Campos de golf y desidia ambiental en Valencia

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Campos de golf y desidia ambiental en Valencia
per Ibérica 2000 - Antonio Marín Segovia - Cercle Obert de Benicalap	09 nov 2004
Asistimos, perplejos y sorprendidos, a una desidia institucional evidente a la hora de asumir ciertas actuaciones urgentes, que permitan y posibiliten la efectiva conservación y recuperación de los conjuntos declarados patrimonio cultural o espacio protegido en todo el territorio que conforma la Comunidad Valenciana. De los ciudadanos y de nuestra capacidad e imaginación para presionar a nuestros representantes depende la salvación de nuestra herencia ambiental y cultural. Sin una verdadera capacidad para sensibilizar e implicar a nuestros gestores, no podremos recuperar todos los elementos y conjuntos que merecen ser rehabilitados y conservados. El Cabañal, la huerta, la Albufera, el litoral... merecen nuestra atención... Lograr que las ciudades puedan ser espacios amables y adecuados es una prioridad... http://www.iberica2000.org/Es/Index2.asp http://www.iberica2000.org/Es/Index2.asp



Asistimos, perplejos y sorprendidos, a una desidia institucional evidente a la hora de asumir ciertas actuaciones urgentes, que permitan y posibiliten la efectiva conservaciÃ³n y recuperaciÃ³n de los conjuntos declarados patrimonio cultural o espacio protegido en todo el territorio que conforma la Comunidad Valenciana. De los ciudadanos y de nuestra capacidad e imaginaciÃ³n para presionar a nuestros representantes depende la salvaciÃ³n de nuestra herencia ambiental y cultural. Sin una verdadera capacidad para sensibilizar e implicar a nuestros gestores, no podremos recuperar todos los elementos y conjuntos que merecen ser rehabilitados y conservados. El CabaÃ±al, la huerta, la Albufera, el litoral... merecen nuestra atenciÃ³n... Lograr que las ciudades puedan ser espacios amables y adecuados es una prioridad... http://www.iberica2000.org/Es/Index2.asp LOS CAMPOS DE GOLF SON MUCHO MÃ?S IMPORTANTES QUE GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA A LAS PERSONAS... ESO ES LO QUE AMA TANTO EL PP INDIGNACION ANTE LA PERSISTENTE APLICACIÃ�N DE LA LRAU (Ley Reguladora de la Actividad UrbanÃstica) A PESAR DE QUE SE SABE QUE SE VA A REFORMAR POR NO CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y GARANTIAS ESTABLECIDOS EN NUESTRA CONSTITUCIÃ�N. Soy un propietario de una gran parte del terreno de la urbanizaciÃ³n CamÃ de paterna sita en el termino municipal de BÃ©tera (Valencia) y me siento totalmente indignado tras la aun persistente aplicaciÃ³n de la Ley Reguladora de la Actividad UrbanÃstica despuÃ©s de la declaraciÃ³n de Blasco (Conseller de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana) y de la comisiÃ³n europea, pidiendo a los municipios de valencia que no fuera de aplicaciÃ³n la existente ley, a esperas de una reforma, ya que se habÃa previsto la ilegalidad y en daÃ±o causado a los propietarios, dicha ley, pues en BÃ©tera municipio de lÂ´Horta de ValÃ©ncia, aun se sigue aplicando, y por consecuente perjudicando a los vecinos, hasta tal punto que muchas familias naturales de allÃ se estÃ¡n teniendo que mudar por no poderle hacer frente a los gastos de urbanizaciÃ³n, espero que lo publiquen y alguien tome medidas!!! GRACIAS LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO??? SOBRE LA INJUSTA LRAU Las propias palabras del seÃ±or Blanco, conseller de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana, dicha ley tiene que modificarse de tal modo que la misma Â«refuerce la transparencia del proceso [urbanizador] y proteja los legÃtimos derechos de los propietarios de suelo y viviendasÂ». SeÃ±or Blasco y para cuando eso???? Pues soy un pobre trabajador que tengo un chalet en la urbanizaciÃ³n â��CamÃ Paternaâ�? de BÃ©tera, y estoy pudiendo comprobar que el ayuntamiento no le hace mucho caso al seÃ±or Blasco, ya que muy a mi pesar, nos esta engaÃ±ando y estafando, el ayuntamiento de BÃ©tera junto a un agente urbanizador como es Urbe Cop SL. Quieren urbanizarnos la urbanizaciÃ³n ya existente y en la que tenemos todos los servicios urbanÃsticos mÃnimos que exige la ley ademÃ¡s de lo mas importante que existe la consolidaciÃ³n por la urbanizaciÃ³n al disponer de todos los servicios mÃnimos establecidos en el art.8 LS 6/98 para ostentar dicha condiciÃ³n, y pese a ello y sin voluntad de correcciÃ³n de contrario, esto no se ha tenido en cuenta a la hora de formular las proposiciones jurÃdico econÃ³micas, ya que se le ha dado igualdad de trato a un vecino que carecÃa de asfaltado o se aceras y agua potable, como a un vecino que poseÃa todo ello, por lo que me parece totalmente injusto ese reparto de costes de la urbanizaciÃ³n, al mismo tiempo que se ha producido un defecto de forma y de ilegalidad en la selecciÃ³n que se a efectuado de la empresa contratista que ha de ejecutar las obras, puesto que debe sujetarse al procedimiento establecido en la ley de contratos de las administraciones publicas y a sus principios inspiradores de concurrencia, publicidad y transparencia. BLASCO PREPARA UNA LEY DE PROMOCIÃ�N DEL GOLF QUE LE DA PLENOS PODERES PARA AUTORIZAR URBANIZACIONES EN TODA LA COMUNIDAD VALENCIANA No estÃ¡ en la DeclaraciÃ³n Universal de Derechos Humanos de 1948, pero toda persona -ni siquiera todo ciudadano- deberÃa tener garantizado el derecho a asestarle un leÃ±azo a una bolita blanca con un hierro 15. El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, estÃ¡ preparando un anteproyecto de ley que en el mismo tÃtulo lleva ese propÃ³sito: Â«Ley de ordenaciÃ³n ambiental y promociÃ³n social de los campos de golf en la Comunidad ValencianaÂ». La divulgaciÃ³n de ese deporte y la Â«racionalizaciÃ³n del uso de los recursos naturales y el desarrollo sostenibleÂ» son el objeto de la norma, segÃºn el borrador del texto al que ha tenido acceso este diario. LEVANTE-EMV, 07-11-04 Francesc ArabÃ, Valencia En el tÃtulo preliminar de la ley se aportan los argumentos filosÃ³ficos y sociales que la motivan, ademÃ¡s del interÃ©s del Consell en promover el golf como reclamo turÃstico para Â«desestacionalizarÂ» esa fuente de riqueza. En los tres primeros artÃculos se insiste en los mismos argumentos. Los diecinueve apartados restantes se dedican a regular las promociones vinculadas a los campos de golf. Y el conseller Rafael Blasco se reserva plenos poderes para autorizar o no los proyectos y en el control de los planes urbanÃsticos. Â«Por razÃ³n de su impacto supramunicipal, con independencia de su ubicaciÃ³n en suelo urbanizable o no urbanizable, todo proyecto para la implantaciÃ³n de un nuevo campo de golf requerirÃ¡ la solicitud de autorizaciÃ³n autonÃ³mica ante la Conselleria competente en materia de ordenaciÃ³n de territorio y urbanismo. Corresponde su otorgamiento o denegaciÃ³n al Conseller...Â», dice el artÃculo 9 del texto que maneja el Gobierno autonÃ³mico. Por el Â«interÃ©s generalÂ» El conseller tan sÃ³lo deberÃ¡ solicitar (artÃculo 11) informes Â«no vinculantesÂ» de los ayuntamientos afectados, de la Agencia Valenciana de Turismo, de la conselleria Â«competente en materia de deporteÂ» y el dictamen Â«vinculanteÂ» del Consejo del Territorio y del Paisaje, dependiente del Consell. Â«Cuando el ayuntamiento manifieste su disconformidad con el proyecto, la competencia para autorizar el campo de golf corresponderÃ¡ al pleno del ConsellÂ», se diceen el artÃculo 11. En este caso, serÃ¡ el Gobierno autonÃ³mico el que Â«decidirÃ¡ si procede ejecutar el proyectoÂ». Si entiende que concurre el Â«interÃ©s generalÂ», ordenarÃ¡ al consistorio la Â«modificaciÃ³n o revisiÃ³n del planeamientoÂ» para legalizar la promociÃ³n. Â¿Y quÃ© se entiende por Â«interÃ©s generalÂ»? El artÃculo 13 establece que el Gobierno tomarÃ¡ en consideraciÃ³n la Â«incidencia del proyecto sobre la ordenaciÃ³n territorial y destino del suelo del municipioÂ» y la evaluaciÃ³n del Â«impacto en el medio fÃsico y en la utilizaciÃ³n de recursos naturalesÂ». PondrÃ¡ estas circunstancias en un plato de la balanza y en el otro, Â«la oportunidad y conveniencia del proyecto desde el punto de vista del desarrollo econÃ³mico-social local, autonÃ³mico y generalÂ». SopesarÃ¡ y lo que resulte serÃ¡ el interÃ©s general. Hasta que no transcurran 