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Notícies :: amèrica llatina
Acteal: clamor por la justicia
01 gen 2005
*
Viernes 31 de diciembre de 2004

Miguel Angel de los Santos


Han pasado siete años de la masacre de inocentes cometida en Acteal. Aunque muchas personas enfrentan procesos como probables responsables materiales de los hechos, lo cierto es que ni los familiares de las víctimas ni la sociedad en general se conforman con estos resultados. En la cárcel no están todos quienes participaron y todo indica que muchos de los que están son inocentes.

Tampoco se cree que la razón de la masacre tuvo que ver con venganzas generadas a raíz de múltiples ataques que militantes priístas sufrieron de simpatizantes zapatistas. Es más, esta hipótesis sólo justifica la omisión de la Procuraduría General de la República (PGR) en investigar la existencia de grupos paramilitares que actúan en la región de los Altos con el apoyo y aquiescencia de las autoridades estatales y federales.

Posterior al 22 de diciembre de 1997, la PGR atrajo todas las averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos antes de la misma. Ello le permitió conocer de varios hechos por delitos de homicidio cometidos a simpatizantes o militantes del PRI.

En algunos casos, pese a que los testimonios describían la actuación de grupos de personas que vestían de negro o azul, se cubrían el rostro con pasamontañas y portaban armas de grueso calibre, la PGR dirigía sus investigaciones hacia bases de apoyo o simpatizantes zapatistas.

En el expediente penal número 230/98 se consigna que el día 10 de octubre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en la comunidad de Chimix, municipio de Chenalhó, en que resultó muerto César Santiz Pérez y lesionadas dos personas.

Los lesionados y testigos describen que "salieron de entre el monte aproximadamente unas 15 personas, por lo que empezaron a correr el de la voz y sus acompañantes, ya que dichas personas vestían de color negro y algunos usaban pasamontañas, todos portando armas largas de fuego..." No obstante esta narración, fue juzgado Cristóbal Gutiérrez Gómez, base de apoyo zapatista.

En el expediente penal número 169/98 se consigna que el día 17 de diciembre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en el paraje Kestic, Chenalhó, en la que resultó muerto Agustín Vázquez Secum. De acuerdo con la PGR éste habría sido el hecho que provocó la masacre de Acteal.

Algunos testimonios y declaraciones de sobrevivientes relatan que la emboscada provino de un grupo de aproximadamente siete personas que se cubrían el rostro con pasamontañas, vestían de azul y portaban armas de grueso calibre. De hecho, el análisis de balística indica que el arma utilizada fue un AK-47 conocido como cuerno de chivo.

Juan Luna Vázquez, base de apoyo zapatista, fue juzgado por este crimen. Al no existir pruebas que sustentaran la acusación, fue absuelto de los cargos.

De este modo la PGR evitaba investigar a los paramilitares. Pese a existir evidencias que mostraban las acciones de un grupo armado, la dependencia involucraba a los zapatistas en los crímenes, buscando fortalecer su hipótesis que sitúa la venganza como móvil de los hechos ocurridos en Acteal.

Lo cierto es que en Acteal aún se espera la justicia, pues no se ha llevado a cabo una investigación seria y profunda que conduzca al castigo de los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales.

El fuerte clamor por la justicia que genera Acteal debe conducir a acciones concretas, más allá de las exigencias anuales de justicia, que obliguen al gobierno federal a tomar en serio la justicia e investigar debidamente los hechos. No tenemos que esperar 30 años, como ha ocurrido con los hechos del 1968 y 1971, para iniciar el ajuste de cuentas con el pasado.

Una investigación imparcial y objetiva debe partir de la continuación de las investigaciones ministeriales por medio de una fiscalía especial que se aboque a la indagación de todas las acciones atribuidas a grupos paramilitares, que hasta hoy han sido ocultadas. Sería deseable que la fiscalía se inspirara en la que ha sido creada para investigar los crímenes ocurridos en el periodo de la guerra sucia, subsanando sus deficiencias para garantizar su eficacia.

