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Accion Urgente en apoyo a afectados-as de la represa Chixoy, Guatemala
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per Rights Acion |
28 oct 2004
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14 de octubre del año 2004.- Es urgente que la comunidad internacional exprese su repudio ante la represión y las violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno Guatemalteco, exigiendo que retiren los cargos y ordenes de captura, que dejen de arriesgar el juicio programado para empezar el 19 de octubre, y que se dediquen a negociaciones justas con los y las afectados-as de la represa Chixoy. |
GUATEMALA: ¡ACCIÓN URGENTE!
Sólo unos días después de haber acordado por escrito de negociar reparaciones para las comunidades afectadas por el proyecto hidro-eléctrico Chixoy (1975-1985), financiado y supervisado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo, el Gobierno Guatemalteco amenazó con acusaciones criminales contra los líderes de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Represa Chixoy, las mismas personas con quienes habían firmado el acuerdo.
Se informa que existen ORDENES DE CAPTURA en contra de CARLOS CHEN y por lo menos tres otros líderes comunitarios y sobrevivientes de masacres, acusados de ‘atentado contra la seguridad del Estado.’ También se ha confirmado que los abogados del Instituto Nacional de Electrificación, empresa estatal bajo el mando del Presidente de la República, personalmente van a querellar el caso, con el objetivo de buscar la máxima pena posible.
Esa persecución amenaza la posibilidad de que los sobrevivientes participen en el juicio, cuyo inicio está programado para el 19 de octubre del 2004, contra algunos de los autores materiales de la masacre del 13 de marzo del año 1982, en la cual fueron brutalmente masacrados 107 niños y niñas y 70 mujeres en la comunidad de Río Negro, Baja Verapaz.
Les enviamos esa acción urgente, pidiendo que la distribuyan en sus redes, y que manden cartas a las autoridades, cuyas direcciones están incluidas abajo.
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14 de octubre del 2004
Acción Urgente (traducida, preparada originalmente en inglés por Rights Action)
PERSECUCIÓN POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA CONTRA SOBREVIVIENTES DE LAS MASACRES RELACIONADAS A LA REPRESA CHIXOY AMENAZA NEGOCIACIONES PARA REPARACIONES Y PONE EN PELIGRO EL JUICIO CONTRA AUTORES MATERIALES DE LAS MASACRES
En 1982, el Ejército de Guatemala torturó, violó y masacró a cerca de 400 hombres, mujeres, niños y niñas de la comunidad de Río Negro, Baja Verapaz. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, avalada por las Naciones Unidas, la represión era en respuesta a la resistencia pacífica de la comunidad ante su desalojo de sus tierras, donde habían vivido por siglos, para construir la represa Chixoy, un proyecto del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hoy en día, el Gobierno de Guatemala ha acusado formalmente a los sobrevivientes de las masacres y víctimas del desalojo, imputándolos de ‘atentado contra la seguridad del Estado’ por su ocupación pacífica el 7 de septiembre del año en curso de las instalaciones de la represa Chixoy, acusaciones basadas en una denuncia interpuesta por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en la Fiscalía. Se informa que existen órdenes de captura en contra de CARLOS CHEN y por lo menos tres otro líderes comunitarios y sobrevivientes de las masacres. También se ha confirmado que los abogados del INDE, empresa estatal bajo el mando del Presidente de la República, personalmente van a querellar el caso, con el objetivo de buscar la máxima pena posible.
En la manifestación pacífica, las comunidades afectadas por la represa Chixoy exigieron compensación por las tierras, las viviendas y otros bienes destruidos, robados y perdidos como resulta del proyecto hidro-eléctrico Chixoy.
Al seguir con los cargos criminales, el Gobierno de Guatemala demuestra su falta de voluntad de buscar una salida negociada, aunque el 8 de septiembre firmaron un acuerdo para formar una comisión encargada de negociar reparaciones justas.
Las acciones del Gobierno ponen en peligro no sólo la posibilidad de las negociaciones, sino también arriesgan la posibilidad de que los sobrevivientes de las masacres participen en el juicio contra unos de los autores materiales de la masacre del 13 de marzo de 1982, en la cual fueron masacrados 107 niños y niñas y 70 mujeres en la comunidad de Río Negro. El juicio está programado para iniciar el próximo 19 de octubre, siendo la única masacre llevada a juicio, de unas 600 cometidas por el Gobierno de Guatemala (según la Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas).
CONTEXTO
Por más de 20 años, las 17 comunidades que fueron desalojadas ilegal y forzosamente para permitir la construcción de la represa Chixoy, han vivido en condiciones de extrema pobreza, mientras que la empresa estatal de electrificación INDE se beneficia del proyecto en esas tierras inundadas, tierras que aún son propiedad de las comunidades Mayas.
El Estado nunca siguió el proceso de expropiación de tierras para proyectos del desarrollo nacional establecido en la Constitución, y así nunca negociaron con las comunidades para lograr un acuerdo relacionada a su reubicación y reparaciones. Al contrario, las comunidades fueron desalojadas a la fuerza con una serie de cinco masacres. Las comunidades que no fueron masacradas salieron cuando se enteraron de lo que había pasado en Río Negro y cuando INDE empezó a llenar el embalse de la represa, inundándolas.
Hasta la fecha, los títulos de las tierras están aún en nombre de las comunidades afectadas. Además, la continuación de la ocupación de tierras comunales Mayas es una abierta violación de los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Gobierno de Guatemala en cuanto a los pueblos indígenas.
A pesar de las acciones violentas e ilegales del gobierno guatemalteco, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo financiaron y supervisaron la represa Chixoy.
Por casi 10 años, las comunidades desplazadas y ONGs han luchado para asegurar una reubicación y reparaciones justas, haciendo presión con visitas a las oficinas de los Bancos, informes de investigación, y cartas. Los Bancos no han tomado medidas suficientes para asegurar la compensación justa, pero cambio se han beneficiado del proyecto a través del interés pagado por el gobierno de Guatemala.
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Es urgente que la comunidad internacional exprese su repudio ante la represión y las violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno Guatemalteco, exigiendo que retiren los cargos y ordenes de captura, que dejen de arriesgar el juicio programado para empezar el 19 de octubre, y que se dediquen a negociaciones justas con los y las afectados-as de la represa Chixoy.
FAVOR MANIFESTAR SU PREOCUPACIÓN A LAS SIGUIENTES AUTORIDADES:
Licenciado Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1. Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: 502-238-3579/239-0090/334-1615
Sr. James D. Wolfensohn
Presidente
Banco Mundial
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433
Atención: Minneh M. Kane [Asesora al Presidente]
Fax: 202-522-1677
E: mkane at worldbank.org
Sr. Enrique Iglesias
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave, NW
Washington, DC 20577
Fax: 202-623-3096 |
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