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Notícies :: corrupció i poder
Tenemos la obligación de luchar contra las medidas ilegales
02 oct 2004
TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE LUCHAR CONTRA LAS MEDIDAS ILEGALES...


El gobierno no lo puede todo, hay que repetirlo (repetírselo - repetírnoslo) hasta que ya no nos dejen, y después también.

http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1746

No lo puede ni apoyándose en mayorías absolutas, ni justificándose en vagos y sospechosos intereses generales, ni siquiera lo puede amparado en la celebración de la Copa América.

Ni Rita ni nadie puede saltarse la legalidad a la torera ni invocar la "voluntad popular" para así poder violar el ordenamiento jurídico y los valores culturales que debemos disfrutar todos ahora y siempre. Nuestros hijos necesitan disfrutar de un legado cultural, ambiental, histórico protegido y rehabilitado.


A lo largo de estos cinco siglos de tradición continuada destacan hitos de especial trascendencia en la importancia, calidad y vanguardia de los diseños cerámicos. Uno de estos hitos acontecerá entre la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que comienza una incipiente industrialización de los Centros Cerámicos Valencianos, y la Guerra Civil de 1936. Las cerámicas embellecerán y caracterizaran la arquitectura valenciana del momento y en especial la arquitectura del modernismo popular en el Cabanyal.

Ésta es una competición deportiva que beneficia a Valencia, no un permiso para legitimar la arbitrariedad de los que gobiernan.

Todo lo que se come es objeto de poder. Por eso se dividió éste hace tiempo, para que los ciudadanos -antes súbditos- no fuéramos engullidos por bocas autoritarias.

Por eso se dio paso al sistema democrático, para que todos participáramos en el cocinado de las decisiones que nos afectan. Por eso se creó el Estado constitucional, para que la mayoría de turno no se merendara los derechos de los más débiles.

El ejecutivo autonómico se propone modificar la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, una Ley que él mismo elaboró hace apenas un lustro. Dice que la reforma ("actualización" para los eufemistas) obedece al objetivo de proteger mejor el patrimonio y resolver las "posibles disfunciones" que se puedan plantear con los futuros reglamentos de desarrollo.

Ya es un indicio del talante gubernamental que se modifique la norma legal (competencia de las Cortes) para adecuarla al reglamento (que elabora y aprueba el Consell), y no al revés, como su naturaleza exige. No es una anécdota, lo están haciendo con la Ley de Extranjería sin despeinarse.

Cuestiones sobre la división de poderes aparte, la sensación de muchos valencianos -sensación que ha venido a coincidir con el deseo de gobiernos municipal y autonómico-, es que con la Ley reformada podrán llevarse a cabo proyectos "retrasados" por la denuncia y judicialización a que han sido sometidos.

Es el caso de la prolongación de Blasco Ibáñez sobre el Cabanyal.
Sin embargo, no, no es tan fácil que con la reforma de la Ley se pueda destruir la parte mejor conservada del Cabanyal; o al menos no lo será mientras hablemos de respeto a la Constitución y a la Ley. Veamos por qué.

En el proyecto de reforma parece allanarse el camino al gobierno municipal al concederle la posibilidad de modificar estructuras urbanas y arquitectónicas de los conjuntos históricos, siempre que hacerlo mejore la relación del conjunto con el entorno urbano, se eviten usos degradantes del mismo o se trate de "actuaciones de interés general para el municipio".

Esto puede estar muy bien (o no), y es legal; sin embargo, no puede afectar al Cabanyal. Y no puede porque el Cabanyal es Bien de Interés Cultural, es decir, dentro de los conjuntos históricos, se trata de un bien de especial relevancia, y por ello especialmente protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Español (art.21.3) y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que prohíben la alteración, sin excepciones, de las tramas, alineaciones o estructuras urbanas de esos mismos bienes, así como su preservación en caso de duda.

Por lo tanto, la Constitución y el efecto interpretativo de su artículo 46 (obligación para los poderes públicos de conservar el patrimonio histórico), unido a la jurisprudencia constitucional, la Ley de Patrimonio Histórico Español y la propia Ley valenciana -que habla de "acrecentamiento" del patrimonio cultural (art.1.1) como su objeto prioritario- impiden que el proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez se lleve a cabo.

Así las cosas, el gobierno municipal (y el autonómico) debería decantarse de una vez por el sentido común, convocar a los vecinos para rehabilitar un barrio con excelentes posibilidades y cerrar un episodio que ya dura mucho y que, sobre todo, perjudica gravemente a los vecinos. Debería aunque, a la vista de la secular prepotencia esgrimida, no tengo mucha esperanza de que ese sentido de lo legal y lo razonable visite las sedes gubernamentales.

