La embajadora de España mintió para extraditar a vascos. México

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Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió : amèrica llatina
La embajadora de España mintió para extraditar a vascos. México
per La Jornada	20 jul 2004
Mintió Madrid en el caso de los seis vascos, revelan documentos. La SRE, "deshonesta": la abogada de los seis vascos.
MÃ©xico D.F. Martes 20 de julio de 2004 La embajadora de EspaÃ±a dijo que se solicitÃ³ la extradiciÃ³n antes de la aprehensiÃ³n MintiÃ³ Madrid en el caso de los seis vascos, revelan documentos El texto en el que se demanda la detenciÃ³n llegÃ³ seis dÃas despuÃ©s de que se concretÃ³ la captura ALFREDO MENDEZ ORTIZ La embajadora de EspaÃ±a en MÃ©xico, Cristina Barrios Almazor, dio informaciÃ³n falsa el 16 de julio de 2003 a la DirecciÃ³n General de Asuntos JurÃdicos de la SecretarÃa de Relaciones Exteriores (SRE), con el objetivo de justificar la detenciÃ³n provisional de seis ciudadanos vascos que el pasado domingo cumplieron un aÃ±o presos en el Reclusorio Norte del Distrito Federal. En protesta por las "injusticias" de que han sido objeto durante ese periodo, los seis vascos estÃ¡n en huelga de hambre desde hace 10 dÃas. Documentos oficiales -de los cuales La Jornada tiene copia- demuestran que la diplomÃ¡tica, que tiene menos de dos aÃ±os en el cargo, mintiÃ³ a las autoridades mexicanas. SegÃºn los documentos, Barrios Almazor enviÃ³ una "nota formal" a la SRE -dos dÃas antes de la aprehensiÃ³n de los vascos, ocurrida el 18 de julio de 2003- que contiene informaciÃ³n falsa, con la que intentÃ³ hacer creer a la cancillerÃa mexicana que el juez Baltasar GarzÃ³n, de la Audiencia Nacional de EspaÃ±a, enviÃ³ "a tiempo" la "solicitud de detenciÃ³n preventiva", en virtud de supuestas "diligencias previas por integraciÃ³n de una organizaciÃ³n terrorista" a la que, segÃºn el gobierno del paÃs ibÃ©rico, pertenecen los acusados. Lo cierto es que el 18 de julio de 2003 -cuando el juez segundo de distrito en materia penal, CÃ©sar Flores RodrÃguez, ordenÃ³ la detenciÃ³n del grupo-, aÃºn no se habÃa solicitado de manera oficial la extradiciÃ³n de los vascos. Contradicciones Asimismo, la versiÃ³n de Barrios Almazor se contrapone con la informaciÃ³n contenida en un oficio de colaboraciÃ³n binacional con el sello de la AdministraciÃ³n de Justicia de EspaÃ±a, firmado por GarzÃ³n el 24 de julio de 2003. Ese documento refiere que GarzÃ³n expresÃ³ -por primera ocasiÃ³n seis dÃas despuÃ©s de la detenciÃ³n- a las autoridades mexicanas: "hago saber y le participo que en las diligencias previas 270/02-P se ha acordado solicitar la extradiciÃ³n (de los seis vascos) que se encuentran en la actualidad detenidos en MÃ©xico, y a tal efecto adjunto documentaciÃ³n extradicional expedida para su remisiÃ³n por conducto diplomÃ¡tico". Para que fuera legal el procedimiento de extradiciÃ³n, el juez GarzÃ³n debiÃ³ enviar a la SRE, antes de que ocurriera la detenciÃ³n, un documento oficial de colaboraciÃ³n binacional con la solicitud a las autoridades mexicanas de que se aprehendiera provisionalmente a los reclamados. Sin embargo, el documento llegÃ³ seis dÃas despuÃ©s de la detenciÃ³n, lo cual demuestra que se tratÃ³ de una acciÃ³n "extrajudicial". Deben ser liberados: juristas De acuerdo con juristas consultados, entre ellos Clemente ValdÃ©s, doctor en derecho constitucional, es "inaudito" que los vascos hayan sido detenidos sÃ³lo por el dicho de la embajadora espaÃ±ola, y refiriÃ³ que si las autoridades federales y judiciales mexicanas tienen "algÃºn respeto por las garantÃas individuales", el procedimiento de extradiciÃ³n debe ser