Acteal: clamor por la justicia - Indymedia Barcelona

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Notícies :: amèrica llatina
Acteal: clamor por la justicia
per rsc	01 gen 2005
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Viernes 31 de diciembre de 2004 Miguel Angel de los Santos Han pasado siete años de la masacre de inocentes cometida en Acteal. Aunque muchas personas enfrentan procesos como probables responsables materiales de los hechos, lo cierto es que ni los familiares de las víctimas ni la sociedad en general se conforman con estos resultados. En la cárcel no están todos quienes participaron y todo indica que muchos de los que están son inocentes. Tampoco se cree que la razón de la masacre tuvo que ver con venganzas generadas a raíz de múltiples ataques que militantes priístas sufrieron de simpatizantes zapatistas. Es más, esta hipótesis sólo justifica la omisión de la Procuraduría General de la República (PGR) en investigar la existencia de grupos paramilitares que actúan en la región de los Altos con el apoyo y aquiescencia de las autoridades estatales y federales. Posterior al 22 de diciembre de 1997, la PGR atrajo todas las averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos antes de la misma. Ello le permitió conocer de varios hechos por delitos de homicidio cometidos a simpatizantes o militantes del PRI. En algunos casos, pese a que los testimonios describían la actuación de grupos de personas que vestían de negro o azul, se cubrían el rostro con pasamontañas y portaban armas de grueso calibre, la PGR dirigía sus investigaciones hacia bases de apoyo o simpatizantes zapatistas. En el expediente penal número 230/98 se consigna que el día 10 de octubre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en la comunidad de Chimix, municipio de Chenalhó, en que resultó muerto César Santiz Pérez y lesionadas dos personas. Los lesionados y testigos describen que "salieron de entre el monte aproximadamente unas 15 personas, por lo que empezaron a correr el de la voz y sus acompañantes, ya que dichas personas vestían de color negro y algunos usaban pasamontañas, todos portando armas largas de fuego..." No obstante esta narración, fue juzgado Cristóbal Gutiérrez Gómez, base de apoyo zapatista. En el expediente penal número 169/98 se consigna que el día 17 de diciembre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en el paraje Kestic, Chenalhó, en la que resultó muerto Agustín Vázquez Secum. De acuerdo con la PGR éste habría sido el hecho que provocó la masacre de Acteal. Algunos testimonios y declaraciones de sobrevivientes relatan que la emboscada provino de un grupo de aproximadamente siete personas que se cubrían el rostro con pasamontañas, vestían de azul y portaban armas de grueso calibre. De hecho, el análisis de balística indica que el arma utilizada fue un AK-47 conocido como cuerno de chivo. Juan Luna Vázquez, base de apoyo zapatista, fue juzgado por este crimen. Al no existir pruebas que sustentaran la acusación, fue absuelto de los cargos. De este modo la PGR evitaba investigar a los paramilitares. Pese a existir evidencias que mostraban las acciones de un grupo armado, la dependencia involucraba a los zapatistas en los crímenes, buscando fortalecer su hipótesis que sitúa la venganza como móvil de los hechos ocurridos en Acteal. Lo cierto es que en Acteal aún se espera la justicia, pues no se ha llevado a cabo una investigación seria y profunda que conduzca al castigo de los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales. El fuerte clamor por la justicia que genera Acteal debe conducir a acciones concretas, más allá de las exigencias anuales de justicia, que obliguen al gobierno federal a tomar en serio la justicia e investigar debidamente los hechos. No tenemos que esperar 30 años, como ha ocurrido con los hechos del 1968 y 1971, para iniciar el ajuste de cuentas con el pasado. Una investigación imparcial y objetiva debe partir de la continuación de las investigaciones ministeriales por medio de una fiscalía especial que se aboque a la indagación de todas las acciones atribuidas a grupos paramilitares, que hasta hoy han sido ocultadas. Sería deseable que la fiscalía se inspirara en la que ha sido creada para investigar los crímenes ocurridos en el periodo de la guerra sucia, subsanando sus deficiencias para garantizar su eficacia. De esta manera, el gobierno federal cumpliría con sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, que le imponen la investigación eficaz de las violaciones a los derechos humanos, respetando el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, sus familiares y la sociedad que se han sentido agraviadas por tan horrendo crimen.
