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ARGENTINA: Amenazas, agresiones e intimidación contra miembros de la prensa
29 jun 2004
ARGENTINA: Amenazas, agresiones e intimidación contra miembros de la prensa

http://web.amnesty.org/library/index/eslamr130052004


ARGENTINA
Periodistas

Acreditación de prensa - ¿Las credenciales equivocadas?

Amenazas, agresiones e intimidación contra miembros de la prensa


Ã?NDICE


I. Introducción 1
II. Periodistas que informan sobre violaciones de derechos humanos 2

III. Represión por parte de las fuerzas de seguridad 3

i) Casos de ataques a periodistas durante reuniones y manifestaciones públicas 6

ii) Investigar la corrupción 8

iii) Casos de amenazas a periodistas que investigan la corrupción 10

IV. En espera de justicia 13

V. Libertad de expresión 16

VI. Conclusiones y recomendaciones 18

APÃNDICE I: MIEMBROS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÃN ARGENTINOS QUE HAN SIDO AGREDIDOS, AMENAZADOS O ACOSADOS ENTRE 2002 Y 2004 (LISTA PARCIAL) 21

APÃNDICE II: EXTRACTOS DE NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 29















ARGENTINA
Periodistas
Acreditación de prensa - ¿Las credenciales equivocadas?
Amenazas, agresiones e intimidación contra miembros de la prensa


I. Introducción
Argentina ha sido escenario de cambios tumultuosos en los últimos cinco años, con el hundimiento de su economía y las penurias que ello conlleva para su población. Entre 1999 y 2002 el país quedó paralizado por cuatro años de recesión económica, en la que la economía se redujo un 11 por ciento en 2002, su peor resultado en un siglo. El desempleo en ese año alcanzó casi el 20 por ciento, con otro 20 por ciento de trabajadores subempleados. Aunque la economía creció un 8,7 por ciento en 2003, y para principios del 2004 el desempleo se había reducido a algo menos del 15 por ciento, Argentina sigue enfrentándose a un futuro incierto. Más del 30 por ciento de la población activa (es decir, más de 4,3 millones de personas) no tiene trabajo o tiene un trabajo insuficiente. Hay constantes manifestaciones de protesta por la falta de empleos, y la mitad de la población del país sigue viviendo por debajo del nivel de pobreza.

En 2001 y 2002 el pueblo argentino se echó a las calles a millares para protestar por la corrupción gubernamental y la mala gestión económica, factores que se consideraba que eran los que más habían contribuido a la crisis. Las protestas, especialmente de los desempleados, han continuado. Las fuerzas de seguridad respondieron en muchos casos a las manifestaciones de masas con una severa represión, que sugiere un uso excesivo de la fuerza. Amnistía Internacional ha sentido una preocupación constante por el uso excesivo de la fuerza que, al parecer, han venido haciendo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante los tres últimos años, también durante los sucesos de diciembre de 2001, cuando la crisis económica llegó a su punto álgido. Durante las manifestaciones populares que tuvieron lugar en diciembre de 2001 en todo el país se registraron más de 30 muertos, así como un número no confirmado de heridos.

En este contexto, los medios de comunicación argentinos han desempeñado un importante papel a la hora de denunciar la represión estatal, informando a la población sobre cuestiones que afectan a sus derechos humanos. Muchos periodistas argentinos han visto sus propios derechos humanos en peligro mientras llevaban a cabo su trabajo legítimo, y han sido blanco frecuente de agresiones, intimidaciones y amenazas contra su integridad física por parte de agentes de policía o de individuos no identificados. Los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación han sufrido intentos frecuentes e insidiosos de intimidarlos y silenciar su labor legítima. Durante los últimos diez años, Amnistía Internacional ha manifestado con frecuencia su preocupación por las agresiones y los ataques sufridos por periodistas mientras informaban sobre manifestaciones y actos públicos.

Un informe publicado en 2002 por la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS) afirma que los ataques contra la prensa argentina se incrementaron en un 15 por ciento en 2002 frente a la cifra del año anterior. Tan sólo en diciembre de 2001, 20 periodistas fueron agredidos físicamente por la policía, más que en los seis meses anteriores juntos. La Asociación dijo que había "un clima de temor entre los miembros de la prensa" en Argentina. Tras una visita que Abid Hussain, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, realizó a Argentina en junio de 2001, se publicó un documento sobre la libertad de expresión en Argentina titulado Los derechos civiles y políticos, en particular la cuestión de la libertad de expresión. En él, el relator especial manifestaba su preocupación por el número de ataques, incidentes de acoso y amenazas contra periodistas e instaba a las autoridades a investigar sin demora los casos pendientes.(1) El informe decía además que "los derechos de libertad de expresión y reunión son derechos humanos básicos y esenciales en una democracia".(2)

Amnistía Internacional siente honda preocupación por los ataques y el acoso que los trabajadores de los medios de comunicación sufren a consecuencia de su trabajo legítimo. La organización también siente honda preocupación por la aparente ausencia de investigaciones inmediatas, independientes, exhaustivas y concluyentes sobre todas las denuncias relacionadas con ataques contra los miembros de los medios de comunicación.

Este documento destaca casos de abusos contra los derechos humanos sufridos por periodistas y trabajadores de los medios de comunicación argentinos en el transcurso de su trabajo legítimo entre enero de 2002 y marzo de 2004. También proporciona información sobre los homicidios de periodistas que tuvieron lugar en la década de 1990 y cuyas investigaciones no han concluido. Además examina el papel de los periodistas en la defensa de los derechos humanos. Los casos se dividen en agresiones físicas de las fuerzas de seguridad estatales contra periodistas que informaban de las manifestaciones populares, y ataques y amenazas contra periodistas que han investigado la corrupción estatal e informado sobre ella. Este informe incluye datos sobre las restricciones a la libertad de expresión en Argentina. Asimismo, en el apéndice I se incluye una lista de 59 casos individuales relacionados con violaciones de derechos humanos contra periodistas en el país, y entre los que se encuentran los ejemplos que se destacan a lo largo del informe.

II. Periodistas que informan sobre violaciones de derechos humanos

Muchos periodistas han desempeñado un papel importante a la hora de alertar a la opinión pública sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en Argentina, informando sobre la represión ejercida por el Estado en el pasado o sobre los abusos que actualmente están perpetrando los miembros de las fuerzas de seguridad. También han hecho públicos casos de corrupción en los que estaban implicados funcionarios públicos o autoridades designadas por elección y que tenían consecuencias para los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población argentina.

