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Notícies :: ecologia
Greenpeace denuncia los peores cincuenta puntos del litoral
16 jul 2004
Una nueva edición del informe

jue 15 julio 2004
ESPAÑA/Madrid


Greenpeace ha presentado hoy en rueda de prensa el informe Destrucción a toda costa 2004, en el que, como cada año, analiza la situación de nuestras costas. En el informe se apuntan los principales factores causantes de la degradación costera y se señala a los principales culpables de esta situación.


En el análisis por Comunidades Autónomas, el informe pone de manifiesto que la situación no ha cambiado mucho respecto a años anteriores. Ni una sola comunidad tiene su costa en buen estado. La diferencia fundamental reside en la actitud adoptada por sus gobiernos regionales. Algunos comienzan a ser conscientes de los problemas que aquejan al litoral e intentan poner remedio con la redacción de planes de protección o luchando contra la contaminación, como Cataluña, País Vasco y Asturias;otros gobiernos siguen explotando cada metro de su costa sin preocuparse por las consecuencias, como en el caso de Baleares, Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana y Galicia; en un punto intermedio encontramos a Cantabria y Andalucía, que realizan tímidos esfuerzos de protección pero claramente insuficientes.

Décadas de desarrollo turístico mal planificado han llevado a la costa española a padecer graves problemas de saturación urbanística, contaminación, destrucción de espacios naturales y erosión costera, un fenómeno natural que se ha trasformado en un problema de intensidad creciente y difícil solución.

Durante muchos años, el turismo de sol y playa ha marcado el ritmo de desarrollo de los municipios costeros. La industria turística es la responsable de la mayoría de los planes urbanísticos de las localidades del litoral, muchos de los cuales no tienen en cuenta consideraciones relacionadas con la calidad de vida o el cuidado de su patrimonio social, cultural y ambiental. El informe recoge las modificaciones realizadas en decenas de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que muestran el afán especulador de los municipios. El caso más llamativo es el de Marbella, con numerosas de modificaciones de su plan de ordenación ilegalizadas por la Junta de Andalucía, organismo que se ha llegado a plantear retirar al consistorio marbellí las competencias de urbanismo.

La erosión afecta al 90% de nuestro litoral, hay graves problemas de contaminación en muchos puntos costeros y playas sin arena. El maltrato dado al litoral está empezando a pasar factura a la propia industria turística, que lleva tres años con un descenso constante de los niveles de ocupación a pesar del aumento del número de turistas (en 2003, la ocupación turística media fue del 53,6%). Esto significa que la mitad de las camas turísticas del país están vacías todo el año, a pesar de lo cual, se sigue autorizando la urbanización de la costa sin ningún tipo de planificación.

Esta falta de planificación tiene uno de sus máximos exponentes en los problemas de contaminación que sufre el litoral. Tan sólo el 0,3% de las localidades costeras disponen de un sistema de tratamiento terciario para sus aguas residuales que garantice la depuración efectiva de las aguas antes de verterlas al mar o para su posterior reutilización. El 41% de municipios costeros están atendidos por sistemas de depuración secundarios. El 58% restante carece de tratamiento adecuado de sus aguas residuales, que son vertidas directamente al mar. Aunque son sobre todo las localidades de menos de menos de 15.000 habitantes las que se encuentran en la última categoría, hay grandes ciudades que todavía no depuran sus aguas residuales, a pesar de estar obligados por una directiva europea. Es el caso de Valencia (782.000 habitantes), San Sebastián (178.000) o Algeciras (104.000). Por Comunidades, el peor caso de todos es Canarias, prácticamente en todas sus islas hay graves problemas de vertidos al litoral.

Los espacios naturales deteriorados son cada vez más frecuentes en la costa. Su degradación es utilizada como excusa para destruirlos completamente. Es el caso del Forum 2004 en Barcelona, o los reiterados intentos de destrucción del marjal de Pego-Oliva en Valencia, que han acabado con una condena de 6 años de cárcel para el ex-alcalde de Pego, Carlos Pascual.

El análisis de los datos del informe revela una preocupante tendencia: los escasos espacios naturales costeros, al ser los puntos mejor conservados de esta franja de terreno, están sufriendo el asalto por parte de los especuladores con el visto bueno de algunos gobiernos regionales. Es el caso de Murcia, donde se pretende reducir la superficie del Parque Natural de Calblanque para urbanizarlo o el de la reforma de la Ley de Espacios Naturales, introducida por el ex-ministro de Medio Ambiente Jaume Matas a su llegada al Gobern Balear, para permitir la construcción de viviendas dentro de las áreas protegidas de Ibiza y Formentera.

En la costa mediterránea, los últimos tramos de litoral "libre" están siendo fagocitados por el cemento. El Delta del Ebro en Tarragona, la costa sur de Murcia y el Cabo de Gata en Almería son ejemplos de esta situación. En estado parecido se encuentra el norte de la isla de Fuerteventura.

Otro de los datos derivados del análisis a la costa hecho por Greenpeace es la tendencia a sobredimensionar los puertos, tanto los comerciales como los deportivos. El dinero desembolsado por Europa ha sido malgastado en puertos cuya necesidad es más que dudosa y que acarrearán graves problemas ambientales. Las Autoridades Portuarias no se han preocupado por mejorar la gestión de las instalaciones existentes y se han lanzado a ampliar o construir alentados por el Ministerio de Fomento. Greenpeace denuncia en el informe los peores casos: el puerto de Granadilla en Tenerife, el puerto exterior de Coruña en Galicia y el puerto exterior de Pasajes en Gipuzkoa. Los tres están todavía sin construir, por lo que se ha demandado la retirada de los proyectos al nuevo Gobierno.


Greenpeace concluye su informe sobre el estado litoral con una serie de recomendaciones:

Un cambio en la gestión de la costa. Las políticas especulativas a corto plazo deben ser abandonadas y dar paso a un modelo de desarrollo que asegure la integridad del territorio, y con ella, el bienestar de las poblaciones. Este cambio en la gestión costera debe ser apoyado e impulsado desde los Ministerios de Economía y Medio Ambiente.

Un cambio radical en la política seguida durante los últimos años por el Ministerio de Medio Ambiente, quien hasta ahora ha gastado la mayor parte de su presupuesto en farolas y mobiliario urbano, olvidándose de combatir la erosión y de conservar de la costa.

La inclusión de los costes ambientales de las obras que se llevan a cabo en el litoral. Hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente ha asumido la factura derivada de los daños de puertos mal ubicados, obras erróneamente diseñadas y construcciones ilegales, lo que ha creado una sensación de impunidad en los que dañan el medio costero.

El desarrollo de un Plan Director del Litoral que establezca objetivos de protección y recuperación a corto, medio y largo plazo y que coordine las diferentes actuaciones costeras liderado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Mira també:
http://production.greenpeace.org/espana_es/multimedia/download/1/536005/0/Catalunya.pdf

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Sindicat Terrassa