Mira també: http://www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041231/017a2pol.php
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Comentaris

Zapatistas deben ser liberados
per rsc	01 gen 2005
Adolfo GutiÃ©rrez CP. Los zapatistas que se encuentran presos en los penales de Villahermosa, Tabasco y QuerÃ©taro deberÃan de ser liberados puesto que cumplieron la sentencia para que se les pueda dar la libertad anticipada, seÃ±alaron abogados. Sin embargo los gobiernos de esos estados les han negado esta garantÃa constitucional, argumentado que no habÃan cumplido con los tiempos. BÃ¡rbara Zamora y Santos GarcÃa, ambos abogados defensores de los reos zapatistas, confirmaron que a pesar de que cumplieron con lo establecido con la Ley Ejecutoria de Sentencias, el Gobierno del Estado de QuerÃ©taro les negÃ³ la libertad anticipada, bajo el argumento de no haber cumplido con la referida ley. Sergio JerÃ³nimo SÃ¡nchez y JosÃ© Anselmo Robles, a quienes el EZLN ha reconocido como presos suyos, segÃºn sus abogados ya cumplieron con la Ley Ejecutoria de Sentencias y que deberÃan de obtener su libertad anticipada sin embargo el Gobierno del Estado les negÃ³ esta garantÃa. Los presos fueron detenidos el dÃa 7 de febrero de 1998 en sus domicilios particulares, dos dÃas despuÃ©s de que se registrara un enfrentamiento entre manifestantes y elementos policiales en el estado de QuerÃ©taro. En similares condiciones se encuentran Francisco PÃ©rez VÃ¡zquez, Ã?ngel ConcepciÃ³n PÃ©rez GutiÃ©rrez, Carrillo VÃ¡zquez LÃ³pez, JerÃ³nimo SÃ¡nchez y Anselmo Robles, recluidos en los penales de Villahermosa, Tabasco. Por otra parte, organizaciones sociales simpatizantes con el movimiento indÃgena seÃ±alaron que no se han cumplido las condiciones para que le gobierno retorne a la mesa de diÃ¡logo. Y es que el EjÃ©rcito Zapatista puso como condiciones para regresar a las mesas de negociaciÃ³n el reposicionamiento de tropas del EjÃ©rcito Mexicano que se encontraban en la zona de conflicto, la aprobaciÃ³n de los acuerdos de San AndrÃ©s y la liberaciÃ³n de presos zapatistas.
Mira també: http://www.cuarto-poder.com.mx/cgi-bin/4p_secc.cgi?sec=a&dt=31/12/2004&sub=&ref=a1-3

Matanza en Acteal. Acteal: Comunicado Abejas
per rsc	01 gen 2005
Estimados hermanos y hermanas; les enviamos nuestro comunicado de este 22 de diciembre con motivo de la conmemoraciÃ³n de 7 aÃ±os de la masacre de Acteal. Reciban saludos y les deseamos una feliz Navidad y que este aÃ±o nuevo les traiga cosas buenas. Atentamente, La Mesa Directiva de Las Abejas Tierra Sagrada de Los MÃ¡rtires de Acteal ChenalhÃ³, Chiapas 22 de diciembre de 2004 A los Defensores de Derechos Humanos. A las Organizaciones Sociales y PolÃticas de MÃ©xico. A los Medios de ComunicaciÃ³n Nacional e Internacional. A la OpiniÃ³n PÃºblica. Hermanos y hermanas: Hoy se cumplen siete aÃ±os de la masacre de Acteal. Ya son siete aÃ±os de impunidad. Siete aÃ±os han pasado y no ha llegado la justicia para nuestros 45 hermanos mÃ¡s cuatro que aÃºn no nacÃan que fueron asesinados por un grupo de paramilitares en ChenalhÃ³ el 22 de diciembre de 1997. 