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Notícies :: un altre món és aquí : criminalització i repressió : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats
A 11 años del levantamiento armado del EZLN, las comunidades indígenas avanzan
31 des 2004
Los municipios autónomos dan muestran del éxito de nuevas formas de gobernar.
A 11 años del levantamiento armado, las comunidades indígenas avanzan.
En terriotrio zapatista se ha logrado edificar, con escasos recursos, clínicas y escuelas.
Viernes 31 de diciembre de 2004



HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

La Realidad, Chis. 30 de diciembre. A 11 años del levantamiento armado del EZLN, reivindicando las demandas más elementales de los por entonces (1993) invisibles pueblos indios, ¿ha cambiado la vida en los territorios zapatistas (o "de influencia zapatista", como procuran decir los académicos del ramo y los funcionarios gubernamentales)? Desde cualquier punto de vista, la respuesta sólo puede ser afirmativa. En poco más de una década, la transformaciones de los pueblos indios de Chiapas, zapatistas y no, ha sido tan profunda como grande se ha vuelto su importancia política en la nación mexicana del nuevo siglo.

A la puesta en práctica de un modelo inédito de autonomía indígena en clave comunitaria, el poder ha respondido con inversiones récord en obra pública, programas de subsidios y proyectos colectivos que con frecuencia estimulan una verdadera reconversión productiva, con la cual se pretende hacer a los campesinos meseros o guías de turistas, o a meter ganado en la selva con fines comerciales, como en los aciagos años de la ganadería extensiva. Baste mencionar por ahora el discurso conservacionista del gobierno, contradicho por sus propios planes depredadores y la entrega de los recursos naturales al capital foráneo, que ocurre a ojos vistas.

Por donde se le vea, la vida es ya distinta. A la acción indígena de 1994 el salinismo reaccionó con una militarización abrumadora, consolidada por el zedillismo y sostenida intacta durante el foxismo. Esta reacción llevó por delante la construcción de una inmensa red carretera en los Altos, la selva y la zona norte, muchas veces de mala calidad pero efectiva para militarizar el territorio y de paso combatir el "aislamiento" de los pueblos mayas de Chiapas.

Esta militarización incluyó de origen programas de contrainsurgencia armada que, como tales, han resultado un fracaso, no obstante los éxitos temporales del programa paramilitar de Desarrollo, Paz y Justicia en Sabanilla, Tila, Salto de Agua, Palenque y Tumbalá, y el experimento genocida en Chenalhó, que el 22 de diciembre de 1997 abortó en Acteal (a un costo elevadísimo de vidas).

En tanto, decenas de municipios autónomos han moldeado una manera alternativa de vivir, sin el uso de la fuerza ni la violencia, y con un limitado uso del dinero. Esta combinación pareciera desventajosa, y en cierto modo lo es.

Sitiados sistemáticamente por cuarteles y campamentos del Ejército federal, los municipios rebeldes establecen formas de gobierno que funcionan y sin las cuales sería impensable la gobernabilidad de estas regiones. Que son por cierto de mucho menor criminalidad e incidencia delictiva que otras partes de Chiapas, cuyas zonas urbanas del centro y la frontera del Soconusco ocupan hoy un lugar destacado en la competidísima nota roja nacional.

Cuando las juntas de buen gobierno zapatistas (JBG) presentaron sus primeros informes anuales en agosto pasado, se pudo comparar el presupuesto de cualquier municipio oficial del territorio indígena con el de una JBG. La de Oventic, por ejemplo, recabó 4 millones 547 mil pesos, de los cuales gastó o entregó para su gasto 3 millones 501 mil pesos.

Si ese fuera el ingreso para siete u ocho municipios, vaya que saldría barata la autonomía. Dichos números no consideran la economía de producción y subsistencia de los campesinos indígenas, sin la cual la resistencia sostenida resultaría inexplicable. Sumas similares financian uno solo de los muchísimos proyectos gubernamentales para comunidades individuales o pequeños grupos de ejidatarios oficialistas.

