LA SENTENCIA, QUE DA LUZ VERDE A LA DESTRUCCIÓN DEL CABAÑAL, ES TODO UN INSULTO A LA JUSTICIA

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LA SENTENCIA, QUE DA LUZ VERDE A LA DESTRUCCIÓN DEL CABAÑAL, ES TODO UN INSULTO A LA JUSTICIA
per Antonio MarÃn Segovia - Cercle Obert de Benicalap	25 oct 2004
Leyes, mentiras y expolios en la ciudad de las Tierras Míticas que se abrazan a todos los mares futuros LA SENTENCIA, QUE DA LUZ VERDE A LA DESTRUCCIÓN DEL CABAÑAL, ES TODO UN INSULTO A LA JUSTICIA http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1863 Realmente estamos comprobando la falta de independencia y respeto que tienen algunos jueces por las leyes. Se evidencia que hay un total servilismo judicial y político en favor de ciertos intereses especulativos de gran calado. La destrucción sistemática de las señas de identidad y de los vestigios artísticos, culturales, arquitectónicos, etnológicos, ambientales... es una de las principales actividades que desarrollan y ejecutan, sin piedad, nuestros supuestos representantes públicos. Para ejecutar los planes especulativos, nuestros representantes institucionales no reparan en todo tipo de patrañas y trampas, desplegando las más variadas y siniestras técnicas publicitarias en aras a santificar y concedan una pertinente aureola de respetabilidad a las bochornosas actuaciones depredadoras que ejecutan a diario contra nuestro presente, contra nuestro futuro... Valencia vive de espaldas a la dignidad y a la Justicia gracias a la despiadada amoralidad de los actuales dirigentes que ocupan las instituciones. Nuestro futuro no existe si los actuales expoliadores y sus lacayos siguen violando y burlando la legalidad.
Leyes, mentiras y expolios en la ciudad de las Tierras MÃticas que se abrazan a todos los mares futuros LA SENTENCIA, QUE DA LUZ VERDE A LA DESTRUCCIÃ�N DEL CABAÃ�AL, ES TODO UN INSULTO A LA JUSTICIA http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1863 Realmente estamos comprobando la falta de independencia y respeto que tienen algunos jueces por las leyes. Se evidencia que hay un total servilismo judicial y polÃtico en favor de ciertos intereses especulativos de gran calado. La destrucciÃ³n sistemÃ¡tica de las seÃ±as de identidad y de los vestigios artÃsticos, culturales, arquitectÃ³nicos, etnolÃ³gicos, ambientales... es una de las principales actividades que desarrollan y ejecutan, sin piedad, nuestros supuestos representantes pÃºblicos. Para ejecutar los planes especulativos, nuestros representantes institucionales no reparan en todo tipo de patraÃ±as y trampas, desplegando las mÃ¡s variadas y siniestras tÃ©cnicas publicitarias en aras a santificar y concedan una pertinente aureola de respetabilidad a las bochornosas actuaciones depredadoras que ejecutan a diario contra nuestro presente, contra nuestro futuro... Valencia vive de espaldas a la dignidad y a la Justicia gracias a la despiadada amoralidad de los actuales dirigentes que ocupan las instituciones. Nuestro futuro no existe si los actuales expoliadores y sus lacayos siguen violando y burlando la legalidad. Ley de Patrimonio, hecha la trampa, viene la ley. La modificaciÃ³n de la Ley de Patrimonio que plantea el Conseller desprotege de forma escandalosa los Bienes de InterÃ©s Cultural a favor del urbanismo depredador, contradice la interpretaciÃ³n protectora que de la ConstituciÃ³n ha hecho el Tribunal Constitucional y desobedece lo que ordena la Ley de Patrimonio EspaÃ±ol, que impide el expolio (la puesta en peligro de pÃ©rdida o destrucciÃ³n del patrimonio cultural) y es directamente aplicable como legislaciÃ³n bÃ¡sica. Aunque el Conseller nos diga con sonrisa cinematogrÃ¡fica lo contrario. Fernando Flores* Ser jurista es lo mÃ¡s riesgoso que hay, desde el punto de vista netamente humano. QuizÃ¡s por eso sea que ganan tanto dinero. Roque Dalton (Poeta y revolucionario). Si un profesor de Derecho PÃºblico explica la teorÃa de su asignatura tal y como viene en los manuales, con el tiempo los estudiantes le acusarÃ¡n de no haberles enseÃ±ado nada Ãºtil. Si por el contrario su descripciÃ³n se apega al funcionamiento real de las instituciones, se arriesga a que en ese mismo momento le llamen pendenciero y provocador. Vaya por delante que asumo mi vocaciÃ³n docente del Derecho desde el realismo peleÃ³n. MÃ¡s que nada por no ser un inÃºtil. Las leyes. Las leyes son unas normas que hacen los parlamentos -tambiÃ©n llamados asambleas legislativas, o cortes, como en nuestra Comunidad-, normas que sirven para ordenar jurÃdicamente la sociedad. Las leyes son reglas de carÃ¡cter general, es decir, se adoptan para resolver una serie de casos o conflictos posibles y venideros, considerados en abstracto, no para dar respuesta a cuestiones singulares. La ley se hace, y si despuÃ©s una situaciÃ³n cualquiera se acomoda al supuesto, la ley se aplica. Es por eso que la modificaciÃ³n de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, impulsada por el Gobierno autonÃ³mico con la intenciÃ³n entre otras de dar salida al ilegal proyecto que prolonga Blasco IbÃ¡Ã±ez sobre el Cabanyal, no es de recibo. Por esa modificaciÃ³n, la Ley vigente, de puÃ±o y letra del Partido Popular, viene a ser reformada por ellos mismos para confeccionar el traje legal a la medida de la obsesiÃ³n de la alcaldesa por llegar a la playa en autopista. Usar asÃ la norma es un fraude a los ciudadanos. Las leyes y lo que dicen. Como las leyes estÃ¡n elaboradas por nuestros representantes, elegidos por un sistema que se ha convenido en denominar democrÃ¡tico, las leyes tienen un alto grado de legitimidad. Esto supone que las mayorÃas parlamentarias tienen un importante nivel de discreciÃ³n a la hora de decidir quÃ© han de decir las leyes, o lo que es lo mismo, cÃ³mo se ordena la sociedad. Pero las leyes no pueden decir cualquier cosa, su contenido tiene un primer lÃmite infranqueable, que viene dado por la ConstituciÃ³n, esa especie de contrato superior de convivencia que regula los principios de una comunidad determinada. DespuÃ©s, en Estados descentralizados como el espaÃ±ol, las leyes tambiÃ©n tienen un lÃmite de competencia, lo que en nuestro caso viene a determinar que en ocasiones las leyes autonÃ³micas deban seguir las bases o principios que las leyes estatales establecen. Tampoco estas â��reglas del juegoâ�? parecen convenir al