La familia de Najib al-Hijri, de 18 años de edad, fue informada mediante una llamada telefónica de que éste se encontraba bajo la custodia de los servicios de Seguridad Política en la ciudad de Saná, en Yemen. Sin embargo, cuando se desplazaron al lugar indicado para visitarlo, los funcionarios les comunicaron que Najib no se encontraba allí. Los familiares siguieron indagando desesperadamente sobre su paradero y en el curso de sus gestiones el propio hermano de Najib fue interrogado.

Aunque finalmente se ha conocido el lugar donde Najib se halla recluido, éste sigue privado de acceso a abogados y no tiene idea siquiera de cuándo se verá su causa. Esta situación a tenido serias consecuencias para su familia: ha afectado económicamente a sus seis hermanos, que tratan de compensar la pérdida de ingresos, y la constante preocupación por Najib está afectando a la salud de sus ancianos padres. En ningún momento se han presentado pruebas siquiera de que Najib pueda suponer una amenaza para la seguridad del país.

Éste no es un caso aislado. Tras los atentados perpetrados el 11 de septiembre en Estados Unidos, las fuerzas de seguridad desplegadas en la región del Golfo han sido responsables de un aumento del número de detenciones arbitrarias, detenciones en régimen de incomunicación y reclusiones sin juicio. En muchos casos, estas fuerzas de seguridad parecen haber seguido el ejemplo de abusos similares perpetrados por el gobierno estadounidense en lugares como la bahía de Guantánamo.

Las familias están angustiadas y sufren penalidades económicas y estigmatización social al relacionárselas con delitos de los que no se ha acusado formalmente y menos aún condenado a sus familiares. Esta situación provoca sufrimiento no sólo a los detenidos, sino también a sus familias, que deben vivir con la incertidumbre de desconocer la suerte que correrán sus familiares detenidos.

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