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Notícies :: globalització neoliberal : amèrica llatina |
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Presionan trasnacionales para explotar la riqueza lacandona
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per rsc |
18 gen 2005
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La ONG Maderas del Pueblo señala los propósitos del desalojo en Montes Azules |
Lunes 17 de enero de 2005
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 16 de enero. Pasada la polvareda que provocaron las declaraciones del presidente Vicente Fox en la ciudad de Ocosingo el pasado día 11, en relación con que el EZLN "es cosa del pasado", quedó en evidencia el papel del gobierno federal en la división de las comunidades, la orientación asistencialista de la política social y el despojo de tierras y recursos naturales a poblados indígenas para darles uso turístico. Además, estudiosos y diversos organismos civiles han denunciado reiteradamente la presión que ejercen grandes trasnacionales sobre el gobierno mexicano para permitirles explotar las riquezas de la selva Lacandona.
Al establecerse el Grupo Operativo de Trabajo en junio de 2004, coordinado por la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), con el secretariado técnico del gobierno de Chiapas (que viene a sustituir a la mesa ambiental heredada del sexenio pasado), quedó claro de nueva cuenta a qué grado el asunto de Montes Azules y anexas resultan prioritarios para el gobierno. Participan Semarnat, Sedeso, Sectur, Sagarpa, Conafor, Profepa, Conadepi y la mitad de las secretarías del gabinete estatal. De manera no explícita forman parte del aparato gubernamental la Secretaría de Defensa Nacional (que acordona masivamente la zona), la Policía Federal Preventiva y las procuradurías general y estatal de Justicia.
Por otra parte, las dimensiones institucionales y declarativas del problema realzaron el carácter de gestoría y reparto de dinero que posee, en los hechos, la denominada Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, a cargo de Luis H. Alvarez (a la que se sigue asociandoformalmente con el diálogo de paz y la reconciliación).
En su informe anual de 2004, Alvarez dio conocer el número de solicitudes de apoyo a diversas dependencias federales. La ventanilla itinerante del comisionado recibió 168 peticiones del municipio de Ocosingo, 43 de Huitiupán y 36 de Altamirano y Simojovel. También se detallan Tumbalá (29), Palenque (25), Mitontic (24), Cancuc (23), Tila (19), Playas de Catazajá (17), San Andrés Larráinzar (16), San Andrés Duraznal (14), Chenalhó (diez), Sitalá, Yajalón y Aldama (siete cada uno).
En este peculiar "diálogo de paz", el comisionado destaca que recibió en Ocosingo solicitudes tan variadas como la construcción de carreteras a San Caralampio y San José; la pavimentación de la vía Ocosingo-San Quintín-Emiliano Zapata (donde está la laguna de Miramar, en Montes Azules); la erección de puentes vehiculares en Las Tazas y San Jacinto, y la reapertura de oficinas de la Sedeso en la selva. Otras peticiones son de lámina, cemento, despensas, canchas de básquetbol o energía eléctrica.
Asunto de soberanía nacional y popular
Las "reubicaciones" voluntarias en Montes Azules y el manejo general del asunto por el gobierno sigue generando dudas y críticas, a pesar del triunfalismo "humanista" del Ejecutivo federal. "La reserva de Montes Azules y la selva lacandona son un asunto de soberanía nacional y popular", consideró la organización Maderas del Pueblo, al pronunciarse este fin de semana en relación con la gira del presidencial por los alrededores de la selva lacandona.
Para la organización ambientalista, la "expropiación" de 2 mil 875 hectáreas realizada por el gobierno federal a la llamada "comunidad lacandona", para regularizar los poblados Loma Bonita y Trece de Septiembre, asentados ahí desde hace más de 25 años, por lo cual la SRA pagó a los lacandones 28 millones de pesos, es "absolutamente irregular, en tanto el decreto presidencial, que en noviembre de 1971 dio la titulación a la Comunidad Lacandona, se basó en un enorme y doloso fraude agrario que respondía entonces a los intereses gubernamentales en la explotación de maderas preciosas". Aclara que las tierras expropiadas y los dos poblados mencionados no se encuentran dentro de Montes Azules, sino en los "bienes comunales" de la llamada zona lacandona.
"Esta expropiación sienta un precedente para que los lacandones vuelvan a exigir (como ya lo han hecho) el pago de otras 113 mil hectáreas, de las que supuestamente fueron despojados. Esto significaría "indemnizar" a los lacandones con unos mil millones de pesos".
El proceso de reubicación de comunidades indígenas asentadas, éstas sí dentro de Montes Azules, que lleva a cabo la SRA, "ha estado plagado de irregularidades, imposiciones y despojos, como la fuerte presión ejercida contra ejidos de la región Marqués de Comillas para aplicar el Procede y detectar 'demasías' en los territorios ejidales, privando de éstas a hijos de ejidatarios que ya han creado derechos sobre las mismas".
Tal es precisamente el caso del anexo Loma Linda, sobre cuyo territorio el gobierno estableció el poblado Nuevo Magdalena, o la adquisición sobrevaluada de terrenos que el gobierno federal hizo a Roger Grajales, actual secretario de Economía del gobierno de Chiapas, para fundar la colonia Once de Julio, donde en un futuro inmediato se reubicarán los poblados Ocotal y Suspiro, hoy dentro de Montes Azules, Nuevo Tumbalá y Nuevo Petlalcingo, localizados en la zona lacandona. Otro asentamiento más, llamado Ruinas Sol Paraíso, que se quiere hacer pasar ante la opinión pública como poblado, es un rancho privado".