75 aÃ±os no se podrÃ¡ dar otro uso a los terrenos destinados a la instalaciÃ³n deportiva. Si la ley se aprueba en las condiciones previstas en el anteproyecto que maneja el Consell, los ayuntamientos valencianos no sÃ³lo verÃ¡n mermada su capacidad de decisiÃ³n sobre urbanizaciones y hoteles vinculados a un campo de golf, sino que ademÃ¡s estarÃ¡n obligados a Â«ceder gratuitamente al promotor por un perÃodo de 50 aÃ±osÂ» los metros correspondientes del Â«patrimonio municipal del sueloÂ» para la Â«implantaciÃ³n del campoÂ». La ley regula la construcciÃ³n del campo de golf no rodeado por hormigÃ³n. A ese Â«campo de golf Ãºnicamente destinado a la prÃ¡ctica deportivaÂ» le dedica un artÃculo de tres lÃneas y tres palabras de pico. Pero bÃ¡sicamente se ocupa de los 18 agujeros en la hierba como guarniciÃ³n del cemento, al vincular el campo a Â«un conjunto residencialÂ», a un Â«alojamiento hoteleroÂ» o a ambas construcciones. De ahÃ que la ley obligue al promotor a presentar un Programa de ActuaciÃ³n Integrada (PAI) siempre que el proyecto afecte a suelo urbanizable. En la adjudicaciÃ³n del PAI, el ayuntamiento puede resarcirse en parte de la cesiÃ³n gratuita de suelo para albergar el campo. AsÃ, la ley recoge que cuando adjudique el plan urbanÃstico el consistorio Â«establecerÃ¡ el rÃ©gimen de gestiÃ³n al que queda sujeto el superficiario y el rÃ©gimen del uso pÃºblico de la instalaciÃ³n deportivaÂ». Campo de regalo en vez de canon Tanto el conseller como el Consell (si el ayuntamiento se opone)necesitarÃ¡n una DeclaraciÃ³n de InterÃ©s Comunitario si el proyecto se ubica en suelo no urbanizable. Esa declaraciÃ³n la aprueba el propio Gobierno autonÃ³mico, segÃºn la Ley Reguladora del Suelo No Urbanizable, actualmente en tramite parlamentario. Este texto establece un Â«canon de aprovechamiento urbanÃsticoÂ» (equivalente al 2% del proyecto) que no serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los hoteles (la ley no autoriza complejos residenciales en suelo no urbanizable) vinculados al golf. En vez de ese gravamen, el promotor deberÃ¡ Â«financiar un campo de golf de titularidad municipalÂ». El promotor pagarÃ¡ la construcciÃ³n del campo, pero en suelo Â«del patrimonio municipalÂ». Para evitar que el golf sea el reclamo publicitario para promover una urbanizaciÃ³n y que el campo nunca llegue a construirse, la norma advierte que la ejecuciÃ³n de las obras se dividirÃ¡ en Â«dos fasesÂ». Â«La primera tendrÃ¡ por objeto la instalaciÃ³n deportiva y la segunda el hotel o conjunto residencialÂ»,dice la norma. Para garantizar la Â«calidad de la oferta turÃsticaÂ» y la Â«desestacionalizaciÃ³nÂ», los hoteles que se construyan vinculados a los campos de golf tendrÃ¡n Â«como mÃnimo cuatro estrellasÂ» y deberÃ¡n Â«estar abiertos todo el aÃ±oÂ». En los proyectos sobre suelo urbanizable, el alojamiento tendrÃ¡ Â«como mÃ¡ximo 400 plazasÂ» y 200 si es en zona terreno no urbanizable. CONTRA EL EXPOLIO Y DESTRUCCIÃ�N DEL CABAÃ�AL LA CIUDAD DEL TURIA NO TIENE NINGÃ�N DIRECTOR DE ORQUESTA Y TODOS LOS INSTRUMENTOS DESAFINAN... Comunicado de prensa de Cercle Obert apoyando y respaldando la peticiÃ³n de los vecinos del Cabanyal para solicitar la intervenciÃ³n del Ministerio de Cultura y del Parlamento de Europa. Valencia es una ciudad que crece sin orden ni concierto. La ciudad del Turia no tiene ningÃºn director de orquesta y todos los instrumentos desafinan... La administraciÃ³n local ha renunciado a que todos los habitantes podamos vivir con cierta dignidad. Desde Cercle Obert de Benicalap manifestamos nuestro firme apoyo e incondicional respaldo a la peticiÃ³n que va a dirigir el colectivo SALVEM EL CABANYAL al Ministerio de Cultura, en aras a evitar el expolio del conjunto declarado Bien de InterÃ©s Cultural del Cabanyal. Nuestra entidad quiere invitar a la administraciÃ³n local y autonÃ³mica para que intenten aprender a canalizar y desarrollar programas e iniciativas destinados a la total rehabilitaciÃ³n y recuperaciÃ³n de barrios y espacios tan tradicionales y singulares como lo son, y lo han sido siempre, los poblados marÃtimos del Cabanyal. Es conveniente que las instituciones valencianas pÃºblicas dejen a un lado los perniciosos comportamientos soberbios e irresponsables que han empleado y exteriorizado hasta la fecha contra aquellas personas y colectivos alternativos, que han tenido el valor y la dignidad de expresar pÃºblica y sistemÃ¡ticamente su disconformidad o malestar ante ciertos disparates urbanÃsticos, ambientales, culturales, educativos, laborales... Insistimos en que la supuesta prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez no es una necesidad vital para Valencia, pues existen otras vÃas urbanas que conducen directamente al mar, un espacio el de nuestras playas que sufre constantes agresiones por la actividad portuaria y la proliferaciÃ³n indiscriminada de actividades de ocio... Todos sabemos ya que la prolongaciÃ³n de la avenida Blasco IbÃ¡Ã±ez esconde una burda operaciÃ³n urbanÃstica y no beneficia ni va a consolidar el bienestar de los habitantes del Cabanyal. Tampoco va a solucionar la tan anunciada prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez los graves problemas de miseria, marginaciÃ³n, comportamientos adictivos y precariedad laboral que sufren ciertos colectivos y etnias diseminados en los poblados marÃtimos, pues nunca se han erradicado ni solucionado las graves causas que generan la exclusiÃ³n social con el simple hecho de tirar unas casas y construir rascacielos, hoteles de lujo y centros comerciales exclusivos... Es una verdad demostrable que con ese tipo de actuaciones urbanÃstico-asistencial que pretende realizar el equipo municipal del PP, que dirige Rita BarberÃ¡, se incrementa alarmantemente la tensiÃ³n social y la crispaciÃ³n, pues se favorece y se alimenta la apariciÃ³n de nuevos sectores afectados por la plaga de la pobreza, dado que las viviendas suben de precio y se multiplican todo tipo de comportamientos abusivos e irregulares en el mercado laboral, inmobiliario, educativo... No se puede erradicar la miseria imponiendo multas econÃ³micas a los que carecen de todo. Hace unos dÃas hemos podido comprobar que la PolicÃa Local de Valencia va a desistir de poner multas a los gorrillas e indigentes, pues resulta imposible cobrarles esas elevadas sanciones y tampoco pueden dirigir notificaciones o citaciones judiciales dado que carecen de techo... Resulta absurdo que la alcaldesa y el Partido Popular pretendan acabar con los comportamientos adictivos, con la pobreza y el desempleo destruyendo todo un conjunto declarado Monumento. Es toda una burla, un insulto que nadie puede admitir ni tolerar, pues los que vivimos dentro de nuestra propia piel, sabemos bien que es preciso atacar las causas y denunciar la obscenidad del sistema neoliberal que padecemos todos, sistema que es el verdadero virus de las cada vez mayores desigualdades e injusticias que, de una manera u otra, sufrimos los que no somos arte y parte del Poder. Para Cercle Obert de Benicalap, ahora es el momento de que nuestros "representantes pÃºblicos" procedan a tener una actitud abierta, dialogante y aprendan lo necesario que es para todos, actuales y futuros ciudadanos, la conservaciÃ³n y recuperaciÃ³n de todo nuestro legado cultural, urbanÃstico y ambiental. No valen excusas ni promesas de que el "progreso" exige la destrucciÃ³n de nuestros referentes culturales comunes. Eso es un disparate despreciable. El progreso sostenible debe permitir y alentar la rehabilitaciÃ³n y el uso pÃºblico de todos los elementos que conforman nuestras seÃ±as peculiares, nuestra identidad, en aras a que seamos todos sensibles y plenamente conscientes de que vivimos en un planeta fragil, en una sociedad que debe tener mecanismos e instrumentos eficaces que eviten la degradaciÃ³n y la violaciÃ³n de nuestro entorno... El verdadero progreso es aquel que permite que todos podamos participar en la gestaciÃ³n y toma de decisiones, posibilitando, siempre y en todo momento, el diÃ¡logo directo y la convivencia serena, respetuosa y plural de todos, sean o no nacidos aquÃ... Valencia es una ciudad que crece sin orden ni concierto. La ciudad del Turia no tiene ningÃºn director de orquesta y todos los instrumentos desafinan... La administraciÃ³n local