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Notícies :: antifeixisme : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats |
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El Ejército mexicano organizó y apoyó a bandas para aislar al EZLN
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per rsc |
09 feb 2005
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‘‘Aquí quedó tirada mi hermanan cuando la balancearon y se fueron huyendo los matadores que son de Tiltepec. Nosotros nos fuimos a esconder a la montaña bajo un árbol grande. Este carro es de la Seguridad Pública que esta estacionado en el Rancho la Colima. Es mi casa donde se quedo todo. Gracias.’’ El dibujo y la narración de Alfonso, en aquel entonces de 10 años de edad, de la comunidad Carmelita Matzam, Cintalapa, los realizó el 16 de julio de 2001 y forman parte de los testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Los ataques de los grupos paramilitares en Chiapas han dejado una estela de 12 mil desplazados y 122 personas asesinadas o desaparecidas FOTO Tomado del Informe del Centro Fray Bartolomé de las Casas. |
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Buscaba romper vínculo de zapatistas con la población: ex dirigente de Paz y Justicia.
El general Mario Renán Castillo participó directamente, dice testigo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Recibían dinero del gobernador Julio César Ruiz Ferro.
JUAN BALBOA
Miércoles 9 de febrero de 2005
El testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia confirma que el Ejército Mexicano planificó, organizó y apoyó, desde la ofensiva contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del 9 de febrero de 1995, a grupos paramilitares en tres regiones fundamentales de Chiapas: Altos, selva y norte. Su propósito, siempre de acuerdo con el testigo: romper las relaciones que existían entre la población y los zapatistas.
En testimonio grabado y documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), el testigo -al que se identifica como PyJ y para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado medidas cautelares- confirmó la participación directa en apoyo a los paramilitares del entonces comandante de la séptima Región Militar con base en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, general Mario Renán Castillo.
El ex comandante de los paramilitares narra pasajes de asesinatos de simpatizantes zapatistas; explica con detalle el nacimiento de Paz y Justicia; recuerda las reuniones secretas entre ese grupo y funcionarios del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro, y confirma la intervención del grupo paramilitar en la emboscada que sufrieron el obispo Samuel Ruiz García y su coadjutor Raúl Vera López el 4 de noviembre de 1997.
Los grupos paramilitares en Chiapas han dejado una estela de violencia y muerte que, de acuerdo con el CDHFBC, ha provocado que unas 12 mil personas -la mayoría indígenas- estén desplazadas y 122 hayan sido asesinadas o desaparecidas.
Las acciones de Paz y Justicia empiezan en 1995, constituyéndose en una política deliberada de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, consistentes en asesinatos, traslados forzosos de pobladores, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desapariciones forzadas de personas por medio de la creación, financiación, adiestramiento y encubrimiento de grupos paramilitares.
Emboscada a jerarcas católicos
Acerca del ataque que sufrieron el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García; su coadjutor, Raúl Vera, y dos catequistas, el recuento se refiere a la reunión que se realizó en el ejido Miguel Alemán, municipio de Tila, lugar elegido por el Ejército Mexicano -desde la ofensiva de febrero de 1995- como centro de operaciones del grupo paramilitar Paz y Justicia. Eran 25 indígenas choles militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero la cantidad de armamento que transportaban triplicaba la capacidad del contingente. Tenían un solo objetivo: asesinar al obispo Samuel Ruiz García.
En la mañana del 4 de noviembre de 1997, un militar de alto rango, conocido como Juan Bautista, responsable del destacamento castrense en El Limar, era el hombre mejor informado de la operación: no sólo sabía el lugar y la hora de la emboscada, también conocía todos los detalles, porque había participado en su planeación el día anterior.
Así lo recuerda un testigo y uno de los principales comandantes de Paz y Justicia, organización que entre 1995 y 2000 fue responsable del asesinato y desaparición de 122 personas en la zona norte de Chiapas. Uno de los paramilitares más activos dentro de este grupo aceptó dar su testimonio al CDHFBC, con la condición de que se protegiera su nombre por temor a ser asesinado junto con su familia.
"Cuando llegó el destacamento militar a El Limar, el general Juan Bautista, quien daba permiso para cargar las armas, hasta le dijo a nuestro dirigente que nos iban a registrar las armas, que cada arma que se iba a comprar la iba a registrar, hasta una vez cuando estaba duro el problema iba a llegar el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, ahí a Masojá Shupá.
"¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una reunión antes en Miguel Alemán para emboscar al señor obispo, ahí en la curva antes del crucero", narra el comandante de Paz y Justicia. Entre Miguel Alemán y Jolnixtié se encontraba un destacamento militar. El vehículo de los paramilitares debía pasar por ese lugar, en donde el Ejército Mexicano hacía la revisión con sumo detalle.
Teníamos como 80 armas -continúa PyJ-, entonces las metimos a un carro; estaba un retén militar, pero, ¿qué nos dijo el Ejército Mexicano? No nos dijo nada, no nos revisó las armas que estaban ahí. Un militar de alto rango que se hacía llamar general Juan Bautista, quien se encontraba con dos militares con rango de mayores, Adeliz Luna y Mateo Reyes, dio la orden para que el vehículo no fuera revisado. El atentado se efectuó sin lograr el objetivo: los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera salieron ilesos; sólo dos catequistas (José Pedro Pérez y José Vázquez Pérez) y el mayordomo del santuario del Señor de Tila, Manuel Pérez Pérez, fueron heridos con armas de fuego.