De esta manera, el gobierno federal cumpliría con sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, que le imponen la investigación eficaz de las violaciones a los derechos humanos, respetando el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, sus familiares y la sociedad que se han sentido agraviadas por tan horrendo crimen.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041231/017a2pol.php

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Comentaris

Zapatistas deben ser liberados
01 gen 2005
Adolfo Gutiérrez CP. Los zapatistas que se encuentran presos en los penales de Villahermosa, Tabasco y Querétaro deberían de ser liberados puesto que cumplieron la sentencia para que se les pueda dar la libertad anticipada, señalaron abogados.

Sin embargo los gobiernos de esos estados les han negado esta garantía constitucional, argumentado que no habían cumplido con los tiempos.

Bárbara Zamora y Santos García, ambos abogados defensores de los reos zapatistas, confirmaron que a pesar de que cumplieron con lo establecido con la Ley Ejecutoria de Sentencias, el Gobierno del Estado de Querétaro les negó la libertad anticipada, bajo el argumento de no haber cumplido con la referida ley.

Sergio Jerónimo Sánchez y José Anselmo Robles, a quienes el EZLN ha reconocido como presos suyos, según sus abogados ya cumplieron con la Ley Ejecutoria de Sentencias y que deberían de obtener su libertad anticipada sin embargo el Gobierno del Estado les negó esta garantía.

Los presos fueron detenidos el día 7 de febrero de 1998 en sus domicilios particulares, dos días después de que se registrara un enfrentamiento entre manifestantes y elementos policiales en el estado de Querétaro.

En similares condiciones se encuentran Francisco Pérez Vázquez, �ngel Concepción Pérez Gutiérrez, Carrillo Vázquez López, Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles, recluidos en los penales de Villahermosa, Tabasco.

Por otra parte, organizaciones sociales simpatizantes con el movimiento indígena señalaron que no se han cumplido las condiciones para que le gobierno retorne a la mesa de diálogo. Y es que el Ejército Zapatista puso como condiciones para regresar a las mesas de negociación el reposicionamiento de tropas del Ejército Mexicano que se encontraban en la zona de conflicto, la aprobación de los acuerdos de San Andrés y la liberación de presos zapatistas.
Mira també:
http://www.cuarto-poder.com.mx/cgi-bin/4p_secc.cgi?sec=a&dt=31/12/2004&sub=&ref=a1-3
Matanza en Acteal. Acteal: Comunicado Abejas
01 gen 2005
Estimados hermanos y hermanas; les enviamos nuestro comunicado de este 22 de diciembre con motivo de la conmemoración de 7 años de la masacre de Acteal.

Reciban saludos y les deseamos una feliz Navidad y que este año nuevo les traiga cosas buenas.

Atentamente,
La Mesa Directiva de Las Abejas

Tierra Sagrada de Los Mártires de Acteal
Chenalhó, Chiapas

22 de diciembre de 2004



A los Defensores de Derechos Humanos.

A las Organizaciones Sociales y Políticas de México.

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional.

A la Opinión Pública.



Hermanos y hermanas:

Hoy se cumplen siete años de la masacre de Acteal. Ya son siete años de impunidad. Siete años han pasado y no ha llegado la justicia para nuestros 45 hermanos más cuatro que aún no nacían que fueron asesinados por un grupo de paramilitares en Chenalhó el 22 de diciembre de 1997.


1) Situación Jurídica del Caso Acteal a 7 Años de los Acontecimientos.

A 7 años de distancia, éste es el estado en que se encuentra el Caso Acteal:

1) De los 87 civiles detenidos a raíz de la masacre:

* En 75 casos, o sea la inmensa mayoría, todavía sigue abierto el expediente, sea porque ni siquiera se ha dictado sentencia en primera instancia (53) o porque están en espera de la resolución del Juicio de Amparo (22).

