Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: antifeixisme : criminalització i repressió : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats
Los mártires de Acteal
23 des 2004
Los mártires de Acteal.
Luis Hernández Navarro
017f1.jpg
Jueves 23 de diciembre de 2004

Luis Hernández Navarro

Los mártires de Acteal
En el voluminoso libro de la impunidad en México, la matanza de Acteal ocupa un lugar único. Los autores intelectuales del asesinato de 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres en Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 2004, siguen sin recibir castigo alguno.

Como documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el gobierno de México cometió, con esa masacre, un crimen de lesa humanidad y genocidio por complicidad, de acuerdo con la legislación universal en materia de derechos humanos.

La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), ratificada por nuestro país el 22 de julio de 1952, establece, en su artículo II: "... se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo."

El Estado mexicano incumplió en Acteal con sus obligaciones de respetar la vida, la integridad física y mental, así como de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos de Chenalhó.

El responsable directo de la masacre fue un grupo paramilitar formado por militantes del PRI, apoyado, entrenado y financiado por dependencias oficiales y elementos del Ejército Mexicano.

Una primera investigación mostró la participación directa en el crimen de militares y ex militares. Entre otros elementos castrenses intervinieron: el general de brigada retirado Julio César Santiago Díaz; Mariano Arias Pérez, soldado raso del 38 Batallón de Infantería; Pablo Hernández Pérez, ex militar que encabezó la masacre, y el sargento Mariano Pérez Ruiz.

La Policía de Seguridad Pública protegió y entregó los uniformes a los paramilitares. Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó y dirigente del PRI, les distribuyó las armas.

Las víctimas eran refugiados políticos de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Chenalhó, grupo de origen religioso que desde el inicio del conflicto en 1994 buscó una salida pacífica y negociada. Cuando comenzó el ataque, las víctimas oraban por la paz en la ermita del lugar.

Cuatro mujeres con embarazo de entre 10 semanas y cinco meses murieron en el ataque. Uno de los criminales le confesó a su esposa: "Yo le eché cuchillo y machete a las embarazadas".

La agresión comenzó a las 10:30 horas. La Policía de Seguridad Pública se encontraba a 200 metros del baño de sangre mientras éste ocurría. No hizo nada para impedirlo. El general retirado Julio César Santiago, que estaba a escasos metros de los hechos, reportó a sus superiores: "Sin novedad". Cuando tres vecinos de Acteal alertaron a las autoridades gubernamentales, a las 11:30 de la mañana, del inicio de la balacera, el capitán Ricardo García Rivas ordenó la detención de los informantes.

A las 11 de la mañana el sacerdote Gonzalo Ituarte, integrante de la Comisión Nacional de Intermediación, se comunicó con Homero Tovilla, secretario general de Gobierno del estado, para informarle de lo que sucedía en Acteal. A esa misma hora, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional alertó al mismo funcionario del inicio de la carnicería. Una hora después, el gobernador del estado, Julio César Ruiz Ferro, se enteró de lo sucedido.

Pero el subsecretario de Gobierno -hoy prófugo- Uriel Jarquín tomó nota a las 11:30 y le notificó que no tenía ningún reporte en ese momento. Seis y media horas después, Homero Tovilla informó a la diócesis de San Cristóbal que "la situación está bajo control y sólo se escucharon unos tiros..."

Hasta las 17:00, esto es, seis y media horas después del inicio del ataque, la policía entró a la comunidad. Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado, ordenó apresurarse a levantar los cadáveres para que no fueran a llegar los periodistas. Uriel Jarquín se dirigió al lugar de los hechos para tratar de borrar los rastros de la masacre.

La CNDH responsabilizó penal o administrativamente por la masacre a 17 funcionarios. Ninguno de importancia. De ellos, sólo cuatro fueron consignados por la justicia. Ante la ola de indignación nacional e internacional que se levantó, el gobernador del estado y Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, se vieron obligados a renunciar.

Ruiz Ferro fue premiado con un puesto diplomático en Estados Unidos. En el Palacio de San Lázaro despacha hoy, como líder de la mayoría partidaria, Emilio Chuayffet. El entonces presidente Ernesto Zedillo, promotor de grupos paramilitares en el estado e impulsor de la guerra contra los pueblos zapatistas, trabaja para diversas compañías trasnacionales a las que traspasó activos públicos mientras se hacía cargo del Poder Ejecutivo. Todos ellos viven en la impunidad. Zedillo, incluso, pretende pasar cínicamente a la historia como "padre fundador de la democracia mexicana".

Durante los 100 días posteriores a Acteal se efectuaron 88 operativos militares con acciones violatorias a los derechos humanos. En enero de 1998 la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó a Veracruz al 38 Batallón de Infantería, destacado en Rancho Nuevo, al que pertenecían algunos de los militares implicados en la masacre. El gobierno otorgó una indemnización de 35 mil pesos por cada uno de los asesinados.

