Es evidente que en los últimos años la sociedad española se ha sensibilizado por la situación de la víctimas de la represión franquista, lo que ha dado lugar al surgimiento de numerosas asociaciones relacionadas con estos hechos.

A pesar de los años transcurridos, cualquiera que se acerca a esta cuestión se encuentra con la dejación por parte del Estado de la cuestión de las víctimas, de la memoria y de los derechos humanos.

Y es precisamente desde el discurso de derechos humanos desde donde se puede hacer frente a la situación concreta y exigir al Estado la justicia necesaria para poner fin a la situación de desmemoria, dejación e impunidad a que se ha reducido esta cuestión de forma, muchas veces, intencionada.

El derecho a saber el destino final de lo ocurrido a las víctimas de la represión en España, no consiste solamente en el derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia, para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan.

Como contrapartida, al Estado le incumbe, el "deber de recordar", a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse.

Tales son las finalidades principales del derecho a saber en tanto que derecho colectivo, de conformidad con lo expresado en el documento de la ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20, de 26 de junio de 1997, "La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)".

En un momento en que los modelos de impunidad impuestos en otros países, como Argentina y Chile, han visto caer su legitimidad y su legalidad, creemos que es oportuno que el Estado Español, en parte responsable de dichos modelos, asuma su propia problemática, la problemática de lo que denominamos el "modelo español de impunidad", y ponga fin al mismo en forma democrática y con el respeto que todas las víctimas se merecen, pero teniendo muy claro que la finalidad es consolidar las libertades civiles y los derechos humanos.

No es posible que un estado de derecho permanezca silencioso y sus representantes minimicen la situación de los represaliados, encarcelados, asesinados, desaparecidos, así como la de los que pasaron por el sistema de campos de concentración franquistas, nacionalsocialistas o murieron en los campos de internamiento franceses, y también la de quienes sufrieron exilio y extrañamiento.

Tampoco es posible que los familiares de las víctimas que han visto pasar los años de democracia en silencio y humillación, vean que se les va la vida entre las manos sin conocer el destino final de los que sufrieron los actos planificados de exterminio y que no puedan, aún con los datos históricos en la mano, proceder a la recuperación de sus restos en forma legal, legítima y con los honores que les corresponden, llegando al absurdo jurídico de jueces que se niegan a proceder de conformidad con las normas legales vigentes y que, muchas veces, ni siquiera haya un letrado dispuesto a asistirles.

De la misma manera, es necesario que se adopten las medidas oportunas en los campos legislativo y jurídico para poner fin al despropósito que significa el que se hayan podido alterar las causas de las muertes en los libros de los registros civiles. Esta práctica ha tenido la finalidad de ocultar a los familiares qué es lo que realmente ocurrió en las zonas campesinas donde se exterminó y se saqueó a la población civil, mediante burdos procedimientos legales instrumentados para quedarse con sus bienes y humillar a los sobrevivientes, reduciéndolos mediante el hambre y la pobreza.

También es necesario abordar, con justicia y verdad, la cuestión de quienes, siendo niños, fueron trasladados fuera de España para protegerles del avance del régimen fascista, de quienes fueron entregados en adopción separándolos de sus familias y a quienes les fue ocultado el cambio de sus nombres y apellidos, modificados en aras del salvacionismo político-religioso.

Igualmente, es necesario adoptar las medidas necesarias para que las fosas de enterramiento de las tropas regulares de los ejércitos sean recuperadas en las condiciones previstas por las normas internacionales, o aquéllas que la propia sociedad española pueda darse, y ello con vistas a regularizar la memoria de lo realmente ocurrido.

Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare, en un discurso perverso, el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere al olvido como una de las bases del estado social de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea.

El presente informe no pretende ser la solución a la cuestión de la impunidad, sino una aproximación a la cuestión y a los problemas aún por resolver. Es también una manera de aportar una base de análisis y de discurso a las víctimas y sus familiares, abandonados por las instituciones del Estado, por los partidos políticos y por parte de la sociedad civil, que ha preferido practicar el olvido.

El discurso de derechos humanos y libertades no se recuperó aún de la pérdida de libertades que significó el alzamiento nacional.

Y este olvido nos puede llevar a aceptar que se ponga en duda el sistema de derecho internacional de las Naciones Unidas, a aceptar el concepto de guerra preventiva o considerar al terrorismo como una ficción jurídica que permita instaurar un sistema de estado excepción generalizado.

Y la más reciente historia de España nos enseña que eso es posible.

El TEXTO Ã?NTEGRO se puede consultar en la web www.afar2rep.org