Gobierno valenciano. La modificaciÃ³n de la Ley de Patrimonio que plantea el Conseller desprotege de forma escandalosa los Bienes de InterÃ©s Cultural a favor del urbanismo depredador, contradice la interpretaciÃ³n protectora que de la ConstituciÃ³n ha hecho el Tribunal Constitucional y desobedece lo que ordena la Ley de Patrimonio EspaÃ±ol, que impide el expolio (la puesta en peligro de pÃ©rdida o destrucciÃ³n del patrimonio cultural) y es directamente aplicable como legislaciÃ³n bÃ¡sica. Aunque el Conseller nos diga con sonrisa cinematogrÃ¡fica lo contrario. Los juristas â��como el Conseller, como yo- y creo que buena parte de los ciudadanos, sabemos la manera en que mÃ¡s o menos teÃ³ricamente deberÃa funcionar la cosa para que sigamos aceptando que vivimos en un Estado constitucional de Derecho, que debiera ser lo mismo que un Estado democrÃ¡tico. Sin embargo, en materia de patrimonio valenciano, la prÃ¡ctica del Gobierno autonÃ³mico â��apoyada por la postura ambigua, patÃ©tica, de algunos importantes miembros del Consell ValenciÃ de Cultura- nos dice que la teorÃa es inÃºtil, que mejor nos olvidamos de ella y del Estado constitucional. La modificaciÃ³n de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano es, aparte de inconstitucional, preocupante, porque quien la impulsa sabe que lo es (GonzÃ¡lez Pons sabe un poquito de Derecho) y se dirÃa que no le importa. De modo que este trance legislativo nos muestra cÃ³mo el Gobierno valenciano se presta a negocios de partido (contentar a la alcaldesa en clave interna) y defrauda su funciÃ³n de perseguir el interÃ©s general, cÃ³mo las Cortes escenifican la discusiÃ³n de una Ley que da cobertura a una trampa tan obvia que causa rubor y cuya Ãºnica fuerza es la de la mayorÃa absoluta que a ciegas la impulsa, y cÃ³mo la mayorÃa del Consell ValenciÃ de Cultura justifica sus dietas privilegiadas mirando hacia otro lado. Suele decirse que los juristas le buscan los tres pies al gato, que pueden justificar cosa, que retuercen las normas convirtiÃ©ndolas en trampas. La modificaciÃ³n de la Ley de Patrimonio evitarÃ¡ a los asesores del consejero y la alcaldesa pasar por el trago de explicar la legalidad del proyecto que afecta al Cabanyal (o al Benacantil), pero no les salvarÃ¡ de tener que buscarle la trampa a la ConstituciÃ³n para justificar la reforma. Y eso, en un gobierno que presume de constitucionalista, no estÃ¡ bien. Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de ValÃ¨ncia. CabaÃ±al: una sentencia arbitraria e incongruente Quienes coincidan con Habermas estarÃ¡n de acuerdo que en un Estado de Derecho el respeto al ordenamiento jurÃdico es la base de la vida cotidiana sin violencia, porque en democracia el ordenamiento jurÃdico es el marco de consenso aceptado por la mayorÃa, que regula una convivencia respetuosa de los unos con los otros. AsÃ las cosas, no debe parece descabellado pensar que quien incurre en reiterados incumplimientos legales, con su actitud, potencia que algunos sectores sociales rechacen la pretensiÃ³n del derecho de poner razÃ³n a tanta violencia que nos abruma. Nosotros, bien que a su pesar, seguiremos confiando en la justicia aunque hemos dejado de confiar con algunos jueces JOSÃ� LUIS RAMOS - Abogado, miembro de Salvem el Cabanyal Â«El Derecho es un intento de poner razÃ³n en la violencia con la que la Historia nos abrumaÂ». J. Habermas. Cualquier sentencia debe resolver todas las pretensiones ejercidas debidamente por la parte demandada de ser asÃ se estimarÃ¡ congruente y, de lo contrario se estimarÃ¡ que adolece del vicio de incongruencia y es recurrible con base a ello. Por otra parte el diccionario jurÃdico define la arbitrariedad como el acto o proceder contrario a la justicia, a la razÃ³n o las leyes, dictado sÃ³lo por la voluntad o el capricho. La sentencia del Cabanyal referida al recurso interpuesto por Salvem el Cabanyal es incongruente y arbitraria de conformidad con los datos que expondremos a continuaciÃ³n. Antes debemos recordar que tanto la doctrina como jurisprudencia, nos advierte que nuestra ConstituciÃ³n (art. 9.3) prohÃbe la arbitrariedad de los poderes pÃºblicos, sin distinguir al gobernativo-administrativo, legislativo o judicial. El mismo art. 9.1 dispone que todo poder estÃ¡ sujeto a una norma. En consecuencia, la capacidad de decisiÃ³n de un poder pÃºblico podrÃ¡ ser amplio, pero a pesar de ello, ese poder no puede ignorar ni alterar la realidad jurÃdica sobre la que opera con plena libertad. Detalles de esta naturaleza arbitraria tiene una docena la sentencia. AsÃ que para no excedernos de la extensiÃ³n normal de un artÃculo de opiniÃ³n referiremos unos pocos: 1.Âº) Un ejemplo de incongruencias es que en nuestro escrito de interposiciÃ³n pedimos la nulidad de la ResoluciÃ³n de la COPUT de 2-4-01 y de la ResoluciÃ³n de la Conselleria de Cultura de 5-1-01. La sentencia dice que no se pronuncia sobre la ResoluciÃ³n de Cultura porque lo anunciamos en nuestro escrito de interposiciÃ³n. Ello supone una incongruencia a no pronunciarse por todo lo solicitado. TambiÃ©n supone un error grave, patente e inadmisible. A no ser que la Sala se estÃ© refiriendo a otro recurso. 2.Âº) Se dice en el Fundamento de derecho nÂº 6 que no hemos desvirtuado el informe favorable de la Conselleria de Cultura porque ni siquiera hemos pedido la prueba pericial para intentarlo. Ocurre que nosotros adjuntamos a la demanda 50 documentos. De ellos 4 de naturaleza pericial. Pedimos la prueba pericial que nos fue admitida. Las periciales se practicaron y forman parte del expediente. Entre las periciales hay urbanistas, ceramistas, historiadores, sociÃ³logos, mÃ©dicos y otras especialidades. AsÃ las cosas, cabe pensar que cuando la sentencia nos acusa de falta de prueba pericial se refiere a otro recurso. 3.Âº) La sentencia acepta la tesis del informe aportado por el Ayuntamiento, realizado por el arquitecto Alejandro Escribano BeltrÃ¡n, que dice que la avenida de Blasco IbÃ¡Ã±ez forma parte de la estructura del Cabanyal e ignora el informe pericial realizado por el CatedrÃ¡tico de GeografÃa de la Universidad de Valencia que dice que el Cabanyal tiene una estructura autÃ³noma e independiente del resto de la ciudad de Valencia. 4.