Aun así, los municipios autónomos han edificado clínicas, casas de salud y escuelas por todas partes, y casi de milagro si se compara, otra vez, con las inversiones en infraestructura escolar del gobierno, con apoyos adicionales de Coca Cola Company y otras empresas de prestigio internacional.


Según escribe la periodista Concepción Villafuerte, "la autonomía zapatista avanza en silencio" y pone como ejemplo la impartición de justicia en zonas "donde no hay cárceles, pero sí presos" (Contralínea Chiapas, número 2, diciembre de 2004).

Tres estampas de la otra globalización

Una: 18 jóvenes daneses caminan, mochila al hombro, por las montañas de la selva tojolabal. Regresan de una visita de dos días a la comunidad X, donde el comité de solidaridad al que pertenecen financiará la construcción de otra escuela autónoma. Tal vez no vuelvan, o lo hagan sólo el día de la inauguración. La obra y el manejo integral de dicha escuela correrá a cargo de la comunidad, del municipio autónomo San Pedro de Michoacán y de la JBG "Hacia la esperanza", en ese orden.

Nada que ver con las agresivas inversiones totalmente interesadas de Ford Motor Company, el Banco Mundial, USAID o la Comunidad Europea en la misma selva Lacandona, apadrinadas por los gobiernos federal y estatal en lugares como Lacanjá Chansayab, Zamora Pico de Oro o Ixcán.

También se pueden mencionar los patéticos "centros turísticos" que construye el Estado a lo largo del río Lacantún en Las Nubes (Jerusalén), Sueño Prometido y otros puntos de la programada ruta ecoturística que arrebatará la selva a los indígenas donde éstos lo permitan.

O bien el puente que se tiende en Amatitlán sobre el río Lacantún, que unirá la laguna de Miramar (y Montes Azules en general) a la red carretera federal, y es obra millonaria del mismo gobierno que se proclama "protector" de la selva virgen.

Dos: llega a La Realidad, para celebrar el año nuevo en el caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, una caravana de 45 estudiantes procedentes del Distrito Federal. Vienen a la fiesta, pero se muestran también ansiosos por trabajar y ser útiles. Insisten ante los representantes de la comunidad y el municipio autónomo, hasta que por fin les permiten ir a San José del Río para colaborar en la construcción del puente de acceso para la nueva clinica autónoma (pues hay de puentes a puentes).

Tres: desde hace unos años, todas las noches (o casi) la luz eléctrica ilumina las casas y los patios de La Realidad. Es electricidad generada por la turbina autónoma que los realideños instalaron junto con trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, con el respaldo de la organización Ya Basta y otros grupos italianos que apoyan la resistencia zapatista.

Unas noches, pocas, la turbina se descompone o es apagada para limpiarla y evitar que se descomponga. Otras noches, unas pocas más, la Comisión Federal de Electricidad suspende el suministro de luz a lo largo de la selva fronteriza y la cañada de Las Margaritas por servicio ineficiente, o una falta genalizada de pago a las elevadas tarifas de la paraestatal que raya en la resistencia civil de priístas, petistas, perredistas, además de los zapatistas que de por sí se oponen. En tales ocasiones La Realidad es la única población iluminada en cientos de kilómetros a la redonda.
Mira també:
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Comentaris

Salinas sabía del EZLN desde el 93, afirma Patrocinio González
31 des 2004
Viernes 31 de diciembre de 2004

No actuó por temor a que se frenara la firma del TLC, dice

Salinas sabía del EZLN desde el 93, afirma Patrocinio González
JUAN BALBOA

La aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se aceleró "por todo un coctel que se conjugó" como respuesta para frenar el impulso de las políticas de una "presidencia brutalmente fortalecida" de Carlos Salinas de Gortari y revertir lo "hecho en la sucesión presidencial" de 1994.

Así lo asegura el ex gobernador de Chiapas y ex secretario de Gobernación Patrocinio González Garrido, al cumplirse 11 años de que zapatistas tomaron varios municipios de Chiapas y le declararon la guerra al Ejército mexicano, y a seis años de que finalizó su autoexilio en Inglaterra, "negociado con el ex presidente" Salinas.