ha renunciado a que todos los habitantes podamos vivir con cierta dignidad. No podemos decir que nuestros administradores locales y autonÃ³micos tengan la elegancia y el aplomo necesario para seguir ocupando los despachos del Palau de la Generalitat y del Ayuntamiento. Para concluir, debemos advertir a nuestros interinos representantes pÃºblicos, que vamos a seguir en la brecha y con el mismo entusiasmo y pasiÃ³n que nos caracteriza, procediendo a emprender todo tipo de acciones legales y administrativas, pues consideramos que nuestros polÃticos e instituciones no tienen capacidad ni sensibilidad para atender y resolver de forma positiva y serena las justas demandas y peticiones que formulamos. Carecen de las cualidades y reflejos necesarios nuestros representantes para saber detectar y canalizar conflictos y las carencias sociales latentes; por ello, debemos aunar esfuerzos y exigir la intervenciÃ³n de todos los organismos nacionales e internacionales, en aras a detener el expolio y el saqueo que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana pretenden seguir realizando en el Cabanyal, en la huerta, en la Albufera, en el valioso patrimonio rural de Benicalap... Benicalap - Valencia, a 6 de noviembre de 2004 CERCLE OBERT DE BENICALAP INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO Antonio MarÃn Segovia. antoniod17 ARROBA ono.com 645.75.95.91 EL TRIBUNAL SUPERIOR RECHAZA LOS RECURSOS CONTRA LA PROLONGACIÃ�N DE BLASCO IBÃ?Ã�EZ Los vecinos pedirÃ¡n al Ministerio de Cultura un informe por si el derribo de las casas es â��expolioâ�?. El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado los cuatro recursos interpuestos por distintas organizaciones contra la prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez a travÃ©s del Cabanyal. Los vecinos recurrirÃ¡n ahora ante el Supremo. REDACCIÃ�N/ VALENCIA LAS PROVINCIAS digital - SÃ¡bado, 6 de noviembre de 2004 El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazÃ³ ayer los cuatro recursos de casaciÃ³n presentados contra la autorizaciÃ³n del Plan de Reforma y ProtecciÃ³n Interior (PEPRI) del Cabanyal, que prevÃ© la prolongaciÃ³n de la avenida Blasco IbÃ¡Ã±ez hasta el mar a travÃ©s del barrio. El Tribunal Superior afirma que este tipo de recurso debe fundamentarse en la infracciÃ³n de normas estatales, y que la mera â��alegaciÃ³nâ�? a una de las mismas, como en este caso hacen los recurrentes con la Ley de Patrimonio HistÃ³rico EspaÃ±ol, â��no puede servirâ�? para abrir un proceso de casaciÃ³n. El pasado 14 de octubre, el pleno de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ desestimÃ³ los nueve recursos presentados contra el PEPRI del Cabanyal al considerar que era una actuaciÃ³n â��perfectamente legÃtimaâ�? y que supondrÃa una â��contribuciÃ³n eficazâ�? a la ordenaciÃ³n urbana. Ante esta decisiÃ³n interpusieron recurso de casaciÃ³n el Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales, Culturales y ArtÃsticos del Cabanyal-Canyamelar, las asociaciones de vecinos de Valencia y la de Pavimar y un grupo de particulares. En sus escritos afirmaron, segÃºn informa Efe, que se habÃan vulnerado normas de derecho estatal relevantes para el fallo y citaron diversos artÃculos de la ConstituciÃ³n y de la Ley de Patrimonio HistÃ³rico EspaÃ±ol, al considerar que el posible derribo de determinadas fincas â��supone un expolioâ�?. SOLICITUD AL MINISTERIO. Al respecto, el Tribunal recuerda que el recurso de casaciÃ³n â��se ha de fundar en normas no emanadas de las Comunidades AutÃ³nomasâ�? y que la justificaciÃ³n de la infracciÃ³n de las mismas â��es determinante y relevante del fallo de la sentenciaâ�?. El fallo contrario del TSJ no ha mermado las esperanzas de la asociaciÃ³n vecinal Salvem el Cabanyal, que tras conocer la resoluciÃ³n anunciÃ³ que interpondrÃ¡ un nuevo recurso, esta vez ante el Supremo. El abogado del colectivo, JosÃ© Luis Ramos, informÃ³, ademÃ¡s, que solicitarÃ¡n â��inmediatamenteâ�? un informe sobre el proyecto de prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez al Ministerio de Cultura. Esta solicitud ya se realizÃ³ en 2001, aunque la AdministraciÃ³n la negÃ³. La asociaciÃ³n recurriÃ³ entonces ante los TSJ de Madrid al entender que Cultura debÃa pronunciarse sobre el derribo de las casas protegidas, que podrÃa suponer un caso de expolio. â��El Ministerio tiene competencias en materia de patrimonio y debe pronunciarse siempre que este corra peligroâ�?, indicÃ³ Ramos. El tribunal madrileÃ±o ha dado la razÃ³n a los demandantes y afirma que el Ministerio de Cultura tiene suficientes competencias para emitir un informe, que serÃ¡ solicitado en breve. â��Esto demuestra que Rita BarberÃ¡ no tiene luz verde para acometer la obra, ya que un informe contrario de Cultura supondrÃa la anulaciÃ³n del proyecto. En todo caso tandrÃ¡ luz amarilla, pero lo cierto es que con un documento contrario del Ministerio estarÃa entre la espada y la paredâ�?, dijo Ramos. El abogado seÃ±alÃ³, asimismo, que el inicio de la obra no estÃ¡ encarrilado, ya que todavÃa debe aprobarse el proyecto de expropiaciÃ³n. EL CABANYAL: Una "Horterada" Un artÃculo de S. Golf, aparecido en Levante-EMV de 16-10-2001 que reproducimos por su interÃ©s. EL CABANYAL. Bohigas ve la prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez una Â«horteradaÂ» apta sÃ³lo para zonas desahuciadas El arquitecto cree que la existencia del Cabanyal hace que no valgan otras conexiones con el mar El arquitecto catalÃ¡n Oriol Bohigas (Medalla de Oro de Arquitectura 1990) abriÃ³ ayer el taller Â«Una mirada sobre el CabanyalÂ» organizado por la Universidad PolitÃ©cnica de Valencia. Bohigas realizÃ³ una conferencia inaugural sobre los frentes marÃtimos y explicÃ³ que el caso de Valencia es diferente porque lo que hay entre la ciudad y la costa es un barrio con autonomÃa. La prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez le parece una soluciÃ³n no meditada, apta para zonas sin soluciÃ³n, y Â«una horteradaÂ». S. Golf, Valencia. El arquitecto Oriol Bohigas explicÃ³ ayer que una soluciÃ³n de Â«sventramentoÂ» como se pretende en el barrio del Cabanyal sÃ³lo se utiliza cuando el lugar estÃ¡ tan degradado que no hay mÃ¡s soluciÃ³n que demolerlo por completo para que surja uno nuevo. Bohigas dijo que la prolongaciÃ³n de la avenida le parece Â«una horteradaÂ» y animÃ³ a la reflexiÃ³n, que segÃºn Ã©l no se ha hecho, acerca de la situaciÃ³n del frente marÃtimo de Valencia. Este es precisamente el objetivo del taller de arquitectura que ayer abriÃ³ Bohigas en la Universidad PolitÃ©cnica. El arquitecto y ex concejal de urbanismo de Barcelona -responsable de la remodelaciÃ³n de la ciudad condal para las Olimpiadas 1992- quiso ser muy tÃ©cnico y poner sobre la mesa todas las posibilidades para el debate. Desde sus primeras palabras dejÃ³ claro que Â«no vengo a resolver el problema, a decir quÃ© hay que hacer con el CabanyalÂ». Pero en su intervenciÃ³n quedÃ³ patente que jamÃ¡s afrontarÃa el planeamiento como lo ha hecho el Ayuntamiento de Valencia. Al tÃ©rmino de la lecciÃ³n magistral, fue mÃ¡s rotundo al seÃ±alar que, aunque el Cabanyal tiene que sufrir una intervenciÃ³n importante, podrÃa hacerse sin necesidad de derribos. Oriol Bohigas centrÃ³ su conferencia en las distintas soluciones a la conexiÃ³n entre las ciudades y sus frentes marÃtimos, una asignatura pendiente comÃºn, pero marcÃ³ diferencias: el caso de Valencia es muy distinto al del resto porque habitualmente la franja entre el nÃºcleo urbano y la playa lo ocupaba un Ã¡rea degradada de servicios e infraestructuras mientras que aquÃ -por la gran distancia del centro al mar- creciÃ³ un barrio con autonomÃa propia. AdemÃ¡s, asÃ como la mayorÃa de actuaciones se plantea como un problema Â«horizontalÂ» en Valencia se ha formulado Â«verticalÂ» al buscarse como soluciÃ³n la penetraciÃ³n de la avenida. Bohigas quiso incidir en que, para llegar a una decisiÃ³n como la que han adoptado las administraciones valencianas, es necesario primero conocer a fondo la situaciÃ³n del barrio afectado, definir quÃ© funciÃ³n va a cumplir y, finalmente, quÃ© soluciÃ³n requiere. Es decir, dado que ya existe el barrio se puede pensar en mejorarlo o Â«abrirlo en canalÂ». El Â«sventramentoÂ» es Â«un buen procedimientoÂ» pero siempre que el barrio Â«estÃ© estropeado