Âº) Desde el punto de vista de la Jurisprudencia llama la atenciÃ³n que por un lado citan una sentencia del Tribunal Supremo de 8-5-89 que no es de aplicaciÃ³n al caso porque se juzgan hechos del Barrio de Carmen cuando no estaba declarado BIC y los mismos no se juzgan con la Ley de Patrimonio cultural sino con la legislaciÃ³n urbanÃstica. Sin embargo, Sala Tercera del Tribunal Supremo que es la que crea la Jurisprudencia contenciosa administrativa y que tiene centenares de sentencia referidas a las facultades de planeamiento de la administraciÃ³n y que como no son capaces de encontrar ninguna que respalde la ActuaciÃ³n administrativa en este caso y por lo cual se limitan a citar lo dicho en un auto que ni crea jurisprudencia ni habla de materia de la que es competente. Ello delata la carencia de respaldo legal de las posiciones de la sentencia. Por supuesto la sentencia no se preocupa en citar lo dicho por el Tribunal Supremo porque sabe que tiene dicho que las alineaciones urbanas existentes en los BIC son inalterables sin excepciÃ³n alguna. Otro dato curioso del que se deduce que se incurre en desigualdad en la interpretaciÃ³n de la ley, en la sentencia del Cabanyal, es que ese mismo Tribunal en la Sentencia del BotÃ¡nic, en el Fundamento de Derecho 22 interpreta que del art. 39 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano los conjuntos histÃ³ricos BIC son inalterables. Pero desestima la sentencia porque dice que no se prueba que se produzcan alteraciones en ese caso. A nosotros nos estima las alteraciones pero dice que ese mismo art. los permite. Nosotros ya seguiremos hablando de otras arbitrariedades y ese voto particular que aparece como un soplo de viento primaveral ante tanta arbitrariedad. Quienes coincidan con Habermas estarÃ¡n de acuerdo que en un Estado de Derecho el respeto al ordenamiento jurÃdico es la base de la vida cotidiana sin violencia, porque en democracia el ordenamiento jurÃdico es el marco de consenso aceptado por la mayorÃa, que regula una convivencia respetuosa de los unos con los otros. AsÃ las cosas, no debe parece descabellado pensar que quien incurre en reiterados incumplimientos legales, con su actitud, potencia que algunos sectores sociales rechacen la pretensiÃ³n del derecho de poner razÃ³n a tanta violencia que nos abruma. Nosotros, bien que a su pesar, seguiremos confiando en la justicia aunque hemos dejado de confiar con algunos jueces. Sentencia de El Cabanyal y violaciÃ³n de las reglas democrÃ¡ticas por Rita y el PP Sentencia de El Cabanyal Ahora se podrÃ¡ comportar la alcaldesa de Valencia, con ayuda de una sentencia polÃtica, como antaÃ±o el cesar romano NerÃ³n. La sentencia del TSJ no sÃ³lo es mala para el barrio y la fachada futura de Valencia, sino que tambiÃ©n potencia la impresiÃ³n de fatalismo ante la justicia. El argumento utilizado repetidamente por la alcaldesa, de que cuenta con el apoyo de la mayorÃa para su polÃtica, es perjudicial y fatal para la conciencia democrÃ¡tica: el elemento fundamental del sentido europeo del Estado de derecho y de la sociedad civil es que el "poder de la mayorÃa" se limita a sÃ mismo. Hay derecho de protecciÃ³n contra la mayorÃa: para dÃ©biles (discapacitados, por ejemplo), la naturaleza (que no puede defenderse a sÃ misma), minorÃas (pertenecientes a religiones minoritarias, por ejemplo), o monumentos (por ejemplo contra intereses econÃ³micos dominantes de la mayorÃa). Ã�sta es la pequeÃ±a diferencia con respecto al tiempo de los reyes o dictadores. Cuando (Â¡de nuevo!) la justicia polÃtica se arrellana, dejan las leyes de tener sentido y fiabilidad. Los once jueces, que se han pronunciado por la destrucciÃ³n de casas de El Cabanyal, declaradas de patrimonio nacional, han asumido una grave culpa contra la conciencia de justicia y contra la democracia. AdemÃ¡s, con la amplia demoliciÃ³n de El Cabanyal, que la alcaldesa quiere iniciar rÃ¡pidamente (Â¿con quÃ© dinero?), se perderÃ¡ la importante oportunidad de mantener la originalidad de la imagen de la ciudad y su explotaciÃ³n turÃstica, precisamente para los abundantes visitantes de la Copa America. Estamos dispuestos a pagar los costes del viaje de la alcaldesa a Amsterdam, al barrio Jordaan o al barrio Ottensen en Hamburgo, donde la renuncia (Â¡en los aÃ±os 70!) a la demoliciÃ³n ha llevado a la renovaciÃ³n y revalorizaciÃ³n de ese barrio y a convertirse en una atracciÃ³n turÃstica y tambiÃ©n econÃ³mica. Peter Schwanewilms (CoordinaciÃ³n PolÃtica alternativa-sostenible) - Valencia El urbanismo valenciano: Â¿moratoria o tierra quemada? Charles Svoboda y Enrique Climent pertenecen a la plataforma Abusos UrbanÃsticos No EL PAÃ?S - C. Valenciana - 17 de octubre de 2004 El Ayuntamiento no estÃ¡ obligado a justificar la utilidad pÃºblica o el interÃ©s social Todo estÃ¡ orquestado para que el urbanizador se apodere de terrenos del "beneficiario" El pasado 27 de julio, el ComitÃ© de Peticiones del Parlamento Europeo aprobÃ³ un informe de la delegaciÃ³n de eurodiputados que se desplazÃ³ a la Comunidad Valenciana para investigar sobre el terreno los abusos urbanÃsticos denunciados por nuestra asociaciÃ³n. Es una satisfacciÃ³n encontrar una instituciÃ³n de la UniÃ³n Europea que se haga eco de nuestras demandas, pero como ciudadanos espaÃ±oles o como residentes en EspaÃ±a, tenemos que dejar constancia de nuestra profunda frustraciÃ³n porque el Estado de Derecho espaÃ±ol no haya sido capaz de poner coto a los desmanes, y siga dejando que se desarrolle una situaciÃ³n que dura ya casi diez aÃ±os. La primera conclusiÃ³n del informe del Parlamento Europeo no se presta a confusiones: "Debe decretarse una moratoria sobre toda nueva actuaciÃ³n urbanÃstica propuesta en la regiÃ³n valenciana hasta que la legislaciÃ³n vigente se adapte y sea conforme con la legislaciÃ³n comunitaria y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades". Pocos dÃas despuÃ©s, el Consell adoptÃ³ una medida sorprendente desde el punto de vista jurÃdico: recomendÃ³ a los ayuntamientos que no apliquen la ley en vigor, sino los principios del proyecto de ley llamado a sustituirla. Lo curioso del caso es que la nueva ley, no sÃ³lo no se ha aprobado, sino que ni siquiera ha sido enviada a las Cortes Valencianas. Perdonen nuestra perplejidad, pero Â¿dÃ³nde se ha visto que un Gobierno recomiende no aplicar una ley vigente en vez de derogarla? Â¿Les faltan votos para ello? Ni mucho menos. No sÃ³lo tienen la mayorÃa absoluta: es que todos los