El derecho de los periodistas a reunir información y a hacerla pública está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (en adelante, Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos), cuyo artículo 6 es especialmente aplicable a los periodistas:

Toda persona tiene derecho, individualmente o con otras:

a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;
b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.(3)

Un informe presentado en enero de 2003 a la Comisión de Derechos Humanos por Hina Jilani, representante especial del secretario general, destaca el importante papel desempeñado por los periodistas en la protección y promoción de los derechos humanos:
La Representante Especial reconoce y celebra la valiosa contribución de muchos periodistas que ejercen de defensores de los derechos humanos, a menudo con grave riesgo personal.(4)
Por su parte, el relator especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión, en el Informe Anual de 1998, citaba la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecía la importancia del derecho a la libertad de expresión como "piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática", añadiendo que "[e]s indispensable para la formación de la opinión pública".(5) El respeto por la libertad de expresión es un factor que contribuye a que un país respete los demás derechos humanos.
Muchos periodistas argentinos han sufrido violaciones de sus derechos humanos mientras investigaban e informaban sobre cuestiones que afectan a los derechos humanos de sus conciudadanos. Amnistía Internacional considera que es responsabilidad de las autoridades argentinas garantizar que todos los trabajadores de los medios de comunicación gozan del derecho a la libertad de expresión. La organización ha instado repetidamente al gobierno argentino a iniciar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre cada uno de los informes de ataques y actos de intimidación contra periodistas, a publicar los resultados de esas investigaciones y a llevar ante la justicia a los presuntos responsables. Amnistía Internacional a instado también a las autoridades a condenar de forma inequívoca los ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

III. Represión por parte de las fuerzas de seguridad

Ha habido numerosos casos de periodistas argentinos que han sido agredidos físicamente por miembros de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones en las que se protestaba por la manera en que el gobierno ha manejado la crisis económica que ha acosado al país desde 2001. El hundimiento de la economía ha tenido un impacto devastador sobre la mayoría de los sectores de la población argentina. Tras el momento culminante de la crisis económica, en 2001, las estadísticas sobre el nivel de vida en Argentina indicaban que la mitad de los 36 millones de habitantes del país vivían por debajo del nivel de pobreza, en un país tradicionalmente rico en industria y en recursos naturales. El índice de desempleo de Argentina casi se ha cuadruplicado desde principios de la década de 1990, y el nivel de vida de la clase media del país ha experimentado un fuerte descenso.

Según los analistas, la crisis económica comenzó en 1998 y tuvo sus raíces en la decisión, tomada en 1991, de vincular el peso con el dólar para combatir la hiperinflación y aumentar la confianza de los inversores, decisión que se convirtió en una carga a causa del tipo de cambio, sobrevalorado y rígidamente vinculado al dólar. Los fuertes préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional durante la década de 1990, la presunta corrupción gubernamental durante la privatización de los sectores gestionados por el estado, y las crisis monetarias de México, Asia y Brasil a finales del decenio de 1990 fueron otros factores que, según se consideraba, contribuyeron a la crisis.

La crisis llegó a su punto álgido a finales de 2001, cuando el país no pudo hacer frente a su deuda de 141 mil millones de dólares estadounidenses. El entonces ministro de Relaciones Exteriores argentino presentó posteriormente propuestas presupuestarias para reducir el gasto gubernamental en un 20 por ciento, recortando los salarios del sector público y reduciendo las provisiones para pensiones. Eso desató el descontento de la población, y por toda Argentina se produjeron manifestaciones populares, en las que miles de personas se echaron a la calle para protestar por la manera en que el gobierno manejaba la crisis y por la presunta corrupción estatal, una de las causas principales del hundimiento económico. El 19 de diciembre de 2001, el gobierno declaró el estado de emergencia, y los disturbios sociales hundieron al país en un caos político en el que cuatro presidentes se sucedieron uno a otro en el espacio de dos semanas. Más de 30 personas perdieron la vida durante las manifestaciones que forzaron la dimisión del presidente Fernando de la Rúa. Según informes públicos basados en información facilitada por testigos, la policía disparó balas de goma y gas lacrimógeno contra los manifestantes, incluidos los que se manifestaban de forma pacífica, y detuvo arbitrariamente a decenas de ellos. Se iniciaron investigaciones judiciales sobre los presuntos homicidios a manos de la policía ocurridos durante las manifestaciones, investigaciones que aún siguen en curso.

En 2002, el peso perdió más de un 70 por ciento de su valor tras su devaluación en enero de ese año. En un intento de evitar el colapso del sistema bancario, se promulgó una congelación de cuentas bancarias que prohibía a sus titulares retirar sus ahorros. Tras la devaluación, se otorgó a los bancos el derecho a convertir a pesos los depósitos en dólares, lo que afectó enormemente a los ahorros de la gente. La devaluación también trajo consigo una subida de los precios y un desplome de los salarios reales.

Los "piqueteros" (trabajadores sin empleo que protestaban) y los "ahorristas" (las personas que habían visto congelarse sus ahorros bancarios) encabezaron las manifestaciones contra el gobierno. También hubo manifestaciones populares encabezadas por piqueteros para protestar por el desalojo de trabajadores de fábricas abandonadas. En algunos casos, los empleados se habían hecho cargo de las fábricas después de que sus propietarios las cerraran por bancarrota. Los periodistas que informaban sobre estas manifestaciones, especialmente los camarógrafos y los reporteros fotográficos, fueron con frecuencia, según los informes, víctimas de actos violentos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad. Los informes indican que, en muchos casos, los periodistas, a pesar de mostrar su acreditación y su material para demostrar que eran miembros de los medios de comunicación, fueron blanco de ataques deliberados de la policía y las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional ha venido siguiendo la situación y ha expresado a las autoridades argentinas su preocupación por los ataques contra periodistas. La organización no tiene constancia de que, tras denunciarlas, se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre muchas de estas agresiones. Según la información proporcionada por organizaciones de periodistas nacionales e internacionales, decenas de periodistas han sido víctimas de ataques y amenazas mientras informaban sobre manifestaciones populares durante los últimos diez años.

Los casos descritos en el siguiente apartado ilustran el grado de acoso al que han sido sometido los periodistas argentinos durante los últimos años en el transcurso de su trabajo legítimo. En la mayoría de los casos que se exponen a continuación se han presentado denuncias ante la policía o denuncias públicas. En la mayoría de los casos, Amnistía Internacional no tiene constancia de que se hayan abierto investigaciones o se hayan realizado progresos en las investigaciones ya iniciadas.


i) Casos de ataques a periodistas durante reuniones y manifestaciones públicas

Fabián Rubino, de Radio Mitre, Hernán España, de Diario Popular, y Juan Arias, del periódico de Buenos Aires Crónica, fueron agredidos el 25 de enero de 2002 mientras informaban sobre la represión policial durante una manifestación de protesta en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Fueron golpeados por personal de la policía cuando entrevistaban a manifestantes y tomaban fotografías. Según los informes, a Hernán España lo alcanzaron en el brazo con nueve balas de goma. Los informes indican que, cuando cayó al suelo, un policía le dio patadas mientras le decía "¿por qué no sacás fotos ahora?". Cuando este incidente se hizo público, el entonces secretario de Seguridad Interior, Juan José �lvarez, aseguró que se abriría una investigación para determinar si la policía había hecho uso excesivo de la fuerza durante la manifestación. Amnistía Internacional no dispone de información que indique si se ha iniciado una investigación sobre estos sucesos.

