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Notícies :: globalització neoliberal : ecologia : amèrica llatina |
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Las multinacionales españolas se reorganizan
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per rsc |
05 des 2004
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Vigilar, presionar y castigar.
Juan Agulló |
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El gobierno de José María Aznar (1996-2004) nunca fue del total gusto de las grandes empresas españolas: le reprochaban cierta dejadez hacia sus problemas en América Latina.
El socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero se ha propuesto corregir el error: acaba de crear un discreto pero eficiente grupo de presión político-empresarial.
Ludolfo Paramio es una de las eminencias grises del nuevo gobierno español. Antiguo asesor del ex presidente Felipe González (1982-1996), investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, patrono de diversas fundaciones y excelente conocedor de la realidad latinoamericana, Paramio regresó hace unos meses a La Moncloa (el equivalente a Los Pinos) para hacerse cargo del Departamento de Análisis y Estudios del gabinete de la Presidencia.
Es mucho más que un ministro: Paramio forma parte de un reducido grupo de consultores del Presidente que no sólo se encuentran al margen del control parlamentario (al contrario de lo que le sucede a los ministros, encargados de gestionar el día a día) sino que, además, tienen en sus manos el diseño de las políticas públicas de mediano y largo plazo. Aznar llamaba a su equipo de asesores, con ironía, fontaneros. Con Zapatero, la acepción ha perdido peso, pero no así su enorme influencia institucional.
Miguel Sebastián –al igual que Paramio– es un peso pesado. Su nombre tampoco suele aparecer en los periódicos pero su poder es grande. Antiguo director del Servicio de Estudios del BBVA, en la actualidad, dirige la Oficina Económica del Presidente. Junto a Paramio, directivos de las 12 multinacionales españolas más importantes y otros altos cargos de la administración, Sebastián acaba de crear un todavía informal observatorio de América Latina cuyo objetivo confeso es realizar cabildeo a este lado del Atlántico.
Inseguridad jurídica
En los últimos 10 años, las empresas españolas han invertido en América Latina unos 60 mil millones de euros (cerca de 900 mil millones de pesos). El país ibérico es ya el segundo inversor más importante en la región. Paramio sostiene que ello debiera haber modificado las conductas políticas de Madrid. Según las grandes empresas, sin embargo, al gobierno de Aznar le faltó determinación política para defender sus intereses en América Latina, como lo hacen Francia en Africa o Estados Unidos en Medio Oriente.
El argumento más utilizado es el de la crisis argentina, a finales de 2001. Entonces, multinacionales españolas como Telefónica, Aguas de Barcelona o Gas Natural perdieron mucho dinero, o bien dejaron de ganarlo. La devaluación de la moneda local tuvo la culpa pero también la congelación de tarifas que Buenos Aires se vio obligado a imponer en pleno estallido social. A ese tipo de escenario es al que las empresas españolas se refieren cuando hablan de inseguridad jurídica.
Actualmente existen conflictos en cierto modo parecidos –de la gran empresa española con gobiernos nacionales latinoamericanos– en Brasil, Bolivia, Chile y Perú. El principal reproche de las empresas españolas no va dirigido, sin embargo, contra situaciones que en cierto modo parecen considerar "lógicas". Las multinacionales culpan, más bien, a su propio gobierno por no ejercer suficiente presión sobre los actores sociopolíticos encargados de tomar decisiones aquí en América Latina.
Más allá de las fundaciones
Otro de los reclamos de la gran patronal española es la falta de previsión. Al otro lado del Atlántico existe un gran desconocimiento de la coyuntura latinoamericana que –afirman– les desborda y, lo que es más grave, está afectando a sus intereses. Su entramado de grupos de presión y servicios de estudio resulta insuficiente y el papel jugado por la política de fundaciones impulsada a principios de los noventa por Felipe González y profundizada por Aznar ha demostrado tener muchas carencias.
Hasta tal punto que la Fundación Carolina –insignia, en los últimos años, de la política latinoamericana de Madrid– parece encontrarse en una situación financiera delicada. Da la impresión de que las empresas que la sustentan (aquellas con mayores intereses en América Latina) hace tiempo que decidieron desinvertir. En cuanto a la Fundación Empresa y Crecimiento –pensada como un foro de penetración empresarial exclusivamente privado– no termina de arrancar.
Subyace, pues, la necesidad de una coordinación político-empresarial orientada a la defensa de los intereses españoles en América Latina. Defensa que –aunque no se exprese públicamente– la patronal española desea que deje de subordinarse –como ocurrió durante el gobierno de Aznar– a los intereses de Estados Unidos en la región. De ahí el impulso que –como quedó patente en la reciente cumbre de San José de Costa Rica– se le pretende dar en los próximos años a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Observar e intervenir
El problema es que aunque Zapatero reivindique iniciativas multilaterales como la OEI, las inversiones españolas en América Latina son ya demasiado importantes: ello parece exigir una conducción paralela del proceso. Quizás por eso, desde hace meses, altos funcionarios del gobierno han comenzado a reunirse con altos ejecutivos de las 12 multinacionales españolas con mayores inversiones en la región: Telefónica, Repsol, Gas Natural, BBVA, SCH, Endesa, Iberdrola, FENOSA, Agbar, PRISA, Sol Meliá y ACS.
El objetivo es triple. Se trata, en primer lugar, de generar un espacio de coordinación público/privado al más alto nivel; en segundo lugar, de ir esbozando los fundamentos de un sistema de información y análisis permanente sobre la evolución de la realidad latinoamericana; por último, de garantizar un cabildeo eficiente orientado a garantizar, tanto la seguridad jurídica de las inversiones ya comprometidas como la posibilidad de que aquí se vayan abriendo nuevos espacios para la penetración de capitales españoles.
Lo que se está ventilando es el perfeccionamiento de un todavía incipiente sistema de dominación extranjero que, ora compite, ora colabora, ora sustituye al que tiene su base en Washington. Lo interesante es que aunque lo que caracteriza al nuevo escenario es una cierta divergencia relacionada con la conducción política del proceso, hay una realidad incontestable: a casi 200 años de la Independencia, España parece haber vuelto a América Latina con intención de quedarse. Zapatero también.
La Jornada, 05/12/2004 |
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