grupos de la oposiciÃ³n parecen estar de acuerdo. O sea, que si decidieran dar el paso adelante, las Cortes Valencianas derogarÃan por unanimidad la LRAU. Entonces, Â¿por quÃ© no lo hacen? Misterios del urbanismo valenciano. Â¿Ha tenido algÃºn efecto prÃ¡ctico la recomendaciÃ³n? A primera vista, parece que nadie se da por enterado. Pero si profundizamos un poco en el anÃ¡lisis nos damos cuenta de que, gracias a la recomendaciÃ³n del Consell, todos y cada uno de los pescadores en el rÃo revuelto del urbanismo valenciano han recibido notificaciÃ³n fehaciente de que el chollo de la LRAU se tiene que acabar (cuanto mÃ¡s tarde, mejor, por supuesto), y que para rematar la faena hay que ponerse las pilas. AsÃ que, siguiendo sus mejores tradiciones, algunos ayuntamientos valencianos han dedicado el mes de agosto a aprobar planes urbanÃsticos de forma desenfrenada, no vaya a ser que quede algÃºn metro cuadrado de terreno sin urbanizar a saco (es decir, a la manera de la LRAU, saqueando el medio ambiente y saqueando los patrimonios de los pequeÃ±os propietarios) cuando por fin llegue la nueva ley urbanÃstica valenciana. Por supuesto que la elecciÃ³n de aprobar los proyectos en agosto no es inocente: es un regalo que ciertos ayuntamientos hacen a los afectados, para facilitar la transparencia, la participaciÃ³n ciudadana y el derecho a la defensa. Como los juzgados cierran en agosto y la mayorÃa de los abogados eligen este mes para pasar sus vacaciones, asÃ se garantiza que los afectados puedan presentar sus alegaciones o defender sus derechos en tiempo y forma, debidamente asistidos por sus letrados, que a lo mejor estÃ¡n a cinco mil kilÃ³metros de distancia. Con un poco de suerte, los ciudadanos no podrÃ¡n ejercer los escasÃsimos derechos que la LRAU reconoce a los propietarios de viviendas y terrenos. Todo estÃ¡ orquestado para que el urbanizador, en uso de lo que la LRAU llama sin tapujos sus "prerrogativas", pueda apoderarse de mÃ¡s terrenos del supuesto "beneficiario" de la actividad urbanizadora. No se lo creen, Â¿verdad? Piensan que esto son desvarÃos de una pandilla de exagerados, jubilados y extranjeros, que no hacen mÃ¡s que protestar contra el progreso, cuando en realidad estÃ¡n recibiendo como regalo del urbanizador enormes plusvalÃas al urbanizar sus terrenos. Pues la historia que viene a continuaciÃ³n ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y no es mÃ¡s que una gota en el ocÃ©ano de abusos urbanÃsticos que se han desarrollado al amparo de la LRAU. Un ciudadano espaÃ±ol residente en la Comunidad Valenciana se fue de vacaciones a principios de agosto de 1996, siendo propietario de una finca de 15.000 metros cuadrados que incluÃa una vivienda. Al volver, a primeros de septiembre, descubriÃ³ que ni la vivienda ni el terreno le pertenecÃan: a cambio le habÃan adjudicado 3.000 metros cuadrados en otra zona, distante de su finca inicial, porque el interÃ©s pÃºblico exigÃa que en su propiedad se construyera un campo de golf. El artÃculo 71.3 de la LRAU indica que el propietario debe en principio remunerar al urbanizador con parte de sus terrenos. Pero si quiere quedarse con sus terrenos y abonar la cuota de urbanizaciÃ³n en metÃ¡lico, debe notificar su solicitud mediante documento pÃºblico dentro de los diez dÃas siguientes a la aprobaciÃ³n del proyecto de urbanizaciÃ³n. ObsÃ©rvese cÃ³mo funciona la ley del embudo: el ciudadano tiene que notificar su solicitud mediante documento pÃºblico; sin embargo, la LRAU no exige que se notifique al propietario la aprobaciÃ³n del proyecto de urbanizaciÃ³n que afecta a sus terrenos: el plazo empieza a correr desde que el Ayuntamiento aprueba el plan, no desde que el Ayuntamiento notifica al afectado. En otras palabras: la LRAU exige al ciudadano "beneficiario" que, en vez de recordar aquellos tiempos felices en los que creÃa tener una casa, un terreno y un patrimonio, se dedique a cosas mÃ¡s Ãºtiles: a acercarse por el Ayuntamiento un dÃa sÃ y otro tambiÃ©n, a ver si consigue enterarse de la aprobaciÃ³n del proyecto que le afecta. Por supuesto que el Ayuntamiento en cuestiÃ³n tenÃa el mÃ¡ximo interÃ©s en defender los intereses de los ciudadanos afectados. Precisamente por eso aprobÃ³ el proyecto en agosto y no lo notificÃ³ al "beneficiario", que gracias a esta actuaciÃ³n municipal perdiÃ³ 6.000 metros cuadrados de terreno urbanizado, que pasaron a manos del urbanizador. El asunto fue sometido a los tribunales de justicia en 1997, y se pidiÃ³ al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que planteara una cuestiÃ³n de inconstitucionalidad por indefensiÃ³n, pero no ha sido formalizada ante el Tribunal Constitucional. Â¿Estamos o no ante una quiebra del Estado de Derecho? VeÃ¡moslo desde otro Ã¡ngulo. El ciudadano que perdiÃ³ su casa y su finca para que hicieran un campo de golf se fue de vacaciones pensando que la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola protegÃa su derecho a la propiedad privada, ya que el artÃculo 33.3 de nuestra Carta Magna establece que "nadie podrÃ¡ ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pÃºblica o interÃ©s social, mediante la correspondiente indemnizaciÃ³n y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes". Bueno, pues ahÃ viene el artÃculo 58.3 de la LRAU y nos dice que la aprobaciÃ³n definitiva de los planes de urbanizaciÃ³n "lleva implÃcita la declaraciÃ³n de la utilidad pÃºblica o del interÃ©s social, a efectos de expropiaciÃ³n o de imposiciÃ³n forzosa de servidumbres, de los bienes, los derechos y los intereses patrimoniales legÃtimos". Vamos a ver. AquÃ tiene que haber alguna equivocaciÃ³n. El Ayuntamiento estarÃ¡ obligado a justificar la utilidad pÃºblica o el interÃ©s social, Â¿no? O habrÃ¡ unos criterios objetivos para delimitar en quÃ© consiste el interÃ©s social. O habrÃ¡ alguna instancia que pueda controlar el interÃ©s social, Â¿no? Pues no, querido ciudadano. El Ayuntamiento no estÃ¡ obligado a justificar la utilidad pÃºblica o el interÃ©s social, no hay criterios objetivos para definir el interÃ©s social, y no hay posibilidad de control de la actuaciÃ³n municipal. Todo lo contrario. Aunque la Generalitat tiene una cierta facultad de tutela, ya que aprueba definitivamente los planes municipales, el artÃculo 40.2 de la LRAU indica que "las resoluciones autonÃ³micas sobre la aprobaciÃ³n definitiva, nunca