1) SituaciÃ³n JurÃdica del Caso Acteal a 7 AÃ±os de los Acontecimientos. A 7 aÃ±os de distancia, Ã©ste es el estado en que se encuentra el Caso Acteal: 1) De los 87 civiles detenidos a raÃz de la masacre: * En 75 casos, o sea la inmensa mayorÃa, todavÃa sigue abierto el expediente, sea porque ni siquiera se ha dictado sentencia en primera instancia (53) o porque estÃ¡n en espera de la resoluciÃ³n del Juicio de Amparo (22). * De los 12 restantes, cuyo caso ya se cerrÃ³, 6 fueron absueltos a pesar de la evidencia aportada por los testigos, evidencia que el uez simplemente desestimÃ³. Entre Ã©stos estaban algunos de los principales organizadores de los paramilitares en ChenalhÃ³. Â¿SerÃ¡ casualidad que fue precisamente en estos casos que los jueces no consideraron suficiente la evidencia que sÃ lo fue en los demÃ¡s casos? * SÃ³lo a 6 se les ha dictado sentencia definitiva por homicidio y lesiones calificadas, habiÃ©ndose agotado ya los recursos judiciales. * Aquellos cuyos casos se siguen revisando, no es porque en las apelaciones se haya encontrado algo que acredite su inocencia, sino por diversas irregularidades en el proceso imputables a los jueces (como olvidarse de firmar las actas o no proporcionar traductores) que han llevado a que el juez de apelaciÃ³n ordene la reposiciÃ³n del procedimiento. * Esto ha obligado a los testigos a repetir sus declaraciones una y otra vez, con todo lo que esto implica de desgaste econÃ³mico y psicolÃ³gico al tener que carearse con los asesinos de sus familiares. Esto es aparentemente una mera decisiÃ³n judicial relativa al proceso, pero tambiÃ©n aquÃ nos preguntamos si serÃ¡ simple casualidad Â¿No serÃ¡ una estrategia de desgaste con la idea de que quizÃ¡ se cansen los testigos y puedan quedar libres los asesinos? De todos modos aquÃ vale muy bien la frase de que justicia retardada es justicia denegada. * En ninguna de las sentencias consideraron los jueces la obligaciÃ³n de los culpables a la reparaciÃ³n del daÃ±o, a pesar de que Ã©ste es un principio universal del derecho y de que el daÃ±o en este caso era grave y evidente. Y esto vale tanto para la misma masacre como para todas las agresiones que la precedieron: robos, quema de casas y amenazas, delitos cuyas averiguaciones se quedaron en el papel y por los que nunca hubo consignaciones. 2) En cuanto a los miembros del gabinete de Seguridad pÃºblica y de ProcuraciÃ³n de Justicia del gobernador Ruiz Ferro a quienes la CNDH dijo que se les tenÃa que fincar responsabilidad penal y/o administrativa: * La ComisiÃ³n Nacional de Derechos Humanos en su RecomendaciÃ³n 1/98 afirmÃ³: â��Les resulta responsabilidad penal y/o administrativaâ�? a los funcionarios que ocupaban los siguientes cargos: Secretario de Gobierno Procurador General de Justicia del Estado Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad PÃºblica Secretario para la AtenciÃ³n de los Pueblos IndÃgenas Subsecretario General de Gobierno Subprocurador de Averiguaciones Previas Subprocurador de Justicia IndÃgena Coordinador General de la PolicÃa del Estado Director General de Seguridad PÃºblica del Estado Jefe de Asesores de la CoordinaciÃ³n General de la PolicÃa del Estado Oficiales de la PolicÃa de Seguridad PÃºblica del Estado: Comandante de la Base de Operaciones de SP en Majomut Comandante de la Base de Operaciones de SP en Chimix Comandante de la RegiÃ³n de San CristÃ³bal de las Casas Comandante de la PolicÃa Judicial del Estado con destacamento en ChenalhÃ³ Agente del Ministerio PÃºblico del Fuero