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Notícies :: criminalització i repressió : amèrica llatina
Guadalajara: Documenta HRW abusos contra altermundistas
16 jul 2004
Human Rights Watch (HRW) exhortó al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, a investigar de manera exhaustiva e imparcial, y sancionar a los responsables de las detenciones arbitrarias, "graves casos de brutalidad policial, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e inclusive evidencias de tortura" realizados en contra de los altermundistas el pasado 28 de mayo en la ciudad de Guadalajara.
La organización de derechos humanos envió ayer una carta al Ejecutivo estatal, en la que asegura tener informes confiables sobre abusos ejercidos por la autoridad policial en contra de los participantes de la marcha de protesta contra la tercer cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Asegura que las detenciones se realizaron varias horas después de que concluyó la movilización. Las personas fueron aprehendidas en parques públicos, autobuses, mientras caminaban por la calle o estaban siendo atendidas en el hospital de la Cruz Roja. Ese día fueron capturados 111 individuos, de los cuales 19 todavía permanecen en prisión.

Con base en los testimonios de los afectados, la agrupación concluye que en el operativo policiaco privó la falta de respeto a las garantías procesales fundamentales. Además de no contar con orden de aprehensión o la flagrancia en la comisión de algún ilícito, las policías estatal y judicial no informaron la razón de los arrestos ni pusieron a los detenidos a disposición del Ministerio Público, sino hasta 48 horas después.

De hecho, dice el texto, las personas estuvieron incomunicadas durante dos días y los funcionarios estatales no hicieron públicos los nombres de los detenidos hasta las siete de la noche del sábado 29 de mayo, casi un día después del arresto de la mayoría de ellos.

Además, relata HRW, se negó el derecho a elegir un abogado y tampoco se permitió el acceso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). En cambio, se obligó a los presos a firmar confesiones, cuyo contenido les era desconocido.

Human Rights Watch cuenta con el testimonio de varios de los afectados, entre ellos el de José Martí, habitante de Guadalajara, de 20 años de edad, quien se vio atrapado en un enfrentamiento entre la policía antimotines y los manifestantes. Iba rumbo a su casa cuando se detuvo a observar la marcha e intentó huir cuando la policía arremetió contra los manifestantes, pero se cayó y fue atrapado por los agentes. Lo golpearon con toletes y escudos, lo patearon en la espalda, las piernas y los brazos. Un golpe en la cabeza le abrió una herida que requirió cuatro centímetros de sutura.

Todos los entrevistados por la agrupación internacional señalaron que los maltratos físicos y abusos continuaron durante las detenciones. Las mujeres fueron hostigadas sexualmente y nadie se atrevía a pedir permiso para ir al baño, porque quien lo hizo fue golpeado severamente en la entrepierna.

La carta que ayer fue enviada al gobernador jalisciense lo exhorta además a establecer políticas que garanticen que todo policía o funcionario estatal investigado por tratos crueles, inhumanos o degradantes sea suspendido inmediatamente del servicio.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040716/019n1pol.php?origen=politica.php&fly=1

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Comentaris

Falta voluntad política para liberar a 19 altermundistas
16 jul 2004
ENRIQUE MENDEZ

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados envió al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, una carta abierta en la que cuestiona su falta de voluntad política para resarcir los daños que funcionarios de su administración causaron a los jóvenes detenidos durante la manifestación pacífica del 28 de mayo pasado, durante la cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, a quienes les arrancaron declaraciones de culpabilidad mediante tortura.

''Resulta bochornoso para la construcción del estado de derecho, al que todos aspiramos, la preocupante situación de los 19 estudiantes y jóvenes que hoy permanecen todavía detenidos. Las preguntas, por obvias que parezcan, deben ser atendidas por quienes desde el poder político encarcelan injusta e ilegalmente a las personas'', señaló el partido del sol azteca en la misiva.

Mediante el documento, suscrito por los diputados Eliana García, Inti Muñoz y Gilberto Ensástiga, la bancada perredista reiteró la exigencia a las autoridades de Jalisco de que están obligadas a informar cómo, cuándo y por qué se detuvo a ese grupo de personas, por qué no se les aprehendió bajo la hipótesis constitucional de flagrancia y cuáles fueron los estudios periciales realizados para determinar que se les garantizó su protección integral.

Esto es indispensable, añadieron los legisladores, porque múltiples testimonios y documentos apuntan a que cada uno de los 44 detenidos durante el enfrentamiento fueron torturados y aislados ilegalmente durante, al menos, 36 horas. ''Está corroborado que a la mayoría se les obligó a firmar, bajo tortura, autoinculpaciones inventadas y que quienes se resistieron a hacerlo les fueron imputados delitos graves para que no tuvieran derecho a fianza'', señalaron.

Castigo policiaco a quienes no participaron en la protesta

También demandaron que se aclare qué institución y qué funcionarios diseñaron el operativo policiaco que finalizó en la represión contra participantes en una movilización que exigían justicia social, no discriminación e inclusión. ''Además, los casos más patéticos de violación de derechos humanos se concentraron en las personas que no participaron en las movilizaciones y que, siendo totalmente ajenas al conflicto, también fueron ilegalmente detenidas''.

Los legisladores perredistas incluyeron una lista de preguntas, en espera de que Ramírez Acuña les envíe un informe, en el cual responda: ¿cómo puede comprobarse que el gobierno de Jalisco realizó las detenciones sólo bajo los supuestos legales que autoriza la Constitución?; ¿cómo se garantizó la integridad personal de los detenidos hasta que se les puso a disposición de un juez? y ¿cómo demuestran que no se les torturó?