cuestionarÃ¡n la interpretaciÃ³n del interÃ©s pÃºblico local formulada por el municipio desde la representatividad que le confiere su legitimaciÃ³n democrÃ¡tica". QuÃ© lÃ¡stima que la realidad no haya tenido el detalle de adaptarse a los deseos de los redactores de la LRAU, y que de vez en cuando haya trÃ¡nsfugas que cambien de representatividad (por motivos altruistas, por supuesto), o que varÃen su legitimaciÃ³n democrÃ¡tica en funciÃ³n de la empresa a la que se adjudica el programa. O ediles que, sin necesidad de cambiarse de partido, se sirvan de la legitimidad democrÃ¡tica para defender pura y simplemente sus intereses particulares. Por cierto Â¿no se ha dado nadie por enterado de que en el informe del Parlamento Europeo se habla abiertamente de los rumores sobre corrupciÃ³n polÃtica y vÃnculos entre urbanizadores y autoridades locales? Â¿CuÃ¡ndo empiezan a investigar? Si nos permiten la sugerencia, comiencen por los signos externos de riqueza de ciertos alcaldes y ciertos concejales de urbanismo. En fin, intentaremos terminar con una nota de humor. Gracias a la LRAU y a su definiciÃ³n del interÃ©s pÃºblico, el dÃa menos pensado nos aparece un Consistorio aflamencado que, para aumentar el interÃ©s turÃstico de su pueblo, decide construir el parque temÃ¡tico FolclÃ³ricas MÃticas. Como tienen la mayorÃa absoluta, lo aprueban sin mÃ¡s dilaciones, y como la aprobaciÃ³n lleva implÃcita la declaraciÃ³n de utilidad pÃºblica o interÃ©s social a efectos de expropiaciÃ³n, y el jefe de la oposiciÃ³n les cae regular porque de vez en cuando los critica, pues le tiran la casa al susodicho opositor para construir allÃ el pabellÃ³n de nuestra admirada Lola Flores. La Generalitat no puede decir nada (cuestiÃ³n de legitimaciÃ³n democrÃ¡tica...), y los tribunales... A lo mejor, con un poco de suerte, el afectado consigue una sentencia favorable antes de diez aÃ±os. Pero, para entonces, el lÃder de la oposiciÃ³n estarÃ¡ en el asilo, el urbanizador habrÃ¡ cambiado varias veces de personalidad jurÃdica, y en los terrenos de lo que fue el parque FolclÃ³ricas MÃticas (que dio en quiebra, por supuesto), habrÃ¡n construido preciosas colmenas y fantÃ¡sticas filas de adosados. Y para pedir cuentas, al maestro armero. Â¿No es para salir corriendo? Progreso y patrimonio histÃ³rico RICARDO GONZÃ?LEZ VILLAESCUSA - Doctor en ArqueologÃa Levante EMV - 17 Oct 2004 La disyuntiva entre progreso y Patrimonio HistÃ³rico que ha reintroducido la modificaciÃ³n de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98), o plan Pons, forzosa y forzada por el mediÃ¡tico ex conseller de Cultura para paliar una anunciada sentencia de los tribunales contraria al sventramento del Cabanyal, la construcciÃ³n de un palacio de congresos en las laderas del Benacantil o los intereses en general del gremio del atobÃ³n en el maltratado litoral valenciano es, sin mÃ¡s, espuria. El caso mÃ¡s esperpÃ©ntico de tropelÃas con el patrimonio materializado en la isla de Tabarca, posibilita una reflexiÃ³n integral sobre el futuro posible del Patrimonio HistÃ³rico-ArtÃstico valenciano, mÃ¡s allÃ¡ de la nociÃ³n decimonÃ³nica del inexorable progreso humano, compartida por el socialismo utÃ³pico de Owen. En realidad, tal como plantea Clint Eastwood en El jinete pÃ¡lido ante el cacique local, se tratarÃa de determinar por extrapolaciÃ³n, si se estÃ¡ hablando del progreso suyo o de el progreso de ellos -por el de los explotados-, estableciendo el sujeto beneficiario Ãºltimo. AsÃ, Lourdes Roca, presidenta de la ComisiÃ³n de ArqueologÃa del CDL de Valencia ha seÃ±alado valientemente cÃ³mo el Patrimonio HistÃ³rico no puede ser valorado sin mÃ¡s por las Administraciones PÃºblicas como una traba para el desarrollo inmobiliario de nuestras urbes. En esa tesitura la dificultad radica entonces en los propios responsables de la cosa cultural, textualmente: Â«Si el patrimonio estorba, el problema, desgraciadamente, es el gestorÂ» (sic) (Levante-EMV, 15-11-2003). Y si, como atribuye el azucarillo del bar a VÃctor Hugo, Â«toda pasiÃ³n se esfuma con la edadÂ», no parece llegado el momento en el que el tiempo nos alcance, como para renunciar a las potencialidades econÃ³micas que la puesta en valor del patrimonio valenciano podrÃa conllevar, convirtiÃ©ndose en uno de los mÃ¡s destacados yacimientos de empleo venideros, relativos a las sinergias econÃ³micas vinculables con los rendimientos del turismo cultural de los centros histÃ³ricos de nuestras vetustas ciudades, ahora que el turismo de sol y gambas parece agotar su recorrido. Baste recordar cÃ³mo en las memorables Jornadas de Morella (2002) Â«El Patrimoni Cultural a debatÂ», se propuso un pacto local a favor de la protecciÃ³n legal de los Â«constructos culturalesÂ» como el Palmeral de Elche o lÂ´Horta de Valencia. Y ahora, para mÃ¡s inri, se solicita por la administraciÃ³n autonÃ³mica popular la declaraciÃ³n de Patrimonio de la Humanidad para el Tribunal de las Aguas, olvidando que dicha instituciÃ³n legendaria hace tiempo que quedÃ³ sin funciones reales, precisamente por la desapariciÃ³n del medio histÃ³rico que le dio origen, esto es, la propia realidad fÃsica antropizada de la Huerta milenaria, con sus parcelas, ceberes, caminos rurales, peirons, acequias, cosechas especÃficas (xufa, bajoqueta, garrofÃ³, etc.) y sobre todo su patrimonio inmaterial mÃ¡s precioso, sus abnegados labradores. Pronto llamados a convertirse en figurantes del mayor parque temÃ¡tico agrario de Europa o a desaparecer vÃctimas del desarraigo, como ya ha ocurrido en Campanar, con sus derribadas alquerÃas gÃ³ticas, o en los enterrados paisajes de la Punta dÂ´En Silvestre. Como seÃ±ala el historiador E. J. Hobsbawm en su autobiografÃa profesional Unos aÃ±os interesantes. Una vida en el siglo XX, la mera aprehensiÃ³n positivista de los hechos histÃ³ricos no deja de ser una ingenuidad metodolÃ³gica; por tanto, el patrimonio en sÃ no existe, hay que construirlo y para ello hace falta una administraciÃ³n que genere patrimonio. Preocuparse por el que existe es necesario, pero generar mÃ¡s patrimonio eso ya es de nota: Â¿dÃ³nde estÃ¡n los inventarios de los paisajes protegidos como recomienda la ConvenciÃ³n Europea de los Paisajes de Florencia (2000) firmada por EspaÃ±a? Incapaces todos de actuar sobre el patrimonio cultural desde los principios de la economÃa ecolÃ³gica del