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Notícies :: amèrica llatina
Accion Urgente Acteal
10 des 2004
Compañer@s:
Compañer@s:

Les escribimos para solicitar su apoyo con la acción urgente que este
Centro se
encuentra promoviendo en contra de la impunidad en la que se encuentra el caso
de la masacre de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

También les invitamos a escribir mensajes de solidaridad para las víctimas que
serán leidos el próximo 22 de diciembre en Acteal, en una conmemoración más de
esta fecha triste.

No olviden que contamos con su apoyo.


Una carta abierta

A Vicente Fox Quezada Presidente de México
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A la Procuraduría General de la República
Al Congreso de la Unión

Al Gobernador del Estado de Chiapas,
Procurador General De Justicia del Estado
Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito Judicial,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Juez Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito Judicial,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Juez de lo Penal en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas


¡NO A LA IMPUNIDAD!

El 22 de diciembre de 1997 en la población de Acteal, cercana a San Pedro
Chenalhó, Chiapas, México, fueron masacrados 45 indígenas tsotsiles que se
encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y oración por la paz:
15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas entre diez semanas a cinco
meses, y 9 hombres, además de 25 heridos, por un grupo de hombres con armas de
alto calibre y balas expansivas de uso exclusivo del Ejército Federal Mexicano
sin que los Policías de Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts,
intervinieran en su ayuda, a pesar que el ataque se prolongó por más de 7
horas. Los grupos paramilitares existentes en la región desplazaron,
asesinaron, amenazaron y hostigaron constantemente a las comunidades que se
les
oponían, meses antes de que la masacre ocurriera, por esto se había pactado un
acuerdo de no agresión, que era el motivo de la vigilia que terminaba el 22 de
diciembre.

Las víctimas de la masacre se encontraban desplazados de sus comunidades a
raíz
de la violencia generalizada en la zona, producto de la estrategia de
guerra de
baja intensidad, o de guerra irregular como la nombra el Ejército Mexicano
que
se puso en marcha por parte del gobierno de México después del levantamiento
del EZLN en 1994.

A través de su estrategia contrainsurgente y al crear grupos paramilitares, el
Estado Mexicano provocó el desplazamiento de miles de personas que se vieron
obligadas a vivir bajo condiciones inhumanas; les fue violado su derecho a la
propiedad y posesión de la tierra y junto con éste, otros derechos que
derivaban del cumplimiento de aquél, tales como el derecho a una vida
digna, el
derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el
derecho a la salud, el derecho a la educación entre otros. Junto con estos
desplazamientos también se dieron violaciones al derecho a la vida, a la
integridad y seguridad personales, ya que las ejecuciones y desapariciones
acontecidas en el estado de 1994 a 1999, no han sido esclarecidas.

Los gobiernos estatales y federales se han negado a reconocer las evidencias
que señalan el origen de la masacre en acciones que se generan en un contexto
de guerra de baja intensidad, esto ha permitido que la defensa de los
inculpados quiera confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos
de la masacre, señalando que se trata de un problema religioso, recurriendo
para ello a lagunas legales como parte de su estrategia de protección a los
culpables, ya que mientras no existan reformas legales que integren un tipo
penal especifico sobre grupos paramilitares, se seguirá utilizando términos
como el de "grupos civiles armados", consiguiendo con ello minimizar el
carácter contrainsurgente de éstas organizaciones.

A partir de aquel 22 de diciembre se inició un largo peregrinaje en
búsqueda de
la Justicia por parte de las víctimas y ofendidos de la masacre, dentro del
sistema de procuración y administración de justicia mexicano, que a la
fecha no
ha concluido. Múltiples violaciones a los derechos humanos de las víctimas y
ofendidos han sido cometidas por el Estado Mexicano; la dilación en la
impartición de la Justicia y la Denegación de la misma, es evidente.

La masacre de Acteal constituyó un acto en el que fueron violados de manera
brutal los derechos a la vida y a la integridad física; asimismo los derechos
de la mujer, de los niños, de protección a la familia tales como la maternidad
y la paternidad, entre otros.

El derecho a la justicia, después de ocurrida la masacre ha sido también
violado: el conocimiento de la verdad sigue pendiente; los autores
intelectuales no han sido investigados; los juicios no se han realizado con
prontitud y eficiencia; el derecho a la reparación del daño ha sido negado
y el
Estado Mexicano no ha dado garantías para que hechos como la Masacre de Acteal
no vuelvan a suceder.

