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Notícies :: amèrica llatina
Asesinan a seis personas en Chiapas
23 gen 2005
Matamoros, bajo sitio; ejecutan a seis en Chiapas
Domingo 23 de enero de 2005

Asesinan a seis personas en Chiapas.

Huimanguillo, Tab., 22 de enero. Un comando armado ejecutó la tarde de este sábado, en los límites de Chiapas y Tabasco, a seis personas, entre ellas un menor de edad, informó el secretario del agente del Ministerio Público del municipio chiapaneco de Ostoacán, Ricardo Ovilla Jiménez.

El funcionario explicó que al parecer 10 hombres con el rostro cubierto con pasamontañas, que transitaban en una camioneta, interceptaron el vehículo en que viajaban los seis asesinados y los acribillaron con armas de fuego.

Ovilla Jiménez explicó que junto a los cuerpos de los ahora occisos se hallaron casquillos de AK-47.

El asesinato múltiple ocurrió sobre el kilómetro 35 de la carretera entre Huimanguillo, Tabasco, y Ostoacán, Chiapas. De acuerdo con las primeras investigaciones, tres de los acribillados pertenecen a una misma familia.

Los muertos son Fermín Gómez Arzate, ex candidato a alcalde de Ostoacán y ex tesorero de Juárez, Chiapas; Aureliano Gómez Arzate, Francisco Gómez Narez, Felipe Espinosa Valencia, y Antonio y Miguel Cárdenas Cárdenas, este último de 14 años de edad.

Notimex

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Consideran que la dependencia a cargo de Martín Huerta no ha cumplido con su cometido.

Restructuración a fondo en la SSP, demandan en el gabinete foxista.

Reforzar las tareas de inteligencia y corregir errores del sistema penitenciario, entre las prioridades.

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En el seno del gabinete foxista se estima necesaria una restructuración a fondo de las labores que hasta el momento ha desarrollado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, ya que se considera que no ha cumplido con su cometido, revelaron fuentes gubernamentales.

Según funcionarios de la dependencia consultados, desde antes del linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Tláhuac, el pasado 23 de noviembre, el titular de la SSP federal, Ramón Martín Huerta, trabaja en el desarrollo de varias estrategias nacionales, de las cuales había carecido la secretaría creada por la administración del presidente Vicente Fox.

Los funcionarios señalaron que ante la desestabilización de las cárceles consideradas de "máxima seguridad", en el seno del gabinete de seguridad se llamó a Ramón Martín Huerta a acelerar los proyectos de reforma estructural para la dependencia a su cargo, pues no se ha cumplido con el cometido para el que fue creada ni existen las bases para la prevención real de la delincuencia ni proyectos de readaptación social, y todo el trabajo se ha centrado en el uso de la PFP en todas sus divisiones.

Entre los proyectos a desarrollar está incluida la contratación de nuevo personal de custodia, con estudios mínimos de bachillerato, pero que no sólo reciban el curso básico de seguridad, sino que se cuente con programas de capacitación y supervisión constantes.

Según la información recabada, lo más urgente es establecer las directrices nacionales en materia de prevención del delito, para que la PFP no sólo actúe cuando exista solicitud de las entidades federativas.

A ese respecto señalaron que se ha manifestado la necesidad de reforzar las tareas de inteligencia, para actuar no sólo una vez que se cometieron los delitos sino para disminuir los índices.

La parte más importante, indicaron los entrevistados, es que se pueda cumplir realmente con el denominado "programa emergente" contra la delincuencia, dado a conocer por el presidente Vicente Fox luego de la marcha ciudadana del 27 de junio de 2004.

Por otra parte, según los entrevistados, en el gabinete de seguridad se ha dado particular importancia al tema del combate al narcotráfico, y se mencionó que la estrategia para disminuir ese delito contempla la agilización de la extradición de capos y la búsqueda de mecanismos certeros para que no surta efecto el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que frena el envío a Estados Unidos de los delincuentes cuando se les pueda imponer penas carcelarias de por vida.