cancelado y los vascos liberados de inmediato. AgregÃ³: "no puede fundarse un procedimiento de extradiciÃ³n cuando no existe una orden de detenciÃ³n". Actuar de manera contraria, como en este caso, "equivale y representa una arbitrariedad y una violaciÃ³n flagrante y monstruosa de los derechos de cualquier persona, amÃ©n de que la supuesta convalidaciÃ³n a posteriori (del juez GarzÃ³n) lo Ãºnico que hace es demostrar que en el momento de la detenciÃ³n no existÃa una orden, lo cual es grave, y debe considerarse que la aprehensiÃ³n fue inconstitucional". Otro jurista, que pidiÃ³ el anonimato, indicÃ³ que el andamiaje del pedido de extradiciÃ³n se "tambalea" por dos razones. La primera es que existen "vicios de forma" en la integraciÃ³n del expediente. La segunda es la "extemporaneidad" con que el juez GarzÃ³n terminÃ³ de enviar la integraciÃ³n del pedido de extradiciÃ³n: 35 dÃas. Juez con fama de torturador La desconfianza y oposiciÃ³n de los seis vascos a ser extraditados y juzgados en tribunales espaÃ±oles deriva de que GarzÃ³n tiene fama de "torturador" de toda persona a la que se vincule con supuestos actos terroristas derivados de luchas independentistas. En ese contexto, apenas el pasado jueves diputados del movimiento independentista de Ezquerra Republicana de CataluÃ±a protestaron abandonando una sala del Parlamento donde comparecÃa GarzÃ³n, a quien consideran un "nefasto personaje" que solapÃ³ torturas contra separatistas catalanes en 1992. A pesar de la existencia de los documentos mencionados, que constan en los autos del juicio de extradiciÃ³n 2/2003, los acusados recibieron en dos ocasiones distintas las Ã³rdenes de detenciÃ³n formal que librÃ³ el juzgado segundo de distrito, por las que ahora estÃ¡n presos. FÃ©lix Salustiano GarcÃa, MarÃa AsunciÃ³n Gorrotxategi, Ernesto Alberdi Alejadle, JosÃ© MarÃa Urquijo, Juan Carlos Artola DÃaz y Asier Arronategi Duradle -los seis de origen vasco y el Ãºltimo naturalizado mexicano- fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de InvestigaciÃ³n de la ProcuradurÃa General de la RepÃºblica (PGR) el 18 de julio del aÃ±o pasado en distintas entidades del paÃs. Ese dÃa tambiÃ©n fueron aprehendidos tres mexicanos que supuestamente estaban vinculados con la organizaciÃ³n separatista ETA: Pedro Ulises Castro Vargas, MarÃa del Pilar Sosa Espinosa y NoÃ© Camarillo, quienes permanecieron bajo arraigo domiciliario en casas de seguridad de la PGR por mÃ¡s de dos meses, pero fueron liberados por falta de elementos probatorios que permitieran al Ministerio PÃºblico Federal solicitar el ejercicio de acciÃ³n penal en su contra. Al dÃa siguiente de las aprehensiones, JosÃ© Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la PGR, informÃ³ que las detenciones -efectuadas en Nuevo LeÃ³n, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, estado de MÃ©xico y el Distrito Federal- se realizaron tras un aÃ±o de investigaciones conjuntas entre MÃ©xico y EspaÃ±a, mediante la OperaciÃ³n Donosti, ejecutada por autoridades de ambos paÃses. AgregÃ³ que GarzÃ³n acusaba a los detenidos de realizar en MÃ©xico operaciones de lavado de dinero para ETA, por conducto de una "cÃ©lula financiera" que supuestamente integraban. Inicialmente la PGR les incautÃ³ siete cuentas bancarias, en las cuales se encontraban depositados 900 mil pesos, asÃ como "manuales de operaciÃ³n de ETA y documentos diversos vinculados con esa organizaciÃ³n". Ninguna de las cuentas estaba a nombre de MarÃa AsunciÃ³n Gorrotxategui, Ãºnica mujer entre los detenidos, a quien el gobierno espaÃ±ol vincula con los demÃ¡s presos sÃ³lo por ser esposa de uno de los reclamados. Dos dÃas despuÃ©s de su