La desaparición de la Fiscalía Especial para la atención de los delitos
cometidos en el estado de Chiapas, así como de la Unidad Especializada para la
atención de delitos cometidos por probables grupos civiles armados, demuestran
la intención de la autoridad de minimizar los hechos y la poca importancia que
a la fecha dan al asunto.

El municipio de Chenalhó tiene la mayor presencia militar por población en el
país después del Distrito Federal y a pesar de esto, el tráfico de armas y
municiones, las amenazas y hostigamientos continúan, así como la presencia de
paramilitares.

La impunidad y la injusticia no sólo permanecen para las víctimas de Acteal,
sino también para las miles de personas desplazadas que aún hoy viven en
condiciones infrahumanas; los Principios Rectores sobre el Desplazamiento
Interno de la Organización de las Naciones Unidas, así como las
recomendaciones
emitidas al Estado Mexicano por parte del Representante del Secretario
General
de las Naciones Unidas sobre los desplazados internos, aún no han sido
cumplidos ni siquiera en el caso de las familias retornadas, dado que los
riesgos de violencia en las comunidades y de reactivación de los grupos
paramilitares, siguen vigentes.

El Estado mexicano ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, principal instrumento del Sistema Interamericano, y como
parte de este tratado tiene la obligación de garantizar que se respeten entre
otros, el derecho a la vida, el derecho a la justicia y el derecho a la verdad
de todos sus habitantes. En este sentido, la protección del derecho a la vida
de las personas exige por parte de los órganos estatales una investigación
seria, completa, eficiente e imparcial de este crimen de lesa humanidad como
fue la masacre de Acteal, para de esta manera garantizar el pleno respeto a
los
derechos humanos de las víctimas y sus
familiares.

El curso que tomó la investigación de este crimen de lesa humanidad, así como
sus consecuencias, deberían servir como un llamado de atención a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de México, ya que ponen en evidencia
deficiencias estructurales del aparato estatal que afectan de manera
directa el
fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia. En este sentido, vale
recordar lo dicho reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en sus sentencias con respecto a que una situación de
impunidad "propicia la repetición crónica de violaciones de los derechos
humanos."

Mientras no se garantice una efectiva protección a los derechos elementales de
la población más vulnerable, la verdad y la Justicia seguirán siendo una
utopía.

. El Estado mexicano debería admitir responsabilidades por las serias
irregularidades cometidas durante los meses que antecedieron a la masacre de
Acteal, durante la investigación así como en el procedimiento judicial, por
esto solicitamos implementar medidas que garanticen reformas institucionales
tendientes a terminar con años de impunidad tanto en éste como en muchos otros
casos.

. A los Gobiernos Federal y Estatal exigimos realizar una investigación
que cumpla con los estándares internacionales reconocidos en el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos, y que evite asimismo la
impunidad de semejante hechos y finque responsabilidad a los autores
intelectuales de la Masacre en los niveles Local y Federal, hasta llegar al
esclarecimiento de la verdad.

Esto implica investigar penalmente a quienes se desempeñaban en 1997 como
funcionarios de alto nivel y a los autores intelectuales de este crimen de
lesa
humanidad: Secretario de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet, Procurador
General
de la República, Jorge Madrazo Cuellar; Lic. Julio César Ruiz Ferro Gobernador
del estado de Chiapas, Doctor Marco Antonio Besares Escobar, Procurador
General
de Justicia del Estado de Chiapas; Secretario de Gobierno del estado de
Chiapas, Lic. Homero Tovilla Crisitiani y el Subsecretario de Gobierno del
estado de Chiapas, Lic. Uriel Jarquín, y al Ejército Federal Mexicano por la
formación y tolerancia de los grupos paramilitares.

. Exigimos a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia,
se apeguen a los principios fundamentales del derecho a la verdad y juicio
justo. Así mismo contemplar la reparación integral del daño a las víctimas de
la masacre, viudas, huérfanos y sobrevivientes, y las garantías de no
repetición de este tipo de hechos.

. A la Procuraduría General de la República, exigimos se ejecuten las
órdenes de aprehensión pendientes en contra de civiles y funcionarios públicos
implicados en la Masacre en Acteal.

. Al Gobierno Federal y Estatal urgimos el desarme y desarticulación de
los grupos paramilitares en Chiapas, para que hechos como los ocurridos el 22
de diciembre de 1997 no se repitan.

. Al Congreso de la Unión solicitamos se tipifiquen en el Código Penal
Federal los delitos de masacre y paramilitarización para evitar que estos
permanezcan en la impunidad.