Exigieron también el nombre del responsable del operativo policiaco e informar con detalle, las actividades específicas de cada uno de los cuerpos de la policía involucrados en la represión a los jóvenes, así como qué acciones se han llevado a cabo para resarcir los daños causados en contra de los altermundistas presos en el penal de Puente Grande, Jalisco, y qué impide, hasta ahora, solicitar el desestimiento del ejercicio de la acción penal en contra de los jóvenes detenidos.

http://www.jornada.unam.mx/2004/jul04/040713/006n1pol.php?origen=politic
Confirma la CNDH retención ilícita y torturas contra altermundistas
18 ago 2004
MATILDE PEREZ U.

soberanes_joseLas autoridades policiales -estatales y municipales- de Jalisco incurrieron en retenciones ilegales, tratos crueles, degradantes, torturas físicas y sicológicas en contra de las personas que el pasado 28 de mayo ejercieron su derecho de asociación y manifestación durante la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara, asentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe especial en torno al caso.

Al dar a conocer el informe, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, apuntó que los casos de tortura y tratos crueles están sustentados en el Protocolo de Estambul.

Asentó que copias del documento fueron entregadas al presidente Vicente Fox; al secretario de Gobernación, Santiago Creel, para que se haga justicia, y a los legisladores, para que desde el Congreso de la Unión se apoye el informe.

''Parecían sospechosos''

Soberanes Fernández reprobó la actitud de las autoridades de Jalisco por no brindar las facilidades necesarias a la CNDH ni a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a las que se impidió el acceso a las instalaciones donde fueron llevados y sujetos a interrogatorios los 118 detenidos. Puntualizó que si bien ese día algunos de los participantes rebasaron los límites de su derecho a manifestarse y de obedecer la ley, los funcionarios de la seguridad y vigilancia de la cumbre se excedieron en el uso de la fuerza pública y vulneraron los derechos relativos a la dignidad humana, integridad física, legalidad y seguridad jurídica.

Incluso, después de disolverse la manifestación y hasta las dos de la madrugada del 29 de mayo, elementos de seguridad pública de Guadalajara y del estado realizaron razias en los alrededores del centro histórico y detuvieron a personas que ''parecían sospechosas'' por su forma de vestir, color de ropa, apariencia física o porque se creía que habían participado en la manifestación. Ese 28 de mayo, 73 personas fueron retenidas ilegalmente, 55 sujetas a tratos crueles y degradantes, 73 incomunicadas y hubo 19 casos de tortura; esta última consistió en sufrimientos físicos y sicológicos como amarrar las manos a la espalda con cinta canela, esposarlos e hincados colocarles una bolsa de plástico en la cabeza para provocarles asfixia momentánea y se declararan responsables de la comisión de diversos delitos.

De acuerdo con el informe especial, una persona -quien solicitó se mantuviera su nombre en reserva- narró que elementos de seguridad pública del estado lo golpearon, lo trasladaron a las instalaciones de su corporación y a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco. Allí fue encerrado en una celda y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza en cuatro ocasiones, hasta que proporcionó información que los dejó satisfechos; después le cubrieron el cuerpo con otra bolsa de plástico negro y la cabeza con una de papel; posteriormente lo llevaron celda por celda para que señalara a algunas de las personas detenidas como responsables de la comisión de algún ilícito.

Otros detenidos declararon que, después de ser detenidos, elementos policiacos los golpearon, subieron a la parte posterior de las camionetas pick up y los colocaron boca abajo, unos encima de otros, sin importar si estaban heridos, sexo, ni edad; quienes quedaron en contacto con la lámina de las camionetas refirieron que ésta les quemaba el cuerpo.

Al llegar a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado fueron separados hombres, mujeres y extranjeros, y tuvieron que pasar entre filas de policías, quienes los patearon y golpearon con manos y toletes, y les ordenaron que se colocaran boca abajo con los codos apoyados en el piso y las piernas cruzadas; permanecieron así varias horas.

Las mujeres, incluso algunas menores de edad -se apunta en el informe especial-, fueron sujetas a una revisión indigna, ya que las colocaron viendo hacia la pared y con las manos en la nuca; después las llevaron a los separos, de dos en dos; allí, mujeres policías las obligaron a desnudarse y a realizar sentadillas; mientras efectuaban esos ''ejercicios'' los policías varones abrían las puertas para observarlas.

La CNDH destacó que las autoridades de la seguridad y vigilancia se apartaron de los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo que les son exigibles, abusaron de la fuerza e incurrieron en violencia, ''desviaciones que pueden conducir al uso abusivo del poder''.

Recomendación al gobernador

En el informe especial, la CNDH recomendó al gobernador de Jalisco, el panista Francisco Ramírez Acuña, gire las instrucciones necesarias para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y de las autoridades del Reclusorio Preventivo de Jalisco; a estas últimas por el trato denigrante a las personas detenidas el 28 de mayo.

Demandó que se dicten los lineamientos necesarios y oportunos para prevenir y evitar que, en el ejercicio de su cargo, los empleados de seguridad pública, de la procuraduría estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara sometan a particulares a retenciones ilegales, incomunicación y tratos crueles, degradantes o cualquier otro contrario a los derechos humanos. También, que se inicie la averiguación previa respectiva para que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.

http://www.jornada.unam.mx/2004/ago04/040817/003n1pol.php?origen=politic
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