De modo que nos queda la acción ciudadana y la exigencia del respeto a la Constitución y a las reglas del juego (quién lo diría, tener que pedirle patriotismo constitucional a este gobierno); nos quedan resquicios en algunos medios de comunicación (a la verdad sólo la temen quienes pretenden sojuzgar a las personas); y nos quedan los tribunales, a día de hoy los únicos que pueden garantizar que este sistema no se convierta en un régimen autoritario.

Fernando Flores es Profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Plataforma Salvem el Cabanyal.

* Plataforma Salvem el Cabanyal.
http://www.cabanyal.com/
TENEMOS LA OBLIGACIÃN DE LUCHAR CONTRA LAS MEDIDAS ILEGALES...


El gobierno no lo puede todo, hay que repetirlo (repetírselo - repetírnoslo) hasta que ya no nos dejen, y después también.

http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1746

No lo puede ni apoyándose en mayorías absolutas, ni justificándose en vagos y sospechosos intereses generales, ni siquiera lo puede amparado en la celebración de la Copa América.

Ni Rita ni nadie puede saltarse la legalidad a la torera ni invocar la "voluntad popular" para así poder violar el ordenamiento jurídico y los valores culturales que debemos disfrutar todos ahora y siempre. Nuestros hijos necesitan disfrutar de un legado cultural, ambiental, histórico protegido y rehabilitado.


A lo largo de estos cinco siglos de tradición continuada destacan hitos de especial trascendencia en la importancia, calidad y vanguardia de los diseños cerámicos. Uno de estos hitos acontecerá entre la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que comienza una incipiente industrialización de los Centros Cerámicos Valencianos, y la Guerra Civil de 1936. Las cerámicas embellecerán y caracterizaran la arquitectura valenciana del momento y en especial la arquitectura del modernismo popular en el Cabanyal.

Ãsta es una competición deportiva que beneficia a Valencia, no un permiso para legitimar la arbitrariedad de los que gobiernan.

Todo lo que se come es objeto de poder. Por eso se dividió éste hace tiempo, para que los ciudadanos -antes súbditos- no fuéramos engullidos por bocas autoritarias.

Por eso se dio paso al sistema democrático, para que todos participáramos en el cocinado de las decisiones que nos afectan. Por eso se creó el Estado constitucional, para que la mayoría de turno no se merendara los derechos de los más débiles.

El ejecutivo autonómico se propone modificar la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, una Ley que él mismo elaboró hace apenas un lustro. Dice que la reforma ("actualización" para los eufemistas) obedece al objetivo de proteger mejor el patrimonio y resolver las "posibles disfunciones" que se puedan plantear con los futuros reglamentos de desarrollo.

Ya es un indicio del talante gubernamental que se modifique la norma legal (competencia de las Cortes) para adecuarla al reglamento (que elabora y aprueba el Consell), y no al revés, como su naturaleza exige. No es una anécdota, lo están haciendo con la Ley de Extranjería sin despeinarse.

Cuestiones sobre la división de poderes aparte, la sensación de muchos valencianos -sensación que ha venido a coincidir con el deseo de gobiernos municipal y autonómico-, es que con la Ley reformada podrán llevarse a cabo proyectos "retrasados" por la denuncia y judicialización a que han sido sometidos.

Es el caso de la prolongación de Blasco Ibáñez sobre el Cabanyal.
Sin embargo, no, no es tan fácil que con la reforma de la Ley se pueda destruir la parte mejor conservada del Cabanyal; o al menos no lo será mientras hablemos de respeto a la Constitución y a la Ley. Veamos por qué.

En el proyecto de reforma parece allanarse el camino al gobierno municipal al concederle la posibilidad de modificar estructuras urbanas y arquitectónicas de los conjuntos históricos, siempre que hacerlo mejore la relación del conjunto con el entorno urbano, se eviten usos degradantes del mismo o se trate de "actuaciones de interés general para el municipio".

Esto puede estar muy bien (o no), y es legal; sin embargo, no puede afectar al Cabanyal. Y no puede porque el Cabanyal es Bien de Interés Cultural, es decir, dentro de los conjuntos históricos, se trata de un bien de especial relevancia, y por ello especialmente protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Español (art.21.3) y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que prohíben la alteración, sin excepciones, de las tramas, alineaciones o estructuras urbanas de esos mismos bienes, así como su preservación en caso de duda.