detenciÃ³n, los acusados fueron puestos a disposiciÃ³n del juez Flores. La peticiÃ³n de arresto formal con fines de extradiciÃ³n fue entregada a las autoridades mexicanas el 22 de agosto de 2003 (35 dÃas despuÃ©s de ocurrida su aprehensiÃ³n). En esa fecha comenzÃ³ el juicio de extradiciÃ³n, en el cual Flores RodrÃguez concluyÃ³ el pasado 8 de julio que "sÃ ha lugar (jurÃdicamente) al traslado y entrega de los seis a las autoridades reclamantes". Lo anterior ocurriÃ³ a pesar de las reiteradas quejas y recursos jurÃdicos de la abogada del grupo, BÃ¡rbara Zamora, en el sentido de que hay pruebas fundamentales -la mayorÃa de las cuales no fueron aceptadas durante el proceso- para demostrar que los vascos no pertenecen a ETA, sino que la solicitud de GarzÃ³n obedece a una "persecuciÃ³n polÃtica". AdemÃ¡s, la defensa de los vascos ha seÃ±alado en reiteradas ocasiones, con base en versiones de diversos testigos, que en los operativos policiacos mediante los cuales se ha detenido en los pasados tres aÃ±os a ciudadanos vascos presuntamente vinculados con la ETA, directamente han participado en territorio nacional policÃas espaÃ±oles "disfrazados", lo cual estÃ¡ prohibido expresamente por la ConstituciÃ³n de nuestro paÃs. El juicio de extradiciÃ³n Como parte de sus garantÃas de defensa, la abogada de los vascos ha presentado varias solicitudes de amparo ante la justicia federal contra distintas resoluciones del juez Flores RodrÃguez. Entre las demandas de garantÃas mÃ¡s importantes (de las cuales sÃ³lo una se resolviÃ³ en su favor, aunque no les garantizÃ³ su libertad inmediata) destacan tres: las emitidas contra la detenciÃ³n provisional, la detenciÃ³n formal y contra la SRE. Esta Ãºltima aÃºn estÃ¡ en curso y se solicitÃ³ contra la acciÃ³n de la cancillerÃa mexicana, dependencia a la que se acusa de privar ilegalmente de la libertad a los detenidos vascos, ya que las leyes mexicanas no facultan a esa dependencia para tener a ninguna persona aprehendida en esas condiciones. Juicio de garantÃas Respecto al juicio de garantÃas del que obtuvieron la protecciÃ³n de la justicia en diciembre pasado, el juez quinto de distrito A de amparo, Rafael Zamudio Arias, considerÃ³ que los vascos fueron detenidos de manera ilegal, ya que el juez segundo de distrito ordenÃ³ su aprehensiÃ³n a pesar de que habÃa deficiencias "de forma" que violaban el artÃculo 16 constitucional. Sin embargo, en esa ocasiÃ³n el juez Zamudio no quiso entrar al fondo del asunto (determinar si habÃa lugar a la extradiciÃ³n de los reclamados), y sÃ³lo les concediÃ³ un amparo "para efectos" de que el juez CÃ©sar Flores RodrÃguez "corrigiera" los errores "de origen" que cometiÃ³ al emitir su orden de detenciÃ³n, el 18 de julio de 2003. La ley de amparo establece que cuando se otorga esa protecciÃ³n de forma y no de fondo, el (los) quejoso(s) debe(n) continuar en prisiÃ³n (en caso de delito grave o cuando estÃ¡ latente la posibilidad de que evada la acciÃ³n de la justicia) hasta que se emita un nuevo auto de prisiÃ³n o de libertad. El 8 de marzo de este aÃ±o, el juez Flores volviÃ³ a emitir la orden de detenciÃ³n formal con fines de extradiciÃ³n contra los seis vascos, y de inmediato su defensa interpuso un nuevo recurso de amparo. En esta segunda ocasiÃ³n, los quejosos perdieron ese juicio en primera instancia. El juzgado quinto de distrito, el mismo que les dio antes un amparo "para efectos", determinÃ³ que el segundo auto del juez segundo de distrito sÃ estuvo apegado a derecho y les negÃ³ la protecciÃ³n de la justicia federal. Inconformidad ignorada Sin embargo, los quejosos tenÃan el derecho de apelar de esa determinaciÃ³n -lo cual hicieron en