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Pronunciamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas
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per [difunde: Llakta!]
Correu-e: rucu ARROBA llacta.org (no verificat!) |
21 nov 2004
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Quito, 21 de noviembre de 2004 |
- Las organizaciones no gubernamentales abajo firmantes recibimos con beneplácito la aceptación de los Ministros de Defensa de la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas a que organizaciones e instituciones de la sociedad civil de la región pudieran participar de esta Conferencia. Consideramos que la participación de actores de la sociedad civil en este foro, aún en calidad de observadores, es un paso en la dirección correcta hacia el fortalecimiento de la diplomacia ciudadana y la democracia en la Región en particular, contribuyendo a la transparencia y el resultado de la VI Conferencia de Ministros de Defensa.
- Coincidimos con las Declaraciones de las Conferencias de Ministros de Defensa anteriores a ésta, en cuanto a que la democracia, el respeto al Estado de derecho, el pleno respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento del multilateralismo son condiciones esenciales para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente.
- En este sentido, y de acuerdo con lo establecido por la Carta Democrática Interamericana, consideramos importante recuperar y subrayar el enfoque establecido en el párrafo 3 de la V Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que destacó la importancia del principio constitucional de subordinación de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad a las autoridades estatales legalmente constituidas.
- Compartimos con este foro que los temas como la seguridad hemisférica, las medidas de confianza mutua y la cooperación regional o subregional constituyen cuestiones centrales para discutir y consensuar políticas nacionales de defensa dotadas de mayor transparencia y eficiencia para confrontar exitosamente los desafíos que impone la coyuntura hemisférica en materia de seguridad.
- Asimismo, reconocemos la existencia de un escenario regional no solo caracterizado por el incremento de la pobreza y la exclusión social, sino por prácticas como el tráfico de drogas o armas, el crimen transnacional o el terrorismo que constituyen una amenaza tanto para los derechos de los ciudadanos como para las instituciones democráticas encargadas de garantizarlos. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por la forma en que dichas prácticas son incluidas en el documento borrador de declaración de esta Conferencia de Ministros de Defensa. En tal sentido, el borrador incorpora el concepto multidimensional de la seguridad hemisférica adoptado por la Declaración sobre Seguridad en las Américas. En efecto, a lo largo del texto del borrador de la declaración se advierte un tratamiento indiferenciado y ambiguo de los conceptos de defensa y seguridad como si se trataran de una misma cuestión (par. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 28 del documento en borrador de la Declaración).
- La confusión entre defensa y seguridad es particularmente riesgosa en la coyuntura global y regional en el que estas definiciones están siendo adoptadas. Por un lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ampliado su definición de seguridad incorporando amenazas o preocupaciones de carácter social, económico, ambiental y de salud pública. En forma concurrente, distintos países de la región están promoviendo definiciones expansivas y ambiguas de lo que constituye una potencial amenaza terrorista. En este contexto, la perspectiva de seguridad sobre ciertos de problemas que — si bien podrían afectar la seguridad — son fundamentalmente de carácter social, económico o político, constituye una práctica que está siendo adoptada por muchos gobiernos de la región que, de no cambiar su texto sería avalada por la Declaración de la VI Conferencia de Ministros de Defensa.
- En las cinco Declaraciones de Conferencias de Ministros de Defensa previas, el tratamiento conjunto de la defensa y la seguridad aparece en forma incipiente. Sin embargo, el documento borrador de esta Conferencia profundiza esta indefinición conceptual en momentos en que sus consecuencias prácticas amenazan con socavar los principios democráticos. Probablemente, el objetivo de prevenir que esto suceda fue lo que condujo a que los Ministros de Defensa establecieran en la IV Conferencia "la necesidad de definir los conceptos de seguridad y defensa en orden de facilitar su entendimiento como conceptos doctrinarios en el hemisferio" (Párrafo 6 de la IV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Manaos, 2000).
- La consecuencia práctica de la dilución de la línea divisoria entre la defensa y la seguridad es la alteración de las funciones tradicionales de las fuerzas armadas para implicarlas en cuestiones de seguridad interior o pública. En este sentido, en muchos países del continente se puede apreciar un aumento sostenido de la militarización de la seguridad interna. Existen, sin embargo, poderosas razones por las cuales resulta inconveniente la participación de las fuerzas armadas para confrontar los problemas de seguridad interior o pública:
- La deslegitimación de las instituciones democráticas: El pasado reciente de regímenes antidemocráticos o conflictos armados en la región se caracterizó por la actuación de las fuerzas armadas en asuntos políticos con un costoso saldo para la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por esta razón, la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna podría afectar aún más la legitimidad de las débiles instituciones democráticas de la mayoría de los países de la región, invistiéndolas de un rol protagónico para garantizar la seguridad en detrimento de otras instituciones públicas que tienen la responsabilidad de hacerlo.
- La desprofesionalización de las fuerzas armadas: El desempeño de una misión para la cual no fueron formadas afecta el esfuerzo de los gobiernos y sus propias fuerzas armadas para profesionalizar y democratizar a sus miembros.