Los hombres del general
De acuerdo con el testimonio de PyJ, el entonces comandante de la séptima Región Militar, Mario Renán Castillo, fue el principal impulsor y organizador de los grupos paramilitares en Chiapas.
Existen varios documentos en los que se confirma el involucramiento del general Renán Castillo en la organización de dichos grupos. En uno de ellos el militar firma como testigo de honor en la entrega de casi 5 millones de pesos que el gobierno del estado dio a Paz y Justicia.
El testigo del organismo de derechos humanos recuerda que por lo menos participó tres veces en reuniones entre los dirigentes de Paz y Justicia y el comandante de la séptima Región Militar.
"También cuando nos reunimos con Mario Renán Castillo estuvo un teniente y un político de Socama (Solidaridad Campesina Magisterial) llamado Manuel (Hernández) Gómez.
"Bueno, Samuel Sánchez también era de Socama, y fuimos a la reunión en Tuxtla (Gutiérrez), fuimos muchos delegados, como 121, el 4 de julio de 1997, pero sólo hablaron unos cuantos, y Mario Renán firmó el recurso financiero", explica.
PyJ recuerda las reuniones que sostenía el comandante de la séptima Región Militar con dirigentes de los paramilitares. "Conocí a Mario Renán cuando hablaba con los dirigentes de Paz y Justicia", precisa.
-¿Mario Renán hablaba con los dirigentes de Paz y Justicia?
-Sí, sí.
-¿Iba a verlos a Miguel Alemán?
-Sí, sí. Llegaba ahí, y tenía mucha confianza con ellos...
-¿Qué les decía Renán?
-Que seguimos en eso, que no les diéramos chance a los de Abu xú (organización identificada más con los zapatistas), que eran cabrones, que no se qué, que les iba a quitar la tierra y todo, que simplemente eran supersticiones de ellos, simplemente nos agarramos así para convencernos de bajar los dirigentes, pero no lograron bajar, sólo los simpatizantes de ellos, gente que son pobrecitos... ancianos que murieron en esa guerra, jóvenes todavía y mujeres que fueron desaparecidas.
El comandante de Paz y Justicia señala que la participación de Renán Castillo con los grupos paramilitares no fue aislada. Afirma que le consta que otros altos militares estaban involucrados apoyándolos.
-¿Cómo que estuvieron involucrados?
-Más que nada estuvo Juan Bautista, que es el general que llegó la primera vez, ahí en El Limar; supuestamente tenía conocimiento mucho de Paz y Justicia.
-¿Qué es, qué era, de qué grado?
-Era general del Ejército Mexicano.
-¿De qué unidad?
-Pues, o sea que fue, no sé, era un señor canoso, alto, medio gordo.
-¿Pero a que batallón pertenecía? -se le insistió al rendir su testimonio.
-O sea, yo creo que aquí de San Cristóbal, no sé, o de Tabasco, no sé. Pero sí, él daba conocimiento a sus tropas, su guardia, que pasaban a visitar las comunidades, pues Paz y Justicia eran, siempre a favor de ellos...
-Este general, Juan Bautista, ¿también iba a hablar con los dirigentes de Paz y Justicia?
-Sí. Tenía más contacto con Diego (Vázquez Pérez), con Marcos (Albino Torres) y con Samuel (Sánchez Sánchez); ellos eran los que hablaban con él, y sabe que nos llenó una hoja, y hacemos una relación quienes tenían armas, hasta nos iba a registrar, según, para que pudiéramos portar en las ciudades, hasta Marcos (Albino Torres) cargaba su arma, una de 9 milímetros, cargaba, entraba allá, allá en su..., con Mario Renán tuvimos entrevistas con él, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
-¿Juan Bautista tenía una relación de las armas de Paz y Justicia y además conseguía armas, les daba armas?
-No, pero sí nos decía cómo nos íbamos a defender, cómo podemos manejarlo, y quien le decía Marcos (Albino Torres) y Sabelino (Torres) que sabían manejo de armas, que fueron ex militares, ahí empezó ese problema, así empezó.
-Pero entonces, ¿Juan Bautista les decía cómo utilizar las armas?
-Ajá, sabían ellos el manejo de armas.
-¿Sabelino, Marcos Albino y Juan Bautista les enseñaban a utilizar las armas?
-Sí, entonces estuve mucho con ellos...
Del testimonio de PyJ se desprende que la mayoría de los altos mandos del Ejército Mexicano con base en Ocosingo (39 Zona Militar) y San Cristóbal de las Casas (31 Zona Militar) mantenían una estructura paralela de apoyo a los grupos paramilitares. El comandante de Paz y Justicia relata cómo los animaban para que acabaran con los simpatizantes y milicianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
"Nada más nos decían que acabarnos (acabarlos), que no nos dejáramos que nos acabaran ellos...", aseguró. Recuerda que los altos mandos castrenses los "animaban, pues quien iba a ganar..."