y no tenga otro remedioÂ». Fue la tÃ©cnica utilizada con la Via Laietana en Barcelona o la Gran VÃa en Madrid. Pero Bohigas recordÃ³ que hay otras intervenciones vÃ¡lidas como el esponjamiento o una cirugÃa mÃ¡s ligera. Y dio otra visiÃ³n: Â«Si el Cabanyal no necesita ser abierto en canal, quiÃ©n quiere abrirlo y por quÃ©Â». Las grandes avenidas, dijo, tienen otra funciÃ³n: Â«la representaciÃ³n, la expresiÃ³n de la modernidad de la ciudad por encima de otros barrios que no la representanÂ». En grÃ¡fica expresiÃ³n, la calificÃ³ de Â«cordÃ³n umbilicalÂ» impuesto al Cabanyal desde el resto de la ciudadÂ». Bohigas apuntÃ³ que no tiene sentido que una ciudad monumental moderna llegue hasta la orilla del mar y que una situaciÃ³n suburbana Â«es distinta, pero no malaÂ». LOS MODELOS DE ROSARIO, LA VILLA OLÃ?MPICA Y RÃ?O DE JANEIRO. S. G./P. V., Valencia Pese a marcar distancias entre el caso de Valencia y el resto de ciudades marÃtimas que intentan recuperar su conexiÃ³n con el litoral, el arquitecto explicÃ³, con diapositivas, distintos proyectos en los que ha estado involucrado y que muestran respuestas diferentes: la construcciÃ³n de un edificio para unir Rosario con el RÃo de la Plata en Argentina; los derribos de construcciones ilegales en Salerno (Italia); la Villa OlÃmpica de Barcelona con la eliminaciÃ³n de las barreras existentes; el Â«lavado de caraÂ» mÃ¡s decorativo que otra cosa del paseo de Benidorm; la invasiÃ³n de la ciudad sobre el puerto de Amsterdam y RÃo de Janeiro y la autopista que circunda la bahÃa, bajo la cual se han unido ciudad y mar. El arquitecto no quiso despegar los pies del suelo y advirtiÃ³ -los representantes de la plataforma Salvem el Cabanyal ocupaban la primera fila- que el Cabanyal estÃ¡ mal y requiere una intervenciÃ³n urgente. A preguntas de un ciudadano, seÃ±alÃ³ que la opiniÃ³n de los vecinos debe ser escuchada pero no debe ser determinante. Para Oriol Bohigas, la polÃ©mica en Valencia Â«estÃ¡ mal orientadaÂ». El concejal de Urbanismo, Miguel DomÃnguez, se encargÃ³ ayer de recordar que el planeamiento del Cabanyal ya estÃ¡ aprobado y explicÃ³ que cualquier tipo de iniciativa sobre esa base le parece bien pero contraria. Â«Al frente del taller estÃ¡ el que fuera concejal socialista de Urbanismo de Barcelona y durante el tiempo que Ã©l estuvo al frente se hizo la Diagonal. Lo que en su ciudad no lo reprobaba ahora viene aquÃ a darnos explicaciones de cÃ³mo debemos hacer las cosasÂ», dijo DomÃnguez, quien una vez mÃ¡s recordÃ³ los respaldos del PP obtenidos en las elecciones. * MÃ¡s informaciÃ³n en... LOS FINES PERSEGUIDOS EN LA MODIFICACIÃ�N DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO NO TE LO PIERDAS... JOSÃ� LUIS RAMOS (Abogado de la Plataforma Salvem el Cabanyal) El Consell de la Generalitat Valenciana declara como motivos para modificar la Ley 4/98, de 11 de junio la necesidad de actualizar cuatro aspectos: 1. Reforzar la protecciÃ³n del patrimonio cultural de Ãndole inmaterial. 2. Favorecer los usos sociales de los bienes declarados de interÃ©s cultural. 3. Incluir en la protecciÃ³n las nuevas tecnologÃas de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n. 4. Prever la constituciÃ³n de fundaciones pÃºblicas que puedan llevar a cabo actividades de fomento y protecciÃ³n del patrimonio cultural valenciano. Sin embargo, nosotros pensamos que la reforma tiene por finalidad eliminar las barreras que el patrimonio cultural supone para el urbanismo depredador. Pretenden evitar que, en el futuro, los ciudadanos puedan acudir a los tribunales, y paralizarles proyectos como el del Benacantil o el del Cabanyal, y que encima, los tribunales puedan dictar sentencias declarÃ¡ndolos contrarios a la ley de patrimonio cultural. AsÃ lo deducimos del alcance de la reforma planteada. Pensamos que si la voluntad del PP fuera la de conservar el patrimonio no permitirÃan derroches presupuestarios en Bienales mientras se carece de presupuesto para apuntalar el patrimonio que se nos cae, y, no se tiene el personal suficiente para tramitar las peticiones de protecciÃ³n que se solicitan. Y lo que es mÃ¡s evidente, ya hubieran aprobado el reglamento que facilite la aplicaciÃ³n Ã¡gil de la Ley. Y no tendrÃan sin resolver los planes especiales de protecciÃ³n de conjuntos histÃ³ricos que desde hace varios aÃ±os tienen paralizada su aprobaciÃ³n definitiva. Retomando los aspectos que pretenden reformar, sobre la protecciÃ³n de los bienes inmateriales, tenemos que decir, que ya estaba incluido en la presente ley, al igual que las nuevas tecnologÃas de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n. Â¿O a que se refiere la vigente Ley cuando dice bienes cientÃficos tÃ©cnicos o de cualquier otra naturaleza cultural?. Por otra parte la misma Ley faculta a la Generalitat a dictar por vÃa reglamentaria cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaciÃ³n de la misma. AsÃ las cosas, no necesitaban modificar la Ley para facilitar la conservaciÃ³n de los bienes inmateriales, las nuevas tecnologÃas de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n. Como tampoco, era necesario, para la constituciÃ³n de fundaciones pÃºblicas que sirvan de instrumentos para fomento y protecciÃ³n del patrimonio cultural. En fin, sÃ³lo necesitaban la modificaciÃ³n de la Ley para eliminar el rÃ©gimen de protecciÃ³n que impide aquellos proyectos urbanÃsticos decididos polÃticamente sin tener en cuenta las exigencias derivadas de la conservaciÃ³n de los bienes protegidos. Confesar abiertamente sus intenciones, choca abiertamente con el deber de acrecentar el patrimonio cultural que tienen los poderes pÃºblicos, asÃ quÃ© decidieron eliminar los niveles mÃnimos de proteciÃ³n para no tener barreras legales que impidan arrasar los bienes culturales incompatibles con operaciones especulativas importantes o proyectos capricho del polÃtico de turno. Sin embargo, a su intenciÃ³n depredadora lo llaman eufemÃsticamente â��favorecer los usos sociales de los bienes declarados de interÃ©s culturalâ�? Trataremos de demostrar nuestras conclusiones: A) Ley 16/85 del Patrimonio HistÃ³rico EspaÃ±ol (PHE) artÃculo 21. 2. Excepcionalmente, el Plan de protecciÃ³n de un Conjunto HistÃ³rico podrÃ¡ permitir remodelaciones urbanas, pero sÃ³lo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto. 3. La conservaciÃ³n de los Conjuntos HistÃ³ricos declarados Bienes de InterÃ©s Cultural (BIC) comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectÃ³nica, asÃ como de las caracterÃsticas generales de su ambiente. Se considerarÃ¡n excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sÃ³lo podrÃ¡n realizarse en la medida en que contribuyan a la conservaciÃ³n general del carÃ¡cter del Conjunto. En todo caso, se mantendrÃ¡n las alineaciones urbanas existentes. Una primera lectura del art. citado puede hacer pensar que el mismo es contradictorio. Porque en el punto 2 se admiten remodelaciones urbanas, mientras en el punto 3 se ordena mantener la estructura y alienaciones urbanas existentes, determinaciones que resultan incompatibles con toda remodelaciÃ³n urbana. Sin embargo, esa aparente contradicciÃ³n desaparece si entendemos que se trata de distintos regÃmenes de protecciÃ³n para distintos Ã¡mbitos territoriales. De la norma citada se distingue la existencia de: 1. Conjuntos HistÃ³ricos no declarados BIC, los cuales quedan sujetos a las limitaciones establecidas en el punto 2 del art. 21. 2. Conjuntos HistÃ³ricos declarados BIC a los que les son de aplicaciÃ³n las determinaciones del punto 3 del art. 21. AsÃ las cosas, la Ley de patrimonio cultural valenciano, al igual que hace la Ley estatal, podrÃ¡ establecer un doble rÃ©gimen de protecciÃ³n. Se puede diferenciar un rÃ©gimen de mÃ¡xima proteciÃ³n para los conjuntos histÃ³ricos declarados BIC, en el cual no se aceptan excepciones bajo ningÃºn supuesto, y otro rÃ©gimen jurÃdico con menor nivel de proteciÃ³n, para los conjuntos histÃ³ricos no declarados BIC, donde excepcionalmente puedan admitirse remodelaciones urbanas siempre que Ã©stas impliquen â��una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto.â�? B) La Ley 4/98, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, en su art. 39 regula los Planes Especiales de protecciÃ³n disponiendo: 2. Los Planes Especiales de protecciÃ³n de los Conjuntos HistÃ³ricos tendrÃ¡n en cuenta los siguientes criterios: a) Se mantendrÃ¡ la estructura urbana y arquitectÃ³nica del Conjunto y las caracterÃsticas generales del ambiente y de la silueta paisajÃstica. No se permitirÃ¡n modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservaciÃ³n general del Conjunto. Puede observarse como el art. citado establece un doble mandato. Uno imperativo, que obliga a mantener la estructura urbana y arquitectÃ³nica del Conjunto y las caracterÃsticas generales del ambiente y de la silueta paisajÃstica. Otro facultativo, que acepta rectificaciÃ³n de alineaciones, de la edificabilidad, de las parcelaciones pero sÃ³lo si ello contribuye a la mejor conservaciÃ³n del conjunto formado por la estructura urbana y arquitectÃ³nica y de la silueta paisajÃstica. Sin embargo, ahora, proponen una ampliaciÃ³n del citado art. cuyo contenido concreto dice: i) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, con carÃ¡cter excepcional, el Consell de la Generalitat podrÃ¡ autorizar, oÃdos al menos dos de los organismos a que se refieren en el artÃculo 7 de esta ley, que los planes especiales de protecciÃ³n de los conjuntos histÃ³ricos prevean modificaciones de la estructura urbana y arquitectÃ³nica en el caso de que se produzca una mejora de su relaciÃ³n con el entorno territorial o urbano o se eviten los usos degradantes para el propio conjunto o se trate de actuaciones de interÃ©s general para el municipio o de proyectos singulares relevantes. Anteriormente hemos visto como el punto 2 del art. 21 de la Ley estatal permite, en los conjuntos histÃ³ricos no declarados BIC, remodelaciones urbanas, pero sÃ³lo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto. Ahora, en la modificaciÃ³n propuesta, se puede apreciar como el Consell, pretende introducir dicha excepciÃ³n para los BIC en contra de lo establecido por la Ley estatal. Pero, ademÃ¡s, se pretende incorporar otras dos excepciones que de hecho significa la desapariciÃ³n de un rÃ©gimen mÃnimo de protecciÃ³n para todo bien cultural. Debe observarse como la ley estatal condiciona las remodelaciones urbanas, a que estas impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto. TambiÃ©n la modificaciÃ³n propuesta en la Ley valenciana se condicionan las reformas urbanas a que Ã©stas impliquen mejora del conjunto. Sin embargo, las excepciones de que se trate de actuaciones de interÃ©s general para el municipio o de proyectos singulares relevantes, no se condicionan a que sirvan para la mejora ni conservaciÃ³n del conjunto protegido. AsÃ las cosas, ello significa la eliminaciÃ³n de un nivel mÃnimo de proteciÃ³n para todos los bienes culturales, incluso los BIC. Por lo que se podrÃ¡ dar el contrasentido que el Plan Especial del ProteciÃ³n pudiera provocar la eliminaciÃ³n del bien protegido. Y todo ello, se pretende, sin que exista norma alguna, en el ordenamiento jurÃdico estatal que amparare tanto discrecionalidad polÃtica en el ambito del patrimonio histÃ³rico. Otra modificaciÃ³n sustancial que se pretende de la Ley la encontramos en el art. 34 donde se introduce el pÃ¡rrafo que nosotros seÃ±alamos en negrilla. Art. 34. Planeamiento urbanÃstico.-1. 2. La declaraciÃ³n de un inmueble como Bien de InterÃ©s Cultural, determinarÃ¡ para el Ayuntamiento correspondiente la obligaciÃ³n de aprobar provisionalmente un Plan Especial de protecciÃ³n del bien y remitirlo al Ã³rgano urbanÃstico competente para su aprobaciÃ³n definitiva, en el plazo de un aÃ±o desde la publicaciÃ³n de la declaraciÃ³n, aun en el caso de que el municipio de que se trate careciere de planeamiento general. La aprobaciÃ³n provisional deberÃ¡ contar con informe previo favorable de la ConsellerÃa de Cultura, EducaciÃ³n y Ciencia que deberÃ¡ ser emitido en el plazo de tres meses, transcurrido el cual se tendrÃ¡ por formulado en sentido favorable. Dicho informe se emitirÃ¡ sobre la documentaciÃ³n que vaya a ser objeto de aprobaciÃ³n provisional. En el caso de Monumentos y de Jardines HistÃ³ricos se estarÃ¡ a lo dispuesto en el apartado cuarto de este artÃculo. Ã�sta modificaciÃ³n pretende eliminar toda influencia de los tÃ©cnicos de la ConsellerÃa en la aprobaciÃ³n final. En estos momentos el informe tÃ©cnico debe emitirse teniendo en cuenta distintos aspectos como son: el plan especial remitido por la administraciÃ³n local, las alegaciones aportadas por cualquier ciudadano y su propia valoraciÃ³n realizada a partir de visitar el BIC. Ello le permite un juicio mÃ¡s objetivo porque puede comprobar si alguna de las manifestaciones realizadas por las partes no se ajusta a la realidad o se omiten valores patrimoniales merecedores de protecciÃ³n. Ahora se pretende, que sin salir del despacho, evalÃºe sÃ³lo la documentaciÃ³n que forma parte del plan espacial que debe aprobarse provisionalmente. Sin que pueda tener en consideraciÃ³n las alegaciones e informes aportados por otros interesados al expediente administrativo, ni pueda aportar su propio criterio tras visitar el conjunto. Aceptar Ã©se papel para los tÃ©cnicos serÃa dejar en manos de la discrecionalidad polÃtica la protecciÃ³n del patrimonio, ello es contrario a las normas jurÃdicas y jurisprudencia referida al patrimonio cultural. La misma modificaciÃ³n se propone en el art. 47 respecto los informes que debe emitir la ConsellerÃa de Cultura para la FormaciÃ³n de los CatÃ¡logos de Bienes y Espacios Protegidos. Damos por reproducidas las razones expuestas para el art. 34 y en consecuencia proponemos que se retiren los dos aÃ±adidos. C) CONCLUSIÃ�N: La modificaciÃ³n que propone el Consell a la Ley de patrimonio es contraria al ordenamiento jurÃdica aplicable a los Conjuntos HistÃ³ricos declarados Bienes de InterÃ©s Cultural porque: 1. Admite remodelaciones urbanas en los BIC en contra de la ley estatal que tiene carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica. 2. Introduce las e actuaciones de interÃ©s general para el municipio o de proyectos singulares relevantes, como excepciones al rÃ©gimen de proteciÃ³n, sin estar condicionada a la conservaciÃ³n y mejora del conjunto. Sin que dichas excepciones estÃ©n contempladas en la legislaciÃ³n bÃ¡sica. 3. Pretenden sustituir la discrecionalidad tÃ©cnico-jurÃdica, como criterio que debe justificar la conservaciÃ³n de un bien cultural, por la discrecionalidad polÃtica de los gobernantes de turno. Proponemos: que se rechace la inclusiÃ³n del pÃ¡rrafo â��Dicho informe se emitirÃ¡ sobre la documentaciÃ³n que vaya a ser objeto de aprobaciÃ³n provisionalâ�? que se propone para el art. 34 y 47. Rechazamos Ãntegramente el inciso propuesto como i) del art. 39.2 referido a los conjuntos histÃ³ricos declarados BIC. Y al objeto de diferenciar entre el rÃ©gimen jurÃdico de los conjuntos histÃ³ricos declarados BIC y los que no lo hayan sido, proponemos como un apartado independiente del art. 39 el siguiente pÃ¡rrafo. 39.3) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en los conjuntos histÃ³ricos no declarados bienes de interÃ©s cultural, con carÃ¡cter excepcional, el Consell de la Generalitat podrÃ¡ autorizar, oÃdos al menos dos de los organismos a que se refieren en el artÃculo 7 de esta ley, que los planes especiales de protecciÃ³n de los conjuntos histÃ³ricos prevean modificaciones de la estructura urbana y arquitectÃ³nica a fin de que se produzca una mejora de su relaciÃ³n con el entorno territorial o urbano o se eviten los usos degradantes para el propio conjunto. A los amigos de Salvem el Cabanyal JosÃ© Luis Ramos, abogado dela Plataforma Algunos recordareis que el pasado mes de septiembre el conseller de Cultura y presidente de la Generalitat Valenciana por medio de la prensa anunciaban su intenciÃ³n de modificar la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. DecÃan que la nueva legalidad permitirÃa prolongar Blasco IbaÃ±ez sobre el Cabanyal, construir el Palacio de Congresos del Benacantil y evitar la ejecuciÃ³n de sentencia del teatro romano de Sagunto. En la medida que la noticia era conocida por los amigos de nuestra causa, Ã©stos nos hacÃan llegar su preocupaciÃ³n de que la modificaciÃ³n de la ley diera cobertura legal al derribo del Cabanyal. Esos mensajes de preocupaciÃ³n se incrementaron cuando fue conocido el anteproyecto de modificaciÃ³n de la