ComÃºn adscrito a la SubprocuradurÃa de Justicia IndÃgena. * Al ver esta lista nos damos cuenta de que estÃ¡ prÃ¡cticamente todo el gabinete de: Gobierno, ProcuraciÃ³n de Justicia y Seguridad PÃºblica. Y nos preguntamos, viendo esto Â¿puede alguien dudar de que el Gobierno apoyÃ³ y aprobÃ³ la Masacre de Acteal? Sin embargo, los Ãºnicos cargos que se hicieron a (algunos de) estos de estos funcionarios fueron por omisiÃ³n. La verdad es que es mÃ¡s difÃcil creer que todos estos funcionarios fueron simultÃ¡neamente negligentes que pensar que habÃa un acuerdo de proteger a los paramilitares. * De los 16 funcionarios que se mencionaron en la RecomendaciÃ³n 1/98 de la CNDH, sÃ³lo a 5 se les fincÃ³ responsabilidad penal. De Ã©stos, 3 estÃ¡n presos (y estÃ¡n a punto de salir por cumplirse el tiempo de su sentencia) y dos mÃ¡s estÃ¡n prÃ³fugos de la justicia. Sin embargo, la CNDH en un escrito dirigido hace unas semanas al Centro de Derechos Humanos Fray BartolomÃ© de las Casas A.C. afirmÃ³ que consideraba â��cumplidos en su totalidad los diez puntos de la RecomendaciÃ³n 1/98, sobre el caso de Acteal, Chiapasâ�?. 3) En cuanto a los funcionarios de alto nivel que son responsables, por lo menos, de no haber evitado una masacre que se denunciaba y anunciaba por la CONAI, las oÂnGâ��s de Derechos Humanos y hasta los medios de comunicaciÃ³n nacionales, violando el compromiso del Estado Mexicano de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, compromiso que se establece (entre otros) en la ConvenciÃ³n Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por MÃ©xico: * Ninguno ha sido investigado y mucho menos castigado: Emilio Chuayfett, el entonces Secretario de GobernaciÃ³n que nunca se enterÃ³ de lo que estaba pasando en ChenalhÃ³, a pesar de que hasta en TV saliÃ³, despuÃ©s de un breve tiempo a la sombra, estÃ¡ coordinando tranquilamente la bancada de diputados priÃstas. Julio CÃ©sar Ruiz Ferro, que era Gobernador de Chiapas cuando ocurriÃ³ la Masacre de Acteal fue premiado por Zedillo con un cargo en la embajada de MÃ©xico en Washington, acaso por haber elegido unos colaboradores de gobierno tan hÃ¡biles para sincronizar su omisiÃ³n. El mismo Ernesto Zedillo titular del Ejecutivo y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, reparte su tiempo entre los Consejos de AdministraciÃ³n de las transnacionales a las que les privatizÃ³ las riquezas nacionales (como los ferrocarriles) y los consejos a la oÂnU de cÃ³mo desmantelar la economÃa de los paÃses en desarrollo. En cuanto a los altos mandos militares responsables de la estrategia de contrainsurgencia (denunciada por el Centro de Derechos Humanos Fray BartolomÃ© de las Casas ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la oÂnU y nunca desmentida por el gobierno mexicano) como de costumbre en MÃ©xico, siguen en la total impunidad, protegidos por una sombra de silencio y desinformaciÃ³n. 4) En cuanto a las instancias especiales de procuraciÃ³n de justicia creadas por el gobierno de Ernesto Zedillo a raÃz de la presiÃ³n de la sociedad civil nacional e internacional para investigar la masacre de Acteal: * Tanto la FiscalÃa Especial para el Caso Acteal como la Unidad Especializada de la PGR para la AtenciÃ³n de Delitos cometidos por probables grupos civiles armados fueron desaparecidas por el gobierno del cambio de Vicente Fox y su procurador general Macedo de la Concha. Hasta el agente del Ministerio PÃºblico Federal que participaba desde el principio en la investigaciÃ³n del caso Acteal fue prÃ¡cticamente despedido al suspendÃ©rsele de facto el pago de su salario. 