tiempo y forma-, pero el juez Flores RodrÃguez emitiÃ³ su opiniÃ³n jurÃdica favorable a la extradiciÃ³n de los vascos, sin atender que el sÃ©ptimo tribunal colegiado aÃºn no habÃa revisado la inconformidad interpuesta por los detenidos contra la resoluciÃ³n de primera instancia. DefiniciÃ³n en la primera semana de agosto Desde el pasado 8 de julio, el juzgado segundo de distrito opinÃ³ que sÃ ha lugar a extraditar a los vascos, por lo que enviÃ³ el expediente a la SRE para que Ã©sta defina, a mÃ¡s tardar la primera semana de agosto, si entrega a los reclamados a las autoridades espaÃ±olas. Aun cuando la cancillerÃa determinara la procedencia del envÃo de los seis reclamados, su defensa tiene la posibilidad de presentar la solicitud de amparo mÃ¡s importante para sus clientes, ya que este recurso puede llegar a desahogarse finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n (SCJN), y presentar las pruebas que demuestren que sus defendidos no pertenecen al grupo separatista ETA, como les imputa el gobierno espaÃ±ol. El desahogo de ese amparo podrÃa tardar varios meses (en el caso del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo un amparo de caracterÃsticas similares tardÃ³ 15 meses en resolverse), ya que tres distintos Ã³rganos del Poder Judicial federal deben emitir la sentencia correspondiente. El primero es el juzgado de amparo, en segundo tÃ©rmino un tribunal colegiado y finalmente la SCJN. -------------------------------------------------------------------------------- TambiÃ©n actÃºa de modo ilegal al prejuzgar sobre el caso La SRE, "deshonesta": la abogada de los seis vascos Impugna que los detenidos sean calificados de etarras ALFREDO MENDEZ ORTIZ La SecretarÃa de Relaciones Exteriores (SRE) emitiÃ³ el pasado jueves un breve comunicado de prensa dirigido sÃ³lo a medios internacionales, titulado Caso de los seis etarras, en el cual dio a conocer un resumen de la situaciÃ³n jurÃdica de los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte y sujetos a procedimiento de extradiciÃ³n a EspaÃ±a. Para BÃ¡rbara Zamora, abogada del grupo, quien dio a conocer a este diario la existencia del boletÃn informativo, la cancillerÃa incurriÃ³ en una "ilegalidad" y actuÃ³ de manera "deshonesta", debido a que en uno de los pÃ¡rrafos del documento informativo "deja la impresiÃ³n de que (la SRE) se pronunciarÃ¡ en favor de la extradiciÃ³n", a pesar de que las autoridades mexicanas "aÃºn no han analizado el expediente del caso, las pruebas y las excepciones" con que la defensora ha documentado que sus clientes son "perseguidos polÃticos" y "no pertenecen a la ETA". En el tercer punto del escueto comunicado enviado a televisoras, radiodifusoras y periÃ³dicos de varios paÃses, la SRE parte de dos posibles escenarios: que la extradiciÃ³n se niegue o se conceda. En el segundo caso, la cancillerÃa plantea: "Los abogados de los inculpados tienen 15 dÃas para promover un juicio de amparo en contra del acuerdo. La resoluciÃ³n que se dicte en el juicio de amparo puede ser impugnada por cualquiera de las partes mediante un recurso de revisiÃ³n, por lo que en definitiva la procedencia o no de la extradiciÃ³n dependerÃ¡ del Poder Judicial de la FederaciÃ³n". Para la litigante, con este segundo punto "se entiende que la SRE estÃ¡ emitiendo una opiniÃ³n previa al fallo que -como informÃ³ en el comunicado- darÃ¡ en la primera semana de agosto (...) el supuesto a que se refiere la cancillerÃa sÃ³lo se va a dar en caso de que la dependencia resuelva a favor de la extradiciÃ³n". BÃ¡rbara Zamora agregÃ³ que la cancillerÃa, al "prejuzgar" sobre el caso, "estÃ¡ violando el artÃculo 39 del CÃ³digo Federal de