Este jueves, curiosamente, el mencionado secretario Grajales lamentaba, al comparecer ante el Congreso del estado, que en Chiapas "no se ha consolidado una visión empresarial" (¿como la suya?), e incluso declaró que el gobierno local no es empresario, y si lo es, dijo, es un "mal empresario" (Expreso, 14 de enero).
Más allá del riesgo para los derechos agrarios, humanos e indígenas de las comunidades en Montes Azules y la zona lacandona, durante años amenazadas con el desalojo violento y hoy sujetas a las presiones y promesas de la llamada reubicación "voluntaria", el asunto rebasa el ámbito local. Para Maderas del Pueblo la existencia en ese territorio selvático de valiosos y estratégicos recursos naturales hace de la región un botín cuya apropiación y control es ambicionado por corporaciones agroalimentarias, farmacéuticas, petroleras, embotelladoras y generadoras de energía eléctrica.
La solución de fondo, según la organización no gubernamental, "consiste en que la conservación de esos recursos pase primero por dirimir en manos de y para beneficio de quién se van a preservar y restaurar Montes Azules y la selva lacandona. ¿Para beneficio privado, lucro y control político territorial por las corporaciones multinacionales encubiertas bajo el verde manto de la filantropía ecologista? ¿O bien para el goce y disfrute del pueblo, en forma de bienes y servicios gratuitos, así como la construcción de un proyecto de nación basado en una real sustentabilidad y el control de esos recursos naturales?" |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050117/005n1pol.php
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Comentaris
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El neoliberalismo propicia latifundios de empresas extranjeras, sostiene experta
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per rsc |
18 gen 2005
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Lunes 17 de enero de 2005
Blanca Rubio: han "proletarizado" a los antiguos dueños de las parcelas.
El neoliberalismo propicia latifundios de empresas extranjeras, sostiene experta.
Surgió ya la primera generación de jóvenes para los que el agro no constituye opción.
KARINA AVILE
El embate de las políticas neoliberales en el sector agropecuario ha dado lugar a la creación de "latifundios", propiedad de empresas extranjeras y de fuertes empresarios nacionales que se aprovechan de las mejores tierras y, a su vez, han "proletarizado" a los antiguos dueños de las parcelas, advirtió la científica Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La especialista en el agro mexicano alertó también que ya se puede hablar de una "primera generación" de la juventud rural para la que el campo no es ya opción, lo cual tiene graves efectos para la actividad económica, social y cultural de este ramo.
En entrevista, Blanca Rubio manifestó que existen "dos Méxicos": el de los empresarios privilegiados por la política neoliberal, mismos que concentran el capital y las mejores tierras del país para producir productos de exportación, y el integrado por la mayoría de los campesinos, que carecen de apoyos, que están ahogados en deudas y sin esperanza de tener con qué sembrar. Destacó que es mentira sostener que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha beneficiado a nadie, puesto que los principales beneficiarios son las agroindustrias trasnacionales, sobre todo, de granos y semillas.
En ese sentido apuntó que tanto el presidente Vicente Fox Quesada como el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, "trabajan para este sector (dueño del gran capital) que, por cierto, está muy contento" con todos los beneficios que recibe.
Peligra la soberanía alimentaria
La especialista advirtió que de continuar con la política que ha dejado en el abandono a la mayor parte de los campesinos y de las tierras, podría estar en peligro nuestra soberanía alimentaria, lo cual conduciría a "una catástrofe". Recordó que no siempre Estados Unidos -al que México le compra cada vez más- logra buenas producciones, de tal forma que podría haber temporadas de dificultad para que el país pueda abastecerse del exterior.
Otra consecuencia consiste en que el vecino país del norte utilice la dependencia alimentaria de la nación mexicana para presionarla con el propósito de que tome decisiones en favor de Estados Unidos, añadió.
Pero otro efecto no menos grave es que México comience a perder capacidad para que su agricultura pueda abastecer al país. El desmantelamiento del sector ha sido tal que tardaría "muchos años en restablecerse". Después, advirtió, "no va a ser una cosa de voluntad que el campo vuelva a producir".
Blanca Rubio enfatizó que un problema central es el despoblamiento rural, junto con el descontento y la depauperación de los trabajadores de la tierra. Recordó que en la primera etapa, los que se venían obligados a abandonar sus parcelas para buscar un trabajo de mayor remuneración continuaban sus vínculos con la tierra, pero eso no siempre podrá ser.
De hecho, advirtió que ya existe una primera generación de jóvenes rurales para quienes el campo "ya no es una opción rentable" . El desarraigo ha ido en aumento, pero "lo que es muy grave es que estos jóvenes no tengan derecho a vivir en su país" y tengan que desplazarse a las grandes ciudades o a Estados Unidos.
Pese a todo, manifestó que el sector campesino tiene mucha vitalidad en términos organizativos y de lucha. Hay un conjunto de movimientos que están en la pelea y es muy importante que "no sean vencidos".
Por último, Blanca Rubio recordó que el deterioro del campo forma parte de un proceso, sin embargo, "en este gobierno ha sido cada vez más clara la visión de apoyo al gran capital, además de que ha habido mucha ceguera". |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050117/014n1pol.php
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