Armas, municiones y uniformes
Según el testigo, Paz y Justicia tenía una estructura militar impuesta por el Ejército Mexicano dentro del Plan de Campaña Chiapas 1994, redactado en gran parte por el general Renán Castillo. Paralelamente funcionaba como una organización de masas para mantener una relación "oficial" con las autoridades de la Federación, el estado y los municipios.
De acuerdo con PyJ, la estructura militar de Paz y Justicia estaba bajo la responsabilidad de sus principales comandantes: Samuel Sánchez Sánchez, Marcos Albino Torres, Diego Vázquez Pérez, Sabelino y Carlos Torres. Ellos realizaban la compra de armas y municiones recaudando cuotas obligatorias que imponían a la población, mayoritariamente militantes del PRI.
Confirma lo que muchos organismos de derechos humanos denunciaron desde febrero de 1995: toda persona que se negara a la cooperación monetaria para comprar armas era castigada o asesinada.
"Los mataban, los encerraban primeramente, más que nada, castigados, golpeados, ahí en su cárcel de Miguel Alemán, tanto en Tsaquil, tanto en Nuevo Limar, Masojá Chico, que tienen cárcel (...) había partes poquito de Paz y Justicia, un poquito que estaban caliente de agarrar a las personas, ya sea que eran hermanos, ya sea entra papá e hijo, ya sea entre compadres, todo.
"No había perdón para nada, si no hacías eso, simplemente te iban a emboscar, ya sea, pero no, te iban inculpar a los de Abu xú, así hacían antes, todos los problemas que así, así lo hacían."
Los propios elementos del Ejército Mexicano y de la Policía de Seguridad Pública de Chiapas vendían armas y uniformes a los paramilitares de Paz y Justicia. Utilizaban indumentaria, continúa el testigo, como la de la policía sectorial, Seguridad Pública y el Ejército. El rostro se lo cubrían con pasamontañas o pañuelo rojo, como los zapatistas.
-¿Qué tipo de armas traían?
-Diferentes, un R15, una UZI.
-¿De qué año estamos hablando?
-Del 96-97. De los conflictos de Usipá, de Cruz Palenque, El Limar, toda esa zona. Yo aprendí mucho manejo de esas armas. Me enseñaron, como era yo delegado de la organización esta de Paz y Justicia en Miguel Alemán, cada delegado tenía sus comunidades.
-¿Quién les enseñaba?
-Adiestramiento, este Sabelino (Torres), tenían otros que fueron militares, y que son militares todavía de ahí de Masojá Shujá, que se llama Emilio Pérez López, y ahorita sigue siendo del Ejército Mexicano de infantería en Tenosique, Tabasco, o la ciudad de México; pero sí, él era quien manejaba a la gente.
-¿En qué campamento o regimiento?
-O sea que ahí, en Miguel Alemán tanto en Tsaquil.
-¿Había un campamento militar?
-Había en Tsaquil y en un cafetal de Miguel Alemán.
El comandante de Paz y Justicia narra que los primeros campamentos de adiestramiento se ubicaron en territorio de Tabasco, "pero sólo fue unos 15 días". Durante toda la guerra contrainsurgente, en la que fueron asesinadas y desaparecidas 122 personas, la mayoría indígenas chol, los campamentos de adiestramiento militar se ubicaban en comunidades del municipio de Tila: Las Limas (donde había un campamento de la Secretaría de la Defensa Nacional), Usipá, Nuevo Limar, Cruz Palenque y Miguel Alemán. Los hombres encargados de adiestrarlos eran ex militares oriundos de la zona norte de Chiapas o elementos en activo del Ejército Mexicano.
Los apoyos del gobierno de Chiapas
El paramilitar destaca en su testimonio la importancia que tenían para Paz y Justicia los apoyos que recibían del gobernador interino Julio César Ruiz Ferro. Afirma que éste mantenía reuniones permanentes con Samuel Sánchez, uno de los principales dirigentes del grupo, "él les daba el apoyo, el gobernador no quería que hubiera otro partido, sólo PRI", dice.
Así, agrega, Marcos Albino (Torres) decía en las reuniones que nuestro partido es la bandera del tricolor, "somos PRI", reafirmaba, y animaba a los paramilitares prometiéndoles que si lograban desplazar a los simpatizantes del EZLN y del Partido de la Revolución Democrática las pertenencias de éstos serían de ellos. Hace referencia al entonces procurador de Justicia del estado, Jorge Enrique Hernández Aguilar, y a las reuniones que éste sostenía con los dirigentes de Paz y Justicia, en particular con Diego Vázquez.
Como organización de masas, Paz y Justicia imponía en la zona norte de Chiapas a los candidatos del PRI a las presidencias municipales. Según el testimonio de PyJ, el grupo paramilitar mantenía el poder en municipios como Tila, Tumbalá, Sabanilla y Salto de Agua. "Sí, agarraban vehículos y todo, pasajes, tenían apoyo por parte del ayuntamiento", precisa.
Se refiere a Carlos Torres López, ex presidente municipal de Tila, detenido hace unos tres años, como uno de los alcaldes que más apoyaban las acciones de Paz y Justicia. Entre muchos otros implementos entregó a las comunidades que pertenecían al grupo paramilitar equipos de radiocomunicación.
