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Notícies :: corrupció i poder
Miembros del Ejecutivo y altos cargos deberán hacer públicos sus bienes.
10 des 2004
(Vanguardia)
El Ejecutivo implantará cinco "exigencias" para reforzar la transparencia y la austeridad de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración, entre ellas el "carácter público" del registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales.

Además, según un informe que hoy estudió el Gobierno, los altos cargos de la Administración no podrán percibir "ningún tipo de remuneración" distinta de la generada por las funciones que ocupan y se establece una regulación sobre "la no percepción de regalos" y la supresión de los tratamientos protocolarios, así como la obligación de que los candidatos a determinados altos cargos comparezcan en el Parlamento antes de su nombramiento.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el informe sobre el proyecto de ley orgánica de Código de buen gobierno del Gobierno que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, elevó hoy al Consejo de ministros cumple "ante todo" un compromiso electoral del PSOE.

Ambos comparecieron en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, en la que Sevilla explicó que esta iniciativa responde a un objetivo de proximidad a los ciudadanos y a un convencimiento de la necesidad de la autoexigencia y la autorregulación.

Puso como ejemplos de ese convencimiento las comparecencias del presidente del Gobierno en el Senado, sin estar obligado a ellas, o la renuncia del PSOE a preguntar a Rodríguez Zapatero en las sesiones de control. El código de conducta que estudió hoy el Consejo de Ministros, primero de este tipo que implanta un Ejecutivo europeo, se divide en tres grandes bloques: código ético, ley de incompatibilidades y reforzamiento de los requisitos para el acceso a determinados cargos públicos.

Una de las principales novedades es el ámbito de aplicación de esta norma, ya que quedarán sujetos a ella, además de los miembros del Gobierno, los presidentes, directores y gerentes de empresas públicas y organismos reguladores y de control. La actualización del régimen de incompatibilidades presenta como principal novedad el carácter público del registro de actividades y bienes patrimoniales de los altos cargos, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aseguró el ministro.

Además, el Ejecutivo pretende regular especialmente la "salida" de los altos cargos de la Administración, de forma que podrán abrirse expedientes informativos de oficio sobre personas que abandonen la Administración para trabajar en el sector privado y sobre los que existan sospechas de infringir la prohibición de trabajar en el plazo de dos años en empresas relacionadas con su cargo anterior.

La Administración avisará a las empresas contratantes de esas situaciones y los infractores no podrán volver a ocupar un cargo de libre designación en la Administración en diez años. Entre los requerimientos éticos, el Ejecutivo pretende imponer el de dedicación fundamental a lo público que implica que los altos cargos no podrán aceptar cargos o puestos directivos que, aunque resulten legalmente compatibles, pudieran robar "tiempo" de su atención preferente al servicio público.

Sevilla destacó también el respeto a la transparencia informativa, tanto en lo que se refiere a la obligación de mantener informados a los ciudadanos a través de los medios de comunicación como a la garantía de que las campañas divulgativas deben ser "de información y no de publicidad".

En cuanto a la exigencia de austeridad, el ministro explicó que los altos cargos "evitarán toda manifestación externa inapropiada u ostentosa", así como cualquier actuación que suponga "prepotencia o abuso de poder", debiendo además rechazar cualquier regalo "más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía" e incorporando a su declaración de bienes los de mayor significación o carácter institucional.

Se trata de que los regalos no puedan "condicionar su actuación", afirmó Jordi Sevilla, quien anunció además "que ha pasado la época de los ilustrísimos y excelentísimos" y que "con señor-señora es suficiente", para explicar la supresión del tratamiento protocolario.

El ministro dijo ser consciente de que la inmensa mayoría de los altos cargos del país cumplen con esas normas, pero consideró que la aprobación de este código supondrá que "al que no lo haga se le puedan sacar los colores".

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