Sergio Kowalewski, fotógrafo independiente, recibió tres llamadas telefónicas amenazadoras en su casa el 29 de junio de 2002.(6) Con un lenguaje insultante, el autor de la llamada le advirtió de que iban a matarlos a él y a su familia y de dijo que tuviera cuidado ("los vamos a reventar⦠cuídense"). Según los informes, estas amenazas de muerte estaban relacionadas con las fotografías tomadas por Sergio Kowalewski ây publicadas en la prensa argentinaâ durante las manifestaciones de protesta por la prolongada crisis económica que se celebraron en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 26 de junio. Las fotografías mostraban la participación de la policía en los sucesos que concluyeron con el homicidio de dos piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.





Sergio Kowalewski, fotógrafo (© Página 12)

Amnistía Internacional tiene entendido que las investigaciones judiciales sobre los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki están aún en curso. Aunque la información indica que no ha habido nuevas amenazas, Amnistía Internacional no ha tenido noticias sobre posibles progresos en la investigación en torno a las amenazas iniciales contra Sergio Kowalewski y su familia.

Varios periodistas fueron amenazados y agredidos mientras informaban sobre las manifestaciones organizadas por empleados del gobierno provincial entre el 27 y el 30 de abril de 2002 en la provincia de San Juan, pese a que estaban claramente identificados como periodistas de televisión. El camarógrafo Carlos Chirino, del Canal 8 de televisión (de San Juan), resultó herido en la pierna, según indican los informes, por una bala de goma, y fue pisoteado por miembros de la policía provincial. Una bomba de gas lacrimógeno cayó cerca de la unidad móvil de FM Radio La Voz, identificada claramente como tal. Otra bomba entró por la ventanilla del vehículo y casi alcanzó al chófer, Juan Martín. La policía también disparó balas de goma contra Atahualpa Acosta, director, y Marcos Urisa, fotógrafo, del Diario de Cuyo. La cámara de Urisa los identificaba a ambos claramente como periodistas. Además, Alejandra Ruiz, de TV 2 Canal Proimagen, Doly García, de FM Santa Lucía, y Juan Pereyra, de LV5 Radio Sarmiento, resultaron heridos por balas de goma. La información sobre este suceso la hizo pública la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS). Amnistía Internacional no dispone de información que indique que se ha iniciado una investigación sobre estos sucesos.

Marco Díaz Muñoz, corresponsal de América TV en la provincia de Salta, fue atacado por miembros del ejército y de la policía provincial el 20 de junio de 2002 cuando filmaba la expulsión y represión de grupos de desempleados que protestaban delante del ayuntamiento de la capital, Salta. Según los informes, un soldado lo golpeó en el estómago y la boca con una porra antidisturbios, y le dañaron la cámara, impidiéndole que siguiera filmando. Marco Díaz Muñoz presentó al día siguiente una denuncia por "apremios ilegales" en la Fiscalía núm. 4 de Salta.

Fotografías publicadas en la prensa argentina acompañando los informes sobre las manifestaciones de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2002, en las que dos piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, murieron, según los informes, a manos de la policía.





Unos manifestantes tratan de ayudar a Maximiliano Kosteki en la estación de tren de Avellaneda (26 de junio de 2002, © Sergio Kowalewski)
Darío Santillán es sacado a rastras de la estación de tren de Avellaneda (26 de junio de 2002, © Sergio Kowalewski)



El 26 de octubre de 2002, unos agentes de la Infantería de la Policía Federal dispararon balas de goma contra Alberto Recanatini Méndez y Tomás Eliaschev, periodistas de Indymedia Argentina. Alberto Recanatini Méndez fue alcanzado en la cabeza, el codo y la entrepierna, mientras que Tomás Eliaschev fue alcanzado seis veces en las piernas. Los dos habían estado informando sobre las manifestaciones de las Asambleas Populares delante de la comisaría 6 de policía de Buenos Aires.

Posteriormente se presentó una denuncia judicial en relación con este suceso en la Fiscalía núm. 2 de Buenos Aires. En el juzgado de instrucción núm. 8 se inició una investigación judicial calificada, según los informes, como investigación por "lesiones y coacción". La información recibida por Amnistía Internacional indica que no se han realizado progresos en dicha investigación.

Las protestas sobre las que informaban los periodistas tenían como motivo la detención de miembros de la organización ecologista Greenpeace y de las Asambleas Populares que se habían manifestado delante del edificio del Congreso de la Nación y que, tras ser detenidos, habían sido llevados a la seccional 6. La policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma contra quienes protestaban por estas detenciones. Los periodistas, que llevaban acreditaciones de prensa, fueron golpeados por la policía, que les gritó que dejaran de filmar. Luis Gras, periodista del diario La Tapa, también fue golpeado por la policía y detenido junto con varios manifestantes. Antes de ponerlos a todos ellos en libertad, ese mismo día, la policía los obligó a firmar varios documentos, pero no les entregó copia. Entre los papeles que firmaron había una acusación de "resistencia a la autoridad y daños a la propiedad privada".

El 5 de enero de 2003, Diego Rojas, periodista de la agencia de noticias Infosic, sufrió una grave agresión a manos de la policía de la comisaría 10 de la Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, donde permaneció detenido arbitrariamente durante diez horas. La organización argentina PERIODISTAS indica que Diego Rojas fue agredido por miembros de la policía cuando fue identificado como periodista después de una reunión en la asamblea barrial de San Juan y Bodeo, en la que se había estado hablando sobre la crisis económica.

La información difundida por PERIODISTAS cita a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) en referencia a esta agresión: "Es evidente que en los últimos tiempos se ha instalado una acción sistemática de control y represión hacia las organizaciones sociales, culturales, gremiales, vecinales y políticas que luchan contra el terrorismo de mercado". Amnistía Internacional no dispone de información que indique que se ha iniciado una investigación sobre este incidente.