De acuerdo con las versiones recogidas, el gobierno mexicano ha impulsado con autoridades estadunidenses mecanismos por medio de los cuales un delincuente es enviado una vez que se cumplen los requisitos que impone el Poder Judicial de México.

Esto se ha logrado mediante la firma de acuerdos que establecen que a pesar de que el delito cometido puede alcanzar pena de muerte o cadena perpetua, esas condenas no serán impuestas a los ciudadanos mexicanos.

Al respecto, apenas el viernes pasado el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, afirmó que el gobierno federal "buscará reimpulsar el intercambio de información y la realización de acciones conjuntas con el gobierno de Estados Unidos para combatir" el flagelo del narcotráfico.

Así, fuentes oficiales señalaron que en materia de extradiciones, los más grandes obstáculos que enfrentan los gobiernos de México y Estados Unidos tienen que ver no sólo con la imposición de penas, sino con lo voluminoso de los expedientes, y ahora se buscará que en lugar de ser varios tomos de miles de hojas, sean documentos de alrededor de 50 cuartillas que contengan las pruebas suficientes para demostrar al juez que se le solicita la extradición, los elementos contra el presunto delincuente.

Al respecto, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, indicó en una entrevista concedida a La Jornada a finales de 2004 que "lo que necesitamos es un expediente breve que contenga las principales pruebas, pues el procedimiento de fondo se desarrollará en cualquiera de las dos partes, y sólo bastará que se demuestre que hay evidencias suficientes para comprobar que se cometió un delito".

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Se apretará el paso contra los narcos, "reviente quien reviente": Creel.

Macedo llama a su equipo a redoblar esfuerzos en estos "tiempos difíciles".

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, afirmó que en México "tenemos un gobierno legítimo, democrático; tenemos rumbo y existe gobernabilidad".

En una reunión privada en la sede de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el titular de la PGR no dejó de reconocer que "en días recientes hemos sido testigos de lamentables acontecimientos que han vulnerado nuestra seguridad, y que buscan generar un clima de zozobra e incertidumbre entre nuestros compatriotas".

Macedo de la Concha encabezó así un acto que tuvo como único objetivo "fortalecer" el "optimismo" y la "moral" de quienes laboran en la PGR para "construir un México donde la gente pueda vivir tranquila, donde nuestras familias puedan crecer con bienestar, con libertad y sin temor a la delincuencia".

Dijo a sus colaboradores que "son tiempos difíciles, que llaman a redoblar esfuerzos y ratificar día con día, en cada acción, en cada momento, nuestro compromiso", porque, expuso, "la sociedad ha depositado su confianza en cada uno de nosotros y pésele a quien le pese, creen en nosotros los mexicanos y esperan que enfrentemos con valentía, con coraje y convicción, los retos que nos ha tocado vivir".

A todos los altos funcionarios que componen su equipo y ante agentes de la AFI, el procurador de la República les pidió actuar con ética y con la convicción de servir a México, porque "hoy vivimos tiempos de cambio, que han abierto importantes oportunidades para el país, pero que, de igual forma, han dado paso al surgimiento de fuertes problemas que debemos enfrentar con decisión".

En un discurso que terminó pronunciando un "¡viva México!", Macedo de la Concha aseguró que "en la PGR en los cuatro años recientes, se ha impulsado una transformación radical, para ser más eficientes y eficaces en el combate al crimen, para ganar la confianza de la sociedad y desterrar vicios y prácticas de corrupción y discrecionalidad que sólo habían traído desprestigio y nula credibilidad en la institución y en quienes laboramos en ella.

"Hoy, la Procuraduría General de la República es una institución transparente, que rinde cuentas a la sociedad, que escucha sus demandas y que aplica la ley sin distingos, sin privilegios, al margen de cualquier interés de grupos o personas, y de consignas o líneas.

"Uno de los principales objetivos fue contar con intachables servidores públicos, con capacidad y mística de servicio. Se han expulsado a los malos elementos, a las personas poco confiables, que promovían la corrupción.

"A aquellos que venían traicionando la confianza ciudadana. A aquellos que atentan contra la dignidad de las personas. A aquellos cuyos intereses estaban por encima de nuestra nación y en favor del crimen organizado."