profesor Luigi Fusco, podrÃan obtenerse desde su materialidad misma, extraordinarios rÃ©ditos sociales y econÃ³micos, tales como la necesaria cristalizaciÃ³n de la endeble memoria colectiva del pueblo valenciano. www.terracritica.org Atentado urbanÃstico Pasqual Requena - Valencia EL PAÃ?S - C. Valenciana - 23-09-2004 El atentado (que aÃºn estamos a tiempo de evitar) previsto sobre El Cabanyal-Canyamelar-Cap de FranÃ§a no es sÃ³lo una agresiÃ³n a un barrio. Por sus caracterÃsticas (rompimiento traumÃ¡tico e innecesario de una zona urbana histÃ³rica para poder alcanzar antes la playa... desde el centro de la ciudad), es una agresiÃ³n a toda Valencia, y es asimismo una agresiÃ³n a cuantos entienden que la ciudad es tanto mejor cuando se construye desde el entendimiento, la generosidad y el respeto al patrimonio. Es la consecuencia de un urbanismo belicoso, casi militarista, que diseÃ±a y ejecuta pensando en los fines sin tener en cuenta las bajas que necesariamente se producirÃ¡n. Un modo de entender la planificaciÃ³n urbana cuya idea base de progreso se plasma en una amalgama de nuevos edificios, anchas avenidas, confortables automÃ³viles, modernos tÃºneles, velocidad sin reparos, turismo inagotable... Ahora parece que el aparato judicial se asocia a esa concepciÃ³n y cierra asÃ nuestro particular cÃrculo de tiza valenciano, dejando muy pocas opciones a un final feliz. El "no pasarÃ¡n" madrileÃ±o, emulado de manera ejemplar por numerosos vecinos del distrito amenazado, ha sido aparentemente acallado por el "pasaremos" de una alcaldesa y su equipo municipal, incapaces de reaccionar con la sensibilidad que se le deberÃa suponer a un gobierno respetuoso con las raÃces histÃ³ricas de su pueblo y, lo que es mÃ¡s importante, con las vidas que han arraigado allÃ durante tantos aÃ±os que ya no podrÃ¡n ser reconstruidas en ningÃºn otro lugar. DeberÃamos ahora poner todos los medios para que no se convierta en el "ya hemos pasao" con el que la GÃ¡mez se regodeÃ³ tras la derrota republicana. En la misma lÃnea que la destrucciÃ³n de La Punta, esta actuaciÃ³n no deja de erizarnos los cabellos igualmente. Â¿HabrÃ¡ suficiente gente con coraje y sentimiento en esta ciudad adormecida como para dar la respuesta adecuada a esta incalificable agresiÃ³n? Â¿SABIAS QUE EL PODER COMPRA VOLUNTADES Y AL PARECER PAGA BIEN? Algunos ejemplos: CONSUELO CISCAR CASABAN, desde su puesto de Directora General de PromociÃ³n Cultural y Patrimonio HistÃ³rico de la ConsellerÃa de Cultura de la G.V., para poder emitir informe favorable al Plan del Cabanyal la ConsellerÃa de Cultura, escondiÃ³ y negÃ³ la existencia del informe elaborado por la Unidad de InspecciÃ³n de Patrimonio HistÃ³rico donde se expresaba y argumentaba el rechazo legal al Plan del Cabanyal presentado por el Ayuntamiento de Valencia, por estimarlo contrario a la Ley de Patrimonio Cultural y al resto del ordenamiento jurÃdico. Determinadas entidades cÃvicas presentaron una querella, por lo que saco enseguida a la luz pÃºblica el referido informe, que anteriormente habÃa dicho no existir. Por ese motivo se le compensÃ³, nombrÃ¡ndola un cargo de mayor rango y asignÃ¡ndole un mayor presupuesto y competencias en la misma ConsellerÃa de Cultura. ASUNCIÃ�N FIGUERES GORRIZ, aceptÃ³ el puesto de Directora General de PromociÃ³n Cultural y Patrimonio HistÃ³rico cuando nadie querÃa el cargo, porque habÃa que firmar la ResoluciÃ³n favorable al Plan del Cabanyal. En unas pocas semanas se resolviÃ³ el informe favorable que ella misma no tuvo inconveniente en firmar, cuando era competencia del Sr. Conseller hacerlo. Firmado el informe se le sustituyÃ³ y estuvo a la espera de la recompensa prometida, que se cumpliÃ³ cuando le concedieron la presidencia de la Academia Valenciana de Cultura, con todas las prerrogativas, ventajas, retribucios y beneficios que ese cargo comporta. ALVARO ALEIXANDRE ORTÃ?. Abogado urbanista. Era funcionario del Ayuntamiento de Valencia y como Jefe del Servicio JurÃdico del Ayuntamiento realizÃ³ informe favorable justificando la legalidad del Plan de Cabanyal el pasado 14-12-2000. Unas semanas despuÃ©s abandonaba el Ayuntamiento y se iba a trabajar para los beneficiarios de la prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez, los promotores urbanistas, vinculados a determinados altos cargos del PP. MARIANO AYUSO RUIZ DE TOLEDO. Fue el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso que presentÃ³ el voto particular contra la suspensiÃ³n cautelar del Plan del Cabanyal aprobado por la mayorÃa del pleno del TSJ el pasado mes de marzo de 2002. Unos meses despuÃ©s se fue a trabajar, abandonando el puesto de magistrado, al despacho de abogados BROSETA que trabajan bajo las ordenes directas de los grandes promotores y de la Generalitat Valenciana. JOSÃ� DIAZ DELGADO, es el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso que resuelve el caso del Cabanyal y artÃfice de la sentencia favorable al Ayuntamiento. Los hechos han sido los siguientes: tras conocer el expediente y la opiniÃ³n de los magistrados ponentes, informÃ³ a la Generalidad y el Ayuntamiento que el caso podÃa perderse. Estos iniciaron con carÃ¡cter de urgencia una modificaciÃ³n de la Ley de Patrimonio HistÃ³rico que permitiera convalidar un proyecto que esperaban que el tribunal declarara ilegal. Dado que la Ley declara nulas las modificaciones legales que tengan por finalidad incumplir una sentencia, el Tribunal acelerÃ³ la tramitaciÃ³n del Recurso para que la sentencia se dictara el pasado mes de septiembre de 2003 antes de aprobarse la nueva ley. Iniciados los tramites parlamentarios, comprobaron que el principal partido de la oposiciÃ³n (PSOE) estimo que la modificaciÃ³n serÃa inconstitucional y anunciÃ³ la presentaciÃ³n de un recurso contra la anunciada reforma. El Gobierno Valenciano estimÃ³ que esa vÃa les fallarÃa y opto entonces por presionar al Tribunal para conseguir una sentencia favorable. El cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como cargo polÃtico que es lo designa el Gobierno Valenciano. Estaba para renovar hace 6 meses. Tras ser designado de nuevo el Sr. DÃaz Delgado, se puso a trabajar para cumplir el mandato de quienes le habÃan designado y nombrado. Retiro los expedientes de los 9 recursos presentados a los distintos magistrados que por turno de reparto les habÃa tocado el