Por lo tanto, la Constitución y el efecto interpretativo de su artículo 46 (obligación para los poderes públicos de conservar el patrimonio histórico), unido a la jurisprudencia constitucional, la Ley de Patrimonio Histórico Español y la propia Ley valenciana -que habla de "acrecentamiento" del patrimonio cultural (art.1.1) como su objeto prioritario- impiden que el proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez se lleve a cabo.

Así las cosas, el gobierno municipal (y el autonómico) debería decantarse de una vez por el sentido común, convocar a los vecinos para rehabilitar un barrio con excelentes posibilidades y cerrar un episodio que ya dura mucho y que, sobre todo, perjudica gravemente a los vecinos. Debería aunque, a la vista de la secular prepotencia esgrimida, no tengo mucha esperanza de que ese sentido de lo legal y lo razonable visite las sedes gubernamentales.

De modo que nos queda la acción ciudadana y la exigencia del respeto a la Constitución y a las reglas del juego (quién lo diría, tener que pedirle patriotismo constitucional a este gobierno); nos quedan resquicios en algunos medios de comunicación (a la verdad sólo la temen quienes pretenden sojuzgar a las personas); y nos quedan los tribunales, a día de hoy los únicos que pueden garantizar que este sistema no se convierta en un régimen autoritario.

Fernando Flores es Profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Plataforma Salvem el Cabanyal.

* Plataforma Salvem el Cabanyal.
http://www.cabanyal.com/


¿Quienes Somos?
El Cabanyal-Canyamelar es desde el finales del XIX un barrio de Valencia, el barrio marinero de la ciudad de Valencia (España). Guarda todavía el sistema urbano reticular derivado de las barracas, antiguas viviendas típicas de la zona valenciana.

Una vez más asistimos a la eterna confrontación: entre la conservación del patrimonio o el âdesarrollo especulativoâ? de una ciudad. Desde el siglo pasado los habitantes del Cabañal hemos vivido con la amenaza de la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez, hasta que con la construcción de la estación de RENFE en la confluencia con la Avenida de Serrería, se creía que ahí se finalizaba la historia de una Avenida-Paseo, que tenía su inicio-final en los jardines de Viveros y su final-inicio en la estación de RENFE y en el barrio del Cabanyal. Era la tan deseada conexión de Valencia con los Poblados Marítimos.
Imágenes del Cabañal. Valencia.



Fuente/Autor: Plataforma Salvem el Cabanyal.



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http://www.nuncamas.net/

¿SABIAS QUE EL PODER COMPRA VOLUNTADES Y AL PARECER PAGA BIEN?


Algunos ejemplos:

CONSUELO CISCAR CASABAN, desde su puesto de Directora General de Promoción Cultural y Patrimonio Histórico de la Consellería de Cultura de la G.V., para poder emitir informe favorable al Plan del Cabanyal la Consellería de Cultura, escondió y negó la existencia del informe elaborado por la Unidad de Inspección de Patrimonio Histórico donde se expresaba y argumentaba el rechazo legal al Plan del Cabanyal presentado por el Ayuntamiento de Valencia, por estimarlo contrario a la Ley de Patrimonio Cultural y al resto del ordenamiento jurídico. Determinadas entidades cívicas presentaron una querella, por lo que saco enseguida a la luz pública el referido informe, que anteriormente había dicho no existir. Por ese motivo se le compensó, nombrándola un cargo de mayor rango y asignándole un mayor presupuesto y competencias en la misma Consellería de Cultura.

ASUNCIÃN FIGUERES GORRIZ, aceptó el puesto de Directora General de Promoción Cultural y Patrimonio Histórico cuando nadie quería el cargo, porque había que firmar la Resolución favorable al Plan del Cabanyal. En unas pocas semanas se resolvió el informe favorable que ella misma no tuvo inconveniente en firmar, cuando era competencia del Sr. Conseller hacerlo. Firmado el informe se le sustituyó y estuvo a la espera de la recompensa prometida, que se cumplió cuando le concedieron la presidencia de la Academia Valenciana de Cultura, con todas las prerrogativas, ventajas, retribucios y beneficios que ese cargo comporta.

ALVARO ALEIXANDRE ORT�. Abogado urbanista. Era funcionario del Ayuntamiento de Valencia y como Jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento realizó informe favorable justificando la legalidad del Plan de Cabanyal el pasado 14-12-2000. Unas semanas después abandonaba el Ayuntamiento y se iba a trabajar para los beneficiarios de la prolongación de Blasco Ibáñez, los promotores urbanistas, vinculados a determinados altos cargos del PP.