-¿Daba uniformes?
-Sí, todo daba.
-¿Armas?
-Sí, pero ahora está en la cárcel.
Los asesinatos de Paz y Justicia
El CDHFBC tiene registrados por lo menos 85 asesinatos del grupo paramilitar en la región del norte de Chiapas, 37 desapariciones forzadas y unas 4 mil personas desplazadas, sólo en esa región.
Paz y Justicia cometió la mayoría de los asesinatos entre 1995 y 1997. En esos años aparecían asesinados simpatizantes del EZLN y miembros de otras organizaciones diferentes a Paz y Justicia.
El testigo PyJ recuerda el caso de la jovencita Minerva Guadalupe Pérez Torres. El 20 de junio de 1996, en la comunidad Miguel Alemán, Sabelino Torres, uno de los dirigentes de Paz y Justicia, detuvo una camioneta en la que viajaba Minerva Guadalupe, de 19 años de edad. La tuvieron detenida en la casa de un hermano de Nicolás Gómez Martínez donde la violaron alrededor de 31 hombres y la mataron.
"Minerva llega en una camioneta de Clemente, a él lo bajaron, le hicieron la parada y Sabelino (Torres) lo bajó y lo tuvieron como un día en la casa del hermano Nicolás, y ahí estuvo la muchacha. La violaron, pasó como 31 personas sobre ella, y la machetearon. Eso fue rumbo a unos 300 metros de Miguel Alemán, donde la violaron y la mataron, pero ahí estuvo un día sin comer en esa casa y ahí la mataron".
Nada detenía a los paramilitares de Paz y Justicia: su contubernio con el Ejército Mexicano hacía poderoso al grupo; el apoyo que recibían de los gobiernos estatal y municipal les daba movilidad; durante tres años asesinaron a mansalva con el aval de los militares, hoy aún se mantienen vigentes, porque los actuales gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y el de Vicente Fox se niegan a desarmarlos. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/003n1pol.php
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Comentaris
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Paz y Justicia ha dejado una estela de homicidios, expulsiones e impunidad
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per rsc |
09 feb 2005
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Los hermanos Federico y Sabelino Torres fueron arrestados el 13 de septiembre de 2002 en Palenque, Chiapas, tras de ser acusados de encabezar el grupo Paz y Justicia FOTO Víctor Camacho.
Miércoles 9 de febrero de 2005
Pugnas internas en el PRI dieron origen al surgimiento de la organización
El asesinato de un perredista en Tila, en marzo de 1995, desencadenó la violencia
LUIS HERNANDEZ NAVARRO
A partir de la ofensiva militar contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de febrero de 1995, un nuevo tipo de violencia se adueñó de la región norte de Chiapas. Asesinatos, emboscadas y expulsiones se convirtieron en hechos usuales en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto del Agua. Fueron parte de la guerra irregular contra el zapatismo.
El hecho que desencadenó la espiral de violencia en la región fue el asesinato de un joven perredista por el presidente municipal de Tila, Jesús de Celis, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 19 de marzo de 1995.
El crimen provocó que el ayuntamiento, integrado por militantes de una fracción del PRI, y de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), protestara saqueando la comandancia de policía y tomando durante 15 días la presidencia municipal, hasta que se nombró un concejo.
El alcalde había sido fuertemente impugnado desde tiempo atrás, y en el municipio, como en toda la región, el cardenismo había obtenido una copiosa votación durante las elecciones para gobernador de finales de 1994.
En ese entonces miles de indígenas choles se incorporaron activamente a las jornadas de resistencia civil en contra del fraude electoral que hizo a Eduardo Robledo gobernador del estado. Muchas de las comunidades que votaron por la oposición fueron excluidas de las obras sociales y sus dirigentes amenazados.
Los comerciantes ricos de la cabecera municipal habían desatado una campaña de calumnias contra el párroco del lugar, Heriberto Cruz, en parte porque éste les canceló la posibilidad de hacer negocios dentro de los terrenos que ocupa el templo. El asesinato del perredista apareció así no como un hecho aislado, sino como parte de la escalada represiva de los sectores oficiales para tratar de contener a un movimiento popular crecientemente radicalizado.
En esta escalada de violencia, los opositores detuvieron a Nicolás Pérez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y uno de los pocos operadores políticos del partido oficial en la región, quien buscó organizar a los comerciantes y sectores del PRI para retomar la presidencia municipal. Su cuerpo sin vida apareció días después.
Intervienen Ejército y MP
El recrudecimiento del enfrentamiento político -que sólo marginalmente puede explicarse como un conflicto interpartidario- "coincidió" con el aumento en la inseguridad pública. Una ola de asaltos en la parte baja del municipio sirvió como pretexto para que una parte del concejo municipal pidiera la intervención del Ejército y del Ministerio Público. El malestar popular creció. El comentario de la gente era: "los nombramos para cuidar el municipio, no para meter al Ejército". La militarización, obviamente, no frenó la delincuencia.
El proceso electoral para nombrar diputados locales y presidentes municipales, el 15 de octubre de 1995, incrementó aún más la confrontación. De un lado, hubo una fuerte disputa por las candidaturas a diputados y presidentes municipales dentro del PRI. Del otro, el avance organizativo de la oposición.
