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Persiste la tortura en Chiapas
27 jun 2004
Los policías las emplean en sus investigaciones atentando contra las garantías individuales. Constituyen una práctica sistemática denuncia organización.
En el día internacional de apoyo de las víctimas de tortura el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, encabezado por el obispo emérito Samuel Ruiz García, manifestó que en México la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes son una práctica sistemática.

De acuerdo a la documentación recibida por dicho organismo, en el Estado de Chiapas la tortura es una forma de investigación policíaca, la cual está precedida de manera recurrente por la privación arbitraria a la libertad, violentando así el derecho a la libertad personal, lo cual desencadena otra serie de actos violatorios a las garantías individuales de manera sistemática por parte de las autoridades de Procuración y Administración de Justicia, señala en un comunicado.

"Estas violaciones tienen que ver con el derecho a la Integridad y Seguridad personal, derecho a garantías judiciales, derecho de igualdad ante la ley, y al derecho a protección judicial, llegando incluso a concluir en la violación del derecho fundamental a la vida, a través de su privación arbitraria", apunta.

Por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos exige a las autoridades federales y estatales abordar este grave problema con la seriedad que ello implica, que no se pierda de vista el Derecho Universal imprescriptible e irrenunciable de toda Persona Humana al respeto a su integridad y seguridad personal a no ser torturada o sujeta de otros actos de autoridad que vulneren su dignidad que a pesar de estar reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Códigos y Legislaciones en materia de tortura a nivel federal y Estatal; estos instrumentos son insuficientes, ya que el concepto de tortura que tienen la leyes mexicanas es muy acotado, y no corresponde a los lineamientos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ya que otorga la protección más amplia; por ello exigimos al Estado, su deber de adoptar disposiciones de derecho internacional en su legislación interna, expone.

Destaca que con la legislación actual las autoridades se remiten a equiparar o diluir la tortura en otros delitos no graves, como por ejemplo lesiones, amenazas, abuso de autoridad, brutalidad policíaca, encubriendo así las acciones violatorias a derechos humanos.

Señala que otra constante es la renuencia de las autoridades de Procuración y Administración de Justicia de aceptar y tipificar denuncias sobre casos de tortura, a pesar de que ésta se encuentra, de manera limitada, establecida en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, en el Código Penal para el Estado de Chiapas y en las leyes federal y estatal para prevenir y sancionar la Tortura.



PROPUESTAS

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, exige a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia lo siguiente:

1.- Que toda investigación debe tomar en consideración aquellos factores del sistema de justicia penal que propician el uso de la tortura o no lo impiden, incluidas normas y prácticas concretas que permiten que se cometan semejantes abusos.

2.- El hecho de que se haga recaer la carga de la prueba en la víctima para que demuestre que ha sido torturado, no sólo constituye una aberración jurídica si no que también atenta contra el principio Pro Homine, que protege fundamentalmente a la víctima.

3.- Ante la limitación de la legislación interna en la materia, dado que no permite una eficaz e imparcial investigación, juicio justo, sanción y menos aún la reparación del daño, las actuaciones de las autoridades deben conocer y adecuarse a los instrumentos internacionales, ya que tienen mayor alcance de protección, como es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura.
Mira també:
http://www.tabascohoy.com/th/nuevo/notas/notas.php?nid=54370

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