la organización Justicia para Nuestras Hijas, y el Centro de Documentación sobre Zapatismo (CDT). Cabe destacar la presencia de Eladio Villanueva, secretario general de la CGT, agrupación sindical con 35 mil afiliados.
Durante más de una hora, los representantes de las organizaciones sociales expresaron diversas preocupaciones, como la vulneración de los derechos humanos, la situación de las comunidades indígenas, el impasse en que se encuentra el conflicto en Chiapas, la existencia de decenas de "presos políticos" y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
En un principio se acordó que asistiera al encuentro el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía -quien viaja en la comitiva de Vicente Fox-, pero ante la insistencia de las organizaciones civiles de que se abordaran asuntos globales del país, a última hora se decidió cambiar a los interlocutores, que "por orden expresa del Presidente" fueron los funcionarios citados.
El encuentro se realizó a puerta cerrada y al término del mismo el vocero de Los Pinos comentó a La Jornada que "fue una reunión muy constructiva, donde nosotros escuchamos con atención los puntos que nos señalaban, que eran de protesta o de llamar la atención sobre ciertos elementos relacionados con la violación de los derechos humanos, que les preocupa a ellos. Les agradecimos su preocupación por nuestro país, porque nuestra democracia rinda y avance más. Recibimos con mucho interés sus preguntas, pues nos entregaron un cuestionario muy largo, y nos comprometimos a darle una respuesta por conducto de la embajada. Ellos lo analizarán y, a su vez, después reaccionarán con el embajador sobre su opinión acerca de este texto".
Lola Sepúlveda, una de las representantes de las organizaciones sociales, confirmó que el encuentro se desarrolló con franqueza, porque "reconocieron algunos problemas, sobre todo en relación con la violación de derechos humanos, pero al mismo tiempo nos dijeron que no podían hacer nada para solucionarlo o que simplemente no eran competencia del gobierno federal".
Los defensores de los derechos humanos entregaron en mano una carta pública dirigida a los gobiernos de Vicente Fox y del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la que llaman la atención sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México. Los funcionarios mexicanos la recibieron y se comprometieron a hacerla llegar al Presidente.
No habrá diálogo con el EZLN
Los representantes de los grupos se presentaron a la reunión con un extracto del informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acerca de la participación del Ejército Mexicano en la creación de grupos paramilitares en Chiapas. Aguilar admitió que desconocía el contenido del informe y dijo que, en todo caso, "negaba rotundamente la información''.
Otra de las cuestiones que se abordaron fue la postura del gobierno de Vicente Fox para dialogar con el EZLN, a lo que -de acuerdo con los representantes civiles- les respondieron: "si los zapatistas buscan al gobierno, habrá diálogo; si no lo hacen, pues no lo habrá. Además, nos aseguró que el Ejecutivo cumplió en su día con las condiciones exigidas por los rebeldes al aprobar la ley indígena, liberar a los presos zapatistas y sacar al Ejército de la zona. Si el EZLN no da señales para el diálogo -nos dijeron-, entonces el gobierno seguirá trabajando con la comunidades, como lo ha hecho hasta ahora".
José Luis Humanes, de la Comisión de Solidaridad con Chiapas de la CGT, detalló que cuando abordaron el asunto de los "presos políticos" recluidos en cárceles del país, "ellos nos contestaron que durante esta administración no existían presos de este tipo, por lo que nosotros les entregamos el listado de las personas detenidas por cuestiones políticas y les recordamos a los arrestados durante las jornadas de movilización de Guadalajara. Respondieron que, por su parte, habían hecho lo posible por liberar a las personas aprehendidas en Guadalajara, pero que el gobernador (de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña) no los quiere soltar".
Polémica por una manifestación
Los representantes de las organizaciones civiles acudieron a la embajada de México una hora después de haber sido informados por el Ministerio del Interior español que había sido "desautorizada", por motivos de seguridad -luego de un atentado matutino con un coche bomba-, la manifestación de protesta que tenían previsto realizar a las puertas del Parque Ferial Juan Carlos I, justo en el momento en que Vicente Fox y el rey Juan Carlos inauguraran la feria Arco.
Sin embargo, Rubén Aguilar quiso atribuirse el mérito y aseguró ante los periodistas que acompañan al mandatario mexicano que las propias organizaciones convocantes habían cancelado la protesta, ya que, agregó, "al ser recibidos por nosotros ya no la realizarían, pues lo que solicitaban era un espacio de diálogo y discusión", y éste ya se había dado. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050210/007n1pol.php
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050210/politica.php
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