González Garrido reaparece públicamente en el libro El imperio de la ley llegó a Chiapas, escrito por el periodista

Enrique García Cuéllar, en el que revela sus grandes diferencias con Carlos Salinas de Gortari: "el Presidente empezó a pensar (en enero de 1994) no en restablecer el orden constitucional, sino en negociar; no quería el uso de la fuerza en toda su expresión y yo expresé mi inconformidad", precisa y acepta que su salida de la Secretaría de Gobernación y su exilio (en Inglaterra) fue "convenida con el Presidente de la República" en ese entonces.

El que fuera encargado de la política interior cuando el subcomandante Marcos tomó la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas asegura que en el conflicto armado concurrieron varios factores, entre ellos los románticos maoístas de los setentas y los conflictos entre el nuncio Girolamo Prigione, el clero nacional y sus diferentes vertientes político-religiosas.

Otros factores importantes para que el EZLN acelerara su levantamiento armado fueron la estructura de células territoriales de la diócesis de San Cristóbal; la pluralidad étnica, social y religiosa, "aunque no política, de la región"; los resentimientos ante la sucesión presidencial; los errores de Salinas de Gortari en los encuentros con los cubanos en Miami, y los ajustes de cuentas entre grupos de poder de la clase gobernante.

"Todo un coctel que se conjugó como respuesta probablemente no convenida, pero sí coincidente, frente a una Presidencia brutalmente fortalecida al aprobarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Ahí cambió el país, al introducirnos en el proceso de globalización y todo lo que esto implica para nuestra soberanía, identidad nacional, expresión cultural y demás valores de mexicanidad, y no todos pudieron estar de acuerdo", recuerda el hombre que gobernó Chiapas los cuatro años anteriores a la aparición pública del EZLN.

Patrocinio González Garrido insiste en que el movimiento zapatista no era un "levantamiento con fines guerrilleros, de verdadera lucha armada", sino, puntualiza, de una "estrategia para frenar el impulso de las políticas que integraban el proyecto presidencial" y de generar una instancia, "posiblemente ya concertada, con la traición interna", para iniciar un diálogo "que enseñara al mundo nuestros grandes rezagos e hiciera evidente que no había unanimidad en el proyecto económico y político" del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Fin a las aspiraciones políticas

A 11 años de distancia, el ex secretario de Gobernación habla del EZLN, la organización que provocó su salida de esa dependencia y que canceló de tajo todas sus aspiraciones políticas. Ubica a los zapatistas como una "organización transgresora de la ley", pero descarta que sea una organización terrorista; es más, pide que no se le etiquete de esa manera, porque eso sería sólo para alentar que se abran a otros las puertas de esa región estratégica, "con el pretexto de combatir un mal que el EZLN no representa.

"Yo no tengo base alguna -continúa- para creer que el EZLN sea una organización del narcotráfico y tampoco que tenga vínculos de intereses comunes con esa actividad, porque no hay nada que así lo indique o lo haga presuponer; pero el hecho es que aun cuando no haya vínculos, la situación de ausencia de autoridades ha sido generada por el EZLN y tolerada por los gobiernos (estatal y federal) y eso ha propiciado el surgimiento y desarrollo de las actividades relacionadas con el narcotráfico" en la llamada zona de conflicto.

Se dice convencido de que sin el apoyo inicial del obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, los grupos que fundaron el EZLN no "se podrían haber establecido ni desarrollado en una región que les era ajena", pero desmiente que el prelado sea el comandante de los zapatistas. "Samuel no manda ni maneja el EZLN", afirma categórico.

En el libro del periodista Enrique García Cuéllar, el ex secretario de Gobernación deja en claro que el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, conocía de la existencia del EZLN desde 1993, año en que ordenó al general Miguel Angel Godínez, comandante de la séptima región militar, "replegarse y no patrullar la zona que después fue de conflicto, para evitar confrontaciones antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte".