Hizo público su reconocimiento "a quienes han sabido hacer de la ética una forma de trabajo y una forma de vida".

En ese marco señaló: "lo reitero, tenemos un gobierno legítimo, democrático; tenemos rumbo, existe gobernabilidad".

Luego aseguró que "la delincuencia organizada pretende desafiar y retar a las instituciones del Estado y no lo vamos a permitir. No permitiremos que la violencia trastoque la paz social que hemos construido con gran empeño. Con la sangre de muchos mexicanos y mexicanas no permitiremos que se atente contra la legalidad, contra nuestras instituciones nacionales, contra las libertades y derechos".

Advirtió: "al menor indicio de corrupción, de complicidad, de colusión, seguiremos abriendo investigaciones para hacer valer nuestras leyes y llevar a esos elementos donde deben estar: en la cárcel".

Reconoció que su presencia ayer en la AFI era "para fortalecer nuestro optimismo, nuestra moral, para continuar luchando por una causa en la que creemos firmemente y que nos une a todas y todos: la justicia".

"Sin poder suficiente"

Eduardo Sojo, coordinador de políticas públicas de la Presidencia de la República, aseguró ayer que el narcotráfico no tiene poder para desestabilizar al país en términos económicos o políticos, al destacar que ese riesgo existiría si no se instrumentaran acciones en su contra.

Luego de participar en una reunión de apoyo al senador Carlos Medina Plascencia, puntualizó que el gobierno federal ha aplicado diversas medidas contras los capos de la droga.

Por su lado, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, manifestó que la administración federal apretará el paso en contra de los narcotraficantes, "reviente quien reviente", y se pronunció en favor de que se extradite a estos delincuentes.

De manera similar opinó Felipe Calderón Hinojosa, ex secretario de Energía, quien además hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del país a sumarse a la lucha contra los traficantes de enervantes. Creel Miranda consideró por su lado que ha llegado el momento de discutir las reformas propuestas por el Ejecutivo en materia de seguridad.

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Señala que, con esas acusaciones, PGR y SSP quieren evadir su responsabilidad.

Rechaza el Centro Pro que las ONG detonaran los conflictos en reclusorios.

Error, mandar a militares a vigilar centros carcelarios; "capos podrían comprarlos".

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, David Velasco, calificó de graves las declaraciones de autoridades del gobierno federal, las cuales culpan a organizaciones de defensa de los derechos humanos de los problemas en los penales de máxima seguridad, porque así los funcionarios están evadiendo su responsabilidad en la crisis y corrupción que imperan en el sistema carcelario.

"La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no encuentran cómo justificar que el asunto se les haya ido de las manos y que los capos del narcotráfico tengan el control no sólo de esos penales, sino de otros", explicó.

En diversas entrevistas, el procurador general de la República, Rafael Macedo, se ha referido al relajamiento de la disciplina en los penales debido, dijo, a las presiones para que se respeten los derechos humanos de los reos.

Velasco señaló, en entrevista telefónica, que cuando no se tiene argumentos es fácil culpar a los organismos defensores de los derechos humanos y sus acciones de la situación en los penales, los cuales se han convertido en "escuelas del crimen y la corrupción.

"En este debate no está de fondo el respeto o no de los derechos humanos, sino la preservación de las instalaciones penitenciarias y que no se les favorezca como grandes negocios para quienes las dirigen", aseguró.

Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas comisiones estatales y organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado las situaciones de corrupción y autogobierno que imperan en las cárceles del país.

Se refirió, por ejemplo, a un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, que denuncia los privilegios que tenía el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien finalmente se fugó del reclusorio de Puente Grande en 2001.

Señaló que también son cuestionables las aseveraciones del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Miguel Angel Yunes, de que los narcotraficantes y algunos grupos guerrilleros han creado sus organismos defensores de las garantías básicas.

Esta situación, añadió, no debe servir de pretexto para contaminar la causa de los derechos humanos y que el gobierno federal pretenda hacer un "rasero parejo" entre las agrupaciones.