* De los 12 restantes, cuyo caso ya se cerró, 6 fueron absueltos a pesar de la evidencia aportada por los testigos, evidencia que el uez simplemente desestimó. Entre éstos estaban algunos de los principales organizadores de los paramilitares en Chenalhó. ¿Será casualidad que fue precisamente en estos casos que los jueces no consideraron suficiente la evidencia que sí lo fue en los demás casos?

* Sólo a 6 se les ha dictado sentencia definitiva por homicidio y lesiones calificadas, habiéndose agotado ya los recursos judiciales.

* Aquellos cuyos casos se siguen revisando, no es porque en las apelaciones se haya encontrado algo que acredite su inocencia, sino por diversas irregularidades en el proceso imputables a los jueces (como olvidarse de firmar las actas o no proporcionar traductores) que han llevado a que el juez de apelación ordene la reposición del procedimiento.

* Esto ha obligado a los testigos a repetir sus declaraciones una y otra vez, con todo lo que esto implica de desgaste económico y psicológico al tener que carearse con los asesinos de sus familiares. Esto es aparentemente una mera decisión judicial relativa al proceso, pero también aquí nos preguntamos si será simple casualidad ¿No será una estrategia de desgaste con la idea de que quizá se cansen los testigos y puedan quedar libres los asesinos? De todos modos aquí vale muy bien la frase de que justicia retardada es justicia denegada.

* En ninguna de las sentencias consideraron los jueces la obligación de los culpables a la reparación del daño, a pesar de que éste es un principio universal del derecho y de que el daño en este caso era grave y evidente. Y esto vale tanto para la misma masacre como para todas las agresiones que la precedieron: robos, quema de casas y amenazas, delitos cuyas averiguaciones se quedaron en el papel y por los que nunca hubo consignaciones.

2) En cuanto a los miembros del gabinete de Seguridad pública y de Procuración de Justicia del gobernador Ruiz Ferro a quienes la CNDH dijo que se les tenía que fincar responsabilidad penal y/o administrativa:

* La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación 1/98 afirmó:

âLes resulta responsabilidad penal y/o administrativaâ? a los funcionarios que ocupaban los siguientes cargos:

Secretario de Gobierno

Procurador General de Justicia del Estado

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Secretario para la Atención de los Pueblos Indígenas

Subsecretario General de Gobierno

Subprocurador de Averiguaciones Previas

Subprocurador de Justicia Indígena

Coordinador General de la Policía del Estado

Director General de Seguridad Pública del Estado

Jefe de Asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado

Oficiales de la Policía de Seguridad Pública del Estado:

Comandante de la Base de Operaciones de SP en Majomut

Comandante de la Base de Operaciones de SP en Chimix

Comandante de la Región de San Cristóbal de las Casas

Comandante de la Policía Judicial del Estado con destacamento en Chenalhó

Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Subprocuraduría de Justicia Indígena.

* Al ver esta lista nos damos cuenta de que está prácticamente todo el gabinete de: Gobierno, Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Y nos preguntamos, viendo esto ¿puede alguien dudar de que el Gobierno apoyó y aprobó la Masacre de Acteal? Sin embargo, los únicos cargos que se hicieron a (algunos de) estos de estos funcionarios fueron por omisión. La verdad es que es más difícil creer que todos estos funcionarios fueron simultáneamente negligentes que pensar que había un acuerdo de proteger a los paramilitares.

* De los 16 funcionarios que se mencionaron en la Recomendación 1/98 de la CNDH, sólo a 5 se les fincó responsabilidad penal. De éstos, 3 están presos (y están a punto de salir por cumplirse el tiempo de su sentencia) y dos más están prófugos de la justicia. Sin embargo, la CNDH en un escrito dirigido hace unas semanas al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. afirmó que consideraba âcumplidos en su totalidad los diez puntos de la Recomendación 1/98, sobre el caso de Acteal, Chiapasâ?.