Los camarógrafos Julián Sequeiro, Maximiliano García Solla y Michael Carcachi, del programa Puntodoc/2 de América TV, fueron brutalmente golpeados por miembros de la Policía Federal Argentina el 25 de febrero de 2003, mientras informaban sobre el desalojo judicial de 100 familias en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Los ocupantes se negaron a abandonar el edificio y, junto con organizaciones de desempleados, aseguraron que los estaban desalojando para dejar el terreno libre por intereses inmobiliarios.

Durante el desalojo, la policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma. Según los informes, los policías golpearon a Julián Sequeiro en la cara a pesar de que éste había mostrado su acreditación de prensa y había gritado "periodista". Le rompieron la nariz de un golpe y él cayó al suelo, donde los policías siguieron golpeándolo y dándole patadas, causándole fisuras en dos costillas. Lo llevaron detenido a la seccional 14 y, más tarde, lo trasladaron al hospital de Argerich, para luego dejarlo en libertad. Según los informes, a Maximiliano García Solla un policía vestido de civil lo derribó de una patada en los testículos y luego le dio un puñetazo en la cara antes de detenerlo, a pesar de que Maximiliano García le había hecho saber que estaba desempeñando su trabajo legítimo como periodista. También Michael Carcachi fue golpeado por la policía mientras informaba sobre la expulsión. Había estado filmando a un joven manifestante que yacía sangrando en el suelo. Amnistía Internacional no dispone de información que indique que se haya iniciado investigación alguna sobre este suceso.

A Edgardo Esteban, periodista de televisión de la cadena American NBC, unos agentes de la Policía Federal que estaban disolviendo una manifestación delante de la fábrica textil Confecciones Brukman en la ciudad de Buenos Aires lo obligaron a arrodillarse junto con otras personas. El 21 de abril de 2003, Edgardo Esteban estaba filmando el desalojo de trabajadores de la fábrica y la detención de manifestantes cuando la policía lo obligó a interrumpir la filmación pese a que él se identificó como periodista. La policía también disparó contra Martín Ciccioli, presentador del programa Informe Central del canal de televisión América, que fue alcanzado por siete disparos de balas de goma. Una de las balas le dio a tan sólo dos centímetros del ojo izquierdo. Según los informes, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, porras y balas de goma para reprimir a la multitud de manifestantes, entre los que había mujeres y niños, y causaron lesiones a 30 personas. Dos parlamentarios argentinos denunciaron que la policía había utilizado balas de plomo. Varios trabajadores de los medios de comunicación fueron golpeados durante el incidente. El policía a cargo de la operación dijo a los periodistas: "con ustedes siempre pasa lo mismo. Si hubo algún periodista lastimado, lo lamento mucho". Amnistía Internacional no ha recibido información que indique si se ha abierto alguna investigación sobre este incidente.

ii) Investigar la corrupción

Los informes recibidos por Amnistía Internacional indican que los periodistas que informan sobre casos de corrupción en los que están implicados funcionarios públicos o autoridades designadas por elección se convierten en blanco de amenazas, intimidaciones y agresiones físicas. Su papel de sacar a la luz la corrupción gubernamental es importante, y ayuda a poner de manifiesto las repercusiones negativas directas que la corrupción tiene sobre el proceso democrático de un país y sobre su población.

Un documento de trabajo sobre las repercusiones de la corrupción en los derechos humanos, presentado a la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas conforme a la decisión 2002/106 de la Subcomisión, identifica los efectos perjudiciales que la malversación económica por parte del Estado puede tener sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población:

La desviación de fondos públicos por funcionarios corruptos a bolsillos o cuentas bancarias (ya sean extranjeras o locales) de particulares conduce a la negación de los derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales.
La corrupción genera pobreza, que, a su vez, provoca la negación de los derechos económicos, políticos, sociales, civiles y culturales.(7)

La corrupción en la esfera pública indica que el Estado de derecho es débil y que no puede garantizarse la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y las autoridades designadas por elección. Esto a su vez puede llevar a una administración indebida de los bienes públicos como la justicia y la provisión de servicios esenciales. También puede socavar las obligaciones contraídas por los Estados de trabajar para la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como se expone en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El informe de la Subcomisión también hace hincapié en el importante papel que desempeñan los periodistas a la hora de sacar a la luz la corrupción y las violaciones que ésta trae consigo:

Nunca se insistirá suficientemente en la función de los medios de comunicación y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción [...] Los medios de comunicación y la sociedad civil deberían asimismo intensificar sus esfuerzos por sensibilizar a la población y facilitar un mayor conocimiento sobre las consecuencias negativas de la corrupción en un país.(8)
Argentina, sumida en la crisis económica más grave que ha tenido durante décadas, ha sido escenario de manifestaciones masivas en las que la población protestaba por la mala gestión económica. El Informe Global de la Corrupción 2003 publicado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional contiene un �ndice de Percepción de la Corrupción en el que se clasifican 102 países, del menos corrupto (1) al más corrupto (102), con puntuaciones que van del 10 (muy limpio) al 1 (muy corrupto). Argentina ocupa el lugar número 70, con una puntuación de 2,8.(9) En un estudio de opinión realizado el año pasado en nombre de la organización, los encuestados de Argentina consideraban que un 89 por ciento de los funcionarios públicos eran corruptos, la cifra más alta de los 17 países latinoamericanos examinados.(10)
En este contexto, en Argentina existe una amplia cobertura de la televisión, la radio y la prensa escrita sobre las presuntas actividades corruptas de los funcionarios públicos. Los periodistas han sufrido con frecuencia amenazas, intimidación y violencia física por informar sobre este tema. A continuación se incluyen ejemplos de estos casos.


iii) Casos de amenazas a periodistas que investigan la corrupción

A primeras horas de la mañana del 26 de julio de 2002, según testigos, dos hombres encapuchados dispararon contra la casa de Alejandro Colussi en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, en la que vive con su esposa y su hija, que entonces tenía tres meses. Alejandro Colussi presenta los programas de radio "De frente" y "Atardece que no es poco" en LT9 Radio Brigadier López en Santa Fe. Según los informes, los encapuchados gritaron y lo insultaron, ordenándole que saliera de la casa. Alcanzaron e hirieron en la pierna a un policía que había sido situado durante un mes delante de la casa del periodista después de que éste recibiera amenazas anónimas. Alejandro Colussi había estado investigando las acusaciones sobre la presunta implicación de concejales del Partido Justicialista en irregularidades en la asignación de los planes de asistencia social en la provincia de Santa Fe. Colussi presentó una denuncia formal en la seccional 4 de la Unidad Regional 1ª, en la ciudad de Santa Fe. Las investigaciones iniciales de la policía condujeron a la detención de tres personas con antecedentes delictivos que podían estar relacionadas con el incidente. Amnistía Internacional no dispone de más información sobre los progresos de la investigación.