En este contexto, de claro arrinconamiento de los grupos de poder locales, apareció públicamente el grupo paramilitar Paz y Justicia.
Durante meses, Paz y Justicia actuó con completa impunidad: asesinó, secuestró, robó y expulsó de sus comunidades a simpatizantes zapatistas e integrantes de la sociedad civil.
En 1998 se jactaban de controlar más de 200 comunidades. Los agravios que las comunidades disidentes del PRI sufrieron por parte de este grupo llenaron centenares de cuartillas: homicidios, violaciones, casas quemadas, expulsiones, clausura de templos, cobro de "impuestos" por permitirles regresar al PRI e intentona de secuestrar al obispo coadjutor. Sus víctimas pertenecen a todos los partidos políticos que actúan en la región.
Adiestrados por el Ejército
Parte de los integrantes de Paz y Justicia son ex soldados dados de baja en Tabasco o Campeche. Abastecidos con buen armamento recibieron, además, adiestramiento militar de soldados en activo. Sus vínculos con el Ejército eran inocultables.
Cuando el general Renán Castillo, comandante de la séptima Región Militar, salió del estado, la organización le rindió un homenaje. Samuel Sánchez, diputado y cabeza visible del grupo, le dijo: "nunca lo olvidaremos, señor. Hay recursos que quedan grabados en la conciencia de los hombres y usted representa uno de ellos. Todo lo que hizo por nosotros obliga a la gratitud."
Para esconder su naturaleza violenta, Paz y Justicia pretendió presentarse ante el gran público como una organización productiva y justificarse como víctimas del zapatismo. Su discurso fue elaborado por Solidaridad Campesino Magisterial, central rural de Chiapas apoyada desde los gobiernos estatal y federal a partir del levantamiento del EZLN, de la que muchos integrantes del grupo paramilitar fueron militantes.
El 27 de octubre de 2000, la Procuraduría General de la República detuvo a Samuel Sánchez y a Marcos Albino Torres (ex militar y ex regidor de Tila), acusados de portación ilegal de armas y otros delitos. Al poco tiempo, Paz y Justicia se fracturó.
Las contradicciones internas por el presupuesto y el mando, así como la derrota del PRI en las elecciones federales y estatales, acrecentaron los pleitos internos. Una parte de sus miembros pasó a formar la Unión Campesina Indígena Agrícola y Forestal.
La cantidad de muertos (el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas responsabilizó a Paz y Justicia de más de 40 asesinatos), el nivel de encono social y la permanencia del enfrentamiento, muestran la guerra sucia realizada contra las comunidades zapatistas, que tenían en aquella región un corredor natural de salida. Una guerra comandada desde el corazón mismo del Estado. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/009n1pol.php
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Cercar al EZLN, misión de la fuerza de tarea Arcoiris
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09 feb 2005
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El 4 de julio de 1997, el entonces comandante de la séptima región militar, Mario Renán Castillo, firmó como testigo de honor en la entrega de unos 5 millones de pesos que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro entregó al grupo paramilitar Paz y Justicia. Esa organización dejó una estela de violencia y muerte en Chiapas que, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, provocó el desplazamiento de más de 12 mil indígenas y el asesinato y desaparición de al menos 122 personas
Miércoles 9 de febrero de 2005
Fue creada por el general Mario Renán Castillo
Once agrupamientos más acorralaron comunidades rebeldes
JESUS ARANDA
Al tomar posesión de la comandancia de la séptima Región Militar, el general de división Mario Renán Castillo creó la fuerza de tarea Arcoiris, la cual tenía como objetivo establecer agrupamientos del Ejército en municipios clave de la zona de conflicto en Chiapas.
Con esta acción, los militares terminaron por ''cercar'' al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), impidieron que los insurgentes movilizaran a sus milicianos fuera de los municipios autónomos y se establecieron campamentos en zonas estratégicas con personal de elite capaz de atacar cuando lo decidiera el alto mando.
En su calidad de comandante de la séptima Región Militar, Renán Castillo -quien se graduó en el curso militar de guerra sicológica y contrainsurgencia en Fort Bragg, Carolina del Norte- fue designado comandante de la fuerza de tarea, además de que se establecieron 11 agrupamientos más en las comunidades de San Quintín, Nuevo Momón, Altamirano, Las Tacitas, El Limar, Guadalupe Tepeyac, Monte Líbano, Ocosingo, Chanal, Bochil y Amatitlán.
Además de estos destacamentos, el estado de Chiapas contaba, en los años 1995-1997 (periodo en que estuvo en el cargo el general Renán Castillo), con un destacamento del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), a cargo del entonces teniente coronel Gabriel García Rincón.
De acuerdo con la versión oficial, en ese periodo el Ejército Mexicano llegó a contar con 20 mil hombres en el estado de Chiapas, provenientes de diferentes zonas y regiones militares del país. Pero en aquel entonces también se fortaleció la presencia permanente de soldados en las zonas militares de Rancho Nuevo (31 ZM), a cargo del general Germán Trejo Zozaya; Tapachula (36), con el general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, y Ocosingo (39), encabezada por el general Jorge de Jesús Wabi Rosel.