5) En cuanto al grupo paramilitar que es responsable de la masacre de Acteal y de mÃºltiples delitos cometidos antes y despuÃ©s de ella: * Aparentemente inactivos, en realidad ahÃ siguen agazapados. No fueron desmantelados, ni desarmados, ni se expusieron a la luz pÃºblica sus verdaderos motivos y sus cÃ³mplices. A pesar de todas las evidencias, los jueces negaron que hubiera asociaciÃ³n delictuosa, con lo que prÃ¡cticamente se concediÃ³ patente de impunidad a los paramilitares organizados. * Hay 27 Ã³rdenes de aprehensiÃ³n sin ejecutar y siguen sucediendo incidentes de hostigamiento y amenazas como lo que pasÃ³ hace apenas unos dÃas (el jueves 16) en la comunidad de la Esperanza donde se le encontrÃ³ un arma de fuego a un paramilitar, el agente municipal lo puso a disposiciÃ³n del juez municipal y Ã©ste lo dejÃ³ libre. * La Ãºltima vez que hubo un intento de ejecutar las Ã³rdenes de aprehensiÃ³n pendientes fue hacia el final de los gobiernos de Zedillo y Albores. La Unidad Especializada de la PGR realizÃ³ un operativo en los Chorros, ChenalhÃ³. Pero los paramilitares, debidamente alertados por el gobierno de Albores, atacaron al personal de la PGR con armas blancas y armas de fuego, ante las mismas narices del EjÃ©rcito Mexicano estacionado en Majomut y aunque el EjÃ©rcito en aquellos dÃas detenÃa en sus retenes a cualquier civil inocente, con el pretexto de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en esa ocasiÃ³n dejÃ³ que las armas le tronaran literalmente en las orejas y rechazÃ³ la peticiÃ³n de auxilio de la PGR con el argumento de que no tenÃan Ã³rdenes de actuar. 6) CampaÃ±a de desinformaciÃ³n. * Finalmente, a 7 aÃ±os de la masacre de Acteal, en lugar de que se vayan aclarando los hechos, se van confundiendo mÃ¡s, o por lo menos eso intentan algunos. La Ãºltima mentira difundida con respecto al caso Acteal es que se trata de un conflicto religioso y que los presos estÃ¡n en la cÃ¡rcel por ser evangÃ©licos, no por ser paramilitares y asesinos. Pero los que estÃ¡n en la cÃ¡rcel son de todas las religiones y ni en la historia de los conflictos previos en ChenalhÃ³, ni en los expedientes del caso Acteal hay ninguna indicaciÃ³n de que existiera un conflicto interreligioso. Por el contrario, en ChenalhÃ³ existÃa una buena relaciÃ³n entre catÃ³licos y otras iglesias cristianas como lo demuestra la colaboraciÃ³n entre catÃ³licos y presbiterianos para traducir la Biblia al tzotzil y la existencia del coro de Acteal que tambiÃ©n se debe agradecer a una colaboraciÃ³n con los presbiterianos. MÃ¡s bien son las campaÃ±as malintencionadas que se han difundido a este respecto las que estarÃan instigando a crear un conflicto que no existe. 