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Notícies :: antifeixisme : criminalització i repressió : amèrica llatina |
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Sobre la extradición de los vascos. México
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per resumen de La Jornada.21/07/2004 |
21 jul 2004
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Sobre la extradición de los vascos. México
I las azañas del juesesito Garsón por tierras mexicanas. |
Senadores de PRD y PRI piden revisar a fondo la extradición de los vascos.
Debe replantearse el proceso, si se confirma que la embajadora española mintió.
ANDREA BECERRIL
México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004
Senadores de PRI y PRD exigieron que el gobierno mexicano revise a fondo el juicio extradición de los seis ciudadanos vascos encarcelados en el Reclusorio Norte, luego de las revelaciones de que la embajadora de España en México, Cristina Barrios Almazor, mintió y proporcionó datos falsos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez, coincidieron en que los seis ciudadanos de origen vasco -uno de ellos naturalizado mexicano- tienen derecho a que se revise todo el proceso legal y jurídico que se les ha seguido, de confirmarse que la embajadora Barrios Almazor proporcionó información apócrifa a las autoridades mexicanas.
Sánchez Carreño consideró que no puede pasarse por encima de la ley y del derecho de asilo, que es una tradición mexicana en materia de política exterior, ni violar los derechos humanos de María Asunción Gorrotxategi, Félix Salustiano García, Ernesto Alberdi, José María Urquijo, Juan Carlos Artola Díaz y Asier Arronategi, los ciudadanos de origen vasco que están en huelga de hambre en el Reclusorio Norte.
Por separado, Ortega resaltó que lo publicado ayer por La Jornada acerca de que la embajadora de España falseó datos para justificar la detención de los vascos cuando su gobierno aún no había solicitado formalmente la extradición, "obliga a una revisión completa del proceso judicial".
Expuso que falsear intencionalmente la información va a cambiar, sin duda, el desarrollo del proceso. "México debe ser muy respetuoso de los procedimientos de extradición, sobre todo porque el anterior gobierno derechista de España cometió injusticias contra ciudadanos de nacionalidad vasca que nada tienen que ver con terroristas, algunos de ellos militantes de organizaciones nacionalistas, quienes fueron enviados a territorio español sin el cumplimiento debido de la ley y de la Constitución".
Recordó que hubo casos lamentables en los cuales algunos vascos que tenían muchos años de vivir en México prácticamente fueron deportados sin cumplir con lo mínimo que marca la legislación mexicana en materia de extradición y sin que se probara su pertenencia a ETA.
El perredista recalcó que aunque no se esté de acuerdo con la militancia política de algunas personas de origen vasco, el gobierno federal está obligado a proteger a todos los ciudadanos que se encuentren en territorio nacional, sin discriminación alguna y sin que se vulneren sus derechos.
Ortega precisó que pedirá que se analice el caso en el Senado, ya que este órgano tiene la facultad de revisar la política exterior mexicana. "Queremos que la SRE tome en cuenta la situación e incluso pida cuentas a la embajadora de España, y que ésta rinda explicaciones por los documentos apócrifos que presentó", manifestó.
Sobre el tema, el también senador del PRD Rutilio Escandón consideró que hubo violación de los derechos humanos de los vascos y que es necesario que el Congreso exija al gobierno de Fox reparar el daño y dejar de hacer todo lo que el gobierno español y el juez Baltasar Garzón le ordenan.
Integrante de la Comisión de Justicia del Senado, el legislador señaló que en España el derechista Partido Popular ya no está en el poder "y es hora que Fox se entere de ello y respete los principios fundamentales de la política internacional del país y la aplicación, apegada a derecho, de los tratados de extradición".
http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040721/012n1pol.php?origen=politic
Documentan analistas violaciones a derechos humanos
Por temor a ser torturados, los vascos se resisten a la extradición
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
El hecho de que los seis ciudadanos de origen vasco encarcelados en el Reclusorio Norte se resistan a ser extraditados a España no se debe a un "simple capricho", ya que su decisión deviene del temor que tienen a quedar en manos de las autoridades españolas, por las diversas denuncias que han hecho otros integrantes de movimientos independentistas, quienes han declarado incluso ante organismos internacionales como Amnistía Internacional que cuando fueron deportados o extraditadossufrieron tortura, aseguró Joseba Agudo Manzisidor, abogado y defensor de los derechos humanos.