3) En cuanto a los funcionarios de alto nivel que son responsables, por lo menos, de no haber evitado una masacre que se denunciaba y anunciaba por la CONAI, las o­nGâs de Derechos Humanos y hasta los medios de comunicación nacionales, violando el compromiso del Estado Mexicano de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, compromiso que se establece (entre otros) en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por México:

* Ninguno ha sido investigado y mucho menos castigado: Emilio Chuayfett, el entonces Secretario de Gobernación que nunca se enteró de lo que estaba pasando en Chenalhó, a pesar de que hasta en TV salió, después de un breve tiempo a la sombra, está coordinando tranquilamente la bancada de diputados priístas. Julio César Ruiz Ferro, que era Gobernador de Chiapas cuando ocurrió la Masacre de Acteal fue premiado por Zedillo con un cargo en la embajada de México en Washington, acaso por haber elegido unos colaboradores de gobierno tan hábiles para sincronizar su omisión. El mismo Ernesto Zedillo titular del Ejecutivo y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, reparte su tiempo entre los Consejos de Administración de las transnacionales a las que les privatizó las riquezas nacionales (como los ferrocarriles) y los consejos a la o­nU de cómo desmantelar la economía de los países en desarrollo. En cuanto a los altos mandos militares responsables de la estrategia de contrainsurgencia (denunciada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la o­nU y nunca desmentida por el gobierno mexicano) como de costumbre en México, siguen en la total impunidad, protegidos por una sombra de silencio y desinformación.

4) En cuanto a las instancias especiales de procuración de justicia creadas por el gobierno de Ernesto Zedillo a raíz de la presión de la sociedad civil nacional e internacional para investigar la masacre de Acteal:

* Tanto la Fiscalía Especial para el Caso Acteal como la Unidad Especializada de la PGR para la Atención de Delitos cometidos por probables grupos civiles armados fueron desaparecidas por el gobierno del cambio de Vicente Fox y su procurador general Macedo de la Concha. Hasta el agente del Ministerio Público Federal que participaba desde el principio en la investigación del caso Acteal fue prácticamente despedido al suspendérsele de facto el pago de su salario.

5) En cuanto al grupo paramilitar que es responsable de la masacre de Acteal y de múltiples delitos cometidos antes y después de ella:

* Aparentemente inactivos, en realidad ahí siguen agazapados. No fueron desmantelados, ni desarmados, ni se expusieron a la luz pública sus verdaderos motivos y sus cómplices. A pesar de todas las evidencias, los jueces negaron que hubiera asociación delictuosa, con lo que prácticamente se concedió patente de impunidad a los paramilitares organizados.

* Hay 27 órdenes de aprehensión sin ejecutar y siguen sucediendo incidentes de hostigamiento y amenazas como lo que pasó hace apenas unos días (el jueves 16) en la comunidad de la Esperanza donde se le encontró un arma de fuego a un paramilitar, el agente municipal lo puso a disposición del juez municipal y éste lo dejó libre.



* La última vez que hubo un intento de ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes fue hacia el final de los gobiernos de Zedillo y Albores. La Unidad Especializada de la PGR realizó un operativo en los Chorros, Chenalhó. Pero los paramilitares, debidamente alertados por el gobierno de Albores, atacaron al personal de la PGR con armas blancas y armas de fuego, ante las mismas narices del Ejército Mexicano estacionado en Majomut y aunque el Ejército en aquellos días detenía en sus retenes a cualquier civil inocente, con el pretexto de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en esa ocasión dejó que las armas le tronaran literalmente en las orejas y rechazó la petición de auxilio de la PGR con el argumento de que no tenían órdenes de actuar.

6) Campaña de desinformación.