Este último, al igual que los otros generales que ocuparon cargos importantes en la zona de conflicto, era egresado de la maestría en seguridad nacional, curso en el que los estudios de contraespionaje, contraguerrilla, subversión y terrorismo son fundamentales. Además, Wabi Rosel contaba con la experiencia de haber sido agregado militar (1993-1995) en Israel, y antes de llegar a la 39 Zona Militar, en el municipio de Ocosingo, había sido comandante del cuartel militar El Limar, en el municipio de Tila.
Esta maquinaria de guerra del Ejército Mexicano fue coordinada también por el general brigadier Fermín Rivas García, quien fue jefe del Centro Coordinador de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Los servicios prestados por Rivas García fueron reconocidos por el presidente Vicente Fox, quien además de designarlo subinspector general del Ejército y Fuerza Aérea, en noviembre pasado fue promovido a general de división, lo que lo coloca en la antesala como uno de los secretariables para 2006.
Por su parte, el general Alberto Martínez Herrera, quien posteriormente sustituyó al general Trejo Zozaya en la 31 Zona Militar, fue nombrado recientemente comandante de la 15 ZM, una de las más importantes del país, con sede en La Mojonera, Jalisco.
Los agrupamientos de la fuerza de tarea Arcoiris recibían el nombre de sus comandantes, los cuales en su mayoría tenían experiencia de combate contra la guerrilla y en contrainsurgencia. Entre éstos destaca el general Guillermo Llanderal Cázares, quien comandó el agrupamiento en Nuevo Momón.
Este militar fue nombrado por el presidente Vicente Fox Quesada coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo.
En su currículo oficial, Llanderal señala que combatió grupos ''rebeldes'', como ''el Movimiento Acción Revolucionaria (MAR), en el estado de Aguascalientes; grupo autodenominado Diciembre Rojo, en la meseta purépecha de Michoacán, y el grupo inconforme en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas''.
El agrupamiento Soto se encontraba en San Quintín, bajo las órdenes del general de brigada Armando Soto Correa. El denominado Baca, ubicado en Altamirano, fue comandado por el general de brigada Jorge Baca González. En Las Tacitas estuvo el agrupamiento Terán, a cargo del general de brigada Carmelo Terán Montero. Por su parte, el general brigadier Javier Herrera Barrera estuvo al mando del agrupamiento Herrera, que se hallaba en El Limar.
En el que fuera bastión del EZLN, Guadalupe Tepeyac, estuvo el agrupamiento Ballesteros, bajo el mando del general brigadier Rafael de Jesús Ballesteros Topete. En Monte Líbano se ubicó el agrupamiento Gaytán, que dirigió el general brigadier Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. En Ocosingo, el general brigadier René Carlos Aguilar Páez estuvo el frente del agrupamiento Aguilar.
En El Chanal se ubicó el agrupamiento Lugo, al mando del coronel de infantería Miguel Lugo Rodríguez. El grupo Guevara se ubicó en Bochil, bajo las órdenes del general brigadier Gustavo Adolfo Guevara Martínez. En Amatitlán se situó el agrupamiento Monroy, cuyo comandante fue el general de brigada Héctor Alfredo Monroy Plascencia. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/007n1pol.php
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Zedillo propuso el diálogo en 1995, pero lanzó al Ejército contra el EZLN
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per rsc |
09 feb 2005
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Miércoles 9 de febrero de 2005
Marcos reconoció la iniciativa, pero advirtió que la situación no había cambiado
Lozano Gracia destapó la estrategia oficial; PGR acusó de terroristas a los zapatistas
JESUS ARANDA
Al asumir la Presidencia de la República, el primero de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo dijo estar "convencido" de que era posible lograr "una nueva negociación" para avanzar hacia "una paz justa, digna y definitiva" en Chiapas. Sin embargo, al tiempo que convocaba al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al diálogo, instruía a la Procuraduría General de la República (PGR) para que actuara penalmente contra los dirigentes zapatistas.
El 9 de febrero de 1995, Zedillo dijo, en un mensaje a la nación, que su gobierno había establecido -con base en el descubrimiento de "dos arsenales" en Veracruz y el Distrito Federal- que los zapatistas, "lejos de prepararse para el diálogo", estaban a punto de emprender nuevos actos de violencia.
El entonces presidente señaló que quedaba claro que el origen, la composición de la dirigencia del EZLN y los propósitos de su agrupación "no son ni populares, ni indígenas, ni chiapanecos", sino que se trataba de un grupo guerrillero que derivaba de las Fuerzas de Liberación Nacional -creadas en 1969- y que era partidario "de la lucha armada para tomar el poder político".
Tuvieron que transcurrir 11 meses para que Zedillo considerara que el movimiento zapatista buscaba el poder por la vía de las armas, y que eso no lo podía permitir su gobierno, además de que no era posible mantenerse indiferente ante violaciones a la Constitución, "que implican -dijo- una clara amenaza al pueblo de México y al orden público".
El mensaje presidencial fue acompañado por el avance del Ejército Mexicano hacia los municipios de Simojovel y San Andrés Larráinzar -de donde se había replegado apenas el 17 de enero de 1995-, pero además, los militares ocuparon sitios emblemáticos que los zapatistas habían mantenido en su poder desde el levantamiento armado del 31 de diciembre de 1994: Guadalupe Tepeyac y los que luego serían Aguascalientes.