Durante un foro efectuado ayer en la Universidad Obrera de México, en el que se examinó la situación histórica y de las "persecuciones políticas" de que han sido víctimas los independentistas del País Vasco, el abogado refirió que en la actualidad se tiene registro de 700 presos políticos (en España, Francia y México) y 2 mil exiliados de origen vasco.
Equiparó las cifras con el supuesto de que en México ocurriera un caso similar: "Es como si pensáramos que aquí hubiera 28 mil presos políticos y 70 mil exiliados en otros países". Agregó que en los pasados tres años México ha encabezado la lista de países que más han colaborado con España concediendo la extradición de ciudadanos vascos, lo cual es "lamentable", porque "los gobiernos anteriores al del presidente Vicente Fox y del ex presidente Ernesto Zedillo se caracterizaban por encabezar un país que daba asilo a perseguidos políticos".
Para Agudo Manzisidor el hecho de que haya sido durante el ejercicio presidencial de Zedillo cuando comenzaron a ser extraditados vascos "lo entiendo como una reacción a la necesidad del gobierno mexicano de buscar el respaldo de España para consolidar sus objetivos comerciales, en virtud del fracaso derivado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá".
http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040721/012n3pol.php?origen=index.h
Garzón, los pasos del persecutor en México.
Duelista retórico de Marcos, entrometido opinador del feminicidio y represor de vascos.
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004
El 17 de julio de 2003, un día antes de que los seis ciudadanos vascos presuntamente vinculados con ETA fueran detenidos en diversas entidades del país -únicamente por petición de la embajadora de España en México, Cristina Barrios-, el juez español Baltasar Garzón se reunió con el presidente Vicente Fox en la residencia oficial de Los Pinos.
Aunque ese mismo día el gobierno mexicano dio a conocer que el motivo "oficial" de la reunión era una plática sobre la situación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, ahora se tienen sobrados motivos -documentados ayer por este diario- para suponer que en realidad la razón del encuentro pudo ser el pedido del juzgador español de que fueran detenidos los seis vascos, aun cuando no se había recurrido a los cauces diplomáticos correspondientes.
El 19 de julio Garzón se ganó una "llamada de atención" del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien lo criticó por "interferir en asuntos nacionales" debido a sus opiniones sobre el feminicidio en Juárez, a pesar de ser extranjero.
Los documentos oficiales, de los que posee copia La Jornada, demuestran que la embajadora Barrios mintió a las autoridades mexicanas, ya que cuando los vascos fueron detenidos aún no había un pedido "oficial" de detención contra ellos, a pesar de que la funcionaria afirmó lo contrario. A ello se agrega que el juez Garzón se reunió el 17 de julio con Fox e incluso días antes (el 3 de julio de ese año) también estuvo en México. Además, después de las detenciones de los seis vascos, el juez Garzón realizó reiteradas visitas a territorio mexicano.
Por ejemplo: Garzón estuvo en México el 6 de agosto de 2003. Según las versiones oficiales, el juez español llegó ese día para realizar "diversas actividades", en una estancia que se prolongó más de una semana.
En esa ocasión, en círculos diplomáticos cercanos a la embajada española en México se externó "preocupación" por el interés que Garzón había manifestado por viajar a Oventic, Chiapas, al encuentro que sostuvieron por esas fechas la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Apenas en diciembre de 2002 se había suscitado una polémica entre el juez Garzón y el subcomandante Marcos. El primero retó a un debate al líder insurgente, a lo que éste respondió afirmativamente y fijó como condicionantes que el encuentro fuese en las islas Canarias, en Lanzarote, y le refirió también que, en forma paralela, se realizara un encuentro entre todos los actores políticos y sociales para analizar la problemática vasca.
