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Notícies :: immigració
Llamamiento a la solidaridad, igualdad y no discriminación de las personas inmigradas
17 nov 2004
La política de los gobierno del P.P. plasmada en la entrada en vigor y aplicación de la vigente Ley de Extranjería, creó una inmensa bolsa de personas que trabajan sometidas a las peores condiciones, sin contrato ni derechos, en los límites de la supervivencia. Esa política represiva no ha impedido por otra parte la entrada de más inmigrantes en nuestro país que automáticamente se convertían en sin papeles.

El cambio electoral del 14 de marzo ejemplificaba la voluntad popular de romper en múltiples aspectos con la política hasta entonces desarrollada, una ruptura que debería significar una ampliación de los derechos sociales y políticos de todos y el fin de las desigualdades y discriminaciones. En el terreno de la emigración se ponía claramente sobre la mesa la esperanza y la necesidad de apertura de un proceso de regularización de los inmigrantes sin papeles residentes en el Estado español.

El gobierno del PSOE, tras más de 6 meses de mandato ha presentado a la sociedad un borrador de Reglamento de aplicación de la Ley, anunciándolo como una apuesta decidida para acabar con la enorme bolsa de inmigrantes sin papeles heredada del P.P. y con la economía sumergida que mantiene a los inmigrantes en una desesperada situación de sobreexplotación laboral y marginación social.

El gobierno ha llevado a cabo una negociación con los empresarios y los sindicatos UGT y CC.OO. corrigiendo el texto inicial del borrador de Reglamento pero sin sentarse a negociar ni tener en cuenta las opiniones de las personas inmigradas y sus organizaciones.

Este último texto, pese a incluir modificaciones y mejoras respecto al inicial, incurre todavía en graves insuficiencias que nos llevan a afirmar tajantemente que ni mucho menos permitirá acceder a la regularización de un número significativo de inmigrantes sin papeles ni atentará contra las bases de la economía sumergida.

En el borrador de Reglamento, la regularización de los emigrantes está concebida desde una perspectiva únicamente económica; un criterio propio del anterior gobierno del P.P. pero que debiera ser ajeno a la actual mayoría de izquierdas. Los emigrantes sin papeles no son simples números de Seguridad Social, sino seres humanos que han de sobrevivir, cuidar su familia, educar a sus hijos, tener un lugar en la sociedad, y practicar sus derechos y deberes como cualquier otro ciudadano.

La regularización de los inmigrantes se deja en manos de los empleadores. Ningún empresario de agricultura, construcción, limpieza, etc., ofrecerá contratos a los sin papeles sabiendo que le sobrarán trabajadores con o sin papeles dispuestos a trabajar de cualquier manera. Existen por tanto numerosos grupos de inmigrantes que viviendo y trabajando actualmente en España no podrán acceder a un contrato por 6 meses.

Estos requisitos dejan también sin posibilidad de regularización a colectivos extremadamente precarios como quienes se dedican a la venta ambulante o las personas obligadas a prostituirse. Igualmente ocurre con los menores inmigrantes que actualmente residen e incluso están escolarizados en España pero carecen de papeles.

Por otra parte ningún reglamento podrá solucionar la situación del millón de inmigrantes sin papeles, ni poner fin al apartheid jurídico y la falta de derechos que padecen los ciudadanos de origen extranjero, dado que para ello es imprescindible la derogación de la Ley de Extranjería. De una Ley injusta e ineficaz no puede derivarse un buen reglamento.

Las personas y organizaciones que suscribimos este llamamiento entendemos que la insuficiencia del reglamento presentado y el mantenimiento de la Ley de Extranjería son problemas que no solo afectan a las personas inmigradas sino al conjunto de la sociedad. El mantenimiento de la economía sumergida con centenares de miles de personas trabajando sin contrato ni derechos redunda en la bajada general de los salarios y la precarización de las condiciones de trabajo de todos y todas los trabajadores. Por otra parte una sociedad que mantiene a un importante número de sus miembros discriminado y privado de derechos es además de antidemocrática, incapaz de garantizar los derechos y reclamar los deberes de todos.

En consecuencia demandamos:    
1.- La apertura de un proceso de regularización de los inmigrantes sin papeles que no incluya la exigencia de una oferta de trabajo, ya que esta es una condición que determinados colectivos no pueden cumplir. La exigencia de un contrato de trabajo deja fuera sectores muy vulnerables, especialmente mujeres y niños, colectivos que no tienen ninguna posibilidad de desligarse de esta situación si no se regulariza su situación. Por otro lado la exigencia de un contrato de trabajo promueve el tráfico y la venta de permisos tal como ha sucedido en otras ocasiones, enriqueciendo a desaprensivos a costa de la ya mermada economía de las personas inmigradas.
2.- Es necesario que se incluyan criterios de arraigo social, y de condiciones excepcionales y familiares, que permitan la regularización de los inmigrantes sin papeles que ya residen en el territorio del Estado español.
3.- La anulación de las órdenes de expulsión no ejecutadas que mantienen a multitud de personas sometidas a la irregularidad, condenadas a la marginalidad y a todo tipo de abusos. Reclamamos también el cierre de todos los Centros de Detención de Inmigrantes, ya que entendemos que incurren en una grave vulneración de los derechos de las personas. Si el actual gobierno se ha mostrado contrario a la instalación de campos de contención de inmigrantes en el norte de �frica debe consecuentemente renunciar al mantenimiento de campos similares en el territorio español.
4.- La apertura de un proceso de regularización extraordinario no constituye sino una solución temporal y parcial; se hace imprescindible el establecimiento de mecanismos de regularización continuados que impidan que en el futuro se reproduzca el surgimiento de nuevas bolsas de inmigrantes sin papeles y por ello sin derechos.
5.- Esta serie de medidas que estamos proponiendo han de culminar en la derogación de la Ley de Extranjería. De la misma manera que se han puesto en cuestión y paralizado diversas leyes y medidas del gobierno anterior atendiendo a la sensibilidad de la ciudadanía, pensamos que la retirada de la Ley de Extranjería ha de ser un clamor cada vez más amplio en una sociedad que se reclama democrática.

Planteamos estas propuestas al debate social y las elevamos a la consideración del gobierno central, de las administraciones autonómicas y municipales. Reclamamos los derechos de las personas inmigradas porque queremos que nuestros derechos no sean recortados, por dignidad personal y colectiva, por solidaridad con los otros, pero también porque queremos vivir en una sociedad más justa e igualitaria.

Barcelona a 5 de Noviembre del 2004.

ORGANIZACIONES:
Alternativa dâEsquerres de Badía. Asamblea por la Regularización sin Condiciones. Associació dâamistat amb el Poble de Guatemala. Associació de Veïns del Casc Antic. Bait Atakafa (S. Vicent dâHorts). Casa de los Trabajadores Africanos. Central de Trabajadores Argentinos, Barcelona. Centre dâacolliment de Santa Coloma. CGT. Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió Zapatista. Cornellá sense Fronteres. Cristianos por el Socialismo. Cultural Sakina, Debat a Bat. Ecuador Llaktakaru. ENDAVANT. GOAC. Grupo de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo de Barcelona. Lluita Internacionalista. Mesa Cívica pels Drets Socials. Papeles para Tod@s. PCPC. PRT. PSUC Viu. RAI. Raices Solidarias. Revolta Global. Rojos i Roges. Ruptura. Sense Papers. Socialismo Libertario. Xarxa solidaria contra el tancament dâempreses.

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