Andrés Mouratian, periodista de investigación que ha trabajado en los programas de televisión Punto doc, Periodistas y Telenoche Investiga, fue agredido por tres hombres la noche del 13 de septiembre de 2002. Los hombres lo interceptaron en Ciudad de la Paz, en el barrio de Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires, y lo amenazaron, lo insultaron y le advirtieron: "cortála con lo que estás haciendo". Luego le dieron puñetazos y patadas, y lo dejaron gravemente contusionado. A consecuencia de la paliza, Mouratian sufrió traumatismos craneales múltiples, fractura del tabique nasal y del maxilar superior y problemas oftalmológicos. Mouratian creía que la agresión estaba relacionada con las investigaciones que realizaba para Punto doc. Su caso pasó a manos de la Fiscalía núm. 14. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la UTPBA denunciaron la agresión y pidieron una investigación. Amnistía Internacional no dispone de información respecto a la investigación de este suceso.

María Mercedes Vázquez, de LT 7 Radio Corrientes, fue víctima de tres ataques en ocho meses. El último tuvo lugar a primeras horas de la mañana del domingo 6 de octubre de 2002, cuando unos individuos no identificados arrojaron contra su casa en Corrientes, provincia de Corrientes, un cóctel molotov que causó daños materiales en el edificio. Desde septiembre de 2002 esta periodista había estado retransmitiendo conversaciones telefónicas que implicaban a autoridades provinciales de alto nivel en una aparente conspiración contra el entonces gobernador. En febrero de 2002, después de informar sobre una presunta operación policial contra un juez, María Mercedes Vázquez recibió amenazas de muerte telefónicas, en una de las cuales una persona no identificada dijo a su hija de corta edad que pensaban matarla. Dos meses después, en abril de 2002, dos individuos no identificados la interceptaron en la calle y la golpearon como advertencia para que no hablara sobre un miembro de un partido político local. María Mercedes Vázquez presentó una denuncia en su comisaría local, y las autoridades provinciales le asignaron protección policial las 24 horas del día. Amnistía Internacional no tiene información sobre las investigaciones llevadas a cabo en torno a estos incidentes.

Clara Britos, propietaria y directora del periódico mensual La Tapa en la provincia de Buenos Aires, ha denunciado amenazas e intimidaciones constantes en relación con su trabajo de periodista. Se cree que muchas de las amenazas están relacionadas con los artículos publicados en el periódico a mediados de 2002 sobre presuntos casos de corrupción en el ayuntamiento de la localidad de Guernica, municipio de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires. Según se ha informado, un hombre no identificado que viajaba en un Ford Falcon rojo estuvo estacionado con frecuencia delante de su casa, y en tres ocasiones, entre junio y julio, amenazó a Clara Britos con matarla si seguía publicando información sobre las denuncias de corrupción que implicaban al ex-intendente del municipio.

Clara Britos también ha denunciado públicamente haber recibido varias llamadas telefónicas amenazadoras y mensajes de correo electrónico que dicen: "muerte a los amigos de los piqueteros". El acoso se intensificó tras la publicación de información relativa a una marcha celebrada el 29 de mayo de 2002 en la que, según los informes, la policía golpeó a tres maestros. Al atardecer del 14 de febrero de 2003, tres individuos no identificados la abordaron violentamente en la calle y amenazaron con matarlos a ella y a su familia. Tras la presentación de una denuncia oficial, la policía provincial puso la casa bajo protección a partir del 25 de febrero de 2003.(11)

Clara Britos sufrió nuevas amenazas mientras informaba sobre una manifestación celebrada el 26 de marzo ante la casa del entonces presidente argentino, Eduardo Duhalde.(12) Los manifestantes protestaban por la impunidad de la policía tras el presunto asesinato, por agentes de policía, de dos piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, durante una manifestación en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2002 (véase supra). La noche del 27 de marzo alguien arrojó piedras contra el tejado de la casa de la periodista. A la mañana siguiente, Clara Britos recibió cuatro llamadas telefónicas amenazadoras en las que le advertían: "Te vamos a matar, hija de puta⦠cuidate".

Durante marzo, abril y junio de 2003, Clara Britos recibió en su casa repetidas llamadas telefónicas en las que se oían grabaciones de gritos y disparos y se realizaban amenazas de muerte contra sus hijos. El 2 y el 5 de abril las llamadas incluyeron la misma amenaza: "los vamos a matar, primero a tus hijosâ¦". El 28 de junio, la grabación que hicieron sonar por teléfono contenía la voz del hijo de Clara Britos, de 16 años de edad, y una voz masculina dijo: "¿Querés verlo con un tiro en el pecho, como Kosteki?". Los autores de la llamada habían conseguido grabar de alguna manera la voz del hijo de Clara Britos, mientras que los sonidos de disparos parecían proceder de una grabación de la manifestación de Avellaneda.

Clara Britos, periodista y propietaria de un periódico (© particular)

El 13 de julio de 2003, alguien intentó quemar su casa. Clara Britos, su esposo y sus cuatro hijos, de 16, 14, 13 y 8 años de edad, estaban dormidos cuando, hacia las tres de la madrugada, los despertó el humo en sus dormitorios. El suelo de aglomerado de la parte trasera de la casa estaba ardiendo; el resto de la casa es de madera. Pudieron apagar el fuego y luego alertaron a los policías que montaban guardia a 20 metros de la casa. Clara Britos había escrito hacía poco un artículo para conmemorar el primer aniversario de las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. También había planeado aparecer en un programa de radio ese mismo día para ser entrevistada sobre los homicidios y sobre sus consecuencias políticas, pero en su lugar había realizado la entrevista por teléfono el día anterior. A pesar de haber presentado numerosas denuncias policiales y judiciales en relación con estos ataques y amenazas, Clara Britos aún no ha recibido información sobre el progreso de las investigaciones.(13)

Los informes indican que, el 5 de octubre de 2003, Clara Britos fue secuestrada temporalmente cuando regresaba a casa sola a primeras horas de la tarde.(14) Un individuo se aproximó a ella por detrás, le puso un objeto, que ella pensó que era un arma, en la espalda, y la obligó a subir a un automóvil en el que había otros dos hombres. En el automóvil le pusieron una capucha para taparle los ojos y la obligaron a agachar la cabeza. Le dijeron: "en Guernica manda Rodríguez y se hace lo que el señor Ãscar Rodríguez dice⦠¿cuándo lo van a entender, hija de puta?". (Ãscar Rodríguez fue alcalde del municipio de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires.) Al final la dejaron libre a unas 20 manzanas de su casa, advirtiéndole: "bajáte, pero la próxima vez no volvés a casa". Al día siguiente, Clara Britos presentó una denuncia en la Fiscalía de La Plata, provincia de Buenos Aires.