Procedimientos Civiles, que establece que la autoridad que deba resolver un expediente estarÃ¡ impedida de hacerlo si por cualquier motivo ha externado su opiniÃ³n antes del fallo", por lo que "consideramos que el titular de la SRE (Luis Ernesto Derbez) ya estÃ¡ impedido para emitir la resoluciÃ³n correspondiente". La litigante tambiÃ©n criticÃ³ que el departamento de comunicaciÃ³n social de la SRE haya difundido el boletÃn sÃ³lo en medios internacionales. "No tiene sentido esa acciÃ³n y no nos parece normal." El comunicado fue enviado a mÃ¡s de 50 medios de comunicaciÃ³n, entre los cuales destacan los periÃ³dicos The Wall Street Journal y The Washington Post, asÃ como las televisoras UnivisiÃ³n, Telemundo y NBC News, todos de Estados Unidos. TambiÃ©n recibieron copia del comunicado TV Canadian Broadcasting Corporation, de CanadÃ¡, y TV ZDFTV, de Alemania. La tambiÃ©n defensora de los derechos humanos indicÃ³ que desde el mismo tÃtulo del boletÃn informativo, la SRE "estÃ¡ demostrando que, sin analizar el expediente del tema, ya los califica como etarras, lo cual nos hace pensar que dictarÃ¡n su resoluciÃ³n en favor de su extradiciÃ³n". _________________________________________________ â�� CASO DE LOS SEIS ETARRASâ�? â��1.- El viernes 12 de julio del aÃ±o en curso se notificÃ³ a la Secreteria de Relaciones Eteriores la opiniÃ³n del Juez Segundo de Procesos Penales Federales y se entregÃ³ el expediente.â�? â��2.- De conformidad con lo dispuesto por el artÃculo 30 de la Ley de ExtradiciÃ³n Internacional, la Cancilleria tiene 20 dÃas hÃ¡biles para emitir el Acuerdo que conforme a derecho corresponda; lo que podria ocurrir en la primera semana de agostoâ�? â��3.- Escenarios:â�? â��Que se niegue la extradiciÃ³n, oâ�? â��Que se conceda la extradiciÃ³nâ�? â��En el caso b), los abogados de los inculpados tienen 15 dÃas para promover un juicio de amparo en contra del Acuerdo.â�? â��La resoluciÃ³n que se dicte en el juicio de amparo puede ser impugnada por cualquiera de las partes mediante un recurso de revisiÃ³n, por lo que en definitiva la procedencia o no de la extradiciÃ³n dependerÃ¡ del Poder Judicial de la FederaciÃ³n.â�? Al respeto manifestamos nuestra enÃ©rgica condena y rechazo a lo expresado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, puesto que estÃ¡ emitiendo una opiniÃ³n antes del fallo. Es inaceptable que la Cancilleria califique a los seis vascos como â��etarrasâ�? sin tener prueba alguna de ello, pues denota un perjuicio y predisposiciÃ³n en este asunto, lo cual necesariamente influye en la resoluciÃ³n que debe dictar. (Copia de un fragmento del comunicado de Relaciones Exteriores)
Mira també: http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040720/003n2pol.php?origen=index.html&fly=1
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Comentaris

A la "orden" del reino... y su Inquisición
per Samuel I. del Villar /I	20 jul 2004
México D.F. Martes 20 de julio de 2004 El 24 de julio de 2003, Baltasar Garzón, juez cinco de Instrucción de la Audiencia Central Nacional del Reino de España, manifestaba a su ministro de Relaciones Exteriores que le "hago saber y participo" del acuerdo, de las diligencias previas y de la documentación por las que el propio Garzón dispuso "ordenar la expedición de Solicitud de Detención Preventiva con fines de extradición a las Autoridades de México" de seis personas residentes en el país de origen vasco -un ciudadano mexicano y cinco ciudadanos españoles. Para ese momento los indiciados ya llevaban seis días en prisión, en violación total de sus garantías constitucionales y de lo dispuesto en el tratado de extradición aplicable y la ley para