La frágil tregua en la zona de conflicto se rompió con la muerte del coronel Hugo Alfredo Manterola Cedillo, ocurrida un día después del despliegue de tropas en la zona de conflicto, la cual se sumó a la de miembros del EZLN que quedaron en el anonimato.
Con el tiempo se restableció la tregua, pero la confianza perdida nunca se recuperó.
El 11 de diciembre, Zedillo anunció en Miami que no designaría a un nuevo comisionado para la paz y la reconciliación -como en su momento lo hizo Carlos Salinas de Gortari-, sino que establecería un canal "más institucional".
Para ese entonces, el EZLN y el Ejército Mexicano se encontraban en alerta máxima.
En una inusual declaración, el 12 de diciembre el cardenal Ernesto Corripio Ahumada instó a las partes en conflicto a ser tolerantes y sostener un diálogo al más alto nivel.
El 13 de diciembre, Zedillo mantenía su versión: "¡Que quede claro: en Chiapas no habrá guerra!"; aunque el presidente habría cuestionado, en un encuentro con asambleístas del Distrito Federal, las declaraciones del subcomandante Marcos, en el sentido de que éste se equivocó al plantear la disyuntiva: la renuncia de Eduardo Robledo a asumir la gubernatura de Chiapas o la guerra.
El 14 de diciembre, el mandatario anunció, en cadena nacional, que proponía al Congreso de la Unión la creación de una comisión para el diálogo.
Un día después, la Presidencia de la República dio a conocer el contenido de dos cartas que Zedillo, en su carácter de presidente electo, había enviado a la dirigencia nacional zapatista. En la primera misiva, fechada el 15 de septiembre de ese año, planteaba la necesidad de construir la confianza y el respeto mutuos, "sin exigir sacrificios a las divergencias", con la idea de mantener un diálogo directo y secreto.
De esa manera salió a la luz pública la labor de Mario Luis Fuentes, uno de los más cercanos colaboradores de Ernesto Zedillo durante su campaña presidencial.
Fuentes, quien se desempeñaba como encargado de la Subcomisión de Principios y Programas Sociales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el enlace entre el candidato y los miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) para hacerle llegar a los zapatistas señales de distensión.
Por su parte, el subcomandante Marcos le respondió en una carta, el 16 de diciembre, que no podía dejar de reconocer la voluntad de Zedillo para tomar la iniciativa en la comunicación, pero advirtió que "las señales gubernamentales y la situación nacional siguen hablando en sentido contrario".
Posteriormente, el presidente Ernesto Zedillo indicó que, ante la negativa del EZLN de sentarse a dialogar, proponía la creación de una comisión legislativa para entablar el diálogo con los dirigentes zapatistas, aunque aclaró que eso no significaba que se desentendiera de su responsabilidad en Chiapas.
El máximo acercamiento entre las partes tuvo lugar el 15 de enero, cuando el titular de la Secretaría de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, se entrevistó con el subcomandante Marcos "en algún lugar de la selva Lacandona".
El encuentro, en el que estuvo presente el obispo Samuel Ruiz como representante de la Conai, tuvo como resultado algunos acuerdos de distensión, aunque la parte oficial se negó a aceptar la firma de una tregua permanente.
A pesar de que el Ejército se retiró de Simojovel, los pequeños avances alcanzados quedaron rápidamente desbordados.
El 9 de febrero quedó al descubierto la estrategia presidencial; el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, dio a conocer que miembros de la dirigencia del EZLN habían sido acusados por la PGR de delitos que iban desde el uso de armas exclusivas del Ejército, hasta terrorismo; que se habían incautado ''arsenales'' en Veracruz y el Distrito Federal, consistentes en ocho granadas de fragmentación, diez pistolas, una ametralladora Uzi y seis rifles lanzagranadas, entre otros.
Lozano Gracia advirtió, en conferencia de prensa, que la PGR se abocaría ''a la localización y detención de los presuntos responsables, a fin de ponerlos a disposición del juez que conoce de la causa''.
Una vez que el funcionario ''justificó'' la acción de la procuraduría, y la orden de captura en contra de Rafael Sebastián Guillén, Zedillo sostuvo que la decisión de detener a quien identificó como el subcomandante Marcos ''de ninguna manera significa que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto en Chiapas, ni que renuncia a su responsabilidad de atender las legítimas causas de inconformidad en el estado''.
Al día siguiente de que se inició la ofensiva judicial y militar en la zona de conflicto murió baleado el coronel Hugo Alfredo Manterola Cedillo, cuando encabezaba un convoy blindado en Nuevo Momón. La ofensiva del Ejército abarcó 12 municipios zapatistas.
La Conai, por conducto del obispo Samuel Ruiz, hizo reiterados llamados a restaurar la tregua. Mientras, la sociedad civil dejó en claro su sentir, el sábado 11 de marzo en el Zócalo de la ciudad de México, cuando más de 100 mil personas corearon ''Todos somos Marcos''.