Mártir es una persona que ha sufrido la muerte por mantenerse fiel a sus creencias, convicciones y causas. Mártires son los 45 asesinados en Acteal. El país tiene una deuda con ellos que no se saldará sino hasta que se les haga justicia.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041223/017a1pol.php
http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=110387

Copyright by the author. All rights reserved.

Comentaris

Sobrevivientes de Acteal: las heridas no sanan con limosnas
23 des 2004
a1-2.jpg
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 22 de diciembre. "Hay quienes han querido que sanen nuestras heridas con limosnas, pero no nos han ofrecido ningún cambio profundo en las estructuras de injusticia, de discriminación, de olvido", afirmaron sobrevivientes de la masacre perpetrada hace siete años en Acteal, municipio de Chenalhó, durante una ceremonia en recuerdo de los 45 indígenas que murieron a manos de paramilitares. Los obispos emérito, titular y auxiliar de la diócesis de San Cristóbal, Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz, respectivamente, encabezaron el acto.

En este aniversario luctuoso no hubo, como en años anteriores, una representación teatral de la masacre. En cambio se ofrecieron cantos tradicionales, rezos, flores y aroma de incienso. El obispo emérito Samuel Ruiz recordó que la de 1997 fue una de sus "Navidades más tristes", y pidió a los mexicanos no olvidar que el 21 de diciembre de ese año se advirtió "a las autoridades sobre lo que iba a suceder, y el 22 les comunicamos lo que estaba sucediendo", pero no se hizo nada por impedir la matanza. Con voz entrecortada, el prelado comentó que "ahora Acteal es un signo de la resurrección y esperanza, de la unidad y la resistencia".

Tatic Samuel destacó que "esta ermita aquí construida con las acciones en común es el símbolo de lo que es Acteal ahora. Acteal es una habitación del cielo, sigamos siendo testigos de esta resurrección y testigos de la unidad y la fraternidad".

Durante el mensaje central de la ceremonia, traducido a la lengua tzotzil -que habla gran parte de la población local-, el obispo auxiliar de San Cristóbal, Enrique Díaz, dijo que "una herida no sana si solamente se le cubre y se le disimula. Muchos quisieran que ya no se hablara más de Acteal y se quedara en el olvido. Pero eso no es sanar. No es cierto que todo está bien; no es cierto que ya se hizo justicia. Es mentira que ya sanaron los heridos; es mentira que ya aceptaron su culpa todos los responsables directos o indirectos".

Díaz sostuvo: "muchos quisieran que ya no se hablara más de Acteal y que quedara en el olvido. Si solamente se cubre una herida, se pudre y se encona. Si se cubre, la injusticia lleva también a la podredumbre y al encono. Una herida tampoco sana si solamente se le ponen cataplasmas y ungüentos".

Agregó que la masacre no fue un hecho aislado, "sino la consecuencia de todo un sistema que se olvida del respeto a la vida, del derecho de todos a ser iguales ante Dios, de la atención y del cuidado del más pobre y desvalido".

El obispo auxiliar aclaró que los sobrevivientes no pretenden "mostrar la herida buscando compasión o detenernos a contemplar nuestro dolor. Ni se busca el provocar lástima o la autocompasión, porque no nos ayudan a crecer las caridades lastimeras ni la mano extendida pidiendo limosna. Exigimos nuestros derechos y aceptamos nuestras responsabilidades para poder construir un mundo mejor donde vivamos como hijos de Dios".

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas -que fundó y preside Samuel Ruiz-- pidió que se llame a cuentas a mandos del Ejército Mexicano -específicamente a los generales de división Miguel Angel Godinez Bravo y Mario Renán Castillo Fernández-, y se deslinden responsabilidades del Estado.

En una carta que hizo pública este miércoles, el organismo no gubernamental exigió que se garantice el derecho a la justicia para las víctimas, sancionando a los responsables materiales e intelectuales "de los delitos de lesa humanidad dirigidos en contra de la población civil, de acuerdo con el Estatuto del Tribunal de Nüremberg".

De los 103 detenidos por su presunta participación en la masacre de Acteal, a la fecha han sido liberados siete indígenas; en los próximos meses dejarán la cárcel, por haber cumplido sus sentencias, los únicos funcionarios de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que fueron procesados por el caso: Julio César Santiago Díaz, Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez. Actualmente siguen pendientes 29 órdenes de arresto relacionadas con el caso que no se han ejecutado.