Ley. Pero a partir de la asignaciÃ³n de la ciudad de Valencia como sede de la Â«Copa del AmÃ©ricaÂ» son muchos mas los que creen que el evento servirÃ¡ de coartada legal para que Rita construya su avenida. Sin embargo, nosotro/as pensamos que estamos igual que cuando empezamos nuestra lucha. Creemos tenerlo mal porque el partido en el poder tiene una concepciÃ³n tan absoluta del poder, que no concibe que deba ceder ante los lÃmites legales. Pero seguimos pensando que ellos lo tienen peor porque la prolongaciÃ³n de la avenida es y serÃ¡ ilegal. Y, ademÃ¡s, empiezan a darse cuenta que el poder judicial es cada vez menos manipulable de lo que los Â«peperosÂ» quisieran. Explicaremos las razones legales que impiden arrasar un conjunto histÃ³rico declarado Bien de InterÃ©s Cultural aun con la modificaciÃ³n de la ley de patrimonio valenciana y con la asignaciÃ³n de la Â«Copa del AmÃ©ricaÂ». Por suerte nosotros vivimos en una comunidad autÃ³noma integrada en un Estado de derecho y no en una repÃºblica bananera donde el poder puede actuar al margen de la legalidad sin dar explicaciones a nadie. Y como autonomÃa en ningÃºn caso implica soberanÃa los actos de las comunidades admiten controles de legalidad para verificar si se han sobrepasado los limites de las competencias transferidas. AsÃ las cosas, la reforma de la ley de patrimonio serÃ¡ legal en la medida que la Generalidad legisle sin excederse de las competencias que tiene atribuidas en materia de patrimonio cultural. El caso es que en materia de patrimonio cultural existen competencias concurrentes entre la administraciÃ³n central y las CCAA. Por ello, si aclaramos lo que debe entenderse por competencias concurrentes y con posterioridad somos capaces de delimitar las competencias de la CCAA y del gobierno central en materia de patrimonio cultural podremos deducir la legalidad de eliminar parte de Bienes de InterÃ©s Cultural como pretende la Generalitat. Dicen los entendidos, que las Â«competencias concurrentesÂ» son aquellas que se ejercen de modo exclusivo por el Estado o por las CCAA, sobre una misma materia, por ello su ejercicio exige una delimitaciÃ³n previa del ambito en que cada administraciÃ³n ejerce la competencia en exclusiva. En otras palabras, se dice que las competencias concurrentes son aquellas que reservan en exclusiva al Estado la facultad de establecer Â«la legislaciÃ³n bÃ¡sicaÂ», mientras a las CCAA se les transfiere en exclusiva la facultad de aprobar la legislaciÃ³n para el desarrollo y ejecuciÃ³n de la legislaciÃ³n bÃ¡sica. Por otro lado, se denomina legislaciÃ³n bÃ¡sica aquella que es de aplicaciÃ³n a todo el ambito del Estado espaÃ±ol. Dicha legislaciÃ³n actÃºa como nivel mÃnimo de protecciÃ³n, y en consecuencia, sÃ³lo admite, por parte de las CCAA su desarrollo y complemento que implique elevar la protecciÃ³n de mÃnimos establecida por la ley estatal. Respecto al tema de la Â«delimitaciÃ³n de competenciasÂ», el Estado central tiene reservada en exclusiva evitar la exportaciÃ³n ilegal y el expolio de bienes integrados en el patrimonio cultural. Mientras la ley define el expolio como toda acciÃ³n o omisiÃ³n de puesta en peligro de perdida o destrucciÃ³n del patrimonio cultural. Y entre los mandatos establecidos en la legislaciÃ³n bÃ¡sica, de aplicaciÃ³n en toda EspaÃ±a, se ordena el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectÃ³nica de los conjuntos histÃ³ricos declarados Bienes de InterÃ©s Cultural. Sin admitir ninguna excepciÃ³n que comporte alterar las alineaciones existentes. Sin embargo, el PP pretende introducir distintas excepciones en la ley valenciana que les permita derribar todo bien cultural aunque Ã©ste goce de la mÃ¡xima protecciÃ³n. Pensamos que cuando se trate de bienes protegidos por la Ley estatal, caso del Cabanyal, su reforma no serÃ¡ aplicable por rebajar los mÃnimos de protecciÃ³n de la ley bÃ¡sica del Estado y por invadir competencias reservadas en exclusiva a la administraciÃ³n central. Llegados a este punto, los amigos del Cabanyal, podemos pensar que tenemos barrio para rato. Quien piense lo contrario agradecerÃamos que nos lo razonara por escrito. Quien se atreva aplicar un plan que implique arrasar parte del Cabanyal debe saber que nos encontrarÃ¡ en los tribunales. Y si la administraciÃ³n quiere conocer en quÃ© consiste la rehabilitaciÃ³n integral del barrio, por la que luchamos, ya saben dÃ³nde vivimos y nuestra disponibilidad a dar las explicaciones que hagan falta. Mientras tanto, nuestros amigos deben saber que nuestra lucha sigue teniendo las mismas expectativas que al principio. Pero, ademÃ¡s, hoy tenemos constancia, que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, cada dÃa tienen mayor sensaciÃ³n de sentirse acorralados por nuestra lucha. Publicado en LEVANTE-EMV el 02-11-04 Territorio no estÃ¡ interesado en demandar parques nacionales El Consell opta por la figura prevista en la ley autonÃ³mica La consultora pÃºblica Tragsatec no ha encontrado ningÃºn paraje valenciano merecedor de formar parte de la red de parques nacionales en un estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, la noticia no ha sido recibida como un agravio por la conselleria de Territorio. J. Sierra, Valencia La Conselleria de Territorio y Vivienda no ha recibido como un Â«agravioÂ» la no inclusiÃ³n de parajes valencianos en el listado de 46 espacios naturales identificados por la consultora Tragsatec como merecedores de ser declarados parques nacionales. Fuentes de la citada conselleria aseguraron ayer que el departamento de Rafael Blasco prefiere Â«seguir profundizandoÂ» en las posibilidades de protecciÃ³n que ofrece la ley de espacios naturales aprobada por las Cortes Valencianas. No obstante, el conseller Blasco aprovechÃ³ ayer la propuesta realizada por el Ministerio de Medioambiente para exigir del departamento que dirige Cristina Narbona Â«mayor financiaciÃ³nÂ» para la gestiÃ³n y mantenimiento de los parques naturales valencianos. Blasco recordÃ³ que la Comunidad Valenciana tiene una superficie de 682.862 hectÃ¡reas de alto valor ecolÃ³gico y paisajÃstico y que ha Â«multiplicado por nueveÂ» la superficie protegida en los Ãºltimos 8 aÃ±os. SegÃºn explicaron las fuentes, la opciÃ³n por la vÃa valenciana no es unÂ«rechazoÂ» o una Â«crÃticaÂ» a las propuestas o criterios que pueda utilizar el ministerio de Medio Ambiente para incorporar nuevos territorios a la Red de Parques Nacionales. Â«Simplemente hay una apuesta por la ley valenciana, que creemos suficienteÂ». Territorio sostiene que la ley valenciana de Espacios Naturales contempla diversas figuras de protecciÃ³n Â«capaces de dar respuestaÂ» a distintas situaciones, y citaron, entre otras, la figura del parque natural municipal. Â«En cualquier caso- recordaron- ni el anterior ni el actual gobierno han consultado a la Generalitat Valenciana para incorporar algÃºn parque valenciano a la red de parques nacionalesÂ». Entre las 46 Ã¡reas que a criterio de Tragsatec reÃºnen los criterios para convertirse en parques nacionales aparecen algunas de caracterÃsticas muy similares a enclaves situados en la Comunidad Valenciana e incluso limÃtrofes como el Maestrazgo o Javalambre. Tampoco figura el enclave de las Hoces del Cabriel, cuya pertenencia a dos comunidades autÃ³nomas diferentes, ademÃ¡s de sus valores como ecosistema, convierte este territorio en un candidato claro a ser tutelado por un administraciÃ³n superior como es el ministerio de Medio Ambiente. Por su parte, Yolanda Monroig, presidenta de AcciÃ³ Ecologista-AgrÃ³, asegurÃ³ que a los ecologistas les es Â«indiferenteÂ» la figura jurÃdica bajo la que se declara protegido un paraje. Â«Lo importante es que haya una gestiÃ³n eficaz de ese espacio y que se aporten los fondos que requiere su protecciÃ³n; de otro modo, la declaraciÃ³n de un paraje, sea cual sea la figura, es solo un ejercicio de mÃ¡rketing verdeÂ», declarÃ³. Â«Si se cumplen esos parÃ¡metros de eficacia preferimos que sea el Ã³rgano autonÃ³mico quien tutele un paraje. Si no fuera asÃ y el ministerio se ofrece ha hacerlo bien pues no tendrÃamos inconveniente en proponer La AlbuferaÂ», concluyÃ³. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE Juan Fco. Ojeda Rivera GeÃ³grafo. