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Chiapas y la política de las armas
15 gen 2005
Andrés Aubry
Sábado 15 de enero de 2005

Chiapas y la política de las armas
La memoria de los chiapanecos sobre la política de las armas empezó hace 28 años, en 1976, cuando no existía el zapatismo ni siquiera en su fase clandestina. En aquel año lejano, militares en camionetas de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas hospedadas por el Programa de Desarrollo Económico y Social de los Altos de Chiapas (Prodesch), hoy Secretaría de Pueblos Indígenas (Sepi, en el mismo local) dispararon sobre campesinos de Venustiano Carranza; el mismo año se abría la brecha de San Quintín (hoy se sabe por qué). En los 20 años que separan el nombramiento de la VII Zona Militar al mando del general Hernández Toledo en 1977 y la herida todavía abierta del 22 de diciembre de 1997, es decir entre las dos matanzas de Tlaltelolco y de Acteal, Chiapas vergonzosamente dijo sí a la política de las armas. De la 83 Brigada de Infantería saldrían, en ese último año, los instructores para el adiestramiento de los paramilitares que, aunque supuestamente inexistentes, actuaron en la ermita del pueblo tzotzil.

Hace 27 años, en 1978, San Cristóbal de Las Casas festejaba el 450 aniversario de su fundación. Lo celebró con un desfile de 3 mil soldados y 14 aviones militares que soltaron 200 paracaidistas sobre la ciudad en fiesta. Para la circunstancia, el ayuntamiento invitó a un locutor estrella, el ahora difunto general Galván, que sería titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde el micrófono del palacio municipal comentaba el desfile militar. Sus palabras están grabadas: el Ejército -decía- "va abriendo caminos en la selva, cambiando el uniforme verde oliva por la bata blanca del enfermo". Efectivamente, en aquellos tiempos de gobernadores interinos, el mando militar era quien dictaminaba qué camino abrir o qué puente construir en la selva, y ya se sufría la labor social del Ejército; en tiempo de paz, un vacío político llenado por la institución armada.

Ese mismo año, el presidente José López Portillo, también invitado a la fiesta, nos dijo que Chiapas tenía el récord federal del gasto social (copla repetida hasta hoy, ¿con qué logros?). Dos años más tarde, fue la matanza de Bolonchán, cuando todavía no había ni sombra de zapatistas. Lento pero inexorablemente se iba empollando la idea de una respuesta popular, ya madura en 1994: "declarar la guerra a la guerra".

Esto no se "está quedando en el pasado", porque, hoy todavía, en Los Altos, la selva y la zona norte, las autoridades civiles que tienen "las armas de la política" allí se eclipsan ante "la política de las armas". Hace poco, los dos obispos, el emérito don Samuel Ruiz y el actual titular don Felipe Arizmendi, han advertido públicamente, cada uno con su vocabulario, que existen de nueva cuenta las condiciones para otro Acteal; efectivamente, todavía hay desplazados, armas exclusivas del Ejército para hostigarlos con la complicidad de soldados, y muertos. Desde el 12 de enero de 1994, al aceptar la tregua y los sucesivos diálogos, el zapatismo ha dicho un sí a la palabra; pero éste sí es un no al dinero (aunque aquél del mayor gasto social de la Federación) del que no acepta ni una migaja; un no al llamado desarrollo que construye carreteras para retenes, patrullajes militares o turistas "ecológicos" y de aventura; un no a clínicas para pasantes sin agua ni medicina; un no a escuelas sin maestros ni libros, cuadernos o plumas; un no al ganado que disputa a ejidatarios parcelas para comer; un no a agroquímicos que agotan suelos, y al tráfico de semillas que insultan el patrimonio genético del terruño.

Estas tareas, las juntas de buen gobierno las saben hacer mejor que las instancias oficiales, sin remedarlos, con otro concepto de desarrollo, con opciones alternativas, y hasta sin dinero. Por tanto, las armas de la política tampoco han de remedar al zapatismo sino, al contrario, han de crear lo que éste no tiene la posibilidad de hacer ni los medios para realizarlo.

Creeremos en el sí a la política cuando las escandalosas instalaciones militares de Toniná y San Quintín se confiscaran a la guerra para hospedar en ellas el material científico y el personal (no de pasantes sino de experimentados maestros con carreras) para investigar en sus bibliotecas especializadas, probar en sus laboratorios experimentales y resolver en el campo los problemas mal explorados de la medicina y la agricultura tropicales, o de la investigación forestal (por supuesto alternativa a la de Conservación Internacional) con proyección a la gestión agrosilvipastoril del bosque tropical. Como existe ya la infraestructura de edificios, agua, luz, vialidad y terrenos para la experimentación (lo que sería mucho ahorro al erario), bastaría con cambiar al personal militar por maestros e investigadores civiles seleccionados. Un obsequio de "las armas de la política" a la paz.

Un gasto militar trocado por becas para doctorandos, estudiantes, investigadores, profesionalización de campesinos, en conexión con las organizaciones que ya lo van pensando desde las bases, sin injerencia empresarial de las trasnacionales, ¿qué tal? La selva, "tierra de guerra" como ya la llamaba Las Casas, mudada en campus universitario de paz, para una ciencia con conciencia aterrizada por campesinos que la sufren desde hace 500 años.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050115/016a1pol.php

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Comentaris

Re: Chiapas y la política de las armas
15 gen 2005
molt bo l'article.

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