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Acteal: clamor por la justicia
31 des 2004
Viernes 31 de diciembre de 2004

Miguel Angel de los Santos


Han pasado siete años de la masacre de inocentes cometida en Acteal. Aunque muchas personas enfrentan procesos como probables responsables materiales de los hechos, lo cierto es que ni los familiares de las víctimas ni la sociedad en general se conforman con estos resultados. En la cárcel no están todos quienes participaron y todo indica que muchos de los que están son inocentes.

Tampoco se cree que la razón de la masacre tuvo que ver con venganzas generadas a raíz de múltiples ataques que militantes priístas sufrieron de simpatizantes zapatistas. Es más, esta hipótesis sólo justifica la omisión de la Procuraduría General de la República (PGR) en investigar la existencia de grupos paramilitares que actúan en la región de los Altos con el apoyo y aquiescencia de las autoridades estatales y federales.

Posterior al 22 de diciembre de 1997, la PGR atrajo todas las averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos antes de la misma. Ello le permitió conocer de varios hechos por delitos de homicidio cometidos a simpatizantes o militantes del PRI.

En algunos casos, pese a que los testimonios describían la actuación de grupos de personas que vestían de negro o azul, se cubrían el rostro con pasamontañas y portaban armas de grueso calibre, la PGR dirigía sus investigaciones hacia bases de apoyo o simpatizantes zapatistas.

En el expediente penal número 230/98 se consigna que el día 10 de octubre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en la comunidad de Chimix, municipio de Chenalhó, en que resultó muerto César Santiz Pérez y lesionadas dos personas.

Los lesionados y testigos describen que "salieron de entre el monte aproximadamente unas 15 personas, por lo que empezaron a correr el de la voz y sus acompañantes, ya que dichas personas vestían de color negro y algunos usaban pasamontañas, todos portando armas largas de fuego..." No obstante esta narración, fue juzgado Cristóbal Gutiérrez Gómez, base de apoyo zapatista.

En el expediente penal número 169/98 se consigna que el día 17 de diciembre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en el paraje Kestic, Chenalhó, en la que resultó muerto Agustín Vázquez Secum. De acuerdo con la PGR éste habría sido el hecho que provocó la masacre de Acteal.

Algunos testimonios y declaraciones de sobrevivientes relatan que la emboscada provino de un grupo de aproximadamente siete personas que se cubrían el rostro con pasamontañas, vestían de azul y portaban armas de grueso calibre. De hecho, el análisis de balística indica que el arma utilizada fue un AK-47 conocido como cuerno de chivo.

Juan Luna Vázquez, base de apoyo zapatista, fue juzgado por este crimen. Al no existir pruebas que sustentaran la acusación, fue absuelto de los cargos.

De este modo la PGR evitaba investigar a los paramilitares. Pese a existir evidencias que mostraban las acciones de un grupo armado, la dependencia involucraba a los zapatistas en los crímenes, buscando fortalecer su hipótesis que sitúa la venganza como móvil de los hechos ocurridos en Acteal.

Lo cierto es que en Acteal aún se espera la justicia, pues no se ha llevado a cabo una investigación seria y profunda que conduzca al castigo de los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales.

El fuerte clamor por la justicia que genera Acteal debe conducir a acciones concretas, más allá de las exigencias anuales de justicia, que obliguen al gobierno federal a tomar en serio la justicia e investigar debidamente los hechos. No tenemos que esperar 30 años, como ha ocurrido con los hechos del 1968 y 1971, para iniciar el ajuste de cuentas con el pasado.

Una investigación imparcial y objetiva debe partir de la continuación de las investigaciones ministeriales por medio de una fiscalía especial que se aboque a la indagación de todas las acciones atribuidas a grupos paramilitares, que hasta hoy han sido ocultadas. Sería deseable que la fiscalía se inspirara en la que ha sido creada para investigar los crímenes ocurridos en el periodo de la guerra sucia, subsanando sus deficiencias para garantizar su eficacia.

De esta manera, el gobierno federal cumpliría con sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, que le imponen la investigación eficaz de las violaciones a los derechos humanos, respetando el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, sus familiares y la sociedad que se han sentido agraviadas por tan horrendo crimen.

http://www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041231/017a2pol.php
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