* Finalmente, a 7 años de la masacre de Acteal, en lugar de que se vayan aclarando los hechos, se van confundiendo más, o por lo menos eso intentan algunos. La última mentira difundida con respecto al caso Acteal es que se trata de un conflicto religioso y que los presos están en la cárcel por ser evangélicos, no por ser paramilitares y asesinos. Pero los que están en la cárcel son de todas las religiones y ni en la historia de los conflictos previos en Chenalhó, ni en los expedientes del caso Acteal hay ninguna indicación de que existiera un conflicto interreligioso. Por el contrario, en Chenalhó existía una buena relación entre católicos y otras iglesias cristianas como lo demuestra la colaboración entre católicos y presbiterianos para traducir la Biblia al tzotzil y la existencia del coro de Acteal que también se debe agradecer a una colaboración con los presbiterianos. Más bien son las campañas malintencionadas que se han difundido a este respecto las que estarían instigando a crear un conflicto que no existe.


2) En México no hay justicia y el pueblo ya se cansó

Hace unos días la violencia volvió a entristecer al país con lo que sucedió en Tláhuac. A raíz de esta tragedia el presidente Fox destituyó al ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, que está siendo investigado por la PGR por no haber intervenido para evitar el linchamiento de dos policías.

Nos preguntamos ¿esto significa que ya se nos va a hacer justicia? Si en este caso se investiga a los funcionarios porque no intervinieron durante dos horas de violencia para evitar dos muertos. ¿Qué se podrá decir de la masacre de Acteal, donde la balacera duró siete horas y murieron 45 personas, sacaron del vientre de su mamá a 4 niños y los asesinaron y quedaron 26 lesionados? La policía de Seguridad Pública del Estado estaba a 200 metros; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se comunicó a través del Padre Gonzalo Ituarte con el Secretario de Gobierno Homero Tovilla Cristiani. Ya se había denunciado públicamente semanas antes de una posible masacre. El mismo obispo de San Cristóbal, Don Felipe Arizmendi quien, en aquel tiempo era obispo de Tapachula, acaba de declarar a la prensa que él personalmente alertó al gobernador Ruiz Ferro de que en Chenalhó era inminente un hecho sangriento.

Si, como parece por su manera de actuar en el caso Tláhuac, Fox y la PGR piensan que la omisión es un delito grave, y que una vez advertidos de que hay peligro inminente de violencia, las autoridades responsables de la seguridad pública no pueden evadir su obligación de impedirla, entonces seguramente van a ordenar la investigación y consignación de Ruiz Ferro, Homero Tovilla, Uriel Jarquín, Emilio Chuayfett y hasta del mismo Zedillo. El Gral. Macedo de la Concha se va a acordar de que antes que ser militar tiene la responsabilidad de ser abogado de la nación y seguramente va a abrir una averiguación contra los militares que apoyaron el entrenamiento y el armamento de los paramilitares.

O ¿es que a estas personas la Constitución Política les hace una excepción? O ¿Cuáles son las razones? Si se aplicaran en Acteal los mismos criterios jurídicos que se están aplicando en Tláhuac todas esas personas deberían ser castigadas por su negligencia (por lo menos). Pero nuestros corazones nos dicen que esto no va a suceder y sabemos que la ley en México no se aplica parejo. No es la misma ley para todos, sino una para los ricos y los amigos del gobierno y otra para los pobres y los que critican al gobierno. Nos hemos dado cuenta junto con millones de mexicanos que los pobres no podemos esperar justicia de nuestro sistema de procuración de justicia. La tragedia que sucedió en Tláhuac es una herida infectada que muestra esta descomposición del tejido social que no es por usos y costumbres, como quieren hacer creer en este caso y como quiso hacerlo creer la PGR en el caso de Acteal, sino porque las autoridades que deberían aplicar la justicia no lo hacen. Los que gobiernan a mi pueblo no le hacen justicia, en sus manos sólo hay corrupción y tienen la mano derecha llena de sobornos (Salmo 26, 10). Cuando la autoridad no cumple esta función cabalmente, toda la sociedad se resiente.


3) Nuestra propuesta. Derechos indígenas y Nueva Sociedad.

Esta es la realidad de la masacre de Acteal. No lo que ha dicho el gobierno y los defensores de los paramilitares de que es un conflicto ínter comunitario o interreligioso. Las Abejas hemos sido una organización ecuménica desde nuestra fundación hasta la fecha.