El 7 de agosto de 2003, Garzón arribó a Chiapas pretendiendo pasar inadvertido. Ese día señaló a los reporteros que sólo estaba en plan de "turista". Sin embargo, sostuvo reuniones con magistrados estatales.
El 9 de octubre de ese mismo año llegó al Distrito Federal, donde mantuvo una reunión con Juan José Ibarretxe, presidente de la comunidad autónoma del País Vasco, en el marco del cuarto Encuentro Europa-América Latina, celebrado en Valle de Bravo, estado de México.
A principios de 2004 Garzón continuó con sus visitas a nuestro país. El 28 de enero acudió en compañía del fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina Benito, a las comparecencias de tres mexicanos acusados -y liberados por falta de pruebas- de complicidad con una presunta célula de la organización armada vasca ETA.
Las diligencias tuvieron lugar en las oficinas del subprocurador de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos.
El juez y el fiscal españoles anunciaron que también asistirían a otras diligencias que tendrían efecto al día siguiente en el Reclusorio Norte, a las que estaban citados los seis ciudadanos de Euskadi detenidos en esa cárcel, sujetos a proceso de extradición a España.
Sin embargo, el intento de Garzón de interrogar a los vascos se vio frustrado porque las autoridades del penal le pidieron que cumpliera con todos los requisitos a que está sujeto cualquier visitante del Reclusorio (entregar identificación personal y permitir que le sea sellada la muñeca de una de sus manos), y el juzgador se resistió a ello. Después de más de dos horas de esperar a que le permitieran el acceso, pero sin cumplir con el reglamento del penal, Garzón fue informado de que no se accedería a su petición, por lo que decidió retirarse del lugar.
http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040721/014n1pol.php?origen=politic
México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004
A la "orden" del reino... y su Inquisición
Samuel del Villar /II y última
Las actuaciones para generar y obsequiar la "orden" del juez Baltasar Garzón por la que se pretende extraditar de la República mexicana a seis personas al Reino de España, ilícitamente detenidas y en prisión durante un año, como secuencia inmediata de una coincidencia de Garzón con el presidente Fox en Los Pinos, no sólo ponen por los suelos a la "justicia" mexicana, sino también a la española. En el ejercicio de mi desempeño público, especialmente del periodístico, evito consideraciones en torno a mi persona. Pero antes de continuar sustentando públicamente mi afirmación inicial me creo obligado a una excepción a la regla.
Me cuento entre los mexicanos fervientemente partidarios de la transición hacia la España democrática y de que mi país mantenga las más estrechas, cordiales, constructivas y dignificantes relaciones con ella. Incluso su gobierno me distinguió con una condecoración por mi grano de arena en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Madrid al fin de la dictadura. Estoy convencido de que los antecedentes, el trabajo y el resultado de sus Cortes Constituyentes, con base en la convicción democrática y la dirección de estadista de Juan Carlos I, es la referencia reciente con significado universal más cercana a México de establecimiento y consolidación de un Estado democrático y social de derecho. En mi desempeño intelectual, profesional y político he considerado particularmente el desarrollo de su marco institucional de seguridad y justicia.
Es por ello que las diligencias y actuaciones totalmente violatorias de la dignidad humana y de la legalidad que la protege, consignadas en el expediente del "procedimiento especial de extradición internacional 2/2003-SE-VI" -del juzgado segundo de distrito de procedimientos penales del Distrito Federal- y de "las diligencias previas 270/02P" -del juzgado central de instrucción cinco de la Audiencia Nacional de Madrid- son no sólo causa objetiva para la indignación y la protesta cívicas, sino también motivo personal para la aflicción, por la injusticia extrema que registran surgida de la judicatura y la diplomacia españolas, y continuada en la indignante y servil obsecuencia con ella de autoridades mexicanas. Han hecho de nuestro país, y de la gente que vive en él, campo para la expresión de una fanática e inaceptable violencia inquisitorial de Estado, tan irracional e infundada como las imputaciones de José María Aznar que buscaron confundir la autoría del terrorismo que asesinó a 199 personas en Madrid el 11 de marzo pasado -y cuya inverosimilitud, hay que señalar, le costó la presidencia de gobierno de su país.