"Vale la pena que las autoridades gubernamentales hagan una distinción del trabajo serio que hacen organismos como la CNDH, las comisiones estatales y los organismos civiles, y rastreen a otras que aseguran defender dichas garantías pero tienen otros objetivos", afirmó.

En opinión del director del Centro Pro, es un error militarizar los penales, porque se está exponiendo al Ejército Mexicano a que sea comprado por los capos de la droga y otros del crimen organizado que manejan grandes cantidades de recursos.

Consideró que esta puede ser una coyuntura favorable para revisar a fondo el sistema penitenciario en México, porque de acuerdo con los especialistas no existe un sistema adecuado y menos una política de rehabilitación de los presos.

Dijo que el momento es propicio para introducir el tema a la agenda política; sin embargo, señaló que será difícil alcanzar consensos, porque nos encontramos al final del sexenio.

Explicó que en esa revisión se debe considerar que el respeto a los derechos humanos de los presos no está peleado con implantar una disciplina y un sistema penitenciario que promueva la rehabilitación de los internos.

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Penales de "alta seguridad", oficinas de los narcos.

En México, la pena de prisión está en crisis: Juventino Castro.

LAURA POY SOLANO

Ante el clima de inseguridad que se vive en los centros de readaptación social del país, Juventino V. Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que la pena de prisión en México está en crisis, y aseguró que los reclusorios de "máxima seguridad" no sólo están en manos del narcotráfico, sino que funcionan como oficinas de los delincuentes.

Agregó que es importante reconocer que la corrupción y el desorden que imperan en las prisiones de alta seguridad son resultado tanto de problemas humanos como técnicos, lo que podría propiciar que "así como acabamos con la pena de muerte se tenga que terminar con la de prisión".

Sin embargo, aceptó que para los delitos graves, como narcotráfico, sólo queda la pena de prisión, mientras las sanciones alternativas para otros delitos son difíciles de aplicar.

Cuestionado sobre el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en los centros penitenciarios, señaló que la militarización de las prisiones consideradas de máxima seguridad no es una respuesta adecuada, ya que se requeriría una presencia permanente del Ejército para garantizar el orden y "en cuanto se limitara su presencia la situación sería la misma".

Es evidente, aseguró, que "a pesar de que se apliquen condiciones especiales de seguridad a los narcotraficantes, que son los criminales más difíciles, se les acaba por hacer una oficina que se les quita unos meses pero regresan a ella. Es como el sistema de capos: se quita uno, pero viene otro".

El ex magistrado del máximo tribunal insistió en que la corrupción y el desorden que imperan en los penales de "alta seguridad" se debe combatir, pero no con la presencia de las fuerzas armadas, pues, señaló, "la corrupción se acaba con disciplina y sanciones".

No obstante, afirmó que el problema fundamental es otro, por lo que se debe atender la grave "crisis" que vive la pena de prisión en México y resolver los factores técnicos y humanos que propiciaron el deterioro del sistema carcelario mexicano.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050123/004n5pol.php

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Comentaris

Narcomex
23 gen 2005
Alerta máxima "para mantener el control" de penales federales Mexicanos.