Seguimos demandando justicia en el caso de Acteal, pero no es nada más por nosotros Las Abejas. Es por todos los mexicanos. Si Acteal queda en la impunidad tarde o temprano puede suceder otra masacre en otra comunidad o en una ciudad. Es por eso que todos debemos unir nuestra voz para exigir castigo para los funcionarios responsables, para que no vuelvan a cometer sus crímenes.

Ante estos obstáculos, queremos compartirles que hemos decidido mantenernos firmes en nuestra lucha por la justicia y por la paz verdadera en nuestros pueblos. Aunque el plan del gobierno era meternos miedo con las represiones, sin embargo nos organizamos más. Nuestra organización está dando frutos con la cooperativa de Café Maya Vinic, con el Coro de Acteal, con los promotores de salud, con las mujeres artesanas Maya Antsetik, con los promotores de Derechos Humanos, y otros. La comunicación con otras organizaciones indígenas y o­nGâs nacionales e internacionales nos ha hecho más fuertes y apoyados por nuestra lucha. Hemos compartido nuestra experiencia con desplazados de otros países. Nos hemos unido a las luchas contra el ALCA y las mega hidroeléctricas. Vemos que organizados aunque con dificultades podemos construir nuestras alternativas al neoliberalismo.

Con estas cosas realizadas sabemos que no bastan, aún hay muchas tareas: Una de ellas es luchar por los derechos indígenas. Al luchar por los derechos indígenas y por nuestras formas de impartir justicia estamos luchando por reconstruir desde abajo nuestra sociedad, que ya no cree en la justicia del gobierno porque nunca llega a los pobres. Que las comunidades asuman la justicia y la resolución de conflictos, no con violencia, sino de acuerdo a la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas.

Nos solidarizamos y nos unimos a que se nos haga justicia junto con nuestros hermanos que también han sufrido masacres y asesinatos a los defensores de derechos humanos, así como a los hermanos de Aguas Blancas, de Guerrero, de Oaxaca, hermanos de la Zona Norte de Chiapas, Digna Ochoa y Plácido. Nos solidarizamos con todos los que sufren como hemos sufrido nosotros: con los familiares de los policías linchados en Tláhuac y con los pueblos de Irak y Palestina; con los hermanos y hermanas de Colombia que también sufren por los paramilitares. Les decimos que aunque los poderosos quieren destruirnos, Dios no nos abandona, sino que al contrario conmueve corazones de otras personas del mundo para solidarizarse por nosotros. Así estamos viviendo nosotros los sobrevivientes de Acteal, perdimos a nuestros familiares pero tuvimos oportunidades de recibir solidaridad de gentes de todas partes del mundo, animándonos que nuestra lucha es justa y que debemos de seguir adelante porque no estamos solos. Igual así les decimos a todos ustedes, no están solos, estaremos todos unidos.

Hermanos y hermanas; que hoy nos acompañan y a los que no pudieron venir, pero nos mandaron cartas y están orando o manifestándose en sus países, reciban nuestros agradecimientos con todo nuestro corazón por su solidaridad y por su acompañamiento.


Juntos podemos hacer que otro mundo sea posible.

¡Nunca más otro Acteal! ¡No más masacres ni asesinatos!




Atentamente

La Mesa Directiva de Las Abejas


José Pérez Vázquez, VictorioPérez Pérez,José A. Jiménez Pérez, PabloHernández Arias, Fernando Gómez Hernández,Mariano Pérez Guzmán.
Mira també:
http://www.fzln.org.mx/displayarticle1221.html
Re: Acteal:
02 gen 2005
Avui 02.01.05