Fox-Garzón y la "justicia" española y mexicana en el suelo
El juez Garzón, con la participación de la embajadora Cristina Barrios, politizó y corrompió de raíz la justicia y la ley desde el mero origen de este caso, arrastrando con ello al gobierno de España y al de México. El 18 de julio de 2003, en el momento en que seis personas -incluyendo un mexicano- fueron ilícitamente detenidas por policías nacionales por efecto de una "orden" de aquél -en una complicada operación represiva simultánea en Quintana Roo, Oaxaca, Nuevo León y estado de México-, la prensa informaba que el día anterior el "presidente Fox Quesada recibió ayer en Los Pinos la visita del juez español Baltasar Garzón". El comunicado respectivo de la Presidencia afirmó que "el tema central de la conversación fue el de las mujeres asesinadas en Juárez", después de otra reunión del 3 de junio anterior en la que Garzón solicitó respaldo a su ambición al Premio Nobel, y Fox comprometió "su apoyo".
De seguro el señor Garzón no incluyó el registro de su estancia del 17 de julio de 2003 en Los Pinos, sus antecedentes y su secuencia, entre los elementos para sustentar su ambición. Y es que esa reunión, su oportunidad y el comunicado respectivo de la Presidencia, rebajarían al "ilustrísimo" juez a la condición de indigno traficante de influencias políticas para violar derechos humanos fundamentales.
Apuntan a que utilizó el encuentro político ostentando su acceso al Presidente para garantizar, sin su conocimiento según el "tema central" del que informó el comunicado, la protección política presidencial al desvío del curso constitucional y legal protector de la dignidad humana que exigía el cumplimiento por la autoridades mexicanas de su "orden" para "la detención provisional, con fines de extradición", de las seis personas objeto de su represión.
La interpretación alternativa de la reunión Fox-Garzón tampoco podría sustentar su ambición a ser premiado. Tendría que concluir que el comunicado de la Presidencia informando sobre la naturaleza "central" del encuentro mintió, y la reunión con Fox fue para que el Presidente, personal y subrepticiamente, instruyese al secretario de Gobernación, al procurador general de la República, y a través de alguno de los dos o de ambos, al Poder Judicial, el cumplimiento de la represión ordenada por Garzón no sólo en contra de esas personas, sino, con ellas, de la Constitución mexicana, sus leyes y del tratado de extradición aplicable.
En cualquier forma, el último lugar en el mundo en donde debía estar un juez imparcial, honorable, digno y con convicciones pacíficas, que hubiese ordenado y solicitado personalmente la detención y extradición de cualquier persona, es departiendo con la más alta autoridad política y jefe del Estado y gobierno ejecutor en la víspera de la ilegal ejecución.
Es inevitable la explicación de la "justicia" española en el suelo de Los Pinos en esa fecha, a la luz de la "nota formal 262", "urgente y reservada" de la embajada de España, enteramente irregular, fechada apenas el día anterior. En ella su embajadora, hay que reiterar, había incluso falsificado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la expedición de la solicitud de detención suscrita realmente por Garzón ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país diez días después de la fecha señalada en la nota. Pero en ese momento los indiciados llevaban ya seis días ilícitamente detenidos con base en la declaración diplomática falsa, de cuya detención da cuenta el propio Garzón, al pedir absurdamente que la detención sea apenas solicitada al gobierno de México.
A partir de esa nota, la embajadora comprometió al gobierno del reino de España en su conjunto con la cadena de atropellos a la dignidad humana que integran este caso ejemplar de injusticia extrema. Un año después esta injusticia se plasmó en la arbitraria opinión del juez José César Flores a la Secretaría de Relaciones Exteriores del 8 de los corrientes en el sentido de obsequiar la orden de Garzón y, con la extradición de los prisioneros, completar el atropello. Las actuaciones y la opinión a la cancillería del propio juez Flores, que difícilmente podrían estar más viciadas de inconstitucionalidad, ilegalidad y atropello a la dignidad humana, tambien pusieron por el suelo a la "justicia" mexicana. La oportunidad sólo permite resaltar sus vicios más sobresalientes.
