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Notícies :: corrupció i poder
Derecha reaccionaria del poder judicial no quiere moverse.
10 des 2004
El CGPJ estudia llevar al TC la reforma judicial y el PP avisa que se desvinculará de la renovación del Consejo


El Gobierno logra, al segundo intento, la mayoría necesaria para controlar los nombramientos de los jueces que no consiguió hace dos semanas por los «novillos» de 56 diputados El Poder Judicial entiende invadidas sus competencias


(-medios publicadosma$$prensareaccionaria-)
El portavoz del CGPJ, Enrique López, aseguró ayer que esta institución estudia plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional que se basaría «exclusivamente» en el uso de un procedimiento legislativo «para alterar de forma extemporánea una competencia del Consejo». López insistió en que, en la tramitación de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, «el poder legislativo está cayendo en una gran arbitrariedad, a la hora de tramitar esta ley y el poder ejecutivo también ha caído en una gran arbitrariedad a la hora de fijar su contenido». Ayer, el PSOE obtuvo, al segundo intento, la mayoría absoluta que requería para cambiar el sistema de nombramientos en el CGPJ y que no logró hace dos semanas.


Los diputados del Grupo Popular aplauden la intervención de Ignacio Astarloa ayer en el Congreso

E. L. Palomera / F. Velasco
Madrid- «¿Has comprado la lotería de Navidad del PSOE?», le pregunta un diputado popular a otro. «No, ¿por qué?», contesta sorprendido el interpelado. «Porque dicen que el Gobierno ha dado orden de repetir el sorteo hasta que salga su número», ironiza el primero. El chiste, que corrió ayer de boca en boca, por los pasillos de la Carrera de San Jerónimo glosa lo ocurrido en el Parlamento en las dos últimas semanas, desde que el pasado 25 de noviembre el Ejecutivo no lograra, tras la ausencia de 18 de sus diputados, la mayoría necesaria para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ayer, hubo segundo intento. Y el PSOE consiguió sobradamente los votos necesarios. De los 332 que registró el marcador electrónico, 194 se pronunciaron a favor frente a 137 en contra y una abstención. El resultado ponía punto y final a una semana de ritmo trepidante en la tramitación parlamentaria de una norma que no busca más que la anulación de un Consejo del Poder Judicial cuya composición no se corresponde con la mayoría parlamentaria que dibujó el resultado electoral del pasado 14 de marzo. Siete de los ocho grupos de la Cámara dijeron «sí» a una modificación que el Gobierno cree que refuerza el consenso en el Consejo General del Poder Judicial y que la oposición considera un atropello para la independencia judicial. Y en estos términos discurrió el enésimo debate que sus señorías mantuvieron ayer al hilo de la reforma más polémica del actual periodo de sesiones. El PP, por boca de su portavoz en materia de Justicia, Ignacio Astarloa, puso el énfasis en el fondo del texto, pero no olvidó en ningún momento las formas en la tramitación. De ahí que hablara del debate «más irregular, espurio y desleal» de toda la historia parlamentaria y de una norma que «se llevará por delante el Poder Judicial y, de paso, el Legislativo», una vez roto el consenso básico en materia de Justicia. Astarloa dio por rotas las relaciones del PP con el Ministerio del ramo, al tiempo que avanzó que su partido no participará en la renovación del CGPJ, cuyo mandato concluirá en dos años. El bloqueo popular se mantendrá hasta que no se vuelva a asegurar que la voluntad «mayoritaria del cuerpo electoral compuesto por jueces y magistrados es respetada de forma efectiva y sin interferencias de ingeniería del poder político como la que ahora se quiere aprobar». Vaya por delante, también, que los populares se comprometen a derogar la reforma cuando los ciudadanos vuelvan a otorgarle su confianza en las urnas. Y es que en la calle Génova están convencidos de que el texto es «una patraña incomprensible», además de «la firma del acta de defunción del talante» que propugna el PSOE, pues supone la crisis «más descarnada del sistema constitucional». Las palabras de Astarloa lejos de convencer al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, le llevaron por el camino de la advertencia: «No se puede amenazar al Parlamento con impedir que cumpla con sus funciones constitucionales como es bloquear la renovación del CGPJ sólo porque no se acepta un resultado que es plenamente respetuoso con las reglas del juego establecidas en la Constitución». Con esta modificación, espetó el ministro, el Consejo «queda convocado a dialogar». Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial expresó ayer, nuevamente, su rechazo a la reforma judicial, a la vez que se planteaba de forma abierta la posibilidad de plantear una cuestión de competencias ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, Enrique López, portavoz del Consejo, aludió a esa la posibilidad, aunque la decisión final se adoptará cuando la Ley se publique en el BOE y se analice con más detenimiento el contenido de la misma. A la vez, recordó que el propio CGPJ ya advirtió de posibles vicios de inconstitucionalidad en el informe que aprobó hace un mes sobre el proyecto que fue rechazado. Sobre esta cuestión, especificó que la posible cuestión de competencia ante el TC tendría como núcleo central el considerar que con la reforma aprobada quedan alteradas de forma «subrepticia» las mayorías hasta ahora vigente en un Consejo cuya composición fue determinada por el Parlamento en 2001. De esta forma, se entiende que se vulnera lo dispuesto en la Constitución respecto a la prohibición que tienen los poderes públicos de actuar con arbitrariedad. Por ello, considera que lo importante «es que la ley la vea el TC», con independencia del recurso que pueda presentar el PP. Por otro lado, entiende que con esta reforma judicial se pretende trasladar la mayoría política existente en la actual legislatura al CGPJ, y, además, vinculó el procedimiento seguido para aprobar la ley, que catalogó de «irregular», con los nombramientos de magistrados del Supremo que debe afrontar el Consejo en enero. Si esas renovaciones, se tuviesen que abordar en marzo, la reforma no hubiese sido tramitada por el procedimiento de urgencia, aseguró al respecto Enrique López.

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