La información facilitada por las autoridades argentinas indica que se investigaron las denuncias oficiales presentadas por Clara Britos. Sin embargo, no se ha proporcionado más información y Amnistía Internacional no tiene conocimiento de si se han realizado progresos en la investigación o de cuál es su resultado.

Julio Rodríguez, corresponsal del periódico nacional Clarín en la provincia de Santiago del Estero y del periódico local El Liberal, recibió amenazas de muerte telefónicas contra su familia el 25 de febrero de 2002. En una de ellas, una voz no identificada amenazó con matar a su hijo, que entonces tenía 9 años. El autor de la llamada dijo a la esposa de Julio Rodríguez que dijera a su marido "que se deje de joder, porque si no, tu hijo, en quince días, es boleta". Julio Rodríguez había estado investigando presuntas irregularidades financieras en la relación entre empresas del sector privado y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero. El periodista presentó una denuncia en la seccional 12 de la ciudad de La Banda. También presentó una denuncia en la Cámara Federal de Santiago del Estero, a raíz de la cual le asignaron protección policial en su domicilio. Sin embargo, Amnistía Internacional no dispone de información que indique que se haya iniciado investigación alguna sobre las denuncias oficiales presentadas por Julio Rodríguez en relación con las amenazas dirigidas contra él y su familia.

El 29 de abril de 2002, Roberto Mario Petroff, periodista del diario Tiempo Sur en la provincia de Santa Cruz, fue interceptado en la ciudad de Río Gallegos por dos individuos no identificados que lo golpearon y lo amenazaron diciendo: "te vamos a matar". Roberto Mario Petroff había estado investigando los ataques llevados a cabo contra miembros de asambleas vecinales que habían condenado la política de impuestos del gobierno provincial. Se presentó una denuncia ante la Cámara Federal de Río Gallegos. Amnistía Internacional no dispone de información que indique si se ha iniciado una investigación sobre este incidente.

El periodista radiofónico Oscar �lvarez recibió, según los informes, amenazas de muerte de un concejal del municipio de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, el 20 de noviembre de 2002. Oscar �lvarez, de la emisora de radio Conexión FM, había retransmitido recientemente un informe sobre la presunta implicación del concejal en cuestión en irregularidades financieras en torno al cierre de una empresa local. El periodista presentó una denuncia oficial el 21 de noviembre en la Unidad Regional núm. 5 de la policía de Tinogasta-Catamarca, y el caso pasó al Juzgado de la 5ª Circunscripción. Amnistía Internacional no tiene información que indique si se han iniciado investigaciones o si, en caso de haberse iniciado, se han realizado progresos en ellas.

Marcelo Sisso, periodista del diario El Sol, de Canal 9 y de Radio LV10 en la provincia de Mendoza, recibió varias llamadas telefónicas amenazadoras de individuos desconocidos. Las amenazas contra él fueron denunciadas por PERIODISTAS y por Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX). Según estos informes, los autores de las llamadas exigieron que Marcelo Sisso dejara de informar sobre las presuntas irregularidades financieras en la Cooperativa de Vivienda El Triángulo, una cooperativa de construcción. Los informes indicaban que, la noche del 30 de julio de 2003, una voz masculina le advirtió de que dejara de publicar artículos sobre el asunto "o ya sabés lo que te va a pasar". Al día siguiente, Marcelo Sisso recibió otras tres llamadas. En una le dijeron: "no seas boludo, cortala con el Triángulo". Las investigaciones de Sisso se centran en apropiaciones indebidas de fondos por parte de la cooperativa, que en 1998 consiguió un préstamo del Instituto Provincial de la Vivienda para construir un barrio en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. Marcelo Sisso denunció oficialmente las amenazas en la comisaría 34 de la localidad de Godoy Cruz. Amnistía Internacional no sabe si se han iniciado investigaciones o si, caso de haberse iniciado, se ha realizado en ellas algún progreso.

En ocasiones, funcionarios públicos han sometido a intimidación flagrante a periodistas. Los informes indican que Enrique Eduardo López, propietario de la emisora de radio Cadena Dos, en Chilecito, provincia de La Rioja, fue agredido y amenazado por el viceintendente de la localidad. El 1 de noviembre de 2002, el viceintendente entró en los estudios de Cadena Dos y golpeó a López en el pecho delante de su personal; además, según la denuncia oficial, dijo que "se dejaran de joder o en caso contrario los haría mierda". También insultó a López y a su familia. La emisora de radio había hecho pública una investigación realizada por unos periodistas sobre los turbios manejos económicos en los que parecía estar implicado el viceintendente. Enrique Eduardo López denunció lo sucedido ante la Unidad Regional II de la policía. Amnistía Internacional no sabe si se ha iniciado alguna investigación sobre este incidente.

En otro ejemplo, los periodistas Marcelo López y Marcelo Torrez fueron acosados, según indican los informes, por un concejal. Al parecer, el 17 de noviembre de 2002, un concejal de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, estrelló una furgoneta contra el edificio de la cadena local de televisión Canal 9, y destrozó la entrada principal. Había acudido a la emisora a enfrentarse con estos dos periodistas, del programa Opinión, que habían acusado de corrupción al Concejo Deliberante local. Según los informes, el concejal fue a los estudios de televisión con intención de hacerles frente a los dos. Al descubrir que no estaban allí ese día, regresó a la furgoneta y golpeó repetidamente con ella la entrada del edificio. Tres días después, el Concejo lo suspendió de su cargo por "gravísimo desorden de conducta". Dos semanas después, él mismo dimitió de su cargo. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de si se ha iniciado una investigación.

IV. En espera de justicia

Aunque no se ha asesinado a ningún periodista desde 1999, las investigaciones sobre los homicidios de los periodistas Mario Bonino, José Luis Cabezas(15) y Ricardo Gangeme(16) aún continúan.

En referencia a estas investigaciones, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Abid Hussain, manifestó en su informe de enero de 2002 que le preocupaban "la lentitud del poder judicial y el hecho de que al parecer no se han realizado investigaciones a fondo".(17) En sus recomendaciones, instó al gobierno de Argentina a asegurarse de que las investigaciones se llevaban a cabo hasta el final.(18) Amnistía Internacional ha pedido en varias ocasiones a las autoridades que lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y concluyentes sobre los informes de ataques contra periodistas. La organización cree que la ausencia de investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales ayuda a crear un clima de impunidad que socava la libertad de expresión.