Atropellos a la dignidad humana, la Constitución, el tratado y la ley
Además de la privación de la libertad sin poder exhibir el "mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento", como ordena el artículo 16 constitucional, la "detención provisional" decretada por el juez Flores el 18 de julio de 2003 se convirtió en una violación frontal y permanente de la garantía pilar para la libertad de las personas contra acusaciones penales arbitrarias que establece el artículo 19 constitucional:
Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresaran el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.
Un año después, ni el juez Garzón ni la embajada de España ni persona alguna han "aportado datos bastantes que acreditaran el cuerpo del delito e hicieren probable la responsabilidad" de los prisioneros, o incluso de los elementos mínimos de normas inconstitucionales, para pretender sustentar conforme a derecho su reclusión y la procedencia de su extradición. En lugar de ponerlos en libertad, como exige la Constitución, por la inexistencia de esos datos, el juez Flores los ha mantenido secuestrados en prisión hace más de un año, violando adicionalmente por ocho meses la extensión del plazo a 60 días, impuesta por una contrarreforma constitucional de 1993.
El 22 de agosto de 2003, más de un mes después de la ilícita detención, la embajada de España, mediante "nota verbal", solicitó otra vez "formalmente" la extradición de los prisioneros. Pero tampoco acreditó cuerpo de ningún delito ni, evidentemente, la probable responsabilidad de aquellos. Los datos que aportó ni siquiera remotamente satisficieron los requerimientos que exige el tratado aplicable para atender su solicitud. Baste referir su artículo 15, inciso a, que ordena que "con la solicitud de extradición se enviará la exposición de los hechos por los cuales se solicita indicando, en la forma más exacta posible, el tiempo y lugar de su perpetración y su calificación legal". En su lugar, y con una ligereza inaudita, el encargado de negocios, Diego Muñiz Lovelace, pretendió desahogar en dicha nota la obligación que le impone a su gobierno el tratado con algunas afirmaciones sin ningún sustento ni referencia a circunstancia de tiempo y lugar, en siete párrafos contenidos en menos de una cuartilla, al final de los cuales reconoce su improcedencia al establecer que "la descripción de los hechos investigados viene pormenorizada en la documentación que se adjunta". Incluso con un trato frívolo y despectivo, inadmisible en cualquier promoción ante un auténtico tribunal de derecho, remitió -y el juez Flores aceptó- las supuestas pruebas de sus dichos, "en dos cajas, diversa documentación como evidencia de los delitos que se les imputan" a los prisioneros, sin ni siquiera relacionar la documentación, ya no se diga razonar su conexión con los delitos imputados.
Pero dicha documentación y las cajas remitidas no desahogaron de ninguna manera la exigencia referida del tratado.
Las "consideraciones" del juez Flores tuvieron que recurrir a la irregular nota 262 previa, en la que la embajadora Barrios falseó la solicitud de detención y extradición, para dar algún maquillaje al vacío en que se asienta su "opinión" frontalmente contraria a lo dispuesto en el tratado aplicable. Así, pretendió que lo requerido por éste para fundar y motivar la extradición estaba satisfecho con la transcripción en tres fojas de su texto, del grueso de las "presunciones" que en "urgencia" refirió la embajadora hace un año, consistentes en la mención de los nombres de los indiciados, en imputaciones generales sobre su supuesta organización en México, España y Francia (sin ninguna referencia a algún hecho concreto particularizada que sustancie lo delictivo de las conductas ), una mera relación de números de cuentas bancarias presumiblemente proporcionadas por autoridades mexicanas, y la referencia a "análisis", que oculta, de servicios de inteligencia españoles.