El EZLN respondió el 12 de febrero a los hechos y acusó directamente a Zedillo por los enfrentamientos y la violencia que estalló en los municipios zapatistas; le advirtió que ''matar a indígenas y luchadores no acabará con el zapatismo'', y le exigió detener la guerra genocida para retomar el diálogo como vía para la solución política del conflicto. |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/005n1pol.php
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Traición y guerra sucia: a 10 años
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per rsc |
09 feb 2005
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Miércoles 9 de febrero de 2005
Editorial. La Jornada
Hoy hace 10 años Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces titular del Ejecutivo federal del país, consumó la traición, que venía preparando desde que tomó posesión del cargo, en contra del movimiento indígena zapatista de Chiapas. Mientras que por medio de su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, mantenía contactos tranquilizadores con la dirigencia rebelde del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por el otro lanzaba a su procurador general, Antonio Lozano Gracia, a la caza de los líderes, integrantes y simpatizantes de los alzados y ordenaba a su secretario de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, que iniciara una ofensiva militar contra los bastiones rebeldes. Ese amargo 9 de febrero el recién estrenado zedillismo, acosado por su propia torpeza económica y política y por la herencia nefasta del gobierno de Carlos Salinas, inició una suerte de huida hacia adelante por el camino de la guerra sucia, la represión política, la intolerancia, la sordera y la violación regular de derechos humanos en la entidad del conflicto, e incluso en otras. Zedillo transitó esa senda a lo largo de todo su sexenio, el cual ha quedado vinculado en la historia a las masacres de campesinos perpetradas por fuerzas militares, paramilitares y policiales: Aguas Blancas, Acteal, El Charco, La Libertad, San Juan del Bosque y otros episodios oprobiosos cuyos autores aún gozan, en muchos casos, de impunidad, lo que pone en evidencia los pactos acaso no escritos de continuidad y protección establecidos entre Zedillo y su sucesor, el presidente Vicente Fox, quien hace cinco años formuló la falsa promesa de campaña de que resolvería "en 15 minutos" el conflicto indígena.
Desde el 9 de febrero de 1995 y durante el resto de la década pasada, los gobiernos federal y estatal, así como los municipios chiapanecos entonces gobernados por el PRI, desataron una política atroz de contrainsurgencia caracterizada por el cerco de las comunidades zapatistas y disidentes, los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzadas, las violaciones de mujeres indígenas por uniformados de todas las corporaciones, la expulsión de decenas de miles de personas de sus localidades y el pillaje de las escasas pertenencias de quienes resultaban sospechosos de simpatizar con los alzados. La aplicación de esa estrategia de terror pasó por la creación de fuerzas paramilitares como Máscara Roja, Los Chinchulines y Paz y Justicia, fuerzas que sirvieron como brigadas de hostigamiento y escuadrones de la muerte, y que fueron entrenadas, armadas y financiadas por el Ejército, por los gobiernos de Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén y por diversas dependencias del gobierno federal.
Invariablemente, las autoridades sostuvieron que no tenían nada que ver con esos grupos paramilitares, pese a las evidencias en contrario presentadas por diversos organismos de derechos humanos de México y del extranjero. Hasta ahora, no eran muchas las pruebas de la participación del gobierno de Zedillo y de las administraciones estatales referidas en esa guerra sucia que dejó cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. Pero el testimonio rendido al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) por un ex dirigente de Paz y Justicia, y que se presenta en las páginas de esta edición, es lo suficientemente sólido como para afirmar, con base en él, que la administración pasada estuvo involucrada de lleno en la represión ilegal, inmoral y atroz de los indígenas chiapanecos insurrectos. La rebelión no se combatió por medio de la ley, sino con métodos delictivos; no se hizo política, sino barbarie; no se buscó el convencimiento de los adversarios, y ni siquiera su sometimiento a procesos legales, sino su eliminación física. Aunque el testigo citado en la nota que se menciona no lo dice explícitamente, ahora resulta muy claro cuán directamente culpable fue el gobierno de Zedillo de la masacre de Acteal, que indignó y conmovió al mundo, y cuán cerca estuvo la administración pasada de lograr la muerte del entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García.
Los funcionarios de mayor rango involucrados en la organización y apoyo de Paz y Justicia son, de acuerdo con el informante del CDHFBC, el general Raúl Renán Castillo y el ex gobernador Ruiz Ferro. Pero no debe olvidarse que, en los tiempos en que militares y paramilitares ensangrentaban los Altos, las cañadas y las selvas chiapanecas, Enrique Cervantes Aguirre encabezaba la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación estuvo en manos de Emilio Chuayffet Chemor y, posteriormente, de Francisco Labastida Ochoa, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue dirigida por Antonio Lozano Gracia y por Jorge Madrazo Cuéllar (el inventor de los "conflictos intercomunitarios" como explicación a la barbarie de Acteal), y que el presidente de la República era, por entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León. El testimonio referido da sobrado margen para presumir responsabilidades penales en la guerra sucia de Chiapas por parte de esos y otros ex funcionarios y, en consecuencia, para que la PGR actúe de oficio e inicie las averiguaciones previas correspondientes. La responsabilidad de cumplir la ley recae, en este caso, en el actual procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. ¿Lo hará? |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050209/edito.php
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