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. Aplicar a los espacios naturales protegidos y sus entornos planes o programas que se justifican por la necesidad de propiciar un desarrollo sostenible, es una prÃ¡ctica cada dÃa mÃ¡s comÃºn, que viene auspiciada indirectamente por la propia ConstituciÃ³n EspaÃ±ola, que en su artÃculo 45 preconiza "un uso racional de los recursos naturales", y de forma explÃcita por la Ley de DoÃ±ana, de 28 de diciembre de 1978 y por la misma Ley 4/89 de ConservaciÃ³n de los Espacios naturales y de la Flora y Fauna silvestres. Esta Ãºltima Ley, en su TÃtulo II, presenta los Planes de OrdenaciÃ³n de los Recursos Naturales como instrumentos de adecuaciÃ³n de la gestiÃ³n de tales recursos, en especial en los espacios naturales, a una serie de principios bÃ¡sicos recogidos en las antecedentes Disposiciones Generales, entre los que destaca la garantÃa del desarrollo sostenible: "...que la gestiÃ³n de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras" (TÃtulo I, art. 2.2). Parece como si los tÃ©rminos de "espacio natural" y de "desarrollo sostenible" fuesen totalmente unÃvocos y claros, cuando en realidad ocurre que -quizÃ¡s por el uso y abuso de los mismos, por responder a un paradigma como el medioambiental que se encuentra en pleno auge y, consecuentemente, funciona a veces como la ideologÃa mÃ¡s elaborada de la contemporaneidad - son vocablos de una gran ambigÃ¼edad, como otros muchos del mismo paradigma, entre los que cabrÃan citar los mÃ¡s usados de "medio ambiente", "recurso natural", "ecodesarrollo" o "parque natural". Por ello, para comenzar esta lectura desde una ciencia social, como la GeografÃa, quizÃ¡s convenga determinar el alcance de tales conceptos y explicar los contextos en los que dichos tÃ©rminos suelen ser empleados, para intentar fijar una aproximaciÃ³n geogrÃ¡fica a los mismos. Ese serÃ¡ el primer objetivo de las pÃ¡ginas que siguen. Posteriormente, se intentarÃ¡n plantear algunas interpretaciones y propuestas, que han ido surgiendo de una serie de investigaciones, sobre los procesos que actualmente se producen en torno a la gestiÃ³n de los espacios naturales protegidos y sus vinculaciones al desarrollo sostenible. Los conceptos de "espacio natural" y "desarrollo sostenible" y sus contextos. Cuando la EcologÃa trata de caracterizar a sus objetos de estudio, los ecosistemas, lo hace por sus grados de vinculaciÃ³n a un estado teÃ³rico de naturalidad. Para ello, emplea un concepto fundamental, como es el de climax, a partir del cual pueden ser clasificados los reales ecosistemas en funciÃ³n de su progresiÃ³n o regresiÃ³n respecto de aquel estado Ã³ptimo o climÃ¡cico, que serÃa la representaciÃ³n teÃ³rica del medio natural en su sentido mÃ¡s estricto, o sea el medio ambiente ecolÃ³gico no modificado por el hombre. Sobre estas bases cientÃficas y unas dosis de mitificaciÃ³n se ha ido elaborando el concepto de "espacio natural" que hoy se emplea de manera comÃºn y aparentemente unÃvoca. Observado desde un Ã¡ngulo de visiÃ³n que recoge la tradiciÃ³n geogrÃ¡fica moderna -inaugurada por Humboldt y Ritter y continuada por Reclus- el "espacio natural" como algo virgen y separado del hombre es algo intrascendente para esta ciencia. Porque la GeografÃa trata "de la historia de la tierra y de la humanidad en sus acciones y reacciones continuas" (ReclÃºs, E.,1894). Como resultado de ese anÃ¡lisis de la historia interrelacionada del hombre en la naturaleza, algunos geÃ³grafos ya contemporÃ¡neos llegan a decir que, en nuestras humanizadas latitudes, los "medios naturales" no existen como tales desde hace ya muchas centurias (Bertrand,G.,1975). Las culturas humanas han ido imponiendo sus ritmos y los teÃ³ricos ecosistemas climÃ¡cicos se han convertido en "territorios" -productos de la exploraciÃ³n, la conquista y el establecimiento de nombres y fronteras-, en "espacios geogrÃ¡ficos" -productos de las organizaciones territoriales de los diferentes modos de producciÃ³n- y en "paisajes" -productos de las "arrugas" o circunstancias concretas de cada espacio geogrÃ¡fico- (Santos, M., 1990). Si a todo lo anterior se aÃ±ade el hecho de que aquellos ritmos civilizatorios y culturales han sido marcados en occidente y durante los Ãºltimos siglos por un sistema econÃ³mico basado en el principio de la obtenciÃ³n del mÃ¡ximo producto y beneficio por cada unidad de superficie o recurso natural y en el mÃnimo tiempo posible, no resultarÃ¡ extraÃ±o que hoy constituya un signo inequÃvoco de progreso la domesticaciÃ³n de la naturaleza, de tal forma que se produce una relaciÃ³n inversa entre crecimiento econÃ³mico y permanencia de lo natural y primigenio. De ahÃ la necesidad de proteger ciertos paisajes que, en un contexto cultural y cientÃfico concreto, se consideran como especialmente singulares por sus bellezas o riquezas biolÃ³gico-naturales. En funciÃ³n de ello, debe entenderse que, en las regiones de vieja civilizaciÃ³n, los espacios naturales protegidos estÃ©n siempre situados en Ã¡reas geogrÃ¡ficas marginales -serÃa incomprensible la declaraciÃ³n de un espacio natural protegido extenso en el corazÃ³n de una fÃ©rtil campiÃ±a productiva- y constituidos por paisajes rurales en los que pueden seguir observandose elementos naturales o aparentemente naturales de forma predominante. TambiÃ©n pueden ocupar espacios mÃ¡s antropizados en los que quedan retazos de singulares valores biolÃ³gicos o paisajÃsticos (lagunas, deltas, estuarios...). Una aproximaciÃ³n naturalista a tales espacios tiende a institucionalizarlos como monumentos de la naturaleza y a vincularlos perceptiva y administrativamente a la nueva rama de lo medioambiental. AsÃ ha sucedido en las colonias anglosajonas de poblamiento, donde existÃan mÃ¡s tierras a colonizar que hombres colonizadores, y cuyas raÃces nacionales y patriÃ³ticas se han ido forjando al socaire de las conquistas pioneras de territorios, entre los que se preservaban algunos retazos en su belleza primitiva y salvaje para el placer de los ojos de los que han de venir. Los viejos, elitistas e ilustrados parques o jardines privados o municipales europeos son transformados por la democracia mÃ¡s populista americana en los nuevos, monumentales y mitificados parques nacionales, dirigidos a la ordenaciÃ³n y conservaciÃ³n de grandes espacios para bien de todos y justificados por razones econÃ³micas -ferrocarriles, turismo...- polÃticas y sociales -democracia, patriotismo, monumentalidad simbÃ³lica- e incluso religiosas -muestras de la grandeza de la obra divina frente a la grandeza de la obra humana-, ademÃ¡s de cientÃficas -muestras de los ecosistemas mÃ¡s conspicuos de la naciÃ³n-. (Richez, G., 1992). La lectura que se hace desde Europa occidental de los espacios naturales es mÃ¡s geogrÃ¡fica, vinculÃ¡ndolos al viejo mundo rural tanto perceptiva como administrativamente. AsÃ ha sucedido, por ejemplo, en la institucionalizaciÃ³n que la cultura y la administraciÃ³n francesas han efectuado de estas nuevas categorÃas espaciales, enmarcÃ¡ndolas en un concepto tan definido por sus geÃ³grafos como el de paisaje rural y desarrollÃ¡ndolas en el art. 244 de su CÃ³digo Rural. (GÃ³mez Mendoza, J., 1995). La expresada dicotomÃa, que pudiera parecer inocua o puramente teÃ³rica, tiene especial importancia tanto en el diseÃ±o de una polÃtica general de protecciÃ³n de espacios naturales, como en la propia prÃ¡ctica de gestiÃ³n cotidiana de lo "natural". En relaciÃ³n con su objetivo final parece admitida por evidente la idea de que toda polÃtica de protecciÃ³n de espacios naturales pretende preservar algo, un poco, ya que -aparentemente- no puede conservarse todo. Ahora bien, una concepciÃ³n lineal y mecÃ¡nicamente ambientalista puede conducir a una serie de vicios peligrosos que han sido denunciados por Fernando Parra: " La consideraciÃ³n de los parques como coartadas para destruir el resto del territorio, no incluido en categorÃas restrictivas. " La presentaciÃ³n de los parques como espectÃ¡culos, creando expectativas falsas vinculadas al romanticismo, la aventura, el safari o la truculencia. " La mitificaciÃ³n de los parques como naturales y su correlato de que a mÃ¡s naturales, mÃ¡s biodiversos y mÃ¡s maduros. (Parra, F., 1990). El resultado de tales vicios es una polÃtica de protecciÃ³n de espacios naturales, que los considera como islas separadas del