Desde luego, omitió cualquier indicación "en la forma más exacta posible -sobre- el tiempo y lugar de su perpetración -de las conductas delictivas- y su calificación legal", sin los cuales resulta absolutamente improcedente la extradición. Baste observar que en lugar de esta "calificación" con su juicio de tipicidad y "todos los elementos del delito conforme a la teoría jurídica del mismo" que ella debe contener, de acuerdo con el texto del Código Penal español -que la misma embajada de España remitió para ponderar la procedencia de la solicitud conforme al tratado-, el escrito de la embajadora incluyó meramente un párrafo bajo el título de "razonamientos jurídicos". En realidad carece de todo razonamiento, circunscribiéndose a afirmar que "los hechos relatados podrían ser constitutivos de un delito", transcribiendo los nombres de los delitos posibles y de sus numerales correspondientes en dicho código.
Evidentemente nada puede ser más urgente para la justicia, la dignidad y la ley que el Poder Ejecutivo de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deseche la descabellada, indigna y contraria a derecho opinión del juez Flores, y restaure la vigencia de las garantías constitucionales y la libertad de las seis personas que, está plenamente comprobado, están ilícitamente privadas de ella. Al mismo tiempo es imperativo que la cancillería dé vista del expediente al Consejo de la Judicatura, a la Secretaría de la Función Pública y al Ministerio Público, con miras a acabar con la impunidad que permite que México sea campo fértil para la obsecuencia ministerial y judicial con el fanatismo, la irracionalidad y la violencia de Estado. Al mismo tiempo, las irregularidades trascendentes contenidas en las notas diplomáticas españolas ponen de manifiesto la imposibilidad de construir la dignidad y el respeto recíproco que exigen las relaciones -tan importantes para los mexicanos- con España sobre esas bases.
Sería un desastre central para el estado de derecho y la dignidad del país que la Secretaría de Relaciones y, por su conducto, el Presidente de la República, hiciesen suya la opinión del juez Flores. Comprobaría que la injusticia, inconstitucionalidad, ilegalidad e indignidad extremas que subyacen en ella salieron efectiva y directamente de la residencia presidencial a partir del encuentro Fox-Garzón del 17 de julio de 2003, y que quien manda en México no es nuestra Constitución, sino las "órdenes" para neutralizarla que se transmiten del exterior a Los Pinos.
http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040721/010a1pol.php?origen=index.h
Por temor a ser torturados, los vascos se resisten a la extradición.
Documentan analistas violaciones a derechos humanos.
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004
El hecho de que los seis ciudadanos de origen vasco encarcelados en el Reclusorio Norte se resistan a ser extraditados a España no se debe a un "simple capricho", ya que su decisión deviene del temor que tienen a quedar en manos de las autoridades españolas, por las diversas denuncias que han hecho otros integrantes de movimientos independentistas, quienes han declarado incluso ante organismos internacionales como Amnistía Internacional que cuando fueron deportados o extraditadossufrieron tortura, aseguró Joseba Agudo Manzisidor, abogado y defensor de los derechos humanos.
Durante un foro efectuado ayer en la Universidad Obrera de México, en el que se examinó la situación histórica y de las "persecuciones políticas" de que han sido víctimas los independentistas del País Vasco, el abogado refirió que en la actualidad se tiene registro de 700 presos políticos (en España, Francia y México) y 2 mil exiliados de origen vasco.
Equiparó las cifras con el supuesto de que en México ocurriera un caso similar: "Es como si pensáramos que aquí hubiera 28 mil presos políticos y 70 mil exiliados en otros países". Agregó que en los pasados tres años México ha encabezado la lista de países que más han colaborado con España concediendo la extradición de ciudadanos vascos, lo cual es "lamentable", porque "los gobiernos anteriores al del presidente Vicente Fox y del ex presidente Ernesto Zedillo se caracterizaban por encabezar un país que daba asilo a perseguidos políticos".
Para Agudo Manzisidor el hecho de que haya sido durante el ejercicio presidencial de Zedillo cuando comenzaron a ser extraditados vascos "lo entiendo como una reacción a la necesidad del gobierno mexicano de buscar el respaldo de España para consolidar sus objetivos comerciales, en virtud del fracaso derivado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá".
http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040721/011n1pol.php?origen=politic
México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004
Las violaciones de garantías son "monstruosas": Burgoa.
Hay retroceso del estado de derecho, según juristas.