decretar, ejecutar y mantener su detención (incluso de disposiciones que tienen carácter inconstitucional en las llamadas "detenciones urgentes"). Su prisión ilícita se ha prolongado un año, en situación análoga a la de los prisioneros en Guantánamo en lo que hace a la violación integral de sus derechos y garantías a la libertad y el incumplimiento de los requisitos más elementales que exigen el tratado y la ley para detenerlos y extraditarlos. El 8 de julio de 2004, prácticamente al aniversario de su encarcelamiento ilícito, el juez segundo de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, José César Flores Rodríguez, con base en un rosario de violaciones constitucionales y legales adicionales -se necesitaría un libro para relatarlas-, opinó "que es procedente la extradición" de los detenidos al reino de España para orientar la decisión que corresponde tomar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en los 20 días hábiles a partir de la fecha de esa recomendación. Pudiera pensarse, por los prejuicios políticos que rodean las imputaciones de "terrorismo", que los detenidos son partícipes de la violencia de ETA que ha sacudido e indignado a la población en general no sólo en España, sino también en México y el mundo. Pero al revisar con seriedad el expediente se encuentra que no existe siquiera acusación penal alguna por participación en actos de esa naturaleza en su contra, y hay una carencia absoluta de elementos que pudieran acreditar su probable responsabilidad por cualquier delito de cuyo conocimiento el juez Garzón o el reino de España tengan jurisdicción y por el cual debieran ser detenidos y extraditados por su "orden". (Sólo hay indicaciones de cuentas bancarias en México con nombre falso, lo que, en su caso, correspondería conocer al Ministerio Público Federal de este país, no a un juez de instrucción español.) Lo que se desprende del expediente es que más bien la "orden" del juez Garzón y sus antecedentes han exportado a México una especie de terrorismo de Estado que victima a los seis prisioneros que llegaron en busca de refugio político hace entre 10 y 16 años. Se han desempeñado pacíficamente en nuestro país y contribuido productivamente a su desarrollo. Asier Arronategi Duradle, de 35 años, 13 en el país, es mexicano desde 1996, casado con mexicana y tiene tres hijos mexicanos; ha sido gerente de ventas de DHL en Monterrey. Ernesto Alberdi Elejalde, de 48 años, 16 en el país, es residente de Puebla; ha sido gerente de ventas de una firma de plomería. Félix Salustiano García Rivera, de 51 años, 12 en el país, tiene un hijo mexicano; ha sido gerente de ventas de una maderería en Cuautitlán Izcalli durante más de 10 años. Juan Carlos Artola Díaz, de 45 años, 12 en el país, ha sido 11 años gerente de producción de una maderería. Y su esposa, María Asunción Gorrotxategi Vázquez, de 48 años, 12 en el país, es ama de casa. José María Urquijo Borde, de 49 años, 14 en México, ha sido editor de una página web de turismo en Cancún. Para efectos jurídicos, la conclusión básica que sustenta el expediente es que el único fundamento para las solicitudes de detención y extradición y las acciones consecuentes es, en términos del tratado de extradición aplicable (artículo 4.2), "perseguir y castigar" a los prisioneros y sus familias "a causa de su raza, nacionalidad y opiniones políticas", por lo que se debió rechazar la primera petición hace un año y denegarse la segunda por notoriamente improcedentes. De regreso a la Nueva España inquisitorial La formulación, los términos y el cumplimiento de la "orden" del magistrado real español podrían haber sido los mismos de un inquisidor