hombre, e incluso enfrentadas a Ã©l porque puede deteriorarlas. Enfrente se situarÃa una concepciÃ³n del espacio natural como producto esencialmente cultural en el que el hombre y la naturaleza conforman un todo mÃ¡s o menos armÃ³nico segÃºn unas pautas tecnoculturales concretas. Ello se traduce en una polÃtica de protecciÃ³n de paisajes en sus propios dinamismos vitales, que entiende que no siempre la supresiÃ³n de un uso humano reporta un beneficio para la conservaciÃ³n de la naturaleza y supone ineludiblemente un aumento de los parÃ¡metros de madurez del ecosistema, que admite que muchas veces la exclusiÃ³n de usos tradicionales puede conducir a la pÃ©rdida de biodiversidad. En relaciÃ³n con la gestiÃ³n cotidiana de los espacios naturales protegidos tienden a consolidarse tambiÃ©n modelos opuestos: En el contexto de la concepciÃ³n ambientalista suele desarrollarse un cierto darwinismo cultural, que dibuja una sociedad en la que, de un lado, se encuentran los detentadores del conocimiento cientÃfico-tÃ©cnico que habilita para gestionar y decidir y, de otro, los pobladores que son objeto de sensibilizaciÃ³n que divierte pero restringe la capacidad real para tomar parte en este juego de la conservaciÃ³n y el desarrollo (Ojeda Rivera, J.F. y Gonzalez Faraco, J.C., 1997). En el contexto de la concepciÃ³n ruralista, la comunidad que ha dibujado sus paisajes a travÃ©s del tiempo tenderÃ¡ a ser el sujeto protagonista de su gestiÃ³n, asumiendo la propia iniciativa de la declaraciÃ³n como espacio natural, marcando las pautas de su planificaciÃ³n, contribuyendo financieramente en sus presupuestos y asumiendo la responsabilidad Ãºltima en la toma de decisiones, aunque para todo ello necesite del asesoramiento de tÃ©cnicos que iluminen algunos caminos que, en ciertas coyunturas, pueden desdibujarse en mayor o menor grado (GÃ³mez Mendoza, J.,1995). Por su parte, el concepto de desarrollo sostenible tambiÃ©n necesita un anÃ¡lisis semÃ¡ntico y contextual. No hay dudas de que goza de gran fortuna al haber sido rÃ¡pidamente adoptado por polÃticos y gestores administrativos en la Ãºltima dÃ©cada, pero su conformaciÃ³n teÃ³rica no estÃ¡ acabada en absoluto y menos elaborado, todavÃa, el mÃ©todo para su traslaciÃ³n a la prÃ¡ctica en contextos y problemÃ¡ticas locales y comarcales. A la postre, tal Ã©xito polÃtico puede ser paradÃ³jicamente uno de sus principales desactivadores. Sin haber alcanzado la edad adulta, el desarrollo sostenible puede morir a fuerza de popularidad y por exceso de ambigÃ¼edad. Hay un error muy extendido, que es el que identifica este modelo de desarrollo con el regreso a unas economÃas cerradas y autosuficientes, basadas en tÃ©cnicas y usos tradicionales. Tal error puede tener sus orÃgenes en planteamientos de indigenismo antropolÃ³gico o quizÃ¡s en la identificaciÃ³n de desarrollo sostenible con "ecodesarrollo", sin tener en cuenta las raÃces de ambos tÃ©rminos y sus contextos divergentes. En el origen del "ecodesarrollo" encontramos a economistas y sociÃ³logos vinculados a organizaciones internacionales comprometidas con el desarrollo econÃ³mico del Tercer Mundo y basados en una concepciÃ³n humanista y utÃ³pica, que critican el paradigma dominante sobre las bases de unas nuevas antropologÃa y epistemologÃa que modifiquen las relaciones del hombre con la naturaleza y establezcan una nueva Ã©tica. El contexto de su nacimiento hay que fijarlo en el ambiente de esperanza de principios de los aÃ±os setenta (gran potencia de los no alineados, aprobaciÃ³n en la O.N.U. de un Nuevo Orden EconÃ³mico Internacional, inicio de los procesos de industrializaciÃ³n sustitutoria de importaciones...) y su objetivo es eminentemente prÃ¡ctico: proponer soluciones concretas para mejorar la situaciÃ³n econÃ³mica y social de los paÃses no desarrollados. Sus teÃ³ricos parten del reconocimiento de la interconexiÃ³n entre sociedad y naturaleza y, consecuentemente, entre los modelos de desarrollo econÃ³mico y su incidencia en la naturaleza orgÃ¡nica, por lo que entienden que las polÃticas de concentraciÃ³n, que distribuyen a los individuos y grupos sociales dentro de la dicotomÃa ricos frente a pobres, no sÃ³lo producen y amplÃan las desigualdades, sino que tambiÃ©n tienen el efecto perverso del deterioro medioambiental. Desde Ignacy Sach con su propuesta de que cada eco-regiÃ³n debe buscar sus propias soluciones a la luz de su cultura y sus condiciones ecolÃ³gicas, pasando por la "desconexiÃ³n" de Samir AmÃn que, aunque no signifique renunciar al comercio, sÃ prima las polÃticas de autosuficiencia y de relaciones sur/sur, y continuando por el modelo budista de economÃa propuesto para el Tercer Mundo por Schumacher y las definiciones de necesidades bÃ¡sicas a satisfacer efectuadas en la DeclaraciÃ³n de Coyococ (MÃ©xico, 1974) o por Johan Galtung, el "ecodesarrollo" ha bebido en fuentes crÃticas y radicales que entienden que la soluciÃ³n para los grandes problemas ecolÃ³gicos que afectan al planeta pasa indudable y necesariamente por la reducciÃ³n del consumo en los paÃses del Norte y por la redistribuciÃ³n de la riqueza a escala mundial. (Bellver Capella, V.,1994). No es casual que el primer oponente a su uso oficial fuese H. Kissinger. Tampoco faltan, por el lado contrario, los planteamientos que al hablar de desarrollo sostenible enfatizan el desarrollo a secas equiparÃ¡ndolo con crecimiento econÃ³mico sostenible. Algunos economistas neoclÃ¡sicos consideran que cuando el incremento del P.I.B. per cÃ¡pita o el nivel de consumo aumenta en el transcurso del tiempo, sin que se vea amenazado por una respuesta negativa de impactos biofÃsicos (contaminaciÃ³n, esquilmaciÃ³n de recursos) o de impactos sociales (desÃ³rdenes), se puede hablar de crecimiento econÃ³mico sostenible. La respuesta de la economÃa ecolÃ³gica no se hace esperar, diciendo que dado que la economÃa humana es un subsistema de un ecosistema global finito, que no crece ni siquiera cuando se desarrolla, es evidente que el crecimiento de la economÃa no puede ser sostenible durante largos periodos de tiempo, luego la expresiÃ³n "crecimiento sostenible" debe ser rechazada como contradictoria "in tÃ©rminis". No puede olvidarse que mientras el tÃ©rmino crecimiento alude a incremento cuantitativo en la escala fÃsica, el vocablo desarrollo se refiere a mejora o despliegue cualitativo de potencialidades. Lo que crece se hace mayor cuantitativamente; lo que se desarrolla se convierte en algo cualitativamente mejor o, al menos, diferente. El crecimiento cuantitativo y la mejora cualitativa obedecen a leyes distintas. Nuestro planeta se desarrolla en el curso del tiempo, pero no crece. Nuestra economÃa, subsistema de una tierra finita y no creciente, tendrÃ¡ que acabar por ajustarse a un patrÃ³n semejante de desarrollo sin crecimiento del gasto de recursos y el impacto ambiental. El problema estriba en determinar cÃ³mo y cuando se debe efectuar tal ajuste. En el Informe Bruntland (1987), origen de la popularizaciÃ³n del tÃ©rmino "desarrollo sostenible" y enmarcado en el paradigma liberal -modelo socialdemÃ³crata renano-, se entiende que para alcanzar la situaciÃ³n propuesta era necesario, en aquellos momentos, un crecimiento global de la economÃa por un factor de entre cinco y diez como Ãºnica forma de curar la pobreza. Este llamamiento de Bruntland en pro de un desarrollo sostenible suscitÃ³ dos reacciones en sentidos opuestos: Una consistÃa en identificar desarrollo sostenible con continuaciÃ³n del crecimiento, aunque a un ritmo menos acelerado (desarrollo sostenible = crecimiento sostenido). Otra en definirlo como desarrollo sin crecimiento de la utilizaciÃ³n de los recursos y las cargas ambientales mÃ¡s allÃ¡ de la capacidad de aguante del ecosistema. Son dos realismos en conflicto. Por una parte, el realismo polÃtico, que descarta la redistribuciÃ³n de la renta y la estabilidad demogrÃ¡fica como algo polÃticamente dificil o imposible. La economÃa mundial habrÃa de expandirse, multiplicÃ¡ndose por un factor de entre cinco y diez para curar la pobreza. Por otra parte, el realismo ecolÃ³gico, que par
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Comentaris

Re: Campos de golf y desidia ambiental en Valencia
per cat	09 nov 2004
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