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004
Para juristas mexicanos, el hecho de que los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte desde hace más de un año enfrenten un juicio de extradición por sus presuntos vínculos con la ETA, a pesar de que su aprehensión se realizó a petición expresa de la embajadora de España en México, Cristina Barrios Almazor, en momentos en que no existía una petición provisional de detención con fines de extradición, representa un "retroceso" para el estado de derecho en el país y demuestra que cualquier persona puede ser víctima de "actos extrajudiciales".
Entrevistados por separado, el doctor en derecho constitucional Ignacio Burgoa Orihuela y el abogado procesal Julio Hernández Pliego coincidieron en señalar que de acuerdo con lo documentado ayer por este diario, respecto a la ilegal detención de los seis vascos, "se violaron en su contra varias garantías individuales"
Burgoa puntualizó que en el caso de los reclamados en extradición "todo parece indicar que se violaron en su contra las garantías de audiencia, de legalidad y de defensa, e incluso el derecho que establece el artículo 19 constitucional, que dice que ninguna persona puede permanecer más de tres días sin que se haya dictado en su contra un auto de formal prisión, o sea que las violaciones (a la Carta Magna) fueron monstruosas y patentes".
El jurista agregó que no basta con el hecho de que una funcionaria extranjera pida la detención de alguna persona a la que se le impute haber cometido delitos en otro país para que proceda la aprehensión: "eso es flagrantemente ilegal y anticonstitucional". Explicó que pa- ra ello "se requiere tramitar antes el pedido provisional de extradición y luego formalizarlo".
Asimismo, indicó que en caso de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avalara la extradición de Félix Salustiano García, María Asunción Gorrotxategi, Ernesto Alberdi, José María Urquijo, Juan Carlos Artola Díaz y Asier Arronategi, su defensa puede recurrir al juicio de amparo, "y esa autoridad tiene la responsabilidad de poner fin a todos esos actos arbitrarios e indignantes" de que han sido víctimas los vascos.
-Si un juez de amparo les otorga la protección de la justicia y con ello se demuestran las ilegalidades que se cometieron en su contra, ¿deberían ser sancionados penal o administrativamente los responsables?
-Sí, por supuesto. Estarían violando la Constitución (en perjuicio de los vascos) y eso es un delito de abuso de autoridad.
Por su parte, Julio Hernández Pliego, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en derecho procesal penal, consideró que en el caso de los ciudadanos vascos se están aplicando "acciones ilegales" que "lastiman el estado de derecho".
El litigante planteó: "Un verdadero estado de derecho no consiste sólo en que los ciudadanos cumplamos con la ley; exige que ciudadanos y autoridades nos comprometamos a cumplirla, porque no puede ser posible que únicamente nosotros nos sometamos a los marcos normativos y las autoridades (judiciales y gubernamentales) no".
Refirió que en caso de comprobarse ante tribunales que los vascos fueron detenidos de manera ilegal deben ser castigadas las autoridades responsables.
http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040721/012n2pol.php?origen=politic |
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040721/indexfla.php
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Comentaris
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Re: Sobre la extradición de los vascos. México
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per no mientas... |
22 jul 2004
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Extradicion de los vascos no, no mientas.
Será extradición de vascos con delitos de sangre a sus espaldas, que no es lo mismo.
Y te escribe un vasco. |
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Re: Sobre la extradición de los vascos. México
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per ? |
22 jul 2004
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con pruebas? o suposiciones? o partidismos?
la legalidad internacional i los tratados internacionales hay que respetarlos o no?
el procedimiento, el procedimiento... hay que salterse incluso la soberania de ortos paises? hasta que punto hay que llegar?
No a la violéncia. (de ningún tipo) |
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Re: Sobre la extradición de los vascos. México
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per Juan |
07 oct 2004
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¿Extradición de los vascos? Eso no es así los vascos estan en su tierra una de las más bonitas de toda España, y los vascos son gentes maravillosas que nada tienen que ver con los asesinos de ETA aun que estos tengan su nacimiento en esa maravillosa tierra. |
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