de hace más de dos siglos, cuando oficialmente México no se llamaba así, sino Nueva España, y la Inquisición era el órgano persecutorio por excelencia, no para encarcelar y juzgar por la comisión de actos criminales, sino por el origen étnico-cultural y las convicciones políticas de los prisioneros ("judaizantes" o "heréticos" entonces, "separatistas vascos" ahora). Las actuaciones consignadas en el expediente del "procedimiento especial de extradición internacional 2/2003-SE-VI" comprueban que no sólo el magistrado ordenador y la representación diplomática del reino de España, sino, mucho más grave aún, las autoridades "mexicanas" que obsequiaron su "orden" olvidaron que en 1821 se consumó la independencia del país. Se desempeñaron como los más obsecuentes topiles novohispanos de la Colonia en un caso inquisitorial en el que, por cumplir la "orden" del reino y del inquisidor de marras, tiraron por la borda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos inherentes a la dignidad humana que ella consagra en sus garantías individuales y son el parteaguas entre el México independiente contemporáneo y la Nueva España colonial e inquisitorial de hace siglos. Incluso la obsecuencia de las autoridades "mexicanas" parecería estar privilegiada de clarividencia, al extremo de adivinar el pensamiento del magistrado real y anticipar el cumplimiento de su orden, violando abiertamente las garantías y el debido proceso de ley que ordenan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las constituciones mexicana y española y las disposiciones consecuentes del tratado de extradición entre ambos países. Es inaudito que fuese el mismo Garzón quien dio cuenta en Madrid al Ministerio de Relaciones Exteriores de España de que en los seis casos su orden se había cumplido y los indiciados "se encuentra(n) en la actualidad detenido(s) en México", al tiempo en que apenas le "hacía saber y participaba" de su solicititud de detención provisional y le remitía el texto de la orden de aprehensión respectiva para que conforme al tratado pudiese iniciarse el procedimiento que ya llevaba días de consumado. En efecto, el 18 de julio de 2003 los indiciados ya habían sido detenidos antes de las 12 del día en cuatro entidades de la República tan distantes como las que más (Quintana Roo, Nuevo León, estado de México y Oaxaca) en la misma fecha en que el juez Flores Rodríguez expidió "la resolución de la detención provisional solicitada por el país requirente". Ello, evidentemente, funda la presunción de que fueron detenidos no sólo sin que el juez contase con la solicitud diplomática requerida por el tratado, sino que la PGR procedió sin acreditar mandamiento judicial alguno, como exige el artículo 16 constitucional, lo que se consolida cuando el subprocurador Alejandro Ramos busca falsear la fecha de detención al informar al juez que su orden "se tuvo por cumplimentada el 19 de julio de 2003", un día después de las aprehensiones. El juez y las presunciones; ignorancia y falsedad de la embajadora El juez Flores pretendió encontrar el fundamento primario de su resolución privativa de la libertad de hace un año y de su opinión del 8 de los corrientes en una nota diplomática de la embajadora de España en México, Cristina Barrios Almanzor, fechada el 16 de julio de 2003, en la que informa que en el juzgado del juez Garzón "se tramitan diligencias previas con el número 270/02-P, por el delito de integración en organización terrorista", consistentes en una "investigación económico-financiera sobre el origen y procedimientos llevados a cabo por la organización terrorista ETA y la infraestructura económica desarrollada por