Preparan reglamento para evitar que reos y abogados interpreten de manera torcida sus derechos.
Ya se recuperaron en La Palma las condiciones de máxima seguridad, afirma Yunes Linares.
Sábado 22 de enero de 2005
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Los penales federales se encuentran en alerta máxima y ante la embestida del narcotráfico se diseñan estrategias para mantener el control de los penales federales bajo la batuta de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelaron fuentes gubernamentales.
Además de aplicar mayores limitaciones a los derechos de los internos de los penales de máxima seguridad, el gobierno federal impulsará la elaboración de un reglamento que impida que los reclusos y sus abogados "interpreten de manera torcida" los derechos y así evitar que puedan pasar sobre las autoridades.
La versión fue confirmada luego de que en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal este viernes se reunieron funcionarios de las secretarías de Marina, Seguridad y Defensa para determinar las acciones a seguir, luego de que se mencionó la posibilidad de inestabilidad penitenciaria en los centros federales considerados de "máxima seguridad".
Trabajadores acompañados
En Matamoros, durante una gira de trabajo, Miguel Angel Yunes, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SSP, reconoció que desde el pasado jueves se estableció la alerta máxima en los penales federales y además se suspendieron visitas, así como "la presencia de personas que no fueran realmente las indispensables para el funcionamiento del centro y a partir de ayer todos los traslados de trabajadores estarán vigilados por la Policía Federal Preventiva (PFP) para que lleguen con bien hasta el lugar donde viven".
Tras decretarse el estado de alerta, la decisión en el gabinete de seguridad, según revelaron fuentes gubernamentales, fue que no sólo se reforzaran las medidas de seguridad, sino también intensificar las acciones para aislar de otros internos a los reos que por su peligrosidad estén tejiendo redes de complicidades que pongan en riesgo la estabilidad penitenciaria.
Durante su visita a Matamoros, donde el pasado jueves fueron asesinados seis empleados de la cárcel de "máxima seguridad", Yunes Linares señaló que parte de las medidas en ese centro fue suspender las visitas familiares e íntimas solamente se permitirá la entrada de abogados y del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en caso de que así lo soliciten para atender presuntas denuncias de violaciones a garantías individuales de los reos.
Reforzamiento
Como lo adelantó La Jornada el pasado miércoles, el subsecretario de Seguridad Pública federal recalcó que "con el fin de que no se convierta el centro federal número 3 en espacio de riesgo, se reforzará la zona perimetral con elementos de la PFP y patrullajes del Ejército Mexicano".
El titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, aseguró que las instituciones federales están trabajando muy fuerte para detener la embestida de los grupos de narcotraficantes o de delincuencia organizada en el país, y reconoció que "el Ejército Mexicano está haciendo un despliegue muy serio en toda la frontera (norte), en todas las áreas que sabemos que se mueven estos narcotraficantes, estos miembros de organizaciones criminales; la Agencia Federal de Investigación hace lo propio, la SSP también".
El jueves, dijo Macedo, "analizábamos con el señor Presidente de la República un nuevo reglamento para este tipo de penales (federales de máxima seguridad), porque el actual hace ver que tienen normas que son vulneradas fácilmente y que permiten, obviamente, que estos internos, en base a este tipo de derechos, los hayan mal interpretado y así estos señores han buscado, a través de este tipo de actitudes, irse por encima de la autoridad y enfrentarla".
Máxima seguridad en La Palma
Por otra parte, Yunes aseguró que "en La Palma tras el operativo que se llevó a cabo, se ha recuperado la seguridad, las condiciones de máxima seguridad que deben prevalecer en un centro como éste; los delincuentes de alto riesgo están donde deben estar, en zonas de máxima seguridad, de extrema seguridad; de manera que no sólo no pueden hacer daño hacia el interior del centro, sino que no conviertan los centros en espacios para operar fuera de esta instalación de máxima seguridad".
Supuestamente, además de "la decisión de cambiar de módulo a Osiel Cárdenas y a Benjamín Arellano Félix, se ha reforzado la vigilancia en el área donde están, y se tiene a un custodio las 24 horas del día afuera de sus espacios, tienen restringidas las visitas familiares y las íntimas".
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050122/003n1pol.php
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Demanda Creel respaldo civil en el combate a la delincuencia.
Fox no tiene decisión en la lucha contra el crimen organizado, dice Cuauhtémoc Cárdenas.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, convocó a los mexicanos para que apoyen la batalla contra el crimen organizado y las medidas que realiza el gobierno federal "porque estamos hablando del cáncer social que es el narcotráfico y que atenta contra la niñez y la juventud"…..
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050122/003n2pol.php
Navarrete Prida: el narco mató al abogado Leonardo Oceguera
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050122/005n2pol.php
Detienen a sicario de El Chapo Guzmán que pretendía cometer un homicidio en Coahuila.
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050122/006n1pol.php
ESTRECHAN VIGILANCIA EN PENAL DE JALISCO
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050122/007f1pol.php
Por ineptitud de la administración foxista los narcos retan al gobierno: senadores
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050122/007n1pol.php

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