Mario Bonino trabajaba en la secretaría de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Se le vio por última vez el 11 de noviembre de 1993 cuando se dirigía a dar una charla sobre radio en el auditorio de la Asociación de Trabajadores del Estado en Buenos Aires. Su cadáver se encontró cuatro días después en el río Riachuelo, en los suburbios de Buenos Aires. Poco antes de su muerte, Mario Bonino había hecho pública una declaración en la que condenaba las amenazas de muerte recibidas por periodistas en la provincia de San Luis. Unas horas después del hallazgo de su cadáver, tres hombres entraron por la fuerza en la sede de la UTPBA y saquearon las oficinas, agrediendo en el proceso a un guardia de seguridad. La UTPBA negó las afirmaciones hechas por el gobierno de Carlos Menem, que entonces ocupaba el poder, respecto a que se trataba de un caso de suicidio. La investigación sobre la muerte de Mario Bonino se ha cerrado y reabierto en más de una ocasión. En agosto de 2002, el Juzgado de Instrucción núm. 10 reabrió el caso tras las declaraciones de un ex policía de Buenos Aires que afirmaba que la policía había estado implicada en esta muerte. De nuevo en noviembre de 2003 el gobierno, durante una reunión que, según se dijo, mantuvieron el subsecretario de Derechos Humanos y miembros de la UTPBA, se comprometió a reabrir el caso. En aquella ocasión, la viuda de Mario Bonino presentó al subsecretario de Derechos Humanos toda la documentación sobre el caso.

El fotógrafo de prensa José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en el centro turístico costero de Pinamar, al sudeste de Buenos Aires, mientras trabajaba para la revista Noticias. Su cadáver calcinado se encontró, esposado, dentro de un coche quemado. Había recibido un disparo en la cabeza. Al parecer, había recibido amenazas de muerte con anterioridad. Sus fotografías se habían utilizado en artículos sobre la corrupción policial en la provincia de Buenos Aires, y él había estado investigando las actividades de un empresario.

Según parece, al atardecer del día en que fue asesinado se retiró la presencia policial en la zona, dejando el área como "zona liberada". El jefe de la policía de Buenos Aires estuvo implicado en el crimen y fue acusado de realizar el disparo que mató a Cabezas. Fue expulsado de la policía en junio de 1997 junto con otros 170 policías, expulsados también en un intento de "limpiar" la policía de Buenos Aires.

Los medios de comunicación han informado sobre las denuncias formuladas contra la investigación, que señalan la mala calidad del examen forense, los obstáculos innecesarios puestos a la investigación y las dudas sobre la imparcialidad y la competencia de quienes estaban a cargo de ella.

En febrero de 2000 se condenó a cadena perpetua por este asesinato a ocho personas, entre ellas tres policías y un guardia de seguridad. El 23 de diciembre de 2002, seis años y medio después de cometerse el delito, el ex jefe de policía de Buenos Aires fue condenado a cadena perpetua por su implicación en el asesinato. Sin embargo, a pesar de ello, los padres de José Luis Cabezas insisten en que el caso no está cerrado y en que hay otras personas también implicadas en el asesinato de su hijo que aún no han sido castigadas.

En noviembre de 2003, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la UTPBA, así como los familiares de José Luis Cabezas, manifestaron públicamente su preocupación por la reducción de las condenas iniciales impuestas a seis de los condenados por este asesinato. La resolución de reducción de las penas había sido dictada en noviembre por la Cámara de Casación Penal. En marzo de 2004 se informó de que la Corte Suprema había rechazado un recurso de apelación presentado por la defensa de uno de los policías condenados. En su rechazo, la Corte alegaba que dicho recurso debía presentarse primero a los tribunales provinciales.

En los meses que siguieron al asesinato de José Luis Cabezas se hizo muy frecuente la amenaza "vos serás otro Cabezas". De hecho, el 7 de agosto de 2002 un concejal de la localidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, declaró, según los informes, que "haría un José Luis Cabezas de cada hombre de prensa local" porque, en su opinión, no era sobre noticias sobre lo que informaban.

Ricardo Gangeme era el propietario del periódico semanal El Informador Chubutense, de la provincia de Chubut. Lo mataron de un disparo en la cabeza el 13 de mayo de 1999 cuando aparcaba su automóvil en Trelew, a 1.200 kilómetros al sur de Buenos Aires. El periódico de Gangeme había estado informando sobre tres causas judiciales contra la Cooperativa Eléctrica de Trelew, que estaba siendo investigada por irregularidades en la compra de suministro eléctrico por parte de la empresa Corralón Fernandes. Según los informes, Gangeme había sido amenazado cinco días antes de su muerte por el propietario de Corralón Fernandes, quien, al parecer, trató de atropellar al periodista con su automóvil. El 12 de septiembre de 2002, la Primera Cámara del Crimen de Chubut absolvió a tres hombres que habían sido acusados del asesinato de Gangeme. Los jueces basaron su decisión en el informe pericial de la policía federal, que decía que no era posible determinar que la bala que causó la muerte procedía del arma que tenían como prueba. Se sugirió que podía haber habido irregularidades procesales, incluida la presunta desaparición de algunas de las pruebas presentadas para el juicio.


V. Libertad de expresión

En Argentina existen pocas restricciones oficiales a la libertad de prensa, y la Constitución del país, en su artículo 32, garantiza la libertad de expresión. La Constitución argentina reconoce asimismo todos los tratados internacionales como parte de la legislación nacional, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 19 y su artículo 13, respectivamente, protegen la libertad de expresión. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupan los intentos de las autoridades argentinas de obstaculizar la libertad de expresión, y también le preocupa que sigan en vigor las draconianas leyes sobre la difamación.

Difamación

Al igual que en varios países de Latinoamérica, en Argentina puede ser delito criticar públicamente a autoridades gubernamentales. La legislación contra la calumnia, la injuria y el desacato (lo que se conoce como leyes de desacato) está incluida tanto en el Código Penal de Argentina como en su Código Civil.

El Código Penal expone con detalle los delitos de calumnia e injuria en los artículos del 109 al 117, bajo el encabezamiento de "Delitos contra el honor". El artículo 111 establece que una persona acusada de injurias "sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos siguientes: 1) si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual; 2) si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal; 3) si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él." También dice que "[e]n estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena". El artículo 113, por su parte, establece que "[e]l que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate".

Es importante mencionar que el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que "la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles". Igualmente, el principio 11 dispone que "[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".(19) En marzo de 1994, Argentina firmó la Declaración de Chapultepec(20) junto con otros 20 países más. El principio 10 de esta Declaración de Chapultepec afirma que "[n]ingún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".