- El aumento de las violaciones a los derechos humanos: Como la experiencia de muchos de nuestros países en el pasado reciente refleja la lógica de la guerra, propia de la misión de las fuerzas armadas para garantizar la defensa de los Estados, aplicada a la seguridad interna propicia un incremento de las violaciones a los derechos humanos. También limita la capacidad de control civil y fiscalización ciudadana, indispensables para prevenir y evitar tales violaciones.
- El debilitamiento de los sistemas de seguridad pública: Teniendo en cuenta su naturaleza y rol distintos, la actuación de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad interior obstaculiza el necesario proceso de fortalecimiento de los sistemas de seguridad pública compuestos por el poder judicial y ministerio público, agencias de inteligencia e investigación, policías de prevención y represión, sistema penitenciario, etc.
- En función de lo expresado en los párrafos anteriores, las organizaciones no gubernamentales firmantes sugerimos las siguientes modificaciones al borrador del texto de la Declaración esta Conferencia:
- Que se establezca una clara distinción entre los conceptos de defensa y seguridad y se limite estrictamente la actuación de las fuerzas armadas al campo de la primera. Sólo se deberá permitir la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna para los casos de estados de excepción y por los tiempos, lugares y condiciones estrictamente necesarios a las exigencias de la situación.
- El párrafo 3 del borrador de Declaración establece: "Que la seguridad y la defensa constituyen bienes públicos que implican la responsabilidad de la sociedad en su conjunto y su gestión democrática no es exclusiva de las fuerzas armadas, siendo, por lo tanto, fundamental el rol de la sociedad civil en su consecución y desempeño y su articulación funcional en los sistemas políticos de la región". Con el fin de fortalecer el principio de subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades elegidas democráticamente sugerimos la siguiente formulación: "Que la defensa constituye un bien público que implica la responsabilidad de la sociedad en su conjunto y que, si bien su gestión democrática corresponde a los Ministerios de Defensa, es fundamental el rol de la sociedad civil en su consecución y desempeño y su articulación funcional en los sistema políticos de la región".
- Sugerimos que el párrafo 4 que establece la necesidad de cooperación, transparencia, reciprocidad y confianza mutua e integración efectiva de políticas de defensa nacionales como requisitos para asegurar la seguridad colectiva, permanezca en su actual formulación.
- El párrafo 7 establece: "Que es responsabilidad de cada Estado promover la transformación y racionalización de las fuerzas de defensa y seguridad en cuanto a sus roles, estructura, equipamiento y entrenamiento, enfocado en ejercer efectivamente la soberanía nacional y asumir los nuevos retos del siglo XXI". Con el objeto de prevenir el cambio de rol de las fuerzas armadas hacia la seguridad pública sugerimos la siguiente formulación: "Que es responsabilidad de cada Estado promover la racionalización de las fuerzas de seguridad y defensa en cuanto a sus roles, estructura, equipamiento y entrenamiento, enfocado en ejercer efectivamente la soberanía nacional y asumir los nuevos retos del siglo XXI".
- Respecto de los párrafos 28 y 29 del borrador de la Declaración referidos a la definición del vínculo entre la OEA y la Junta Interamericana de Defensa (JID), sugerimos que éstos sean modificados conforme a lo dispuesto por el párrafo 49 de la Declaración sobre Seguridad en las Américas . La separación conceptual y práctica que proponemos respecto de la defensa y la seguridad supone que la Junta Interamericana de Defensa sea definida como un organismo no operativo de asesoramiento técnico, únicamente en materia de defensa militar.
- Consideramos que los Estados de la región deben decidir cómo confrontar las amenazas que acechan a sus países. Sin embargo, nos parece fundamental que los gobiernos asuman esas realidades complejas – que constituyen grandes desafíos – sin delegar esa responsabilidad en las fuerzas armadas. De acuerdo con las necesidades de la región, la mejor forma de garantizar la seguridad en el presente escenario es mediante la implementación de decididos esfuerzos a favor del combate a la pobreza y la exclusión social, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas civiles, incluyendo a las instituciones responsables de la administración de justicia, los servicios de inteligencia y las instituciones de los Estados encargadas de hacer cumplir la ley, y mejorando la coordinación de éstas, tanto a nivel doméstico como regional.
- Creemos oportuno expresar, finalmente, que el actual contexto de expansión de las definiciones que gobiernan tanto la defensa como la seguridad de los Estados y las instituciones democráticas presenta riesgos para los gobiernos y los actores de la sociedad civil. Al confrontar los gobiernos estos riesgos, es indispensable tener en cuenta la función y naturaleza diferente de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales y evitar expandir las funciones de las primeras en América Latina. De lo contrario, el remedio podría ser aún peor que la enfermedad. Por un lado, se verían afectados los avances logrados con respecto al papel de las fuerzas armadas en naciones democráticas y la relación de subordinación a las autoridades civiles democráticamente electas. Por el otro, representaría un gran obstáculo a la democratización de los sistemas de seguridad pública en los países de la región.
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