2) En MÃ©xico no hay justicia y el pueblo ya se cansÃ³ Hace unos dÃas la violencia volviÃ³ a entristecer al paÃs con lo que sucediÃ³ en TlÃ¡huac. A raÃz de esta tragedia el presidente Fox destituyÃ³ al ex secretario de Seguridad PÃºblica del Distrito Federal, Marcelo Ebrard CasaubÃ³n, que estÃ¡ siendo investigado por la PGR por no haber intervenido para evitar el linchamiento de dos policÃas. Nos preguntamos Â¿esto significa que ya se nos va a hacer justicia? Si en este caso se investiga a los funcionarios porque no intervinieron durante dos horas de violencia para evitar dos muertos. Â¿QuÃ© se podrÃ¡ decir de la masacre de Acteal, donde la balacera durÃ³ siete horas y murieron 45 personas, sacaron del vientre de su mamÃ¡ a 4 niÃ±os y los asesinaron y quedaron 26 lesionados? La policÃa de Seguridad PÃºblica del Estado estaba a 200 metros; el Centro de Derechos Humanos Fray BartolomÃ© de las Casas se comunicÃ³ a travÃ©s del Padre Gonzalo Ituarte con el Secretario de Gobierno Homero Tovilla Cristiani. Ya se habÃa denunciado pÃºblicamente semanas antes de una posible masacre. El mismo obispo de San CristÃ³bal, Don Felipe Arizmendi quien, en aquel tiempo era obispo de Tapachula, acaba de declarar a la prensa que Ã©l personalmente alertÃ³ al gobernador Ruiz Ferro de que en ChenalhÃ³ era inminente un hecho sangriento. Si, como parece por su manera de actuar en el caso TlÃ¡huac, Fox y la PGR piensan que la omisiÃ³n es un delito grave, y que una vez advertidos de que hay peligro inminente de violencia, las autoridades responsables de la seguridad pÃºblica no pueden evadir su obligaciÃ³n de impedirla, entonces seguramente van a ordenar la investigaciÃ³n y consignaciÃ³n de Ruiz Ferro, Homero Tovilla, Uriel JarquÃn, Emilio Chuayfett y hasta del mismo Zedillo. El Gral. Macedo de la Concha se va a acordar de que antes que ser militar tiene la responsabilidad de ser abogado de la naciÃ³n y seguramente va a abrir una averiguaciÃ³n contra los militares que apoyaron el entrenamiento y el armamento de los paramilitares. O Â¿es que a estas personas la ConstituciÃ³n PolÃtica les hace una excepciÃ³n? O Â¿CuÃ¡les son las razones? Si se aplicaran en Acteal los mismos criterios jurÃdicos que se estÃ¡n aplicando en TlÃ¡huac todas esas personas deberÃan ser castigadas por su negligencia (por lo menos). Pero nuestros corazones nos dicen que esto no va a suceder y sabemos que la ley en MÃ©xico no se aplica parejo. No es la misma ley para todos, sino una para los ricos y los amigos del gobierno y otra para los pobres y los que critican al gobierno. Nos hemos dado cuenta junto con millones de mexicanos que los pobres no podemos esperar justicia de nuestro sistema de procuraciÃ³n de justicia. La tragedia que sucediÃ³ en TlÃ¡huac es una herida infectada que muestra esta descomposiciÃ³n del tejido social que no es por usos y costumbres, como quieren hacer creer en este caso y como quiso hacerlo creer la PGR en el caso de Acteal, sino porque las autoridades que deberÃan aplicar la justicia no lo hacen. Los que gobiernan a mi pueblo no le hacen justicia, en sus manos sÃ³lo hay corrupciÃ³n y tienen la mano derecha llena de sobornos (Salmo 26, 10). Cuando la autoridad no cumple esta funciÃ³n cabalmente, toda la sociedad se resiente. 