MARIANO AYUSO RUIZ DE TOLEDO. Fue el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso que presentó el voto particular contra la suspensión cautelar del Plan del Cabanyal aprobado por la mayoría del pleno del TSJ el pasado mes de marzo de 2002. Unos meses después se fue a trabajar, abandonando el puesto de magistrado, al despacho de abogados BROSETA que trabajan bajo las ordenes directas de los grandes promotores y de la Generalitat Valenciana.

JOSà DIAZ DELGADO, es el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso que resuelve el caso del Cabanyal y artífice de la sentencia favorable al Ayuntamiento. Los hechos han sido los siguientes: tras conocer el expediente y la opinión de los magistrados ponentes, informó a la Generalidad y el Ayuntamiento que el caso podía perderse. Estos iniciaron con carácter de urgencia una modificación de la Ley de Patrimonio Histórico que permitiera convalidar un proyecto que esperaban que el tribunal declarara ilegal. Dado que la Ley declara nulas las modificaciones legales que tengan por finalidad incumplir una sentencia, el Tribunal aceleró la tramitación del Recurso para que la sentencia se dictara el pasado mes de septiembre de 2003 antes de aprobarse la nueva ley.

Iniciados los tramites parlamentarios, comprobaron que el principal partido de la oposición (PSOE) estimo que la modificación sería inconstitucional y anunció la presentación de un recurso contra la anunciada reforma. El Gobierno Valenciano estimó que esa vía les fallaría y opto entonces por presionar al Tribunal para conseguir una sentencia favorable.

El cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como cargo político que es lo designa el Gobierno Valenciano. Estaba para renovar hace 6 meses. Tras ser designado de nuevo el Sr. Díaz Delgado, se puso a trabajar para cumplir el mandato de quienes le habían designado y nombrado. Retiro los expedientes de los 9 recursos presentados a los distintos magistrados que por turno de reparto les había tocado el asunto. Tuvo el expediente en su despacho varios meses. El tiempo suficiente para redactar una sentencia favorable a la prolongación de la avenida, como alternativa a la que esperaban que presentaran los magistrados ponentes contraria a la destrucción de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural. Necesito varios meses porque tuvo que trabajarse magistrado por magistrado hasta contar con una mayoría de apoyo a su sentencia. Cuando estimó que los votos eran suficientes convocó el pleno y el resultado ya lo sabemos todos. La designación de Presidente del TSJ por 5 años más supone un pago anticipado al Sr. Díaz Delgado.

¿Sabremos alguna vez con que pagaran al resto de Magistrados que han votado favorablemente después de resistirse por estimar el proyecto ilegal?


PERO TAMBIEN CASTIGA A LOS NO SUMISOS.

JOSE IGNACIO CASAR PINAZO. Arquitecto e Inspector Jefe de la Unidad de Inspección de la Consellería de Cultura, que por ley le corresponde evaluar los planes especiales de protección del Patrimonio Histórico y emitir informe desfavorable cuando el contenido del mismo (el Plan Especial del Cabanyal) destroza valores protegidos y favorable cuando sirve para proteger los bienes culturales. Tras estudiar el plan especial de Cabanyal, emitió informe desfavorable al Plan por estimarlo destructor de valores culturales protegidos, considerándolo ilegal e inoportuno. Al poco tiempo lo destituyeron del cargo y lo trasladaron a un rincón de la Consellería de Urbanismo.

EMILIA CABALLERO ALVAREZ. Sindica de Greuges de la Comunidad Valenciana que remitió un informe, antes de aprobarse el Plan Especial del Cabanyal, el Ayuntamiento y Consellería de Cultura, recomendando su retirada por estimarlo contrario a la legislación de Patrimonio Cultural. Fue insultada e injuriada de forma sistemática, siendo perseguida y difamada personal y profesionalmente por el Gobierno de la Generalitat Valenciana (presidido por Eduardo Zaplana, actual portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados) hasta que consiguieron destituirla. Nunca le perdonaron que actuara como órgano independiente al servicio de los ciudadanos y que se ajustara a la defensa del derecho constitucional de los ciudadanos de gozar de un patrimonio histórico conservada.
Mira també:
http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1746
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Comentaris

fa falta un indymedia valencia
02 oct 2004
o vos furtaran l'horta, el cabanyal, el carme, i vos ficaran una copa plena d fatxes.
Sindicat