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Notícies :: criminalització i repressió |
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SOMOS PADRES, NO DELINCUENTES
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per CUSTODIA COMPARTIDA SÃ? |
09 set 2004
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SOMOS PADRES, NO DELINCUENTES
COMENTARIO EDITORIAL DE LA ASOCIACIÓN POR LA CUSTODIA COMPARTIDA
Padres sufridores:
Cuando la injusticia y el abuso del poder oprime a un pueblo, raza, etnia o grupo social, éste queda perfectamente legitimado para sublevarse contra aquel poder tirano, opresor, que vulnerando los principios fundamentales que conforman el derecho natural, impone su capricho inasumible bajo la justificación de una arbitraria interpretación torticera que en nada coinciden con el sentimiento social dominante.
Esta es la dramática tesitura en la que nos encontramos los padres que abogamos por la CUSTODIA COMPARTIDA tras la separación matrimonial. Somos víctimas de un poder tirano, ejercido e impulsado por quienes tienen el mandamiento constitucional de velar por los derechos sociales fundamentales; este poder radica en el Ministerio Público y es desempeñado por un cuerpo de funcionarios que contravienen de modo sarcástico el objeto y espíritu para el que fueron creados. Y no estamos dispuestos a seguir consintiendo por más tiempo, que mediante una utilización maliciosa, irracional e inhumana de normas de convivencia comúnmente aceptadas en sentido contrario al aplicado, siga recayendo sobre nosotros una interminable serie de condenas penales, dictadas en causas civiles, que pretenden encubrir un interés de grupo dominante pero que se exteriorizan, para mayor sinrazón, como norma de protección de una supuesta parte débil en la relación procesal. Esta ilógica jurídica es la que nos moviliza el 13 de Septiembre ante la Fiscalía General del Estado.
Los padres que auspiciamos la CUSTODIA COMPARTIDA, no vamos a permanecer impasibles por más tiempo ante esta flagrante condena injusta que supone hacer recaer sobre nosotros unas medidas de alejamiento de nuestros hijos que en nada le favorecen y en nada nos convencen como medida de protección. No confundamos la protección con la inquisición; no ocultemos que el daño causado tiene por fuente la medida de seguridad adoptada, innecesaria e inconstitucional, ilógica e inhumana, abusiva y de repudiable ilicitud. Si el Ministerio Fiscal quiere ser respetado por los padres afectados por esta barbarie judicial extendida hasta la saciedad, que empiece a tomar conciencia de que la delincuencia se persigue cuando se delinque, pero no se inventa el delincuente para saciar una actitud de odio o discriminación. Las medidas de seguridad se adoptan cuando existen evidentes probabilidades de riesgo para los derechos y libertades de terceros, pero no cuando desde el ideario de una ideología sexista se incardinan los mandamientos hacia la usurpación de facultades naturales, del sexo contrario, para las que nadie debe estar autorizado a mermar, salvo supuestos de extrema necesidad.
Una y mil veces, a partir de ahora, estamos y estaremos dispuestos los padres responsables para denunciar públicamente lo que constituye un ejercicio de tiranía judicial; no nos dolerán prendas de exigir libertad relacional para nuestros hijos y que desaparezcan de inmediato las medidas de seguridad y falsa protección dictadas bajo la excusa de un interés fraudulento que se materializa en el denominado DERECHO DE VISITA. No, no, no, y mil veces decimos que no. Nuestros hijos no quieren ser visitados por sus padres, ellos quieren CONVIVIR con sus padres, que es bien distinto. No, no , no y mil veces no. No vamos a seguir tolerando la opresión insoportable para la lógica humana, que supone que a tenor de dictámenes de mequetrefes disfrazados de equipo psico-social, unas veces, y tiranos disfrazados de respetables servidores e intérpretes de la Ley y el Derecho, otras, nos impongan por la fuerza prescindir de nuestra intocable proyección que como seres humanos queremos, podemos y debemos volcar sobre nuestros hijos. ¡ACABEMOS CON ESTA GRAN MENTIRA! .
Constitucionalmente corresponde al Ministerio Fiscal velar por los derechos de los ciudadanos, y aunque denunciamos que están desempeñando su cometido de modo totalmente contrario al democráticamente convenido, hemos de empezar a llamar a los comportamientos por sus verdaderos nombres. Es delincuente quien incumple la Ley y causa lesión a terceros. Nosotros, padres que auspiciamos la proximidad y el cariño de nuestros hijos, no pertenecemos a este tipo conductual; es ilegítimo que sobre nosotros recaigan medidas de seguridad. Exigimos todo lo contrario.
Son autores de un delito de LESA HUMANIDAD quienes desde el ejercicio del poder actúan contrariando el orden natural de la vida, de los comportamientos humanos socialmente aceptados, e impiden, con su impulso y dictado, que la sociedad sufra innecesariamente, se trastoquen los roles naturales de sus componentes y se pierda, como consecuencia de estos despropósitos, el sentido comúnmente compartido de los valores de la libertad, la justicia y la igualdad. Hacemos esta observación a los actuales responsable del Ministerio Fiscal en nuestro país; somos víctimas, en unión de nuestros hijos, de unas medidas predelictuales que atentan contra ese orden humano y que podrían estar tipificadas, por su naturaleza maliciosa y objeto pernicioso, dentro de la genéricamente conocida conducta reprochable que el derecho internacional humanitario encuadra entre los más graves atentados contra los derechos fundamentales de la infancia, enraizados con el principio de integración familiar y coronados por el derecho de todo niño a relacionarse en condiciones de igualdad con su padre y con su madre. Para un niño, hijo de padre separado, ser huérfano de padre sólo se justifica por una muerte natural del padre, nunca por un malintencionado mandato excusado con el bienestar necesario para el desarrollo equilibrado del niño.
Todo lo anterior, dicho y reflexionado desde la serenidad de quienes conocemos el problema, lo sufrimos, lo intentamos superar y a su vez lo soportamos. Desde esta condición de víctimas, abogamos porque el Fiscal General del Estado tome conciencia de nuestra cruel experiencia y evite que el trato vejatorio, inhumano y degradante que se le está infligiendo a nuestros hijos, promovidos por los representantes en autos de su Ministerio, cesen de inmediato en éste su habitual proceder, por ser de imperiosa razón jurídica premiar al decente y reprochar al delincuente. Delinque el tirano, quien tortura, condena injustamente y mata empleando métodos sibilinos fruto de un torcimiento de la Ley. Los padres que auspiciamos la CUSTODIA COMPARTIDA, vivimos con pasión el valor de nuestra honestidad y asumimos colectivamente nuestro ORGULLO DE PADRES. Ante buen entendedor, sobran las explicaciones.
Cordialmente:
Mariano Orta.
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