3) Nuestra propuesta. Derechos indÃgenas y Nueva Sociedad. Esta es la realidad de la masacre de Acteal. No lo que ha dicho el gobierno y los defensores de los paramilitares de que es un conflicto Ãnter comunitario o interreligioso. Las Abejas hemos sido una organizaciÃ³n ecumÃ©nica desde nuestra fundaciÃ³n hasta la fecha. Seguimos demandando justicia en el caso de Acteal, pero no es nada mÃ¡s por nosotros Las Abejas. Es por todos los mexicanos. Si Acteal queda en la impunidad tarde o temprano puede suceder otra masacre en otra comunidad o en una ciudad. Es por eso que todos debemos unir nuestra voz para exigir castigo para los funcionarios responsables, para que no vuelvan a cometer sus crÃmenes. Ante estos obstÃ¡culos, queremos compartirles que hemos decidido mantenernos firmes en nuestra lucha por la justicia y por la paz verdadera en nuestros pueblos. Aunque el plan del gobierno era meternos miedo con las represiones, sin embargo nos organizamos mÃ¡s. Nuestra organizaciÃ³n estÃ¡ dando frutos con la cooperativa de CafÃ© Maya Vinic, con el Coro de Acteal, con los promotores de salud, con las mujeres artesanas Maya Antsetik, con los promotores de Derechos Humanos, y otros. La comunicaciÃ³n con otras organizaciones indÃgenas y oÂnGâ��s nacionales e internacionales nos ha hecho mÃ¡s fuertes y apoyados por nuestra lucha. Hemos compartido nuestra experiencia con desplazados de otros paÃses. Nos hemos unido a las luchas contra el ALCA y las mega hidroelÃ©ctricas. Vemos que organizados aunque con dificultades podemos construir nuestras alternativas al neoliberalismo. Con estas cosas realizadas sabemos que no bastan, aÃºn hay muchas tareas: Una de ellas es luchar por los derechos indÃgenas. Al luchar por los derechos indÃgenas y por nuestras formas de impartir justicia estamos luchando por reconstruir desde abajo nuestra sociedad, que ya no cree en la justicia del gobierno porque nunca llega a los pobres. Que las comunidades asuman la justicia y la resoluciÃ³n de conflictos, no con violencia, sino de acuerdo a la sabidurÃa de nuestros abuelos y abuelas. Nos solidarizamos y nos unimos a que se nos haga justicia junto con nuestros hermanos que tambiÃ©n han sufrido masacres y asesinatos a los defensores de derechos humanos, asÃ como a los hermanos de Aguas Blancas, de Guerrero, de Oaxaca, hermanos de la Zona Norte de Chiapas, Digna Ochoa y PlÃ¡cido. Nos solidarizamos con todos los que sufren como hemos sufrido nosotros: con los familiares de los policÃas linchados en TlÃ¡huac y con los pueblos de Irak y Palestina; con los hermanos y hermanas de Colombia que tambiÃ©n sufren por los paramilitares. Les decimos que aunque los poderosos quieren destruirnos, Dios no nos abandona, sino que al contrario conmueve corazones de otras personas del mundo para solidarizarse por nosotros. AsÃ estamos viviendo nosotros los sobrevivientes de Acteal, perdimos a nuestros familiares pero tuvimos oportunidades de recibir solidaridad de gentes de todas partes del mundo, animÃ¡ndonos que nuestra lucha es justa y que debemos de seguir adelante porque no estamos solos. Igual asÃ les decimos a todos ustedes, no estÃ¡n solos, estaremos todos unidos. Hermanos y hermanas; que hoy nos acompaÃ±an y a los que no pudieron venir, pero nos mandaron cartas y estÃ¡n orando o manifestÃ¡ndose en sus paÃses, reciban nuestros agradecimientos con todo nuestro corazÃ³n por su solidaridad y por su acompaÃ±amiento. Juntos podemos hacer que otro mundo sea posible. Â¡Nunca mÃ¡s otro Acteal! Â¡No mÃ¡s masacres ni asesinatos! Atentamente La Mesa Directiva de Las Abejas JosÃ© PÃ©rez VÃ¡zquez, VictorioPÃ©rez PÃ©rez,JosÃ© A. JimÃ©nez PÃ©rez, PabloHernÃ¡ndez Arias, Fernando GÃ³mez HernÃ¡ndez,Mariano PÃ©rez GuzmÃ¡n.