En un informe de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que las leyes de desacato son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y pidió a los Estados que las derogaran. Según el informe, estas leyes se prestan "al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas".(21) Además, las leyes conceden mayor protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos particulares, lo que contraviene directamente "el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo".(22)

Según un informe relativo a Argentina presentado en enero de 2002 por el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, se presentaron a dicho relator varios casos sobre las leyes de desacato. Las organizaciones de periodistas manifestaron su preocupación por estas leyes, ya que se considera que constituyen una de las principales restricciones al derecho a la libertad de opinión y expresión en Argentina. El informe del relator especial también mencionaba que el relator especial de la OEA para la libertad de expresión consideraba que ése era uno de los principales problemas en Argentina.(23)

Ha habido intentos de despenalizar violaciones de la ley de prensa. En 1999 se presentó un proyecto de ley que proponía que el Código Civil y el Código Penal de Argentina se conformaran a los principios relativos a la libertad de expresión expuestos en la Constitución del país y en los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Argentina. El proyecto no fue examinado en el plazo límite de dos años establecido a tal efecto, por lo que tuvo que ser presentado de nuevo para que el Congreso lo considerara.

El 27 de diciembre de 2001, tras una propuesta de la ONG argentina Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), el entonces presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá firmó un proyecto de ley para despenalizar violaciones de la ley de prensa. Este proyecto de ley propone modificar el Código Penal y el Código Civil en lo que se refiere a los delitos de calumnia e injuria para cumplir con los principios que protegen el derecho a la libertad de expresión y opinión contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El relator especial de la ONU dice en su informe que el proyecto de ley de PERIODISTAS elimina los delitos de calumnias e injurias a figuras públicas, "cumpliendo de esa manera con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", tal como establece dicha Declaración de Principios en su principio 10.(24) También introduce normas para determinar la "real malicia". En octubre de 2002 se presentó el proyecto de ley a la Cámara de Senadores. No se dispone de más información sobre los progresos realizados a este respecto.

En este contexto, el Informe Anual de 2002 del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión manifiesta: "Para asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, los Estados deben adecuar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias en forma tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos. En estos casos, la responsabilidad por ofensas contra funcionarios públicos sólo debería incurrirse en casos de 'real malicia'".(25)

VI. Conclusiones y recomendaciones

En Argentina, la libertad de expresión e información son derechos reconocidos nacional e internacionalmente, consagrados tanto en la Constitución del país como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Argentina es parte desde agosto de 1986. La Constitución argentina dispone en su artículo 75.22: "Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes [â¦] tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos".

Sin embargo, en los últimos años Argentina ha presenciado una inquietante tendencia en la que la libertad de expresión está cada vez más sometida a ataques. Los periodistas se encuentran con que no pueden llevar a cabo su trabajo legítimo sin temor a la intimidación y a la agresión física, contra ellos y, con frecuencia, contra sus familias. Christian Frolich, reportero fotográfico del periódico de Buenos Aires Crónica, ha declarado, hablando de las palizas a manos de la policía: "[Es] algo que los fotógrafos conocemos bien porque lamentablemente ya es parte del folklore de la profesión, sobre todo luego del 20 de diciembre". Estos ataques se han convertido en parte de la realidad cotidiana de muchos periodistas.

El derecho a la libertad de opinión y expresión es fundamental para gozar de una auténtica democracia. En un informe de 1997, el relator especial de la ONU subrayó la importancia del derecho a la libertad de expresión como base para una amplia gama de derechos humanos fundamentales: "el derecho a la libertad de expresión puede considerarse que es un testimonio esencial, cuyo disfrute indica el grado de ejercicio de todos los derechos humanos consagrados en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y cuyo respeto refleja el nivel de equidad, justicia e integridad de un país".(26)

Debe permitirse a los miembros de la prensa que lleven a cabo su trabajo legítimo como periodistas sin temor a amenazas o violencia. No son sólo los derechos civiles y políticos de los periodistas los que sufren como consecuencia de la intimidación, sino que también lo hace su derecho económico a ganarse la vida como trabajadores de los medios de comunicación. El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen [...] el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho". Su artículo 7.b dispone: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: [...] La seguridad y la higiene en el trabajo". Argentina ratificó este pacto el 8 de agosto de 1986.

Los intentos de silenciar e intimidar a periodistas también tienen ramificaciones para la sociedad en general, ya que le niegan el acceso a información que puede ser de gran importancia para ella. Tal como manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, de 1998: "Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información".(27)

En las observaciones finales de su informe de enero de 2002, el relator especial de la ONU declaró que: "la libertad de opinión y de expresión constituye la base de todas las libertades en las que se basa una democracia. Las naciones no pueden progresar si no garantizan la libertad de expresión a todos sus ciudadanos, y si no la protegen".(28)

Recomendaciones de Amnistía Internacional

Los periodistas desempeñan un papel legítimo en la difusión de información basada en la investigación, y ese papel debe ser protegido por las autoridades. Amnistía Internacional cree que, para proteger la libertad de prensa, las autoridades argentinas deben:

· hacer declaraciones públicas en las que reconozcan la legitimidad y la importancia del trabajo de los medios de comunicación;
· llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y concluyentes sobre todas las denuncias de ataques, amenazas e intimidaciones a miembros de los medios de comunicación;
· cooperar con las investigaciones ya iniciadas, asignando los recursos necesarios para que progresen y asegurándose de que no se ven entorpecidas por obstáculos administrativos, para que puedan llegar a su conclusión;
· hacer públicos los métodos utilizados para las investigaciones y el resultado de éstas;
· llevar ante la justicia a las personas que se determine que son responsables de los hechos investigados;
· tomar medidas efectivas, todas la que sean necesarias, para proteger a los miembros de la prensa y para garantizar que pueden desempeñar su trabajo legítimo como periodistas sin temor a amenazas o violencia contra ellos o contra sus familias;
· garantizar el derecho al resarcimiento de las víctimas y sus familiares;
· tomar medidas efectivas para investigar todas las denuncias de casos de brutalidad policial, malos tratos y detención y reclusión arbitrarias, garantizando que las investigaciones son inmediatas, exhaustivas e imparciales, que los resultados se hacen públicos y que los responsables comparecen ante la justicia;
· dejar claro públicamente que no se tolerarán en ninguna circunstancia las violaciones de derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, y que no se podrá utilizar la necesidad de hacer frente a la alteración del orden público como justificación para cometer violaciones de derechos humanos;
· prestar la atención debida a la legislación encaminada a proteger debidamente la libertad de expresión, sentando así la piedra angular para el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Argentina.




APÃNDICE I: MIEMBROS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÃN ARGENTINOS QUE HAN SIDO AGREDIDOS, AMENAZADOS O ACOSADOS ENTRE 2002 Y 2004 (LISTA PARCIAL)

Nombre y medio Fecha Detalles Ã?lvarez, Oscar
radio Conexión FM
Tinogasta
Provincia de Catamarca 20/11/2002 Recibió amenazas de muerte de un concejal local que había estado implicado en actos de corrupción. (Véase

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