asunto. Tuvo el expediente en su despacho varios meses. El tiempo suficiente para redactar una sentencia favorable a la prolongaciÃ³n de la avenida, como alternativa a la que esperaban que presentaran los magistrados ponentes contraria a la destrucciÃ³n de un conjunto declarado Bien de InterÃ©s Cultural. Necesito varios meses porque tuvo que trabajarse magistrado por magistrado hasta contar con una mayorÃa de apoyo a su sentencia. Cuando estimÃ³ que los votos eran suficientes convocÃ³ el pleno y el resultado ya lo sabemos todos. La designaciÃ³n de Presidente del TSJ por 5 aÃ±os mÃ¡s supone un pago anticipado al Sr. DÃaz Delgado. Â¿Sabremos alguna vez con que pagaran al resto de Magistrados que han votado favorablemente despuÃ©s de resistirse por estimar el proyecto ilegal? PERO TAMBIEN CASTIGA A LOS NO SUMISOS. JOSE IGNACIO CASAR PINAZO. Arquitecto e Inspector Jefe de la Unidad de InspecciÃ³n de la ConsellerÃa de Cultura, que por ley le corresponde evaluar los planes especiales de protecciÃ³n del Patrimonio HistÃ³rico y emitir informe desfavorable cuando el contenido del mismo (el Plan Especial del Cabanyal) destroza valores protegidos y favorable cuando sirve para proteger los bienes culturales. Tras estudiar el plan especial de Cabanyal, emitiÃ³ informe desfavorable al Plan por estimarlo destructor de valores culturales protegidos, considerÃ¡ndolo ilegal e inoportuno. Al poco tiempo lo destituyeron del cargo y lo trasladaron a un rincÃ³n de la ConsellerÃa de Urbanismo. EMILIA CABALLERO ALVAREZ. Sindica de Greuges de la Comunidad Valenciana que remitiÃ³ un informe, antes de aprobarse el Plan Especial del Cabanyal, el Ayuntamiento y ConsellerÃa de Cultura, recomendando su retirada por estimarlo contrario a la legislaciÃ³n de Patrimonio Cultural. Fue insultada e injuriada de forma sistemÃ¡tica, siendo perseguida y difamada personal y profesionalmente por el Gobierno de la Generalitat Valenciana (presidido por Eduardo Zaplana, actual portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados) hasta que consiguieron destituirla. Nunca le perdonaron que actuara como Ã³rgano independiente al servicio de los ciudadanos y que se ajustara a la defensa del derecho constitucional de los ciudadanos de gozar de un patrimonio histÃ³rico conservada. No, no es tan fÃ¡cil tirar el Cabanyal Fernando Flores http://www.cabanyal.com/ Todo lo que se come es objeto de poder. Por eso se dividiÃ³ Ã©ste hace tiempo, para que los ciudadanos -antes sÃºbditos- no fuÃ©ramos engullidos por bocas autoritarias. Por eso se dio paso al sistema democrÃ¡tico, para que todos participÃ¡ramos en el cocinado de las decisiones que nos afectan. Por eso se creÃ³ el Estado constitucional, para que la mayorÃa de turno no se merendara los derechos de los mÃ¡s dÃ©biles. El gobierno no lo puede todo, hay que repetirlo (repetÃrselo - repetÃrnoslo) hasta que ya no nos dejen, y despuÃ©s tambiÃ©n. No lo puede ni apoyÃ¡ndose en mayorÃas absolutas, ni justificÃ¡ndose en vagos y sospechosos intereses generales, ni siquiera lo puede amparado en la celebraciÃ³n de la Copa AmÃ©rica. Ã�sta es una competiciÃ³n deportiva que beneficia a Valencia, no un permiso para legitimar la arbitrariedad de los que gobiernan. El ejecutivo autonÃ³mico se propone modificar la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, una Ley que Ã©l mismo elaborÃ³ hace apenas un lustro. Dice que la reforma ("actualizaciÃ³n" para los eufemistas) obedece al objetivo de proteger mejor el patrimonio y resolver las "posibles disfunciones" que se puedan plantear con los futuros reglamentos de desarrollo. Ya es un indicio del talante gubernamental que se modifique la norma legal (competencia de las Cortes) para adecuarla al reglamento (que elabora y aprueba el Consell), y no al revÃ©s, como su naturaleza exige. No es una anÃ©cdota, lo estÃ¡n haciendo con la Ley de ExtranjerÃa sin despeinarse. Cuestiones sobre la divisiÃ³n de poderes aparte, la sensaciÃ³n de muchos valencianos -sensaciÃ³n que ha venido a coincidir con el deseo de gobiernos municipal y autonÃ³mico-, es que con la Ley reformada podrÃ¡n llevarse a cabo proyectos "retrasados" por la denuncia y judicializaciÃ³n a que han sido sometidos. Es el caso de la prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez sobre el Cabanyal. Sin embargo, no, no es tan fÃ¡cil que con la reforma de la Ley se pueda destruir la parte mejor conservada del Cabanyal; o al menos no lo serÃ¡ mientras hablemos de respeto a la ConstituciÃ³n y a la Ley. Veamos por quÃ©. En el proyecto de reforma parece allanarse el camino al gobierno municipal al concederle la posibilidad de modificar estructuras urbanas y arquitectÃ³nicas de los conjuntos histÃ³ricos, siempre que hacerlo mejore la relaciÃ³n del conjunto con el entorno urbano, se eviten usos degradantes del mismo o se trate de "actuaciones de interÃ©s general para el municipio". Esto puede estar muy bien (o no), y es legal; sin embargo, no puede afectar al Cabanyal. Y no puede porque el Cabanyal es Bien de InterÃ©s Cultural, es decir, dentro de los conjuntos histÃ³ricos, se trata de un bien de especial relevancia, y por ello especialmente protegido por la Ley de Patrimonio HistÃ³rico EspaÃ±ol (art.21.3) y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que prohÃben la alteraciÃ³n, sin excepciones, de las tramas, alineaciones o estructuras urbanas de esos mismos bienes, asÃ como su preservaciÃ³n en caso de duda. Por lo tanto, la ConstituciÃ³n y el efecto interpretativo de su artÃculo 46 (obligaciÃ³n para los poderes pÃºblicos de conservar el patrimonio histÃ³rico), unido a la jurisprudencia constitucional, la Ley de Patrimonio HistÃ³rico EspaÃ±ol y la propia Ley valenciana -que habla de "acrecentamiento" del patrimonio cultural (art.1.1) como su objeto prioritario- impiden que el proyecto de prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez se lleve a cabo. AsÃ las cosas, el gobierno municipal (y el autonÃ³mico) deberÃa decantarse de una vez por el sentido comÃºn, convocar a los vecinos para rehabilitar un barrio con excelentes posibilidades y cerrar un episodio que ya dura mucho y que, sobre todo, perjudica gravemente a los vecinos. DeberÃa aunque, a la vista de la secular prepotencia esgrimida, no tengo mucha esperanza de que ese sentido de lo legal y lo razonable visite las sedes gubernamentales. De modo