la misma en España y México, por parte del 'aparato logístico' de la organización terrorista, con el objeto de sostener y allegar fondos a los miembros 'huidos' de la citada organización en México", y que por los "análisis" de inteligencia y por "documentación entregada por las autoridades judiciales de México (...) en relación con la incautación llevada a cabo a distintos responsables de la organización terrorista en Francia (...) se puede presumir la participación de los ahora requeridos en la comisión de los ilícitos por los que se solicita extradición". Pero las "presunciones" o prejuicios de la embajadora de España, y las "diligencias previas" que refiere no otorgan base jurídica o racional alguna para que el juez Flores haya privado de la libertad durante un año a los indiciados y ahora opine que deben ser extraditados. Tampoco lo es su declaración formal ante la SRE en la cual afirma que existe una solicitud judicial de extradición, la cual el expediente con las actuaciones del juez Garzón comprueba que es falsa. La prueba plena de la ignorancia de la embajadora de la petición de captura provisional de Garzón la ofrece ella misma cuando el 16 de julio de 2003 afirmó con falsedad ante la SRE la existencia de "la solicitud de detención preventiva, de fecha 14 de julio de 2003, dictada por el Ilmo. Sr. D. Baltasar Garzón Real", mientras los seis oficios de Garzón con esa solicitud son del 24 de julio. La información que él mismo dirigió "a las autoridades competentes mexicanas" ratificó la ignorancia y falsedad de la declaración formal de la embajadora y la absoluta irregularidad de su nota diplomática, al dar cuenta de que, "con fecha 22 de julio de 2003, se ha presentado escrito al Ministerio Fiscal en el que se interesa que se dicte auto proponiendo de las autoridades judiciales de México la extradición" de los prisioneros. Cabe hacer énfasis en que la disposición aplicable del tratado de extradición exige "el original o copia auténtica, orden de aprehensión, auto de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación del requirente", que el expediente comprueba que el juez Garzón apenas "hizo saber y participó" a su Ministerio de Asuntos Exteriores siete días después de que los indiciados habían sido privados de su libertad. Y la ley mexicana de extradición en lo aplicable (artículo 17) exige que "cuando un Estado manifieste la intención de presentar petición formal de una determinada persona, y solicite la adopción de medidas precautorias respecto de ella, éstas podrán ser acordadas siempre que la petición del Estado solicitante contenga la manifestación de existir en contra del reclamante una orden de aprehensión emanada de autoridad competente", que institucionalmente no podía conocer la embajadora. La nota de ella dejó sin mínimo sustento, completamente en el vacío de legalidad, las actuaciones represivas del juez Flores. Ignoró la falsedad del sustento para ordenar la detención hace un año, y en las consideraciones de su opinión del 8 de los corrientes comprobó que no conoció de la orden y la solicitud de Garzón, la cual no se integró al expediente sino en "las constancias que acompañó a su petición formal de extradición Diego Muñiz Lovelace", cuando los indiciados ya sufrían más de un mes de privación ilegal de la libertad. El antecedente más significativo del represivo desempeño del juez José César Flores sin duda debe encontrarse en las conductas de los tlaxcaltecas cuando los conquistadores los engañaban con cuentas de vidrio para hundir a la nación mexicana.
Mira també: http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040720/005a1pol.php?origen=index.html&fly=1