Mira també: http://www.fzln.org.mx/displayarticle1221.html

Re: Acteal:
per rsc	02 gen 2005
Avui 02.01.05 El genocidi d'Acteal en el conflicte de Chiapas Prócoro Hernández Sociòleg i politòleg Ja han passat set anys des de la matança del poble d'Acteal duta a terme per paramilitars ben propers a l'anterior govern mexicà del PRI. Van ser assassinades 21 dones, quatre de les quals embarassades, quinze nenes i nou homes, pertanyents a la comunitat de Chenalhó. Els fets tràgics d'Acteal segueixen sense càstig i, en conseqüència, també sense justícia. En un primer moment, es va responsabilitzar dels fets al partit que governava aleshores. Tanmateix, cal dir que tampoc el govern actual ha fet res per fer justícia ni per resoldre el conflicte de Chiapas. Queda molt lluny la promesa de Fox, que va dir que arreglaria el problema en un quart d'hora. Les víctimes eren refugiats polítics de l'organització religiosa Sociedad Civil Las Abejas de Chenalhó. Aquesta organització, des de l'inici del conflicte de Chiapas el 1994, sempre havia buscat una sortida pacífica, mitjançant el diàleg. El grup d'Acteal era i és el motor de les comunitats de Chenalhó, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Las Margaritas i Venustiano Carranza, zones habitades per una gran majoria de dones, nens i gent gran. La seva activitat és tan dinàmica que fins i tot no fa gaire van fer un pelegrinatge reivindicatiu a la Ciutat de Mèxic, on van exigir justícia i llibertat als seus territoris. Fins ara s'han inculpat 103 persones per participació en el genocidi, i només han estat detinguts i empresonats tres funcionaris, Julio César Santiago Díaz, Roberto García Rivas i Roberto Martín Méndez Gómez, de l'aleshores secretari de Seguretat Pública. A hores d'ara encara queden pendents 29 ordres de detenció per implicació en aquesta massacre. Dins del grup assassí paramilitar hi havia, fins i tot, exmilitars que havien tingut una important graduació dins de l'exèrcit. Durant els mesos següents els paramilitars i els militars camuflats encara van fer més de vuitanta incursions amb violència. Segons una primera investigació sobre la massacre, el responsable directe va ser un grup paramilitar integrat per militants del PRI, recolzat, entrenat i finançat per l'exèrcit mexicà. Tanmateix, també va haver-hi una participació directa de militars i exmilitars, com els casos de Pablo Hernández Pérez, exmilitar que va encapçalar la intervenció, Julio César Santiago Díaz, general de brigada retirat, el sergent Mariano Pérez Ruiz i Mariano Arias Pérez, soldat d'infanteria. I els fets no acaben aquí, ja que també se sap que la Policia de Seguretat Pública va donar els uniformes als paramilitars. Fins i tot Jacinto Arias Cruz, president municipal de Chenalhó i dirigent del PRI, els va distribuir les armes. El més greu i que més va cridar l'atenció és que la policia, que sabia el que estava passant i era a 200 metres, no va intervenir-hi. I no només això, sinó que alguns veïns que van informar les autoritats de l'atac van ser detinguts per ordres de l'exèrcit. El que és més preocupant és que la violència no s'ha aturat. La gent d'Acteal es queixa que no poden treballar lliurement en els seus camps, ja que els paramilitars hi són presents i pateixen amenaces contínues. Pressió sobre els zapatistes El grup d'Acteal estava vinculat a la diòcesi de San Cristóbal de las Casas, la qual cosa explica, en part, per què els paramilitars i militars van triar el d'Acteal i no qualsevol altre grup. En efecte, es tractava d'impressionar, i fer pressió sobre el moviment zapatista. Els paramilitars i militars autors de la tragèdia van triar molt bé on fer mal als zapatistes. Calia atacar el seu gran defensor social Samuel Ruiz, a més dels catòlics d'esquerres. El procés de pau en el conflicte de Chiapas està aturat pel tancament del govern de Vicente Fox, que, a més, fa els ulls grossos a les impunitats i abusos de l'exèrcit mexicà, més present que mai a Chiapas. Malgrat tot, la solidaritat d'organitzacions mexicanes i un nombre molt alt de grups internacionals mantenen ben viva la defensa dels indígenes de Chiapas i la reivindicació de justícia pels fets d'Acteal. http://www.avui.es/avui/diari/05/gen/02/120102.htm