que nos queda la acciÃ³n ciudadana y la exigencia del respeto a la ConstituciÃ³n y a las reglas del juego (quiÃ©n lo dirÃa, tener que pedirle patriotismo constitucional a este gobierno); nos quedan resquicios en algunos medios de comunicaciÃ³n (a la verdad sÃ³lo la temen quienes pretenden sojuzgar a las personas); y nos quedan los tribunales, a dÃa de hoy los Ãºnicos que pueden garantizar que este sistema no se convierta en un rÃ©gimen autoritario. Fernando Flores es Profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Plataforma Salvem el Cabanyal Â¿quieres echarle un vistazo a la sentencia? visita: www.cabanyal.com http://www.cabanyal.com/Documentacion/juridicos/sentencia_tsj.htm MÃ¡s informaciÃ³n a: antoniod17 ARROBA ono.com MÃ¡s informaciÃ³n alojada por esta Entidad, en IbÃ©rica 2000: CERCLE OBERT DE BENICALAP Lecciones del Cabanyal FERNANDO FLORES - Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de ValÃ¨ncia Publicado de Levante- EMV, domingo, 24 de octure de 2004 No sÃ© cÃ³mo acabarÃ¡, pero creo que el del Cabanyal es un caso que a estas alturas sirve ya para explicar el maltrecho estado de salud polÃtica, social y econÃ³mica de un pueblo, el valenciano, y de una Ã©poca, la actual, bajo (preposiciÃ³n no inocente) la acciÃ³n de un gobierno, el del Partido Popular. Entre las muchas lecciones que a partir de este conflicto pueden aprenderse, merecen especial consideraciÃ³n las relativas al funcionamiento de las instituciones. Yo hago un resumen, y ustedes las van pensando. LecciÃ³n 1. El Ejecutivo. SegÃºn los manuales al uso, el Gobierno dirige la polÃtica del territorio que administra, y debe hacerlo con arreglo a las leyes y atendiendo al interÃ©s general. Entre nosotros, el gobierno municipal ha planteado la prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez como un tema personal de la alcaldesa, manipulando los procedimientos administrativos, explicando su pretendida necesidad en ideas que indignan y ruborizan, y castigando al Cabanyal a una desatenciÃ³n que lo degrada dÃa a dÃa. El gobierno autonÃ³mico, por su parte, ha entendido el problema en clave interna de partido, y a la vista del poder de la alcaldesa en Ã©l, la Conselleria de Cultura ha renunciado a proteger el patrimonio histÃ³rico, mirando hacia otro lado. Como colofÃ³n, ambas instancias han reprimido a los funcionarios que de forma responsable informaron negativamente su Plan, por considerarlo ilegal, y han ascendido a los que sumisamente lo han apoyado. LecciÃ³n 2. El Legislativo. Su misiÃ³n es hacer leyes y controlar al Ejecutivo. Sin embargo, en nuestro caso las Cortes Valencianas han sido controladas por el Consell, que impidiÃ³ a travÃ©s del Grupo Parlamentario Popular que la SÃndic de Greuges compareciera en las Cortes para exponer su Memoria, como todos los aÃ±os. Y ello en represalia por la ResoluciÃ³n que requerÃa a Cultura la revisiÃ³n de su Informe favorable al Plan del Cabanyal, y por temor a que relatara las graves irregularidades en Ã©l contenidas. Por lo demÃ¡s, la guinda ha venido de la mano de la reciente reforma de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que adecua la norma al afÃ¡n expoliador del Partido Popular (el Ãºnico que la ha apoyado), y de paso da entrada en nuestro territorio a acciones expoliadoras claramente inconstitucionales. LecciÃ³n 3. Otros organismos de control. La tibieza, correcciÃ³n polÃtica, ambigÃ¼edad, cuando no dejaciÃ³n de funciones, del Consejo Valenciano de Cultura y del Consejo JurÃdico Consultivo, han revelado la actitud de unas personas que figuran en unas instituciones mÃ¡s pendientes de mantener y mejorar su estatus personal que cumplir con un trabajo -fiscalizar la actuaciÃ³n de los poderes pÃºblicos en su Ã¡mbito de competencia- por el que se les paga francamente bien. MenciÃ³n aparte merecen el Defensor del Pueblo y el SÃndic de Greuges: el primero ni siquiera respondiÃ³ a las quejas de los vecinos, y no porque no las habÃa estudiado; el segundo, cuando finalmente se decidiÃ³ a actuar, fue verbalmente agredido por la alcaldesa y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y castigado al silencio por las Cortes. LecciÃ³n 4. El Poder Judicial. La cosa se pone seria cuando hablamos de la instituciÃ³n independiente, la garantÃa de los derechos de las personas, la autoridad que ha de resolver los conflictos entre AdministraciÃ³n, que es la poderosa, y administrados, que son la parte dÃ©bil. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia avalando la legalidad del Plan de prolongaciÃ³n de Blasco IbÃ¡Ã±ez ha recibido ocho votos en contra por once a favor, ocho votos de ocho magistrados que no quieren firmar una resoluciÃ³n que protege los intereses urbanÃsticos y asume la destrucciÃ³n del patrimonio, y cuyos argumentos jurÃdicos sonrojan a un estudiante de Derecho. LecciÃ³n 5 (y penÃºltima). El Poder mediÃ¡tico. Los medios pÃºblicos valencianos, y los privados, son la correa de comunicaciÃ³n de las instituciones hacia los ciudadanos, a quienes tienen la obligaciÃ³n de informar verazmente, es decir con escrÃºpulos y diligencia. TambiÃ©n deben ser correa de comunicaciÃ³n entre los propios ciudadanos. QuÃ© decir cuando se ha dicho y se puede decir tanto sobre el ejercicio de sumisiÃ³n de los medios. Un ejemplo y basta: cuando transcurrÃa el decimocuarto dÃa de huelga de hambre de tres vecinos del Cabanyal que pedÃan diÃ¡logo con el gobierno municipal sobre el futuro del barrio marÃtimo, Canal Nou emitiÃ³ el caso de dos diputados salvadoreÃ±os que llevaban tres dÃa de huelga de hambre -en San Salvador- en legÃtima reivindicaciÃ³n por un asunto interno. Canal Nou nunca dijo nada sobre los veintitrÃ©s dÃas de huelga de los ciudadanos valencianos. En fin, yo no sÃ© cÃ³mo acabarÃ¡ esto, pero si sÃ© que hay algunas lecciones que ya sabemos, y que podemos memorizar; sÃ© que al conflicto del Cabanyal le queda mucho camino, pues entre otras medidas queda el recurso al Tribunal Supremo. Y sÃ© que a la vista del deterioro institucional, la clave estÃ¡ en la participaciÃ³n social, en los movimientos ciudadanos que sumando dignidad y cabreo le plantan cara a la arbitrariedad de los poderes pÃºblicos. Esa es la lecciÃ³n que todavÃa se estÃ¡ escribiendo.
Mira també: http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1863
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