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Notícies :: corrupció i poder |
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Impunidad judicial:El Supremo anula sanción a tres jueces por excarcelar al "Negro"-(Carlos Ruiz Santamaría)
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per i-o |
26 nov 2004
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"...los tres magistrados "deberán ser debidamente remunerados por los haberes que han dejado de percibir". |
El triángulo judicial que, en Madrid, conforman las sedes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo(TS) y la Audiencia Nacional registró ayer un pequeño seísmo de consecuencias aún inciertas. El motivo es que el Supremo anuló las sanciones que el Poder Judicial impuso hace dos años a tres jueces de la Audiencia Nacional por excarcelar al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, alias el Negro, a poco de celebrarse el juicio y que posteriormente se dio a la fuga. Sigue en paradero desconocido.
El caso se remonta a diciembre del 2001, cuando la sección cuarta de la Audiencia Nacional -integrada entonces por los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero- puso en libertad al presunto narco, cuando faltaba poco para la celebración del juicio, ante el riesgo que un psiquiatra había advertido de que el acusado se suicidara. El procesado puso entonces pies en polvorosa. El Poder Judicial impuso en julio del 2002 diversas sanciones de suspensión temporal a los tres magistrados, al entender que hubo desatención en su actuación. Ollero aún permanece en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero Cezón y López Ortega pidieron el traslado a la Audiencia de Madrid antes de conocer la decisión final del CGPJ, aunque estando ya suspendidos de manera cautelar.
El Supremo se limitó ayer a confirmar la noticia.
Desde la Audiencia Nacional se transmitió satisfacción y el Poder Judicial expresó su "pleno respeto y acatamiento" de la decisión, si bien matizó que "en absoluto" se siente desautorizado.
El pasado martes, la sala tercera del TS, reunida en pleno, estimó -por 17 votos a favor y 9 en contra- los recursos de los tres jueces sancionados, al considerar que el CGPJ se excedió en su labor disciplinaria y se inmiscuyó en decisiones jurisdiccionales de los magistrados. Ayer, la sala volvió a reunirse y confirmó el fallo, aunque aún no ha hecho pública la sentencia.
Otras fuentes jurídicas también recordaron ayer que en aquel episodio de las sanciones del CGPJ hubo quien quiso ver vinculaciones políticas, ya que aquella sección cuarta de la Audiencia Nacional era la única que ponía peros a las decisiones del juez Baltasar Garzón en sus procesos contra el entorno de ETA.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, valoró ayer este fallo del TS, y precisó que, como consecuencia de la sentencia, los tres magistrados "deberán ser debidamente remunerados por los haberes que han dejado de percibir".
(p.r.) |
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Re: Impunidad judicial:El Supremo anula sanción a tres jueces por excarcelar al "Negro"-(Carlos Ruiz Santamaría)
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per Dirk |
26 nov 2004
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Em sembla oportú copiar aquí el comentari que va fer ahir Javier Ortiz al seu blog:
http://www.javierortiz.net/apuntes.htm
Pero Mayor se salió con la suya
(Jueves 25 de noviembre de 2004)
Hay que recordar los sucesos tal como fueron, porque, si no, no se entiende nada.
Había en la Audiencia Nacional una Sala, la de lo Penal –también llamada Sala Cuarta– que, una y otra vez, rechazaba la teoría de Garzón y Mayor Oreja según la cual estar «en el entorno» de ETA es formar parte de ETA, y que, si un grupo de personas, una asociación o un periódico resultan útiles a los fines de ETA, se convierten en la práctica en parte integrante de la organización terrorista, por lo cual pueden y deben ser acusados de pertenencia a banda armada. La Sala Cuarta, considerando que esos criterios representan una aberración jurídica, echaba para atrás uno tras otro todos los autos de procesamiento que Garzón basaba en ellos.
Llegó un momento en el que el Gobierno del PP entendió que los tres magistrados de esa Sala suponían un obstáculo intolerable para el desarrollo de sus planes en Euskadi. Y puso en marcha toda la maquinaria del Poder para quitárselos de enmedio.
El instrumento principal fue el Consejo General del Poder Judicial, que decidió expedientar a los tres integrantes de la Sala Cuarta. Se amparó para ello en la decisión que había tomado esa Sala de poner en libertad a un presunto narcotraficante, Carlos Ruiz, alias El Negro. Según la mayoría de los miembros del CGJP, esa resolución judicial representó una falta muy grave de desatención, en razón de lo cual sancionó a dos de los magistrados con seis meses de suspensión y al tercero, con siete. Lo de menos era el tiempo de la sanción; lo de más que, al estar sancionados, hubieron de dejar la Audiencia Nacional, lo que permitió designar una nueva Sala Cuarta que –¿hace falta decirlo?– no tardó en dar su aval a todos los autos de Garzón.
La sanción impuesta por el CGPJ a estos tres magistrados fue un acto jurídicamente insólito, puesto que el Consejo no es un tribunal, sino un órgano de gobierno del estamento judicial, encargado tan sólo de mantener el orden y la disciplina en sus filas. No es ninguna Sala de apelación que pueda entrar a considerar fallos judiciales. Pero lo hizo.
El Gobierno llevó las cosas más lejos todavía. Instruyó a la Fiscalía para que denunciara a los tres magistrados por un posible delito de prevaricación. Aunque aquello no fue más que una manera de vestir el muñeco y dar a la sanción contra ellos un mayor empaque ante la opinión pública. De hecho, así que un magistrado tomó en sus manos la denuncia de la Fiscalía, dictó el sobreseimiento de la causa.
Ahora, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por amplia mayoría, ha decidido que la supuesta falta en la que el CGPJ basó su sanción a los tres magistrados no existió, por lo que la ha anulado, dando incluso a los injustamente sancionados la posibilidad de reclamar indemnizaciones. Pero lo que no ha hecho, porque no puede hacer, es devolverles su condición de integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Con lo que las repercusiones políticas que tuvo su sanción seguirán en activo.
Es una técnica que no tiene nada de novedosa y que ha hecho sentir sus efectos en no pocas ocasiones dentro de la política vasca: se adopta una resolución que tenga efectos irreversibles –cerrar periódicos, por ejemplo– y tanto da que al cabo de los años haya otra resolución que desdiga la primera. El mal ya está hecho. Recuerdo una nota humor negro que Mao Zedong tuvo en un momento de lucidez: «Lo malo que tiene cortarle a alguien la cabeza», dijo, «es que, si luego descubres que fue un error, ya no hay manera de volver a ponérsela». Debería haberse tomado más en serio su propio pensamiento –me temo que los comunistas chinos cortaron muchas cabezas–, pero la idea es correcta. Y aplicable, a su modo, en este caso. Los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero no volverán a poner una y otra vez en su sitio a Baltasar Garzón.
Por cierto que hay un dato que no he recogido más arriba y que me parece digno de ser tenido en cuenta. La resolución sancionadora que el CGPJ tomó en febrero de 2002 contó con la oposición de cuatro de sus miembros. Uno de ellos fue José Antonio Alonso, actual ministro del Interior.
http://www.javierortiz.net/apuntes.htm |
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