El genocidi d'Acteal en el conflicte de Chiapas

Prócoro Hernández
Sociòleg i politòleg

Ja han passat set anys des de la matança del poble d'Acteal duta a terme per paramilitars ben propers a l'anterior govern mexicà del PRI. Van ser assassinades 21 dones, quatre de les quals embarassades, quinze nenes i nou homes, pertanyents a la comunitat de Chenalhó. Els fets tràgics d'Acteal segueixen sense càstig i, en conseqüència, també sense justícia. En un primer moment, es va responsabilitzar dels fets al partit que governava aleshores. Tanmateix, cal dir que tampoc el govern actual ha fet res per fer justícia ni per resoldre el conflicte de Chiapas. Queda molt lluny la promesa de Fox, que va dir que arreglaria el problema en un quart d'hora.
Les víctimes eren refugiats polítics de l'organització religiosa Sociedad Civil Las Abejas de Chenalhó. Aquesta organització, des de l'inici del conflicte de Chiapas el 1994, sempre havia buscat una sortida pacífica, mitjançant el diàleg. El grup d'Acteal era i és el motor de les comunitats de Chenalhó, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Las Margaritas i Venustiano Carranza, zones habitades per una gran majoria de dones, nens i gent gran. La seva activitat és tan dinàmica que fins i tot no fa gaire van fer un pelegrinatge reivindicatiu a la Ciutat de Mèxic, on van exigir justícia i llibertat als seus territoris.
Fins ara s'han inculpat 103 persones per participació en el genocidi, i només han estat detinguts i empresonats tres funcionaris, Julio César Santiago Díaz, Roberto García Rivas i Roberto Martín Méndez Gómez, de l'aleshores secretari de Seguretat Pública. A hores d'ara encara queden pendents 29 ordres de detenció per implicació en aquesta massacre. Dins del grup assassí paramilitar hi havia, fins i tot, exmilitars que havien tingut una important graduació dins de l'exèrcit. Durant els mesos següents els paramilitars i els militars camuflats encara van fer més de vuitanta incursions amb violència.
Segons una primera investigació sobre la massacre, el responsable directe va ser un grup paramilitar integrat per militants del PRI, recolzat, entrenat i finançat per l'exèrcit mexicà. Tanmateix, també va haver-hi una participació directa de militars i exmilitars, com els casos de Pablo Hernández Pérez, exmilitar que va encapçalar la intervenció, Julio César Santiago Díaz, general de brigada retirat, el sergent Mariano Pérez Ruiz i Mariano Arias Pérez, soldat d'infanteria.
I els fets no acaben aquí, ja que també se sap que la Policia de Seguretat Pública va donar els uniformes als paramilitars. Fins i tot Jacinto Arias Cruz, president municipal de Chenalhó i dirigent del PRI, els va distribuir les armes. El més greu i que més va cridar l'atenció és que la policia, que sabia el que estava passant i era a 200 metres, no va intervenir-hi. I no només això, sinó que alguns veïns que van informar les autoritats de l'atac van ser detinguts per ordres de l'exèrcit. El que és més preocupant és que la violència no s'ha aturat. La gent d'Acteal es queixa que no poden treballar lliurement en els seus camps, ja que els paramilitars hi són presents i pateixen amenaces contínues.
Pressió sobre els zapatistes
El grup d'Acteal estava vinculat a la diòcesi de San Cristóbal de las Casas, la qual cosa explica, en part, per què els paramilitars i militars van triar el d'Acteal i no qualsevol altre grup. En efecte, es tractava d'impressionar, i fer pressió sobre el moviment zapatista. Els paramilitars i militars autors de la tragèdia van triar molt bé on fer mal als zapatistes. Calia atacar el seu gran defensor social Samuel Ruiz, a més dels catòlics d'esquerres.
El procés de pau en el conflicte de Chiapas està aturat pel tancament del govern de Vicente Fox, que, a més, fa els ulls grossos a les impunitats i abusos de l'exèrcit mexicà, més present que mai a Chiapas. Malgrat tot, la solidaritat d'organitzacions mexicanes i un nombre molt alt de grups internacionals mantenen ben viva la defensa dels indígenes de Chiapas i la reivindicació de justícia pels fets d'Acteal.

http://www.avui.es/avui/diari/05/gen/02/120102.htm

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