El general retirado Santiago Díaz, quien en diciembre de 1997 era coordinador de asesores de la SSP, fue detenido el 2 de abril de 1998 acusado de los delitos de homicidio por omisión, daños y lesiones en el caso de los 45 asesinados en Acteal. Dos meses antes se aprehendió a Roberto García y Roberto Méndez, a quienes se sentenció a ocho años de prisión. Los tres ex servidores públicos solicitaron su preliberación, que se les podría conceder en los próximos meses.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041223/011n1pol.php
http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=110383
A los bolonautas, los únicos que merecen la expiación
23 des 2004
Este Sur, 23/12/2004

René Delios

A los bolonautas, los únicos que merecen la expiación

¿A bola pasada qué caso tiene que el obispo de San Cristóbal diga que, él, le advirtió a Ruiz Ferro que podría darse el actealazo?

Esas cosas se hacen públicas a su tiempo, y de ser así estaría dispuesto a declararlo ministerialmente para que, se llame a quien corresponda por una omisión que le costó la vida a 45 personas.

Obviamente en ese entonces el gobierno de la entidad y hasta inteligencia militar sabían de los pormenores del asunto; el conflicto para esas fechas ya databa de tres años y los grupos paramilitares estaban en su apogeo, bajo los auspicios de alcaldes y altos funcionarios que fingían demencia ante los desvíos de recursos nunca justificados y solo, al ex alcalde de Tila (1999-2001), le tocó pagar judicialmente las consecuencias pues, ningún alto funcionario del gobierno de Ruiz Ferro pisó las rejas, aunque si cayó estrepitosamente éste, como cayó Chuayffet Chemor, el ex secretario de gobierno, hoy coordinador de la bancada priista en San Lázaro.

Revivió; ¿Lo hará Ruiz Ferro? El ex gobernador estuvo por la entidad hace días en una fiesta particular.

La advertencia sobre el actealazo fue anterior a la de Arizmendi Esquivel: fue dada cuarenta años antes por Samuel Ruiz en el sentido de que la ausencia institucional, la impunidad caciquil, la discriminación y el desplazamiento social, podrían ocasionar problemas sociales severos. Esa visión, constante, provocó que primero los coletos, luego el alto clero y después el gobierno estatal y posteriormente el federal, le llamaran el âobispo rojoâ?, y no dudaron en relacionarlo con el levantamiento indígena. Para esas fechas âcomo Sergio Obeso, Méndez Arceo, Lona Reyes, por citar tres más- Samuel Ruiz era ya un obispo de renombre en América Latina, cuyo planteamiento de una iglesia autóctona era rechazado por el âClub de Romaâ? en México (Léase: Enésimo Cepeda o Norberto Rivera o Chávez Botello en las torceduras de la fe), aun su desarrollo social dentro de la cosmovisión indígena en Los Altos de Chiapas.

Para contrarrestar ese nuevo catolicismo (¿Cómo aceptarlo, sí la iglesia vaticana es tanto jerárquica como misógina?) el gobierno federal permitió la entrada a destajo del llamado Instituto Lingüístico de Verano, de tendencia protestante; fue ese órgano de origen estadounidense el que con todos los recursos disponibles âincluido los políticos- fincó la actual presencia protestante en Los Altos hará treinta años. Esa estrategia derivó de la idea de que Ruiz García sembraba el comunismo en la zona, idea derivada de la ignorancia supina de los funcionarios públicos de ese entonces, que le creyeron las versiones a los caciques anquilosados, con modos acumulados desde el siglo XIX. Doloroso fue para esos caciques aceptar la nueva autoestima indígena de 1994, y más el reconocer que, en el mundo, gozaban de muchísima más simpatía que sus razones de impunidad, y se desinflaron para siempre ante la aceptación del gobierno federal de que, esos âindiosâ? tenían razón en sus planteamientos, âpero no en sus finesâ?, dijeron los integrantes de la maldita trinidad, conocidos como Manuel Bartlett Díaz, Diego Fernández de Cevallos y Jesús Ortega Martínez, los entonces coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD en Xicotencalt nueve.

Solo ellos celebraron que, a la ley de derechos y cultura indígena, se le aceptara de facto lo que se le negó deiure: son naciones indias, pero sin territorio propio.

La verdad no fue tanto el miedo a una valcanización, sino a que se perdiera el sentido de propiedad privada occidental, ante la idea de comunidad, y aseguraron la tenencia de la tierra, en un afán materialista que lamentablemente esta de moda en éste mundo globalizador e individualista a ultranza, y que directamente o colateralmente genera intereses que de vez en vez chocan de frente, causando guerras y fanatismos que causan la muerte de cientos de millones de personas.

El siglo pasado es un ejemplo grande de ello; lo bautizo como el siglo de âlos bárbarosâ?.