Envíar sus comunicaciones a:

. Presidente Vicente Fox Quesada,
Residencia Oficial de Los Pinos,
Colonia San Miguel Chapultepec, Ciudad de México
Fax: ( 01.55) 55 22 94 13
E-mail : radio ARROBA presidencia.gob.mx
webadmon ARROBA presidencia.gob.mx

. Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ministro Presidente Mariano Azuela Güitrón
Conmutador: (01) 51301100 Ext1. 1303 / 1304 / Ext2. 6050 / 6021
Pino Suárez No. 2 Col. Centro
México, 06065, D.F. México

. Procuraduría General de la República:
Gral. Rafael Macedo de la Concha,
Reforma Norte esquina Violeta 75. Colonia Guerrero CP. 06300. México DF.
Tel: ( 01.55) 53 46 20 03 y 53 46 20 03 Fax: (525) 3 46 09 06

. Lic. Diego Fernández de Cevallos
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República
Xicoténcatl 9, mezanine, Col. Centro
06018, México, D.F.
Tel: 5345 3000 ext. 3035/3432/9432/3038 Fax: 5345 3000 ext. 3527
e-mail: dfernandez ARROBA pan.senado.gob.mx
dfernandez ARROBA senado.gob.mx

. Lic. Manlio Fabio Beltrones
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados
Av. Congreso de la Unión s/n
Palacio Legislativo de San Lázaro
Edificio "A", Planta principal. Col El Parque,
15690, México, D.F.
Tel: 56.28.14.64, 56.28.13.39, 56.28.13.00 ext. 3000
Fax: 55.22.80.12, 55.22.81.11, 55.42.74.31 55.23.83.03, 55.22.24.86
e-mail: manlio.beltrones ARROBA congreso.gob.mx

. Lic. Pablo Salazar Mendiguchía
Gobernador Constitucional de Chiapas
Palacio de gobierno, 1er Piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Conmutador 61 2-90-47, 61 2-90-48,61 2-10-93, 61 2-33-52 y 61 2-05-28
Correo electrónico: secpart ARROBA prodigy.net.mx

. Lic. Mariano Herrán Salvatti
Procurador General De Justicia
Libramiento Norte Oriente s/n, 3er. Nivel
Infonavit "El Rosario" Tuxtla Gutiérrez, Chiapas CP 30064
Conmutador 61 6-53-59, 61 6-53-65, 61 6-53-74, 61 6-53-73 Ext 300 ­ 303.

. Lic. Iván Benigno Larios
Velásquez

Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito Judicial
Bulevar Angel Albino Corzo 2641
Colonia Las Palmas Edificio A Planta Baja.
Palacio de Justicia
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono: (961) 6043617 (Pedir tono de fax)

. Lic. Benjamín Soto
Sánchez

Juez Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito Judicial
Bulevar Angel Albino Corzo 2641
Colonia Las Palmas Edificio A Planta Baja.
Palacio de Justicia
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono: (961) 6043617 (Pedir tono de fax)


. Lic. Isabel Ã?lvarez
Ramos

Juez de lo Penal San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Carretera San Cristóbal ­ Ocosingo Km. 20 Junto al Cereso No.5
Fax (967) 6743022
Teléfono: (967) 674321
San Cristóbal de Las Casas Chiapas

Por favor envíe copias de sus cartas a:

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
Brasil 14 Barrio de Mexicanos, CP 29240,
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Teléfonos: (967) 6787395 ­ 6787396 ­ 6783548 Fax (967) 678 3551


E-mail: noalaimpunidad ARROBA frayba.org.mx
medios ARROBA frayba.org.mx

www.frayba.org.mx

Unidad de Comunicación
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Teléfonos (967) 6787395 - 6787396 - 6783548
Brasil 14 Barrio de Mexicanos, CP 29240
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. México
http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (FrayBa) es una
organización de promoción y defensa de los derechos humanos en el estado de
Chiapas, México. Las premisas orientadoras de su labor son: La integralidad y
la indivisibilidad de los Derechos Humanos, el respeto a la diversidad
cultural
y al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La justicia
integral como requisito para la paz. El desarrollo de una cultura de diálogo,
tolerancia y reconciliación con respeto a la pluralidad cultural y religiosa.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C es una
organización no gubernamental sin fines de lucro.





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Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lio Zapatista
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
tel: 34-93-4422101 y 3290643
fax: 34-93-3290858
email: ellokal ARROBA pangea.org
http://chiapas.pangea.org

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