La cosa es que el movimiento indígena enseguida obtuvo la respuesta y apoyo moral de los mestizos, civiles e intelectuales, y obviamente de los grupos vanguardistas dentro de las etnias de México.

Su alcance fue tal que, enmascarados âvox populi- ascendieron a la máxima tribuna de la nación; le dieron voz pero no voto, no les reconocieron nada; las cámaras actuaron de encomenderos antiguos.

Acteal sangra.

Comparto la idea de los obispos en el sentido de que, no están dentro los que deben estar; que hay inocentes en su lugar, y que fue una salida política para justificarse ante el mundo, pues los medios sensacionalistas no se detenían ante nada, y sacaban toda la mugre acumulada en los interticios de la política social de Chiapas.

Hay omisión de no pocos funcionarios públicos de ese entonces, en el estado y la federación.

Incluso en el ejército âinspector real de la zona: no hay culpables administrativos, solo los que âjalaronâ? los gatillos; a ese asunto le faltan los intelectuales, y lo saben y lo dicen a su manera los obispos de Chiapas, Cabrera y Arizmendi: Acteal esta impune.

Obviamente ellos no son los portadores de la verdad; llegaron ya tarde a Chiapas cuando la realidad social denunciada por Ruiz era de todos conocido, e incluso el caciquismo tradicional de Los Altos, tan mocho, hubo de buscar un sacerdote disidente al emérito de la diócesis, resultando al final que, ese cura no tenía la facultad de nada para oficiar nada y, todo matrimonio y funeral presidido por éste, carecían de valides.

Así es la iglesia: hubo de darle valía a lo hecho por su obispo, designado por el Papa, la palabra grande del catolicismo en el mundo.

¿A cuenta de qué a un sacerdotillo se le iba a dar mayor valía?

Ya apuntamos que, la iglesia, es jerárquica: lo expuesto es un ejemplo claro, aun el hipotético caso de que ese sacerdote haya tenido la razón para el clero local âO sea, el Club de Roma- en el sentido de que Ruíz, impulsaba una iglesia indígena, adecuando la Biblia, el evangelio de Jesús el cristo, a idiosincrasias regionales para una mejor asimilación de la filosofía católica.

Eso no les gustaba: la Biblia no se aumenta ni disminuye en una sola letra; es desde su concepción y, lo que hacía Ruiz era inaceptable. Solo que Ruiz García es doctor en exégesis bíblica, una rara carrera incluso dentro de la misma universidad vaticana; se habla de seis en el mundo y de éstos solo el emérito de San Cristóbal estuvo presente en el Concilio Vaticano II, de dónde salieron varios planteamientos filosóficos y de evangelización muy revolucionados, incluyendo el planteamiento de una iglesia católica autóctona, esto es que, la iglesia se acoplaba a sus usos y costumbres fundamentales.

No, inaceptable: pues ahí la tienen en Los Altos, fuerte, vigorosa. La que esta contaminada es la Chamula, derivada de asuntos políticos y raciales, que no acepta más mando que el de Los Caciques indígenas, mucho peores que los ladinos.

Ahora bien, tiene cuatro días que los obispos dijeron que las cosas que se dejan pendientes resucitan âpalabra utilizada por el clero desde hace dos mil años, primo-; para los señores hay dos asuntos: el EZLN y Acteal; para éste escribidor los pendientes sociales son más que esas dos vainas que derivaron de otras ramas. Pero de lo que se trata es de hacer polémica en torno al aniversario negro de Acteal y no entrarle a fondo al asunto turbio.

Nombres.

A vuelo de pájaro se trata de caciques, indígenas tal vez, apoyados de alguna parte por autoridades de ese tiempo. Si caen los caciques se conocerán los nombres mestizos en el poder.

Muy difícil.

Pasa el tiempo, los años de impunidad se acumulan, la sangre de Acteal no tiene justicia, se mantiene el pendiente social con el EZLN; Chiapas parece un lugar sin problemas, en dónde todo esta aparentemente calmo.

El tiempo mira en los ojos de los milenios, observa cuidadoso un siglo XX de afinaciones ideológicas y desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia humana, en ese girar del planeta fija su visión en un punto en el cinturón del mundo americano, y una tierra de bosques y montañas resalta entre el concierto del mundo, como uno de los planteamientos sociales más importantes del cierre del segundo milenio, y que pese a sus razones elementales no son aceptadas por una mayoría mestiza en las Cámaras, cuyos integrantes partidizan todo aun sea de vital interés para el futuro de la nación en el amanecer del tercer milenio.

Bueno, pero Acteal queda ahí, pendiente, motivo por éstas fechas de notas informativas, de renacidos bríos institucionales, de demagogia.

Envío

¡Larráinzar; cumplimiento y paz!

http://www.estesur.com
Colera camping CNT